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LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE LOS TRATADOS >

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La Conferencia Intergubernamental 2003/2004


Las negociaciones durante la Presidencia italiana


La fase preparatoria

Los participantes
El método de trabajo
El papel de los expertos en temas jurídicos

El procedimiento de apertura

El dictamen de la Comisión
El dictamen del Banco Central Europeo
El dictamen del Parlamento Europeo
El dictamen del Comité de las Regiones
El dictamen del Comité Económico y Social Europeo
La decisión del Consejo de convocar la CIG

La reunión de Roma: apertura formal de las negociaciones

Primera reunión ministerial
Segunda reunión ministerial
Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2003
Tercera reunión ministerial
Cuarta reunión ministerial
Quinta reunión ministerial: «cónclave» de Nápoles
Llamamiento al compromiso
Sexta reunión ministerial
Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003

El 18 de julio de 2003 en Roma, el Presidente de la Convención Europea, Valéry Giscard d'Estaing, presentó el «Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa» a la Presidencia italiana de la Unión Europea (UE). Para finalizar el proceso de reforma de la UE era necesario, a continuación, iniciar formalmente una Conferencia de los representantes de los Estados miembros, la denominada Conferencia intergubernamental o, más brevemente, la «CIG».

La CIG se convocó oficialmente el 4 de octubre de 2003, con motivo de una reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno en Roma. Sobre la base de los resultados de la Convención, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros mantuvieron seis reuniones de trabajo, durante la Presidencia italiana. En el marco de la CIG, los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron con motivo de su apertura en Roma, así como en los Consejos Europeos de octubre y diciembre.

La CIG se limitó a las cuestiones más fundamentales, evitando así renegociar la totalidad del texto presentado por la Convención. Aunque inicialmente estaba previsto que las negociaciones se clausurasen en el Consejo Europeo de diciembre, bajo Presidencia italiana, las divergencias entre los Estados miembros, especialmente respecto al futuro sistema de votación en el Consejo, no permitieron alcanzar un consenso en dicha fecha. Por ello el Consejo Europeo pidió a la Presidencia irlandesa que continuara las consultas.

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LA FASE PREPARATORIA

Según el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE), el Gobierno de cualquier Estado miembro, o la Comisión, podrá presentar al Consejo proyectos de revisión de los Tratados sobre los que se funda la Unión. Este artículo describe también el procedimiento que deberá seguirse: tras consultar al Parlamento Europeo (PE), a la Comisión y, en caso necesario, al Banco Central Europeo (BCE), el Consejo deberá emitir un dictamen favorable a la reunión de una CIG que, a continuación, será convocada formalmente por el Presidente del Consejo.

El 20 de junio de 2003 el Presidente de la Convención presentó el proyecto de Tratado Constitucional al Consejo Europeo reunido en Salónica, el cual consideró que constituía una «buena base» para iniciar la CIG. Deseando aprovechar el impulso positivo suscitado por la Convención, y a pesar de las reticencias expresadas por determinados países que deseaban contar con más tiempo para examinar el proyecto de Constitución, el Consejo Europeo invitó a la Presidencia italiana a poner en marcha el procedimiento previsto en el artículo 48 del Tratado UE.

La Presidencia italiana transmitió al Consejo el 1 de julio de 2003 la solicitud oficial de apertura de la CIG. En su nota, como proponía el Consejo Europeo de Salónica, señalaba que tenía la intención de concluir las negociaciones en diciembre de 2003, para que el nuevo tratado pudiera firmarse poco después del 1 de mayo de 2004 (fecha de la ampliación a diez nuevos Estados miembros) pero antes de las elecciones europeas de junio de 2004.

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Los participantes

En lo que respecta a la organización de los trabajos, esta CIG ha sido diferente de las anteriores. Dada la magnitud de los trabajos preparatorios efectuados por la Convención, las reuniones se celebraron únicamente al nivel político más alto: los Jefes de Estado o de Gobierno asistidos por sus Ministros de Asuntos Exteriores. Al contrario que las CIG anteriores, que condujeron a los Tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza , en un principio no estaba previsto celebrar reuniones de representantes de los Gobiernos o de funcionarios.

