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SPEECH/11/212

Joaquín Almunia

Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Política de Competencia

Reformas y reestructuración del sistema financiero

La reestructuración del sistema financiero, conferencia organizada por la Fundación de las Cajas de Ahorros

Madrid, 24 de marzo de 2011

Agradezco a la Fundación de las Cajas de Ahorro y a su Director General, Victorio Valle, por su cordial invitación para hablar sobre la restructuración de sistema financiero en Europa.

Mi agradecimiento igualmente a Pedro Solbes por sus amables palabras de presentación. 

Quiero hablarles esta mañana del trabajo realizado, y del que aún queda por realizar, para recomponer las piezas que la crisis ha roto en nuestro sistema financiero. Una recomposición de la que aún no podemos aventurar cual será su aspecto final, pero de la que ya puede afirmarse que nos va a deparar un sistema financiero con algunos rasgos claramente distintos al que conocíamos antes de 2008.

Desde el comienzo de la crisis, las reformas en el sistema financiero ocupan un lugar central en la agenda de los gobiernos, de la Unión Europea, de los Bancos Centrales y de los organismos internacionales. Lo cual tiene fácil explicación. El origen de la crisis estuvo en los fallos del sistema financiero, y algunas de las consecuencias más graves de la misma también se centran en él. 

1. La crisis. Origen y efectos

A comienzos de 2011, la economía a nivel global, y muchas economías nacionales -incluso en Europa- registran de nuevo tasas de crecimiento similares o próximas a las de antes de 2008. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer antes de poder afirmar que el sistema financiero está asentado sobre bases sólidas y puede volver a cumplir con plenitud su función esencial de financiar la actividad de familias y empresas.

De hecho, el sistema está actualmente sumido en un intenso proceso de restructuración. Este proceso viene requiriendo, por un lado, la restructuración de muchas entidades, que sólo a través de esos cambios pueden recuperar su viabilidad. Y, por otro, está exigiendo la creación de un marco regulatorio adecuado que disminuya al máximo el riesgo  de nuevas crisis sistémicas.

Hemos vivido la peor recesión económica global desde el famoso crack del 29. Como entonces, la actividad económica cayó en picado y el comercio internacional prácticamente se colapsó, se  destruyeron empleos por millones en todo el mundo, y todo esto en tan sólo unos pocos meses.

Claramente, la crisis actual tiene su origen en el sector financiero. De hecho, la crisis dio sus primeras señales de vida en el verano de 2007 cuando la alta concentración de hipotecas suprime en algunas entidades de los Estados Unidos levantó dudas sobre su solvencia. Los precios de la vivienda y la actividad al otro lado del Atlántico empezaban a enfriarse y muchos detentores de este tipo de hipotecas dejaron de hacer honor a sus compromisos de pago.

Desde entonces, y de forma paulatina, la desconfianza entre las entidades financieras se adueñó de los mercados financieros. Pero la verdadera pesadilla empezó en Octubre de 2008 cuando una entidad financiera global, Lehman Brothers, que se consideraba demasiado grande para caer, es decir, una entidad sistémica efectivamente cayó, o se dejó caer.

Pasamos en muy poco tiempo de un mundo sumergido en un mar de crédito abundante y barato a una situación de ausencia casi total de liquidez. El frenazo brusco de la economía real era inevitable.

¿Cómo se llegó a esta situación? ¿No fue posible prever de antemano lo que podía suceder?

Como casi siempre es difícil encontrar una causa última para explicar las razones que nos llevaron a una crisis tan profunda y generalizada.

Se reveló entonces que el problema de las hipotecas suprime no era sino la punta de un iceberg que ocultaba problemas mucho más profundos y generalizados. Era de hecho una manifestación de una burbuja financiera que había inflado los precios de algunos activos reales, especialmente la vivienda,  como los de muchos activos financieros.

Este aumento sostenido de los precios de los activos por un periodo largo de tiempo redujo la percepción del riesgo, lo que junto con una muy deficiente regulación y la falta de una supervisión macro-prudencial adecuada del sistema financiero en casi todo el mundo alimentó un elevado apalancamiento del sector privado.

