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C/03/42

Bruselas, 27 y 28 de febrero de 2003 6162/03 (Presse 42)

Sesión nº 2489 del Consejo - JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR - Bruselas, 27 y 28 de febrero de 2003

Presidentes:

D. Michalis CHRISOCHOÏDIS, Ministro de Orden Público D. Philippos PETSALNIKOS, Ministro de Justicia de la República Helénica

ÍNDICE (1)

PARTICIPANTES 4

PUNTOS OBJETO DE DEBATE

NORMAS MÍNIMAS SOBRE LOS REQUISITOS Y ESTATUTO AL QUE PUEDEN OPTAR CIUDADANOS DE PAÍSES TERCEROS Y PERSONAS APÁTRIDAS PARA SER REFUGIADOS O BENEFICIARIOS DE OTROS TIPOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 5

DERECHO A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR 6

REFUERZO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PASAPORTES EN LOS PUNTOS DE ENTRADA DEL ESPACIO SCHENGEN 9

INFORMACIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN Y DEBATE DE ORIENTACIÓN 10

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS BALCANES OCCIDENTALES DEBATE PÚBLICO 11

COOPERACIÓN JUDICIAL DE LA UE Y LOS EE.UU. EN MATERIA PENAL Y RELATIVA A LA EXTRADICIÓN 14

LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 17

RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS 18

ATAQUES DE QUE SON OBJETO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 19

VARIOS 20

PUNTOS ADOPTADOS SIN DEBATE

justicia y asuntos de interior

  • Schengen-Reglamento Financiero SISNET I

  • Desarrollo del acervo de Schengen en lo que se refiere a Islandia y Noruega I

  • Normas de Schengen relativas a la expedición de visados en las fronteras, incluidos los visados a marinos en tránsito I

  • Visados a participantes en reuniones Euromed I

  • Uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el extranjero II

  • Eurojust II

  • Estrategia europea en materia de lucha contra la droga - Tratamiento de los drogodependientes en las prisiones - Resolución del Consejo II

  • Malta - Informe revisado sobre la aplicación del acervo de la UE IV

  • Equipos móviles específicos para el material ferroviario IV

  • Nuevo Convenio de Lugano V

relaciones exteriores

  • Moldova: Medidas restrictivas contra los dirigentes de la región del TransDniéster V

  • Medidas restrictivas contra Al-Qaida y los talibanes. Excepciones V

  • Traslado de las misiones de la UE en Kazajstán de Almaty a Astana. Conclusiones del Consejo V

pesd

  • Operación dirigida por la UE en la ERYM. Mecanismo financiero VI

  • Operación dirigida por la UE en la ERYM. Convenio del Estatuto de las fuerzas VI

ACP-UE

  • Centro para el Desarrollo de la Empresa - Aprobación de la gestión presupuestaria de 2000 VI

ENERGÍA

  • Control de las importaciones de hulla originarias de terceros países VII

TRANSPARENCIA

  • Acceso del público a los documentos del Consejo VII

PARTICIPANTES

Los Gobiernos de los Estados miembros y la Comisión Europea han estado representados de la siguiente manera:

Bélgica:

D. Antoine DUQUESNE

D. Marc VERWILGHEN

Ministro del Interior

Ministro de Justicia

Dinamarca:
D.ª Lene ESPERSEN

D. Bertel HAARDER

Ministra de Justicia

Ministro de Asilo, Inmigración e Integración y Ministro sin cartera (Ministro de Asuntos Europeos)

Alemania:
D. Otto SCHILY

D.ª Brigitte ZYPRIES

Ministro Federal del Interior

Ministra de Justicia

Grecia:
D. Michalis CHRISOCHOÏDIS

D. Philippos PETSALNIKOS

Ministro de Orden Público

Ministro de Justicia

España:
D. Ángel ACEBES PANIAGUA

D. Rafael CATALÁ POLO

D. Jaime Ignacio GONZÁLEX GONZÁLEZ

Ministro del Interior

Secretario de Estado de Justicia

Secretario de Estado, Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración

Francia:
D. Pierre SELLALEmbajador, Representante Permanente
Irlanda:
D. Michael McDOWELLMinistro de Justicia
Italia:
D. Roberto CASTELLI