A nivel ministerial colaboraron en los trabajos dos representantes de la Comisión, el Comisario Michel Barnier y, tras dejar éste la Comisión, el Comisario António Vitorino. El Parlamento Europeo participó plenamente en los trabajos a través de sus dos representantes: los diputados Klaus Hänsch e Iñigo Méndez de Vigo (sustituido en noviembre por el diputado Elmar Brok). Los tres habían sido miembros activos de la Convención Europea.

A nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión y el Parlamento Europeo estuvieron representados por sus Presidentes respectivos, Romano Prodi y Pat Cox.

Los Estados adherentes participaron plenamente en las negociaciones, puesto que el Tratado de adhesión había sido firmado mucho antes de la puesta en marcha de la CIG. En la presente ficha de síntesis, el término «Estados miembros» incluye también a los diez países adherentes en aquel momento. Los Gobiernos de los tres países candidatos, Bulgaria, Rumanía y Turquía, participaron en la CIG en calidad de observadores.

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El método de trabajo

A lo largo del verano los Estados miembros examinaron las propuestas de la Convención, cuyo resultado final había sido presentado a la Presidencia italiana en Roma el 18 de julio. Ya entonces se puso de manifiesto que algunos puntos planteaban problemas a uno o varios países y que sería necesario volver a discutirlos durante la CIG.

Para facilitar el trabajo y canalizar el flujo de información, los Estados miembros designaron una serie de personas de contacto («focal points»). Estos funcionarios, que tenían un papel fundamentalmente administrativo, resultaron esenciales para la buena marcha de las negociaciones.

A fin de preparar mejor los debates ministeriales, la Presidencia envió a las delegaciones, antes de la apertura formal de la CIG, una serie de cuestionarios que resumían las propuestas de la Convención e incluían los deseos expresados por las delegaciones nacionales.

Las respuestas al documento CIG 9/03 (documentos CIG 10/03 a CIG 35/03) se encuentran bajo la rúbrica Documentos de las Delegaciones de la página web de la CIG.

Antes de la segunda sesión ministerial se envió un tercer cuestionario sobre la Comisión y el futuro Ministro de Asuntos Exteriores.

A lo largo de toda la negociación, la Presidencia se mantuvo en estrecho contacto con las delegaciones y organizó, casi permanentemente, encuentros bilaterales. A nivel político, además de en las reuniones oficiales, el Presidente del Consejo Europeo, el Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi, y el Presidente del Consejo, el Ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, se reunieron con sus homólogos europeos, especialmente durante una «gira por las capitales».

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El papel de los expertos en temas jurídicos

El proyecto de Tratado Constitucional preparado por la Convención también debía ser examinado exhaustivamente desde el punto de vista jurídico y lingüístico, a fin de garantizar la eliminación de cualquier laguna o ambigüedad que pudieran implicar un riesgo jurídico. Puesto que estas cuestiones no correspondían al ámbito estrictamente político, la Presidencia decidió recurrir a un grupo de expertos en temas jurídicos, presidido por el Sr. Piris, Director General del Servicio Jurídico del Consejo. Este grupo de trabajo estaba compuesto por representantes de los Estados miembros, de la Comisión y del Parlamento, así como por observadores de los tres países candidatos.

El grupo de expertos en temas jurídicos comenzó su trabajo con una relectura del proyecto de Constitución basándose en un documento elaborado por el Servicio Jurídico del Consejo, que recogía el texto completo de la Convención junto con una serie de comentarios jurídicos y observaciones.

El grupo examinó también las disposiciones de los Tratados de Adhesión que modificaban los tratados existentes tras cada ampliación. El objetivo de este examen era determinar las disposiciones que deberían mantenerse y las que, entretanto, habían perdido vigencia (medidas transitorias y de otro tipo). Se realizó un trabajo similar con los protocolos y declaraciones anejos a los tratados en las CIG precedentes.