Pero esta explicación sólo sirve para una parte de la historia. El boom de los activos tuvo su origen en una serie de desequilibrios globales que se venían generando desde mediados de los noventa. En Estados Unidos el fuerte aumento del consumo privado y de la inversión en vivienda se financió mediante los excedentes de ahorro existentes en el resto del mundo, principalmente Asia, que buscaban oportunidades de inversión. En Europa, el creciente ahorro generado en Alemania y otros países con excedentes en su balanza corriente buscó oportunidades de negocio en países como España, donde magnificó los efectos sobre el crédito de la drástica bajada de tipos de interés propiciada por la bajada de las expectativas de inflación y a la liberalización e integración del sistema financiero. Lo que al principio fue la expresión de los efectos benéficos de la adopción euro, alentó una burbuja inmobiliaria debido a la incapacidad de los Estados miembros de coordinar de forma efectiva sus políticas económicas a fin corregir los desequilibrios macroeconómicos en el seno de la zona euro.

La baja valoración del riesgo y un marco regulatorio insuficiente propiciaron el desarrollo de productos financieros muy opacos, que en realidad ocultaban inversiones de muy alto riesgo, en contra de lo que decían las agencias de rating. Por supuesto, eran esas mismas agencias que tan circunspectas se han puesto ahora al valorar los riesgos de la deuda soberana.

Desde mediados de 2007, lo que muchos consideraban productos financieros atractivos, de alta rentabilidad y poco riesgo, se convirtieron en activos tóxicos de los que todo el mundo quería desprenderse, hundiendo sus precios y arrastrando detrás de ellos a las entidades financieras que eran sospechosas de haber acumulado esos activos tóxicos en sus balances.

Dado el número y la talla de las entidades implicadas hubo que actuar rápidamente, recapitalizándolas para evitar que cayeran, y que con ellas colapsase el conjunto del sistema financiero. Mientras los bancos centrales trataban por todos los medios de inyectar liquidez al sistema, muchos gobiernos pusieron en marcha programas de estímulo fiscal para sostener la actividad. Aún así, la drástica caída del producto y del empleo no pudo evitarse.

La financiación del rescate bancario, el coste de los planes de estimulo fiscal, el impacto negativo sobre los ingresos de la caída de la actividad y el aumento de los gastos ligado a un mayor coste del desempleo condujeron a un rápido aumento de los déficits presupuestarios y a niveles de deuda pública sin precedentes.

En muchos casos, los altos niveles de deuda han planteado dudas sobre su sostenibilidad a medio plazo, lo que ha hecho que los mercados exijan una mayor prima de riesgo al país correspondiente. Y ello está afectando en particular a los países con altos niveles de endeudamiento externo por su escasa capacidad de ahorro interno, bajo crecimiento potencial y rigideces en su sistema productivo.

Lo que empezó como una acumulación de desequilibrios globales, pasó por una crisis financiera, y continuó como una recesión económica se ha convertido en una crisis de deuda soberana, que recae en definitiva sobre la espalda de los ciudadanos.

No voy a detallar aquí el conjunto de medidas que se han ido adoptando para hacer frente a la crisis desde 2007 hasta hoy. Son bien conocidas de todos ustedes. Para evitar que los ciudadanos se abalanzaran sobre los bancos para retirar sus fondos, la Comisión anunció el aumento de la garantía de los depósitos bancarios a 100.000 Euros por cuenta. Para aliviar la escasez repentina de crédito, el Banco Central Europeo redujo drásticamente los tipos de interés e inyectó de forma masiva liquidez en el mercado. Además se procedió a una rápida reorganización de la supervisión y de la gobernanza financiera, creando las nuevas autoridades europeas de supervisión para Bancos, Seguros y Mercados, y regulando las agencias de rating, los "hedge funds" y fondos de capital riesgo.

Ya están funcionando la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, en París. Estas autoridades, junto con la Junta Europea de Riesgo Sistémico vertebran la supervisión Europea de los mercados financieros. No sustituirán a los supervisores nacionales en lo que se refiere al trabajo cotidiano de supervisión, sino que contribuirán a una visión de conjunto y a unas Normas Europeas de Procedimiento únicas. Uno de sus primeros cometidos serán las pruebas de resistencia que está llevando a cabo la Autoridad Bancaria Europea. A finales de este año la Autoridad Europea de Valores y Mercados se hará cargo de la supervisión directa de las agencias de calificación crediticia.

