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Actualizado 11/07/2017

Comunicación de irregularidades

Si ha participado en una licitación pública y considera que ha sido objeto de discriminación o ha observado irregularidades en el procedimiento, tiene varias posibilidades para presentar un recurso.

Revisión

Cualquier persona que haya presentado una oferta en una licitación pública tiene derecho a solicitar una revisión de todo el procedimiento. Los países de la UE pueden exigir que solicite primero una revisión ante el poder público que puso en marcha el procedimiento: en ese caso, su solicitud de revisión suspenderá inmediatamente el procedimiento de contratación.

Si el encargado de examinar su solicitud de revisión es un organismo independiente, el poder público no puede concluir el contrato antes de que finalice la revisión.

Para solicitar una revisión dispone de un mínimo de 10 días a partir de la fecha en que reciba la decisión de denegación por fax o correo electrónico (15 días si la decisión se envía por correo postal). Es el denominado periodo de suspensión, durante el cual el poder público no puede concluir el contrato.

No hay periodo de suspensión si:

  • no se exigió la publicación previa del anuncio de licitación
  • se ha adjudicado el contrato al licitador único
  • el contrato estaba basado en un acuerdo marco

Contratos sin efecto

El organismo de revisión independiente declarará sin efecto un contrato ya adjudicado si:

  • el poder público adjudicó el contrato sin publicación previa del anuncio de licitación cuando la publicación era obligatoria
  • no se dio la oportunidad a los licitadores no seleccionados de presentar un recurso (por ejemplo, no se respetó el periodo de suspensión)
  • hay pruebas de discriminación contra los licitadores no seleccionados

Si desea que se revise un procedimiento y que sea declarado, en su caso, sin efecto, debe disponer de un mínimo de 30 días naturales (que puede fijarse en un máximo de 6 meses) tras la publicación del anuncio de adjudicación del contrato para informar al organismo de revisión.

En algunos países de la UE un contrato puede seguir siendo válido aunque el organismo de revisión encuentre irregularidades que normalmente llevarían a declararlo sin efecto, por ejemplo, en caso de que el organismo de revisión considere que es de interés público general el mantenimiento del contrato. En esos casos, debería imponerse al poder adjudicador sanciones alternativas (por ejemplo, multas) o reducirse la duración del contrato.

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