Contrabando de cigarrillos, falsificación de euros, elusión del pago de los derechos de importación de zapatos y prendas de vestir, subvenciones para naranjas procedentes de explotaciones inexistentes... todos son ejemplos de actividades fraudulentas que cuestan dinero al contribuyente europeo.
El principal organismo de la UE para combatir estas actividades es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Informar de un posible fraude a la OLAF
Las autoridades aduaneras nacionales, tanto de los países miembros como de los no miembros, llevan a cabo operaciones aduaneras conjuntas con la OLAF (y otras agencias de la UE) de forma regular para acabar con el contrabando y el fraude en determinadas zonas de riesgo o en rutas comerciales previamente identificadas.
Por ejemplo, en octubre de 2014 se decomisaron más de 1,2 millones de productos falsificados y 130 millones de cigarrillos en una operación aduanera internacional. La operación, desarrollada con el código REPLICA, se centró en la importación por vía marítima de mercancías falsificadas, sobre todo cigarrillos, perfumes, piezas de recambio de automóviles y bicicletas, juguetes, accesorios de moda y aparatos eléctricos.
La elusión del pago de impuestos especiales y derechos de aduana sobre los cigarrillos, generalmente mediante contrabando, es uno de los principales tipos de fraude en la UE. La OLAF recibe notificaciones de sus agencias colaboradoras sobre movimientos sospechosos de buques de carga y cruza los datos de los servicios nacionales de inteligencia para penetrar los métodos que utiliza el contrabando.
Por ejemplo, entre 2012 y 2014, el seguimiento de buques desarrollado por la OLAF conjuntamente con los organismos nacionales permitió interceptar:
Desde la entrada en circulación del euro en 2002, las pérdidas provocadas por su falsificación ascienden a 500 millones de euros como mínimo.
La UE aborda este problema mediante:
La lucha contra el fraude en la UE aún se ve obstaculizada por las diferencias en las normas y prácticas de los países miembros, que dan lugar a distintos grados de protección del dinero público.
Actualmente, la UE está debatiendo una nueva Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal , que definirá mejor las infracciones y las penas.
Esta Directiva constituirá la base legal de la ya propuesta Fiscalía Europea que los Gobiernos de los países miembros están debatiendo en la actualidad.
En caso de ponerse en marcha, la Fiscalía Europea debería mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos que afecten al presupuesto de la UE. El objetivo es lograr una aplicación a escala europea dada la complejidad de muchos tipos de fraude a gran escala, que a menudo involucran a más de un país y van más allá de la jurisdicción nacional.