2. El rescate y reestructuración bancaria

Sí quiero detenerme en cambio en la actividad de la Comisión Europea relativa al control de  de las ayudas públicas al sistema financiero, y en concreto a los bancos y demás entidades con problemas. Un  área que desde hace algo más de un año está situada bajo mi directa responsabilidad.

A partir de la caída de Lehman Brothers, nos vimos obligados a adaptar el régimen de ayudas de Estado (especialmente en lo que respecta a las instituciones financieras) con el fin de aplicarlo con firmeza, pero con flexibilidad, facilitando la restructuración bancaria y al mismo tiempo evitando al máximo  distorsiones de la competencia.

Desde este punto de vista, pusimos en marcha un nuevo conjunto de normas con una base jurídica excepcional (el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado), concebida para permitir que los Gobiernos intervengan temporalmente para hacer frente a perturbaciones graves.

Las condiciones que establecimos consistieron en: 1) mantener la igualdad de condiciones (el "level playing field") y 2) garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros no distorsionaran el mercado único, ya que la adopción de medidas nacionales no coordinadas habría socavado gravemente nuestra estabilidad financiera. De este modo, evitamos una carrera para otorgar más subvenciones que el vecino, obligamos a los bancos a pagar un precio por haber asumido riesgos excesivos y sentamos las bases para una estrategia de recuperación efectiva.

Adoptamos cuatro decisiones importantes para llevar a cabo esta estrategia:

        En octubre de 2008, la «Comunicación sobre la banca», que establece unas condiciones de competencia equiparables para reactivar el mercado interbancario;

        En diciembre de 2008, la «Comunicación sobre recapitalización», para hacer frente a la necesidad de recapitalizar los bancos y de abordar los problemas de solvencia y el acceso al crédito para la economía real;

        En febrero de 2009, la «Comunicación sobre activos deteriorados», que establece un marco para abordar los problemas de los activos tóxicos; y

        En julio de 2009, la «Comunicación sobre reestructuración», que aclara la forma en que la Comisión examina la reestructuración de los bancos con el fin de que puedan recuperar su viabilidad a largo plazo, repartir el coste de su rescate y abordar las distorsiones de competencia derivadas de las grandes cantidades de ayuda que recibieron.

2.1. Recursos públicos utilizados

 El impacto sobre las arcas públicas de los esfuerzos necesarios para apoyar al sistema financiero están siendo enormes. Según nuestras cifras, en 2008 y 2009 los Estados miembros comunicaron haber utilizado más de 2,34 billones de euros en ayudas. El desglose para 2009, último año del que se dispone de cifras detalladas, es el siguiente:

        827 000 millones en garantías sobre pasivos bancarios,

        141 000 millones en inyecciones de capital,

        110 000 millones en ayudas para activos deteriorados, y

        29 000 millones en liquidez y apoyo financiero a la banca.

El total asciende, aproximadamente, a 1,107 millones de euros.

Se trata de cifras colosales, lo que subraya la importancia de un control estricto por nuestra parte. Nuestro trabajo ha tenido dos objetivos principales e interrelacionados: además de asegurarnos de que estas ayudas no distorsionen la competencia en los mercados financieros, queremos animar desde el principio a una reestructuración de todos los sectores beneficiarios de subvenciones.

2.2. Un mismo criterio para todos

En nuestra evaluación de todos los casos de bancos utilizamos un conjunto uniforme de principios, lo que nos permite analizar cada uno de ellos en función de sus circunstancias, sin distinciones ni discriminaciones. Permítanme resumir brevemente los tres principios básicos que utilizamos en nuestro análisis.

El primero es que los bancos que reciben apoyo del Estado deben reestructurarse para recuperar la viabilidad a largo plazo. Este es el criterio más importante. Después de su reestructuración, los bancos deben disponer de una fuerte base de capital y de fuentes de financiación sostenibles para mantener la confianza de los mercados. Deben ser capaces de generar beneficios para poder facilitar créditos a las familias y las empresas sin necesidad de contar con el apoyo del Estado. Esto les obliga a recentrarse en su negocio de base y a abandonar las actividades deficitarias.

