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Competir en igualdad

Actualizado 07/2011

La competencia es decisiva para el crecimiento económico y uno de los objetivos esenciales de la política de la UE. De ahí que la UE haya fijado normas que garantizan una competencia libre y leal en su mercado. La Comisión Europea (CE) es responsable de asegurar que no se falsee la competencia y está facultada para corregir comportamientos anticompetitivos.

Antitrust

Las normas antitrust prohíben a las empresas celebrar acuerdos que restrinjan la competencia o supongan un abuso de posición dominante en el mercado.

Acuerdos

Están prohibidos los acuerdos entre dos o más empresas que restrinjan la competencia (artículo 101 del Tratado). Por ejemplo, restringen la competencia los carteles entre empresas competidoras para controlar los precios o repartirse los mercados.

Pero también hay acuerdos que resultan beneficiosos (por ejemplo, por favorecer el progreso técnico o mejorar la distribución) y que, por tanto, pueden autorizarse. Existen incluso exenciones por categoría para determinados tipos de acuerdos, como los de investigación y desarrollo o transferencia de tecnologías. No obstante, para ser compatibles con la normativa europea sobre competencia deben cumplir una serie de requisitos.

Abuso de posición dominante

Se prohíbe a las empresas que dentro de un mercado ocupen una posición dominante abusar de la misma (artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Ejemplo de abuso es cuando una empresa fija precios predatorios para eliminar a los competidores del mercado.

La CE presta especial atención a las denuncias de ese tipo de comportamientos que presentan las pequeñas empresas.

Para aplicar las normas de competencia, la Comisión puede realizar investigaciones e imponer multas, exigir información y efectuar inspecciones por sorpresa en las instalaciones de las empresas. A aquellas que infrinjan las normas antitrust europeas se les pueden imponer multas u obligarlas a cambiar de comportamiento.

Fusiones de empresas

Las grandes empresas, con independencia de dónde tengan su sede, necesitan la autorización de la CE para fusionarse. El criterio decisivo es su volumen de negocios en la UE. En general, las fusiones entre pequeñas empresas no se rigen por la normativa europea, sino por el Derecho nacional.

Ayudas estatales

A veces, los países miembros utilizan fondos públicos para favorecer determinadas actividades económicas o proteger la industria nacional. Este tipo de ayudas públicas puede favorecer a determinadas empresas en detrimento de sus competidoras, lo que supone falsear la competencia. De ahí que el Tratado de Funcionamiento de la UE las prohíba en general.

Es posible aplicar excepciones si la ayuda está justificada por motivos de interés común: el Tratado enumera las circunstancias en las que puede permitirse. La Comisión Europea es responsable de supervisar las ayudas y sopesar sus efectos positivos y negativos en la competencia.

Las empresas pueden denunciar las ayudas estatales que a su juicio se hayan concedido de manera ilegal a sus competidoras a través de un formulario electrónico de denuncia.

Exenciones

A lo largo de los años, la UE ha ido elaborando una serie de reglamentos de exención por categorías en los que se delimitan las circunstancias en las que se consideran justificadas las ayudas públicas y se autoriza a los países miembros a conceder ciertos tipos de ayudas sin tener que notificarlas previamente a la Comisión.

Todas esas normas se han armonizado y reunido en un solo Reglamento general de exención por categorías que contempla las ayudas en los siguientes ámbitos: pequeñas empresas, desarrollo regional, investigación, innovación, formación, empleo y capital riesgo, protección del medio ambiente y fomento del espíritu empresarial.

Ayudas estatales a las pequeñas empresas

El Reglamento general de exención por categorías facilita a las administraciones públicas la concesión de ayudas a las pequeñas empresas, ya que simplifica las normas y eleva el umbral por debajo del cual se considera que la ayuda no amenaza a la competencia. El Reglamento también apoya los objetivos de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (SBA) al permitir que los países miembros ayuden a las pequeñas empresas en distintas fases de su desarrollo.

Reforma de las ayudas estatales

Desde 2005 se anima a los países miembros a que concedan un menor número de ayudas pero con objetivos mejor definidos. Se trata de fomentar el empleo y el crecimiento, además de subsanar los fallos del mercado que afectan a las pequeñas empresas.

Consulte la legislación sobre este tema en:

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Ayuda adicional

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