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LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE LOS TRATADOS >

Las políticas de la Unión


Acción exterior


Introducción
La política comercial común
La política de cooperación para el desarrollo
La cooperación con terceros países
Ayuda humanitaria
Medidas restrictivas
Los acuerdos internacionales
La Unión y su entorno próximo
Cuadro recapitulativo

INTRODUCCIÓN

En la Constitución Europea se ha procedido a una amplia reformulación de las disposiciones relativas a la acción exterior de la Unión Europea (UE). Se han introducido modificaciones importantes y se han reforzado las disposiciones actuales para que la acción internacional de la Unión sea más visible y eficaz.

Se otorga personalidad jurídica internacional (artículo I-7) a la Unión, que sucederá a la Comunidad Europea y a la Unión Europea en todos los derechos y obligaciones de ambas, tal y como existen actualmente.

La desaparición del sistema de pilares en el ámbito de la política exterior es una de las contribuciones más importantes del Tratado Constitucional. En adelante, las disposiciones relativas a la acción exterior de la Unión se agrupan en un Título único en el que se abordan todos los aspectos de la acción exterior de la Unión:

A escala institucional, la Constitución incluye dos grandes innovaciones. En primer lugar, se crea el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores , que será al mismo tiempo el mandatario del Consejo para la elaboración y la ejecución de la PESC y uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea . En esta institución, se encargará de las relaciones exteriores y la coordinación de los demás aspectos de la acción exterior de la Unión. Además, la Constitución prevé la creación del cargo de Presidente del Consejo Europeo , que asumirá, entre otras funciones, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las competencias del Ministro de Asuntos Exteriores.

En el artículo III-292 del Tratado Constitucional se enumeran detalladamente los objetivos de la acción exterior de la Unión. En la realización de estos objetivos, el Consejo de Ministros y la Comisión, asistidos por el Ministro de Asuntos Exteriores, velarán por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de la acción exterior y entre estos y las políticas internas.

En la presente ficha de síntesis se abordan las principales modificaciones introducidas por el Tratado Constitucional en el ámbito de la acción exterior de la Unión. Las modificaciones relativas a la política exterior y de seguridad común y la política de defensa se tratan en dos fichas separadas.

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LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

El artículo I-13 de la Constitución señala claramente que la política comercial común es una competencia exclusiva de la Unión. El ámbito de aplicación de esta política se amplía a partir de ahora a las inversiones extranjeras directas (artículo III-315). Sin embargo, los acuerdos en el ámbito de los transportes siguen excluidos de la política comercial común. Con arreglo a lo dispuesto en la Constitución, las medidas necesarias para la ejecución de la política comercial común se establecerán mediante leyes europeas.

Con respecto al proceso decisorio, se simplifican las disposiciones del actual artículo 133 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE). Sin embargo, la votación por mayoría cualificada no se amplía a toda la política comercial común, sino que se mantiene el principio del paralelismo entre normas internas y externas que se estableció en Niza. Según este principio, las decisiones se adoptan por unanimidad para la negociación y la celebración de acuerdos en los ámbitos del comercio de servicios, de los aspectos comerciales de la propiedad intelectual y de las inversiones extranjeras directas, cuando dichos acuerdos contengan disposiciones para las que se requiera la unanimidad a efectos de la adopción de normas internas.

El Tratado Constitucional prevé también la votación por unanimidad para los acuerdos en el ámbito del comercio de servicios culturales y audiovisuales, cuando estos puedan afectar negativamente a la diversidad cultural y lingüística de la Unión.

En relación con la situación actual, la Constitución añade un nuevo caso en que se requiere unanimidad. Se trata del comercio de servicios sociales, educativos y sanitarios, cuando los acuerdos puedan perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y perjudicar a la responsabilidad de los Estados miembros en la prestación de los mismos.

Todos los acuerdos comerciales están sujetos a la aprobación del Parlamento, al que debe mantenerse informado sobre el desarrollo de las negociaciones correspondientes.