El segundo principio consiste en compartir los costes: los bancos y sus accionistas deben contribuir a los costes de la reestructuración con el fin de reducir el peso para el contribuyente. Nuestras normas sobre reparto de las cargas requieren que los bancos paguen un precio al Estado por la ayuda que reciben, y que se abstengan de remunerar a los accionistas mediante dividendos (y a los detentores de capital híbrido mediante cupones) hasta que haya suficiente capital en sus cuentas.

El tercer y último principio se refiere al comportamiento de las instituciones subvencionadas. Los bancos no pueden utilizar las ayudas estatales para expandirse, en detrimento de competidores que no hayan recibido subvenciones. No olvidemos que no todos los bancos asumieron los mismos riesgos y que hay muchos bancos prudentes en Europa que durante la crisis no tuvieron que recurrir al apoyo procedente de las arcas públicas. Permitir, por ejemplo, que un banco subvencionado adquiera a sus competidores utilizando para ello la ayuda estatal sería una muy mala política. Por lo tanto es necesario que se prohíba temporalmente a los bancos subvencionados proceder a adquisiciones. Para evitar que la subvención falsee la competencia, los bancos deben vender parte de sus activos y observar ciertas reglas en materia de precios.

Se puede afirmar con seguridad que la autoridad de competencia de la UE ha estado cumpliendo la función de autoridad de resolución de conflictos, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad financiera, las finanzas públicas y la igualdad de condiciones en el mercado interior.

2.3  ¿Cómo podemos fomentar y supervisar los planes de reestructuración?

Hasta el momento hemos adoptado 32 decisiones de reestructuración,  y estamos vigilando de cerca la aplicación de cada una de ellas. A raíz de este seguimiento, en 23 casos adoptamos una segunda decisión positiva sobre la reestructuración del banco, en 8 casos se aprobaron ayudas para liquidar la institución y en un caso (Banco Privado Português) la decisión fue negativa, con recuperación de la ayuda.

Todas estas decisiones se adoptaron sujetas a condiciones, en particular para garantizar que los beneficiarios no usasen las subvenciones públicas para socavar a competidores que no hubieran recibido ayuda ni utilizado su capital para pagar a los accionistas antes que a los contribuyentes. No siempre es fácil verificar el respeto de las condiciones impuestas en los planes de reestructuración. Por ejemplo, estamos recibiendo señales del mercado en el sentido de que algunos de los bancos subvencionados se comportan agresivamente y, cuando tenemos pruebas de este comportamiento, intervenimos inmediatamente para corregirlo.

La idea que quiero transmitir es que cuando se adopta una decisión, el diálogo entre el banco subvencionado y la Comisión no ha terminado, sino que continúa hasta que estamos satisfechos de la correcta puesta en práctica de la decisión y de que el banco es viable, es decir, que es capaz de sobrevivir sin necesidad de más ayuda del Estado. Me comprometo a garantizar que nuestras decisiones se ejecuten en todos sus detalles y en todos los casos.

2.4.  Negociaciones en curso

La reestructuración del sector bancario de Europa todavía no ha terminado. Hay abiertos 24 casos de bancos en los que tendremos que tomar decisiones finales sobre su reestructuración. Algunos de estos casos son bastante difíciles. Les pondré algunos ejemplos representativos.

        Es el caso de los bancos irlandeses, donde la situación del sector financiero y de la deuda soberana han requerido el apoyo de la UE y del FMI.

        También se aplica a los cuatro casos alemanes pendientes: WestLB, Bayern LB, HSH e Hypo Real Estate, que buscan afanosamente modelos de negocio sostenibles.

        Por último, hay unos pocos casos en Grecia, Austria, Portugal y Eslovenia, aunque calculamos que a lo largo del año tendremos que ocuparnos de algunos más, incluidos los que puedan proceder de España.