D. Alfredo MANTOVANO

Ministro de Justicia

Secretario de Estado de Interior

Luxemburgo:

D. Luc FRIEDEN

Ministro de Justicia, Ministro del Tesoro y del Presupuesto
Países Bajos:
D. Hilbrand NAWIJNMinistro de Extranjería e Integración
Austria:
D. Ernst STRASSERMinistro Federal del Interior
Portugal:
D.ª Celeste CARDONA

D. Luis PAIS DE SOUSA

Ministra de Justicia

Secretario de Estado adjunto al Ministro del Interior

Finlandia:
D. Eikka KOSONENEmbajador, Representante Permanente
Suecia:
D. Jan O. KARLSSON

D. Dan ELIASSO

Ministro de Asilo e Inmigración

Secretario de Estado del Ministro de Justicia

Reino Unido:
Lord Geoffrey FILKINSubsecretario Parlamentario del Ministerio del Interior
* * *
Comisión:
D. António VITORINOMiembro
* * *

PUNTOS OBJETO DE DEBATE

NORMAS MÍNIMAS SOBRE LOS REQUISITOS Y ESTATUTO AL QUE PUEDEN OPTAR CIUDADANOS DE PAÍSES TERCEROS Y PERSONAS APÁTRIDAS PARA SER REFUGIADOS O BENEFICIARIOS DE OTROS TIPOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El Consejo ha examinado algunos artículos de esta propuesta (artículos 20 a 38) relacionados, en particular con las normas mínimas que los Estados miembros aplicarán a aquellas personas a las que concedan protección internacional.

El Consejo ha instado a sus órganos pertinentes a examinar más en detalle la propuesta con vistas a lograr un acuerdo político en el plazo acordado por el Consejo Europeo de Sevilla (junio de 2003)

El objetivo de la propuesta (doc. 13620/01) es establecer el marco del régimen de protección internacional, basado en las obligaciones internacionales y comunitarias existentes y la práctica actual de los Estados miembros, y dividido en las dos categorías complementarias de protección a los refugiados y protección subsidiaria. La propuesta incluye disposiciones sobre los derechos y beneficios mínimos de los que gozarán los beneficiarios del estatuto de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria, respectivamente.

Se recuerda que en su reunión del 28 de noviembre de 2002, el Consejo llegó a un acuerdo, sujeto a algunas reservas parlamentarias y a la reserva de una delegación, sobre las disposiciones relativas a las normas sobre reconocimiento de un nacional de un tercer país como refugiado o como persona con derecho a protección subsidiaria (artículos 1 a 19).

Los debates celebrados en los órganos del Consejo han mostrado que, en general, nadie pone en duda los derechos que se han de conceder a los beneficiarios del estatuto de refugiado, si bien persisten ciertas divergencias en lo relativo al alcance de los derechos que se han de conceder a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria.

DERECHO A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

El Consejo ha definido un enfoque general en relación con la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, que se convertirá en el primer instrumento jurídico adoptado por la Comunidad en el ámbito de la inmigración legal.

El objetivo de la Directiva es fijar las condiciones en las que los familiares de un nacional de un tercer país que resida legalmente en el territorio de un Estado miembro y tenga una perspectiva fundada de obtener el derecho a la residencia permanente, pueden entrar y residir en ese Estado miembro a fin de mantener la unidad familiar, hayan contraído el vínculo familiar antes o después de la entrada del residente.