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LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Según el artículo I-14 del Tratado Constitucional, la Unión dispone de competencia compartida con los Estados miembros en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. El ejercicio de esta competencia no impide a los Estados miembros ejercer la suya. La Unión realizará por tanto una política de cooperación para el desarrollo autónoma. Actualmente, esta política es sólo complementaria de las llevadas a cabo por los Estados miembros (apartado 1 del artículo 177 del Tratado CE). La Constitución establece que la política de cooperación para el desarrollo de la Unión y las de los Estados miembros se completarán y reforzarán entre sí.

El Tratado Constitucional señala a continuación más claramente que el objetivo principal de la política de la Unión en este ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en vías de desarrollo.

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LA COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES

La Constitución retoma las disposiciones del artículo 181 A del Tratado CE relativas a la cooperación económica, técnica y financiera con terceros países distintos de los países en vías de desarrollo e introduce el procedimiento legislativo para su aplicación. Además, cuando un tercer país necesite de modo urgente ayuda financiera, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por mayoría cualificada, en lugar de tener que recurrir al artículo 308 del Tratado CE, que prevé la unanimidad, tal como sucede en la actualidad (artículo III-320).

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AYUDA HUMANITARIA

El artículo III-321 del Tratado Constitucional dota a la Unión de una base jurídica propia para la realización de acciones de ayuda humanitaria. Tales acciones se llevarán a cabo de conformidad con los principios del Derecho humanitario internacional, en particular los de imparcialidad, neutralidad y no discriminación.

El procedimiento legislativo se utilizará para determinar el marco en el que se realizarán las acciones de ayuda humanitaria de la Unión.

A fin de establecer un marco para que los jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones humanitarias de la Unión, el Tratado Constitucional prevé la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria.

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MEDIDAS RESTRICTIVAS

Con respecto a las medidas restrictivas (interrupción o reducción de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países), el Tratado Constitucional mantiene un enfoque en dos etapas. La adopción de sanciones contra terceros países adoptadas por mayoría cualificada por el Consejo de Ministros se somete a una decisión previa de la Unión en el marco de la política exterior y de seguridad común, en principio por unanimidad.

El artículo III-322 de la Constitución regula las sanciones económicas y financieras contra los Estados, pero también contra las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones o entes no estatales. Actualmente, la imposición de sanciones a los entes no estatales debe basarse en el artículo 308 del Tratado CE y requiere, por tanto, el voto por unanimidad.

Por último, hay que señalar que las disposiciones relativas a las medidas restrictivas no se inscriben en el capítulo sobre la PESC y están sujetas, por tanto, a la jurisdicción del Tribunal de Justicia . Este es también competente para decidir sobre los recursos relativos al control de la legalidad de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de Ministros contra personas físicas y jurídicas.

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LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

Con respecto a la competencia de la Unión para celebrar acuerdos internacionales, el artículo III-323 de la Constitución institucionaliza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las competencias externas implícitas. Así, la Unión podrá celebrar tales acuerdos cuando la Constitución lo prevea o cuando la celebración de un acuerdo sea necesaria para alcanzar alguno de los objetivos establecidos Constitución, bien esté prevista en un acto jurídico vinculante de la Unión, o bien pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

Lo mismo sucede con la jurisprudencia del Tribunal relativa a las competencias exclusivas. El artículo 13 de la Constitución prevé, en efecto, en su apartado 2, que la Unión dispondrá de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.

En cuanto a la negociación de los acuerdos internacionales, una única disposición, el artículo III-325 de la Constitución, regula todos los acuerdos celebrados por la Unión, con excepción de los acuerdos en el ámbito monetario. La Constitución delimita claramente la responsabilidad de la Comisión y la del Ministro de Asuntos Exteriores en lo relativo a la apertura de negociaciones. Señala en efecto que este último es responsable de la negociación de los acuerdos que se refieran exclusiva o principalmente a la política exterior y de seguridad común. En cambio, dicho artículo no designa un negociador y establece que el Consejo, en función de la materia del futuro acuerdo, designará al negociador o al jefe del equipo de negociadores de la Unión.