2.5. Perspectivas

En otras palabras, que la tarea no se ha culminado. Por ello, el régimen extraordinario debía haber expirado a finales de 2010, pero como todavía había una posibilidad de nuevas tensiones, decidimos proceder con cuidado en el proceso de salida. Por esta razón, en diciembre de 2010 prorrogamos el régimen de crisis hasta finales de 2011 y eliminamos la distinción entre bancos esencialmente sólidos y en dificultad, que se basaba en la cantidad de ayuda recibida. En consecuencia, todos los bancos que a fecha de 1 de enero de 2011 recibían recapitalización o una protección de los activos deteriorados a cargo del Estado tendrán que presentar un plan de reestructuración en toda regla a la Comisión Europea. Solo después de que la Comisión apruebe la reestructuración, la ayuda será aprobada definitivamente con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Al mismo tiempo, estamos preparando una transición lo más suave posible del régimen de emergencia a un régimen posterior a la crisis en el que se considerará que las instituciones financieras pueden caminar por sí solas. En la etapa actual del proceso, y si las condiciones del mercado lo permiten, el 1 de enero 2012 entrarán en vigor las nuevas normas sobre salvamento y reestructuración de instituciones financieras.

Nuestra reflexión sobre la nueva normativa está aún en curso, pero se basa en la asunción de que sería una locura creer que el mundo financiero puede retrotraerse a antes de 2007. La magnitud y las consecuencias de la crisis son simplemente demasiado grandes y numerosas para que esto pueda ser posible. Ahora corresponde a los reguladores y a las autoridades de vigilancia construir un nuevo marco reglamentario más estricto en el que las entidades financieras puedan hacer negocios y competir.

Es también nuestra responsabilidad evitar la repetición de otro «cuasicolapso» del sistema financiero. Las pruebas de resistencia que se aplicarán por segundo año consecutivo en toda la UE a una amplia muestra de bancos europeos es una de las iniciativas tomadas a tal efecto. Estas simulaciones miden la resistencia de los bancos europeos ante hipotéticas perturbaciones externas e identifican los puntos vulnerables y los remedios, tales como el fortalecimiento de sus niveles de capital. También debemos garantizar una mayor estabilidad y una menor exposición de los presupuestos públicos. Por último, tenemos que encontrar respuestas a largo plazo a una serie de preguntas fundamentales que aún no han sido resueltas.

En los próximos meses, la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para la gestión de crisis. El mayor reto al que nos enfrentamos en este sentido es garantizar que una institución financiera (incluida una gran institución financiera) pueda quebrar de forma ordenada y sin consecuencias sistémicas. La legislación sobre la gestión de las crisis financieras, prevista para la segunda parte de este año, dará a los supervisores una amplia gama de nuevas herramientas de intervención precoz que podrán utilizar cuando salten las alarmas. Aunque es una tarea políticamente complicada en la Unión Europea, debemos seguir explorando la viabilidad de un régimen de insolvencia bancaria porque, comparado con regímenes nacionales descoordinados, permitiría la resolución eficaz de problemas bancarios transfronterizos. No debemos olvidar que el proceso de integración financiera sigue y debe seguir, por lo que los bancos europeos serán cada vez más paneuropeos.

En el sector de los servicios financieros también se están llevando a cabo iniciativas regulatorias destinadas a reducir riesgos en el sistema y a incrementar la estabilidad financiera. La propuesta EMIR para mejorar la regulación de los instrumentos derivados extrabursátiles, las contrapartidas centrales y los registros de operaciones es de especial importancia en este sentido.

La Comisión ha constatado tradicionalmente un alto grado de fragmentación del mercado europeo de compensación y liquidación con arreglo a las fronteras nacionales. La futura regulación de las infraestructuras de comercio derivado debe fomentar la competencia y evitar prácticas abusivas como la denegación injustificada de acceso y los precios excesivos para los usuarios. La revisión por la Comisión de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (conocida como MIFID), en vigor desde finales de 2007, es otra iniciativa importante en este sentido.