Algunos de los asuntos planteados por las delegaciones en el curso de las negociaciones requerían aclaraciones jurídicas y técnicas. Por este motivo, la Presidencia propuso el 4 de noviembre prorrogar el mandato de trabajo del grupo de expertos jurídicos, lo que permitiría dilucidar los problemas de formulación que no tenían dimensión política y avanzar más rápidamente.

A finales de noviembre el grupo presentó sus resultados en el documento CIG 50/03. Dicho documento contenía el proyecto de Tratado Constitucional tras haber sido examinado únicamente desde el punto de vista jurídico y de redacción y serviría como base para las negociaciones de la CIG. El adenda 1 presentaba el resultado del examen de los protocolos y anejos de los tratados existentes, así como de los protocolos elaborados por la Convención.

El grupo continuó su labor y publicó en 2004 dos adendas referentes a las modificaciones introducidas por los tratados de adhesión y las declaraciones. A estos documentos se sumaron una serie de correcciones. Todos los documentos se encuentran en la página web de la CIG .

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EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA

El dictamen de la Comisión

El 17 de septiembre de 2003, la Comisión emitió oficialmente su dictamen sobre la convocatoria de la CIG. En el mismo se congratulaba por los resultados de la Convención que, según afirmaba, debería constituir «la base para los trabajos de la Conferencia Intergubernamental» cuya labor debe consistir, pues, «en mejorar, hacer más claro y concluir el proyecto de Constitución». No obstante, la Comisión presentó varias sugerencias sobre un número limitado de puntos que podrían mejorarse.

Estos puntos se referían concretamente a nuevas propuestas sobre el tamaño y la composición de la Comisión, la ampliación del ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada, la simplificación del procedimiento de revisión de la futura Constitución, en particular de las disposiciones relativas a las políticas de la UE, así como la coordinación de las políticas económicas, especialmente para los países de la zona euro.

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El dictamen del Banco Central Europeo

De conformidad con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, para las modificaciones propuestas por la Convención en el ámbito de la política monetaria, era preciso consultar al Banco Central Europeo (BCE). En su dictamen, el BCE acogió favorablemente las propuestas de la Convención y sugirió algunas modificaciones, concretamente la introducción de una referencia a la estabilidad de los precios como objetivo de la Unión y una mención expresa en el texto de la Constitución de la independencia de los bancos centrales nacionales.

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El dictamen del Parlamento Europeo

El 24 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una Resolución que constituye su dictamen formal previo a la convocatoria de la CIG. Reconoció la eficacia del método seguido por la Convención para la revisión de los Tratados e instó a la CIG a aprobar el proyecto de Tratado sin alterar el equilibrio básico de la propuesta de la Convención. Aunque no se mostró satisfecho de todos los detalles, expresó la esperanza de que no se cuestionara el proyecto.

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El dictamen del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones aprobó, por propia iniciativa, una serie de propuestas dirigidas fundamentalmente a consolidar los progresos realizados en el marco del proyecto de Constitución en lo que respecta al reconocimiento constitucional de la dimensión local y regional de la UE.

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El dictamen del Comité Económico y Social Europeo

En sus sesiones de los días 24 y 25 de septiembre el Comité Económico y Social Europeo, por propia iniciativa, adoptó una posición sobre las negociaciones en el marco de la CIG. El Comité defiende el equilibrio general del proyecto de Tratado Constitucional, pero recomienda a la CIG que introduzca precisiones y aclaraciones para reforzar la confianza y el compromiso de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

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La decisión del Consejo de convocar la CIG

Tras los dictámenes favorables a la convocatoria de la CIG presentados por la Comisión, el BCE y el Parlamento, el Consejo de Asuntos Generales, en su sesión de 29 de septiembre de 2003, autorizó formalmente la convocatoria de la CIG. La fecha de la primera reunión se fijó para el 4 de octubre de 2003 en Roma. En esta reunión se decidió también que el Parlamento Europeo participaría en los trabajos.

