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Actualizado : 02/09/2016

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Precios y pagos

Al hacer una compra, tienes que recibir información clara sobre el precio total de los productos o servicios, incluidos todos los impuestos y gastos adicionales.

Si se trata de una compra por internet, debes reconocer explícitamente —por ejemplo, pulsando un botón o similar— que eres consciente de que hacer un pedido implica obligatoriamente pagar.

Recargos: suplementos por la utilización de tarjetas y otros medios de pago

Si el vendedor quiere facturar un recargo por utilizar un medio de pago específico (una tarjeta de crédito, por ejemplo), la tarifa no puede ser superior a los costes reales que tiene por el tratamiento del pago.

En algunos países está prohibida la facturación de esos recargos.

Gastos por servicios adicionales

Para cualquier pago adicional solicitado por el vendedor, como entrega urgente, empaquetado para regalo o seguro de viajes, debes dar tu consentimiento.

Las empresas no pueden cobrarte por esos servicios a no ser que los elijas expresamente. La utilización de casillas preseleccionadas en la web del vendedor no constituye un consentimiento expreso y tienes derecho al reembolso de todos los pagos que hayas efectuado así.

Ejemplo

Ewa, ciudadana polaca, compra una serie de libros en una tienda online, pero esta le carga a su tarjeta de crédito un importe mayor que el anunciado en su web.

Las normas europeas obligan a los comerciantes a informar a los clientes de los precios correctos y completos antes de la compra. Ewa comunica tanto a la empresa como a las autoridades polacas lo ocurrido y estas se encargan de garantizar que se le restituya lo que ha pagado de más.

Precios discriminatorios

Como ciudadano de la UE, no pueden cobrarte un precio más alto a la hora de comprar productos o servicios por tu nacionalidad o país de residencia.

No obstante, algunas diferencias de precio están justificadas si se basan en criterios objetivos que no tienen que ver con la nacionalidad.

Ejemplo: a veces las diferencias de precio pueden estar justificadas

Bart, que es holandés, va a ver a un amigo a Alemania y van a la piscina. Su entrada es más cara que la de los residentes locales y se pregunta si se trata de un precio discriminatorio e ilegal.

En este caso, la diferencia de precio está justificada porque la piscina la gestiona la administración local y la financian los impuestos municipales: los residentes ya han contribuido al funcionamiento de las instalaciones y en consecuencia disfrutan de un precio de acceso menor.

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En este caso, los 28 Estados miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega

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