En cuanto a la cuestión de los requisitos de capital, estamos totalmente comprometidos con la aplicación de Basilea III a fin de que el sector bancario sea más seguro y sólido y menos cíclico. Los bancos pequeños y medianos se encuentran entre los principales beneficiarios de esta mayor capacidad de recuperación del sector y de la reducción del carácter cíclico. Es importante destacarlo ya que algunos estudios tienden a centrarse en los costes de las nuevas normas, pero descuidan los importantes beneficios derivados de la revisión de la Directiva sobre requisitos de capital.

La Comisión propondrá en los próximos meses la legislación necesaria para transponer las nuevas normas de Basilea III en el marco europeo. Su entrada en vigor y su aplicación gradual serán conformes al acuerdo internacional, es decir, que comenzarán el 1 de enero de 2013. Nuestras evaluaciones confirman que el nuevo Acuerdo de Basilea supone un equilibrio adecuado. Las disposiciones transitorias son lo suficientemente amplias como para no poner en peligro el crecimiento económico o los préstamos, permitiendo a los bancos alcanzar los nuevos objetivos gradualmente, sin ejercer demasiada presión sobre los mercados de capital y reduciendo el impacto sobre la economía real de un efecto negativo sobre el crédito. Será un proceso difícil, pero los beneficios asociados a un proceso exitoso son sustanciales, mientras que los costes del fracaso serían inaceptablemente altos.

Al mismo tiempo, tenemos que lidiar con problemas de deuda soberana, que en muchos casos reflejan el alto déficit estructural a largo plazo de algunos Estados miembros, que plantean serias dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y (a partir de 2013) el Mecanismo Europeo de Estabilidad son nuestras respuestas a estos retos. El Pacto por el Euro que está discutiendo el Consejo Europeo de hoy y mañana será otro paso en la dirección correcta.

Hemos introducido muchas reformas importantes, pero el proceso solo se encuentra en una fase intermedia. El  verdadero test consiste en saber si la legislación que proponemos se consensuará y aplicará rápidamente, en particular el paquete destinado a solucionar la crisis.. El contribuyente europeo no puede permitirse otra ronda de quiebras bancarias y nuestra obligación para con él es evitar que esto suceda.

3. La situación en España

Señoras y señores:

Desde el comienzo de la crisis financiera y económica en 2008, España, al igual que otros Estados miembros de la UE, adoptó una serie de medidas destinadas a apoyar a su sector financiero y a restablecer los préstamos a la economía real, tanto para bancos individuales como para el sistema financiero en su conjunto.

La Comisión aprobó en 2008 el régimen de garantía de los pasivos, prorrogándolo cuatro veces, la última en noviembre de 2010. España es uno de los ocho Estados miembros que optaron por mantener el régimen de garantía en el primer semestre de 2011 ya que algunas entidades todavía tendrán que recurrir a la financiación garantizada.

Otra medida para el sector adoptada por España y aprobada por la Comisión fue un régimen de recapitalización basado en el Decreto FROB, que autorizamos el 28 de enero de 2010 en virtud de las normas sobre ayudas estatales y cuya aprobación en tanto que ayudas estatales expiró el 31 de diciembre de 2010. Sobre la base de este régimen, la Comisión ha evaluado y aprobado la inyección de fondos públicos en forma de capital por un importe total de 11 500 millones de euros en ocho grupos diferentes de cajas de ahorros:

        la primera oleada en marzo de 2010 para Unnim, Catalunya Caixa y Caja España-Duero;

        la segunda oleada, en junio de 2010 para Banco Financiero y de Ahorro, Novacaixagalicia, Mare Nostrum y Banco Base;

        y la última en diciembre de 2010 para Banca Cívica-Cajasol.

Por otra parte, en marzo de 2009,  CCM fue rescatada por las autoridades españolas, reestructurada y posteriormente vendida a Cajastur. La Comisión aprobó rápidamente este apoyo, lo que permitió la liquidación de la CCM el 29 de junio de 2010. En mayo de 2010, CajaSur fue rescatada por las autoridades españolas y, tras su reestructuración, fue vendida mediante un procedimiento de licitación abierto y transparente a  la BBK. La Comisión aprobó la recapitalización de emergencia en un plazo récord de dos días de un fin de semana y dio su aprobación final a la liquidación de CajaSur en noviembre de 2010.

