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European Commission

Joaquín Almunia

Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy

50 años de control de competencia en España

Comisión Nacional de Competencia

Madrid, 27 Junio 2013

Señoras y señores,

Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Competencia, y especialmente a su Presidente, Joaquín García Bernaldo de Quirós, el haberme invitado a participar en esta Jornada con ocasión del 50 aniversario de la introducción de la primera legislación sobre Competencia en España.

Felicidades a todos los que han colaborado de una manera u otra, a hacer realidad los objetivos fijados por las normas jurídicas, claramente inspiradas desde el comienzo por los artículos correspondientes del Tratado de Roma.

Y muy en particular, quiero dirigir esta felicitación a la Comisión Nacional de Competencia y a su predecesor, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que durante los últimos veinticinco años han venido realizando una excelente labor.

Un importante hito en la evolución del sistema español se produjo, sin lugar a dudas, como consecuencia del ingreso de España en las entonces Comunidades Europeas en 1986.

Nuestro ingreso en la CEE abrió un proceso de fortalecimiento en la aplicación de las normas de la competencia que culminó en la Ley de 1989, lo que supuso un importante paso en la adaptación de las normas españolas al estándar europeo.

Esta ley introdujo dos importantes novedades: el control de concentraciones, aún con un sistema de notificación voluntaria, y el fortalecimiento de las facultades de promoción de la competencia.

Y es en éste segundo campo donde a principios de los años noventa, bajo la presidencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el Tribunal ocupó por vez primera un lugar en el debate público, elaborando varios informes que sirvieron de base para el proceso de liberalización en una serie de sectores, particularmente en los servicios.

Desde entonces, la política de competencia no ha dejado de figurar en la agenda política. Y a finales de la década de los noventa, se abrió un debate sobre la oportunidad de proceder a la unificación de los organismos de competencia y el correlativo fortalecimiento de su independencia.

Sin embargo, recuerdo muy bien las elecciones del año 2000, cuando sólo uno de los dos grandes partidos llevaba en su programa propuestas claras sobre la necesidad de reforzar la aplicación de los principios establecidos en las normas. El entonces Presidente de la CEOE me espetó, en un debate público, que esas propuestas no podrían llevarse a cabo.

Por fin, en las siguientes elecciones de 2004 ambos partidos incorporaron en sus programas compromisos más precisos, incluida la unificación de organismos.

El proceso de reforma – cuyo impulsor y ejecutor fue Luis Berenguer – culminó en la nueva Ley de Defensa de la Competencia de julio de 2007 que permitió la creación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), presidida primero por el propio Luis y actualmente por Joaquín García Bernaldo de Quirós.

La CNC se ha ganado en estos años un considerable prestigio en el ámbito internacional, y en concreto es una de las autoridades de competencia más activas en el seno de la Red Europea.

Hoy está viviendo sus últimos momentos, como consecuencia de la reforma que la fusionará con diversos organismos reguladores sectoriales en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Resulta esencial que esta nueva Autoridad siga ejerciendo la labor de aplicación efectiva de las normas de la competencia, tal y como exige el propio Derecho de la UE.

Una estructura institucional sólida e independiente, y la disponibilidad de recursos humanos y materiales suficientes, constituyen elementos claves para garantizar que esa labor continúe efectuándose con la misma eficacia que hasta ahora.

Desde la Comisión Europea hemos seguido muy de cerca la adopción de la nueva Ley y continuaremos haciendo un seguimiento de la puesta en marcha de la nueva Autoridad, tal como hemos dicho en las Recomendaciones para España que hoy mismo debaten los Jefes de Estado y de Gobierno.

En el ámbito europeo, la política de competencia es un instrumento clave para el reforzamiento y el buen funcionamiento del mercado único.

La creación de la Red Europea de Competencia en 2004 ha contribuido de manera decisiva a garantizar que la aplicación de las normas del Tratado y los respectivos Reglamentos se haga de manera coherente en todos los Estados Miembros, contribuyendo así a crear condiciones equiparables para los operadores económicos y consumidores de toda la UE.

Los mecanismos de cooperación que la propia Red prevé han permitido a la Comisión y las Autoridades Nacionales trabajar estrechamente con el objetivo común de asegurar una aplicación coherente de unas normas que todos compartimos.

Los datos son concluyentes: desde la creación de la Red las 27 Autoridades Nacionales han informado a la Comisión de más de 1.600 investigaciones realizadas al amparo de los artículos 101 y 102 del Tratado. Asimismo, cerca de 700 decisiones nacionales, adoptadas en aplicación de estas disposiciones han sido comunicadas a la Comisión. Sólo en 2012, 91 decisiones fueron notificadas a la Comisión.