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LA REUNIÓN DE ROMA: APERTURA FORMAL DE LAS NEGOCIACIONES

Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Roma, ciudad en la que se habían firmado los Tratados constitutivos, para proceder a la apertura solemne de la Conferencia. En esta reunión tuvo lugar un debate político general y un intercambio de opiniones sobre las negociaciones, Se aprobaron también las últimas cuestiones de procedimiento relacionadas con la CIG.

En una declaración denominada «Declaración de Roma», reafirmaron la importancia del proceso de integración y la necesidad de aprobar un texto constitucional que representa una etapa indispensable para «lograr una Europa más cohesionada, transparente y democrática, más eficiente y más próxima a los ciudadanos».

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Primera reunión ministerial - 4 de octubre de 2003

El inicio de las negociaciones por los Jefes de Estado y de Gobierno fue seguido por la primera sesión de trabajo de los Ministros de Asuntos Exteriores. La Presidencia presentó un documento con las respuestas de las delegaciones a los cuestionarios sobre el Consejo Legislativo y sobre las formaciones del Consejo y su presidencia, que sirvió como base para los debates de la primera reunión. La Presidencia tomó nota de que la mayoría de las delegaciones se habían pronunciado contra el Consejo Legislativo. Respecto a las formaciones del Consejo, la Presidencia sugirió algunas opciones para un posible compromiso.

A partir de estos debates, la Presidencia publicó unos días más tarde una serie de propuestas concretas sobre la Presidencia del Consejo y sus diferentes formaciones. Incluía las propuestas siguientes: supresión del Consejo Legislativo y propuesta de un protocolo que contendría las disposiciones básicas sobre la organización de la Presidencia del Consejo.

Tras la reunión del 4 de octubre, la Presidencia publicó también el calendario indicativo de los trabajos de la CIG. En este mismo documento invitó a las delegaciones a presentar, antes del 20 de octubre, las cuestiones no institucionales que desearan que se debatieran en la CIG. No obstante, la Presidencia pidió a las delegaciones una gran autodisciplina, a fin de limitar al mínimo el número de estas cuestiones.

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Segunda reunión ministerial - 14 de octubre de 2003

Antes de la segunda reunión de la CIG, la Presidencia italiana envió a las delegaciones un nuevo cuestionario relativo a la Comisión y al futuro Ministro de Asuntos Exteriores.

Algunos Estados miembros se mostraron partidarios de modificar las propuestas de la Convención en lo que respecta a la Comisión. A través de una serie de preguntas concretas dirigidas a las delegaciones, la Presidencia italiana intentó evaluar las posibilidades de llegar a un compromiso.

También eran necesarias aclaraciones sobre el estatuto del Ministro de Asuntos Exteriores .
Basándose en el documento CIG 2/03, que se había distribuido con anterioridad a la inauguración de la Conferencia Intergubernamental, la Presidencia planteó una serie de cuestiones sobre el estatuto de este ministro dentro de las dos instituciones (doble mandato), especialmente con respecto al principio de colegialidad, vigente en la Comisión.

Aparte de estos dos temas, la Conferencia se refirió también al debate iniciado el 4 de octubre sobre las presidencias rotativas de las formaciones del Consejo. A fin de preparar el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre en Bruselas, los ministros trataron también las demás cuestiones institucionales, especialmente la composición del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y su Presidente y el espinoso problema de la definición de la mayoría cualificada. La cena de trabajo se dedicó a las cuestiones relacionadas con la defensa, concretamente a las cooperaciones estructuradas y la cláusula de solidaridad.