Permítanme recordarles que hasta finales de 2010, en virtud de las normas sobre ayudas estatales, considerábamos que los bancos que recibieron eyecciones de capital o se beneficiaron de medidas relativas a activos deteriorados por debajo o cerca del 2 % de sus activos ponderados por riesgo solo debían presentar a la Comisión «evaluaciones de viabilidad», y no planes de reestructuración en toda regla. Este fue el caso de las ayudas otorgadas en el marco del FROB. Consecuentemente, todos los grupos de cajas de ahorros que han recibido capital público por debajo o próximo al 2 % de sus activos ponderados por riesgo están siendo seguidos por mis servicios para evaluar sus perspectivas de viabilidad.

Sin embargo, como he dicho antes, hemos cambiado las reglas sobre ayuda estatal, precisamente en este punto y desde el 1 de enero 2011 cada banco que reciba una inyección de capital o cuyos de activos deteriorados sean comprados por el Estado, independientemente de su tamaño, tendrá que notificar un plan de reestructuración a la Comisión, con arreglo a los criterios que he relatado antes. Esto significa que cualquier entidad que no sea capaz de cumplir determinados criterios de solvencia establecidos en la nueva legislación FROB II y que sea recapitalizada por el Estado, tendrá que recibir la aprobación de la Comisión no solo para su recapitalización, sino también para el correspondiente plan de reestructuración.

Evaluaremos los planes de reestructuración de las cajas de ahorros exactamente de la misma forma en que venimos evaluando y evaluaremos los planes de reestructuración de cualquier otro banco europeo. No hay normas especiales para las cajas de ahorros. Por ejemplo, hasta el momento hemos negociado y aprobado el plan de reestructuración de una caja de ahorros alemana (Sparkasse Köln-Bonn) siguiendo exactamente los mismos principios generales.

4. Conclusión

Para concluir, el proceso es claro y se sigue estrictamente, los criterios son uniformes y bien conocidos y, a fin de cuentas, el objetivo final es muy simple: no podemos permitirnos el lujo de seguir inyectando grandes cantidades de dinero de los contribuyentes en los bancos, de manera incondicional y mucho menos de forma permanente. Las únicas entidades que podemos rescatar son las que demuestren  estar dispuestas a reestructurarse de forma que puedan operar en el nuevo marco regulador y de mercado como instituciones fuertes y viables.

La reestructuración del sector financiero español no es algo que podamos elegir hacer o no hacer: es absolutamente necesario. Y porque es necesario deberíamos considerarnos afortunados de que podamos ejecutar el proceso desde dentro de la UE y del mercado único. Imagínense lo que hubiera pasado si tuviéramos que hacerlo por nuestra cuenta. El tamaño de nuestra economía no habría sido lo suficientemente grande como para superar la crisis de los tres últimos años como lo hemos hecho y para trabajar, como estamos haciendo, en la reestructuración de nuestros pocos bancos en crisis.

La reestructuración tendrá éxito y establecerá un sistema financiero más sólido, capaz de absorber las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, de financiar el crecimiento de hogares y empresas (en particular de las PYME) y de invertir en una economía dinámica y competitiva.

Unos requisitos de capital y de liquidez más exigentes son una condición necesaria, como lo es una gestión profesional. No tengo ninguna duda de que las cajas tendrán éxito cuando hayan completado los cambios necesarios y profundos en consonancia con las directrices de las autoridades públicas.

El sistema bancario español ha estado mejor regulado y supervisado que otros, sin vehículos de inversión estructurada, sociedades interpuestas, obligaciones de deuda colateralizada y otras entidades fuera de balance. Pero el impacto de la crisis del sector de la vivienda y el excesivo crecimiento de los préstamos asociados a ella todavía se dejan sentir. Al igual que en el pasado, estoy convencido de que España será capaz de superar sus dificultades. Los planes existen, ahora es el momento de ejecutarlos.

Junto con el actual proceso de consolidación fiscal y de reformas estructurales, la reestructuración del sector financiero permitirá a España hacer frente a los retos futuros: recuperar el potencial de crecimiento, absorber el desempleo, aumentar la productividad y sentar las bases para un nuevo período de progreso.

Gracias.


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