La CNC ha sido una de las Autoridades más activas. Desde mayo de 2004, la Autoridad española de la Competencia ha notificado a la Comisión un total de 78 decisiones en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado. Sólo en 2012, un total de 19 decisiones fueron objeto de notificación.

Señoras y señores,

El control de la competencia es una política central de la UE que tiene por objetivo la preservación de un bien público europeo fundamental: el mercado único.

Al mismo tiempo, la política de competencia debe evolucionar, adaptándose a las nuevas situaciones y realidades.

Las autoridades de competencia hemos de reconocer en cada momento el entorno en el que operamos, ser conscientes del impacto de nuestras decisiones, y ajustar nuestra labor en consecuencia, estableciendo las prioridades adecuadas y favoreciendo la evolución de nuestras normas.

En los últimos años, en los que la crisis ha provocado cambios ingentes y repentinos en la economía y en la sociedad de nuestros países, hemos procurado que nuestro control permaneciera a la altura de los desafíos.

En el ámbito de la aplicación de las normas, hemos adoptado una serie de decisiones clave. Una de las últimas ha sido la relativa a la empresa farmacéutica Lundbeck, sancionando determinadas prácticas que llevaban a una inflación artificial de los precios de los medicamentos.

La lucha contra los cárteles sigue siendo absolutamente prioritaria, porque el impuesto ilegal y oculto que suponen para la economía causa aún más daño en época de crisis.

Entre otros casos, hemos abierto una investigación sobre determinadas actividades diseñadas para manipular índices de referencia de algunos tipos de interés y beneficiarse de ellas a través de la colusión. Estas investigaciones están muy avanzadas y esperamos ver los resultados en breve.

Una investigación similar acaba de iniciarse en la industria del petróleo, con inspecciones sin previo aviso en varias empresas.

Casos como éstos son prioritarios porque se refieren a prácticas que – de confirmarse – causan un daño sistémico a la economía. Son situaciones que no podemos permitirnos ni moral ni económicamente, y menos aún en una situación como la actual.

En el ámbito del desarrollo normativo, un ejemplo claro de adaptación a las nuevas condiciones generadas por la crisis es el régimen especial de ayudas de Estado que utilizamos para controlar los subsidios que los Estados miembros decidieron proporcionar a los bancos en dificultades.

Desde que la Comisión asumió esta tarea a finales de 2008, y sumando los casos de liquidación y reestructuración, hemos tomado 61 decisiones y estamos analizando otros 30 casos.

Cabe añadir, en este contexto, que está en plena marcha la estrategia de modernización de las ayudas de Estado que lanzamos el año pasado.

Otro ejemplo de evolución de la política de competencia europea es el control de las fusiones, donde estamos considerando una reforma sobre dos temas principales.

En primer lugar, la extensión de nuestro control a la adquisición de participaciones minoritarias. Queremos dotar a la Comisión de la capacidad para examinar estos casos de forma selectiva, pero limitando los costes administrativos, mediante la posibilidad de no extender la obligación de notificación de este tipo de fusiones.

En segundo lugar, estamos analizando la manera de mejorar los mecanismos de reenvío de casos entre la Comisión y los Estados Miembros.

Sabemos que las empresas necesitan toda la seguridad jurídica que el control de las fusiones a nivel de la UE pueda garantizarles. La simplificación de los reenvíos debería contribuir a ello.

Termino este breve recorrido refiriéndome a la Directiva propuesta por la Comisión a principios de este mes para facilitar a los ciudadanos y empresas acudir a los tribunales para obtener indemnización por los daños sufridos por infracción de las normas antitrust de la UE.

Señoras y señores:

Todas estas iniciativas pretenden trasladar a la realidad mi convicción de que la labor de las autoridades de competencia, europea y nacionales, es esencial para que Europa retome la senda de la recuperación y del crecimiento.

Sin un control estricto de todo tipo de comportamientos contrarios a la competencia, no podremos aprovechar plenamente las posibilidades que nos brinda el mercado único.

Y sin él, la capacidad de la economía europea para recuperar una senda estable de crecimiento se encontrará con dificultades aún mayores que las que estamos enfrentando hoy.

Para ello, se requiere un trabajo constante. Hacen falta una firme voluntad política, buenas leyes europeas y nacionales, y autoridades de competencia dinámicas que garanticen la aplicación de las reglas.

En ese sentido, es mi firme deseo que la nueva Autoridad, sucesora de la CNC, pueda ser más fuerte, más independiente y más capaz de asumir los difíciles retos que nos esperan a todos en el futuro.

Muchas gracias.


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