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Consejo Europeo de Bruselas - 16 y 17 de octubre de 2003

La reunión del Consejo Europeo se organizó en dos partes: la primera se dedicó a la CIG y la segunda a los demás temas propios del Consejo Europeo. En la tarde del primer día, los Jefes de Estado y de Gobierno debatieron las cuestiones institucionales preparadas por los Ministros de Asuntos Exteriores en su reunión anterior: la composición del Parlamento Europeo, el papel del Consejo Europeo y de su Presidente y el cálculo de la mayoría cualificada. Durante la cena, la Conferencia trató las cuestiones relacionadas con la defensa.

Esta reunión no tenía como objetivo aportar soluciones concretas a los asuntos debatidos, sino determinar las grandes líneas directrices para la continuación de las negociaciones a nivel ministerial. En aquel momento la Presidencia tenía previsto continuar la fase de consultas bilaterales, aunque sin hacer públicas sus propuestas concretas.

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Tercera reunión ministerial - 27 de octubre de 2003

Para esta reunión la Presidencia había preparado tres documentos.
Dos de ellos, que incluían los temas que las delegaciones deseaban seguir debatiendo, se referían a las cuestiones no institucionales (incluidas las cuestiones económicas y financieras), así como al ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada. El tercer documento se refería a una nueva propuesta sobre la presidencia del Consejo y las distintas formaciones del mismo.

En el documento dedicado a las cuestiones no institucionales, la Presidencia exponía todas las cuestiones que seguían abiertas, especialmente el preámbulo, los valores y objetivos de la Unión, la Carta de los Derechos Fundamentales, las finanzas y el procedimiento presupuestario, la política económica y financiera, la justicia y los asuntos de interior, las relaciones exteriores, la revisión de los Tratados y numerosos puntos relativos a las demás políticas de la Unión. En total, la Presidencia presentó 91 puntos que habían sido planteados por una o varias delegaciones.

En cuanto a las cuestiones económicas y financieras, los Ministros de Economía y Finanzas, en su reunión informal de Stresa en septiembre, cuestionaron algunas propuestas de la Convención. En especial, el Consejo ECOFIN deseaba modificar las competencias del Parlamento Europeo en lo que respecta a la aprobación de las previsiones financieras y del reglamento financiero, así como las de la Comisión en lo que atañe a la aplicación del procedimiento en caso de déficit excesivo.

En cuanto al ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada , la Presidencia observó que algunas delegaciones deseaban mantener el equilibrio decidido por la Convención, algunas deseaban ampliar la mayoría cualificada a otros ámbitos y, por último, otras sugerían el restablecimiento del voto por unanimidad en los ámbitos sensibles. Ciertas delegaciones se pronunciaron también en contra de las cláusulas pasarela.

La Presidencia revisó su primera propuesta con respecto a la Presidencia y las formaciones del Consejo, a fin de tener en cuenta las observaciones de las delegaciones. En consecuencia, se mantuvo la propuesta de presidencia colectiva.

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Cuarta reunión ministerial - 18 de noviembre de 2003

Con vistas a la reunión de la CIG de 18 de noviembre, la Presidencia elaboró dos documentos relativos al futuro Ministro de Asuntos Exteriores y a los procedimientos de revisión del futuro Tratado Constitucional.

En lo que respecta al Ministro de Asuntos Exteriores, la Presidencia elaboró una serie de enmiendas al texto de la Convención, a fin de responder a las inquietudes expresadas en la reunión de 14 de octubre . Dichas enmiendas se referían fundamentalmente a la independencia del futuro Ministro, su posible dimisión y la coherencia entre la PESC y las relaciones exteriores.

La Convención ya había previsto la posibilidad de un procedimiento de revisión más ágil, especialmente para las cláusulas pasarela. Dada la divergencia de opiniones de las distintas delegaciones, la Presidencia propuso aumentar el papel de los parlamentos nacionales en la aplicación de dichas cláusulas. En cuanto a la revisión del futuro Tratado, propuso el establecimiento de una cláusula de revisión más ágil aplicable únicamente a determinadas partes del Tratado Constitucional.