Por otro lado, la Constitución refuerza la posición del Parlamento Europeo y amplía sus poderes de aprobación a todos los acuerdos que se refieran a ámbitos a los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario o el procedimiento legislativo especial, si se requiere el asentimiento de dicha institución. Con arreglo al Tratado CE, aparte de para los acuerdos de asociación, los acuerdos que creen un marco institucional específico y los acuerdos que tengan implicaciones presupuestarias importantes para la Unión, el dictamen conforme del Parlamento sólo es de hecho preceptivo para los acuerdos que impliquen la modificación de un acto adoptado con arreglo al procedimiento de codecisión (apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE).

Por último, y en relación con el proceso de decisión, la votación en el Consejo está sujeta al paralelismo de las formas. Así pues, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, salvo cuando el acuerdo se refiera a una cuestión en la que se requiera la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. Por otro lado, el Consejo se pronunciará por unanimidad en relación con los acuerdos de asociación y de cooperación económica, financiera y técnica con los países candidatos a la adhesión.

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LA UNIÓN Y SU ENTORNO PRÓXIMO

La primera parte de la Constitución incluye el Título VIII «De la Unión y su entorno próximo». El artículo único de este Título prevé que la Unión desarrollará con los Estados vecinos relaciones preferentes, a fin de establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas basadas en la cooperación.

A tal fin, la Unión podrá celebrar y aplicar acuerdos específicos con dichos países. Estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos, así como la posibilidad de realizar actividades en común. Por tanto, la Constitución crea una nueva base jurídica para la celebración de un nuevo tipo de acuerdos: los acuerdos de vecindad. Este tipo de acuerdos se añade a los demás tipos de acuerdos celebrados por la Unión, en particular los acuerdos de asociación.

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CUADRO RECAPITULATIVO

Artículos Materia Observaciones
I-3 Objetivos de la Unión en sus relaciones con el resto del mundo -
I-7 Personalidad jurídica de la Unión Nuevas disposiciones
I-12 Competencia en el ámbito de la PESC -
I-13 Competencia exclusiva en la política comercial común -
I-13 Competencias exclusivas -
I-14 Competencia compartida en la política de cooperación para el desarrollo -
I-16 La política exterior y de seguridad común -
I-22 Papel del Presidente del Consejo Europeo Nuevas disposiciones
I-24 El Consejo de Asuntos Exteriores -
I-26 Papel de la Comisión Europea -
I-28 Nombramiento, papel y responsabilidad del Ministro de Asuntos Exteriores. Nuevas disposiciones
I-40 Disposiciones particulares relativas a la ejecución de la política exterior y de seguridad común -
I-41 Disposiciones particulares relativas a la ejecución de la política común de seguridad y defensa -
I-43 Cláusula de solidaridad Nuevas disposiciones
I-57 La Unión y su entorno próximo Nuevas disposiciones
III-292 Principios y objetivos de la acción exterior -
III-294 a III-313 La política exterior y de seguridad común Modificaciones importantes
III-314 y III-315 La política comercial común Modificaciones importantes
III-316 a III-318 La cooperación para el desarrollo Modificaciones importantes
III-319 y III-320 La cooperación económica, financiera y técnica con terceros países Modificaciones importantes
III-321 La ayuda humanitaria Nuevas disposiciones
III-322 Las medidas restrictivas -
III-323 a 326 Los acuerdos internacionales Modificaciones importantes
III-327 y 328 Relaciones de la Unión con las organizaciones internacionales, terceros países y delegaciones de la Unión -

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Estas fichas no vinculan jurídicamente a la Comisión Europea, no pretenden ser exhaustivas y no tienen valor interpretativo del texto de la Constitución.


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