En esta reunión, las delegaciones aproximaron sus posiciones sobre el estatuto del Ministro de Asuntos Exteriores, y una gran parte de ellas apoyó las propuestas de la Presidencia. Respecto a la revisión de los Tratados, el debate se centró sobre todo en las cláusulas pasarela. La propuesta de la Presidencia referente a la fórmula de nihil obstat (autorización si no se opone ninguno de los parlamentos nacionales) parecía ir por buen camino.

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Quinta reunión ministerial: «cónclave» de Nápoles - 28 y 29 de noviembre de 2003

Como preparación para los debates de los ministros en el cónclave de Nápoles, a finales de noviembre, la Presidencia publicó un documento en el que exponía sus reflexiones sobre los temas debatidos y presentaba, en adenda, sus propuestas de artículos. Ambos documentos venían a trazar un balance intermedio de los trabajos y constituían la base para los debates en Nápoles.

En su propuesta, la Presidencia optó por mantenerse fiel al proyecto de Tratado Constitucional de la Convención y preservar las grandes líneas de los equilibrios propuestos. Para satisfacer a los Estados miembros y aclarar algunos puntos recurrió a declaraciones que, sin modificar fundamentalmente el texto, abrían la vía a un compromiso.

En aquellas cuestiones en las que todavía no se podía llegar a conclusiones, la Presidencia exponía la situación y esbozaba una solución siempre que ello era posible. En esa fase no se presentaba propuesta alguna sobre el sistema de voto por mayoría cualificada en el Consejo.

Tras un turno de intervenciones, la Presidencia consideró que, en general, los Estados miembros evaluaban sus propuestas positivamente. Se trataron principalmente las políticas de la Unión y el procedimiento simplificado de revisión de la Constitución. Durante el cónclave, la Presidencia distribuyó dos propuestas modificadas relativas a la cohesión económica, social y territorial y al turismo.

La cena del primer día se dedicó fundamentalmente a la política de defensa. Tras el encuentro trilateral entre Alemania, Francia y el Reino Unido celebrado la víspera del cónclave, estos países habían presentado nuevas propuestas sobre las modalidades de las cooperaciones estructuradas. Se llegó a un acuerdo de principio sobre la cooperación estructurada y la cláusula de defensa mutua.

La reunión de 29 de noviembre por la mañana se dedicó principalmente a las cuestiones institucionales. Según la Presidencia, la Conferencia había hecho progresos en lo que respecta a la Comisión y al Ministro de Asuntos Exteriores.

En cuanto al tema más espinoso, la doble mayoría en el Consejo , la Conferencia debatió el propio principio (la doble mayoría propuesta por la Convención o el mantenimiento del sistema de reparto de votos previsto en el Tratado de Niza ) y diversas propuestas de modificación del número mínimo de Estados y de población necesarios para la adopción de un acto. La Presidencia no presentó propuestas concretas. Por último, respecto al tema sensible del preámbulo, la Presidencia se limitó a recopilar ideas y dejó en manos del Consejo Europeo la búsqueda de una solución.

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Llamamiento al compromiso

El 5 de diciembre de 2003 en Bruselas, en una reunión de los antiguos diputados parlamentarios (europeos y nacionales) que habían participado en la Convención Europea, el Presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, hizo un llamamiento a la CIG, afirmando que sería preferible no tener Constitución a tener una mala Constitución: «Mieux vaudrait une absence de Constitution qu'une mauvaise Constitution». En la misma reunión el Presidente del Consejo, Franco Frattini, volvió a afirmar que la Presidencia no aceptaría un compromiso a la baja y que continuaría luchando por el proyecto de la Convención.

El Parlamento Europeo en su conjunto también se adhirió al proyecto de la Convención al aprobar, por amplia mayoría, una Resolución sobre los trabajos de la CIG. Hizo un llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno para que continuasen sus trabajos y superasen sus diferencias a fin de llegar a un resultado equilibrado y positivo para el 13 de diciembre.

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Sexta reunión ministerial - 9 de diciembre de 2003

El orden del día de esta reunión sólo incluía dos temas: la defensa y el presupuesto. Tras el acuerdo de principio sobre la defensa a que se había llegado en el cónclave de Nápoles, la Presidencia presentó un nuevo documento en el que se plasmaba dicho acuerdo en forma de artículos.

La Presidencia no propuso compromiso alguno sobre las cuestiones presupuestarias . Deseaba mantener la solución propuesta por la Convención, que aumentaba las competencias del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario anual.

Durante la reunión, los Ministros de Asuntos Exteriores no pudieron llegar a un compromiso sobre la defensa ni sobre las cuestiones presupuestarias. La formulación de los artículos relativos a la defensa mutua seguía planteando problemas, especialmente a los países neutrales, que deseaban evitar un posible automatismo. Tampoco fue posible conciliar las diferentes posturas en materia de procedimiento presupuestario.

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Consejo Europeo de Bruselas - 12 y 13 de diciembre de 2003

Tres días antes del Consejo Europeo, la Presidencia comunicó sus propuestas en un documento acompañado de dos adendas. El adenda 1 contenía propuestas de artículos y el adenda 2, que no se publicó hasta la víspera del Consejo Europeo, trataba sobre las cuestiones que seguían pendientes: el preámbulo, la composición de la Comisión, el voto por mayoría cualificada y el número mínimo de escaños en el Parlamento Europeo. Este documento no incluía ninguna propuesta concreta, aunque sugería vías de reflexión para llegar a un compromiso definitivo.

La Conferencia Intergubernamental debía ir precedida de la habitual reunión trimestral del Consejo Europeo. Aunque esta reunión había sido preparada exhaustivamente, sólo duró la mañana del 12 de diciembre.

La Presidencia reconoció que el único problema auténtico que seguía existiendo era el del voto por mayoría cualificada en el Consejo. Su estrategia, por tanto, era llegar ante todo a un compromiso sobre este punto, esperando que ello permitiera cerrar fácilmente los demás puntos que aún se estaban negociando.

La primera sesión de la Conferencia Intergubernamental comenzó por la tarde, con un primer turno de intervenciones. Poco después se levantó la sesión para que la Presidencia pudiera reunirse con las delegaciones por separado (las denominadas «reuniones confesionales»). Se esperaba que dichas reuniones, estrictamente confidenciales, ayudaran a la Presidencia a encontrar una solución sobre aquellos asuntos en los que pudiera ser posible llegar a un compromiso. Estas reuniones bilaterales comenzaron a primera hora de la tarde y se sucedieron hasta altas horas de la madrugada.

La mañana del viernes 13 de diciembre estuvo dedicada también a estas reuniones.
Durante la comida resultaba evidente que las delegaciones seguían manteniendo posiciones irreconciliables sobre la cuestión del voto en el Consejo: algunas se mostraban favorables a la propuesta de la Convención mientras que otras defendían el sistema del Tratado de Niza. Tampoco todas las delegaciones aceptaban las propuestas informales de posibles modificaciones de los números mínimos previstos para una mayoría cualificada.

Ante esta situación de estancamiento, la Presidencia no se veía capacitada para elaborar una propuesta equilibrada y aceptable por todos. Lo único que podía hacerse era constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo global. En consecuencia, la Conferencia Intergubernamental hizo pública una declaración en la que dejaba constancia del fracaso de las negociaciones y encargaba a la Presidencia irlandesa que continuara las consultas.

«El Consejo Europeo ha tomado nota de que a la Conferencia Intergubernamental no le ha sido posible llegar a un acuerdo global sobre un proyecto de Tratado Constitucional en la presente fase. Se solicita a la Presidencia irlandesa que, basándose en consultas, evalúe las posibilidades de realizar progresos e informe al Consejo Europeo en marzo».

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