Según el texto acordado, los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia de los siguientes miembros de la familia:

  • el cónyuge del reagrupante;

  • los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptivos en virtud de una decisión adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate o de una decisión ejecutoria de pleno derecho en virtud de las obligaciones internacionales de dicho Estado o que debe reconocerse en virtud de dichas obligaciones;

  • los hijos menores, incluidos los adoptivos, del reagrupante, cuando tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento;

  • los hijos menores, incluidos los hijos adoptivos del cónyuge, cuando éste tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento.

Los hijos menores citados en el presente artículo deberán tener una edad inferior a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión y no estar casados.

Excepcionalmente, cuando un hijo tenga más de 12 años y llegue independientemente del resto de su familia, el Estado miembro, antes de autorizar su entrada y su residencia de conformidad con la presente Directiva, podrá verificar si cumple algún criterio de integración previsto por su legislación existente en la fecha de la aplicación de la Directiva.

Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la residencia de los siguientes miembros de la familia:

  • los ascendientes en línea directa y en primer grado del reagrupante o de su cónyuge, cuando estén a su cargo y carezcan del apoyo familiar adecuado en el país de origen;

  • los hijos mayores solteros del reagrupante o de su cónyuge, cuando no puedan subvenir objetivamente a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la residencia del conviviente no casado nacional de un tercer país que mantenga con el reagrupante una relación duradera debidamente probada, o del nacional de un tercer país que constituya con el reagrupante una unión estable en pareja registrada, y de los hijos menores no casados, incluidos los adoptivos, de estas personas, así como de los hijos mayores solteros de estas personas, cuando no puedan subvenir objetivamente a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

Los Estados miembros podrán decidir que los concubinos registrados reciban un trato igual que los cónyuges con respecto a la reagrupación familiar.

En el caso de un matrimonio polígamo, cuando el reagrupante ya tenga una cónyuge que viva con él en el territorio de un Estado miembro, éste no autorizará la reagrupación familiar de otra cónyuge. Los Estados miembros podrán limitar la reagrupación familiar de los hijos menores de otra cónyuge y del reagrupante.

A fin de asegurar una mejor integración y de prevenir matrimonios involuntarios, los Estados miembros podrán exigir que el reagrupante y su cónyuge tengan una edad mínima, y como máximo la edad de 21 años, antes de que el cónyuge pueda reagruparse con el reagrupante.

Excepcionalmente, los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes relativas a la reagrupación familiar de hijos menores tengan que presentarse a la edad de 15 años, como se prevé en su derecho vigente en la fecha de aplicación de la presente Directiva. Si la solicitud se presenta después de la edad de 15 años, los Estados miembros que decidan aplicar esta excepción autorizarán la entrada y la residencia de tales hijos con motivos distintos de la reagrupación familiar.

Se recuerda que la primera propuesta fue presentada por la Comisión en enero de 2000. La segunda propuesta modificada fue presentada por la Comisión en mayo de 2002. El Consejo Europeo de Sevilla invitó al Consejo a que adoptara la Directiva antes de junio de 2003.

REFUERZO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PASAPORTES EN LOS PUNTOS DE ENTRADA DEL ESPACIO SCHENGEN

El Consejo ha escuchado el informe oral de la Comisión sobre las acciones consecutivas a las conclusiones del Consejo sobre los controles efectuados en las fronteras exteriores y sobre la lucha contra la inmigración ilegal, sobre todo en lo relativo a la estampación de los documentos de viaje, con arreglo a las conclusiones del Consejo adoptadas el pasado mes de diciembre (doc. 15737/02).

El Consejo ha acogido con satisfacción la presentación de la Comisión y, en particular, el anuncio de que antes del mes próximo presentará propuestas concretas sobre esta cuestión.

Asimismo, el Consejo ha acogido con beneplácito la declaración conjunta de Alemania y Francia sobre el uso de la biometría para aumentar la seguridad de los documentos de viaje.

Se recuerda que en la sesión del Consejo JAI de los días 14 y 15 de octubre de 2002, la Delegación francesa planteó la cuestión del estampado de sellos en los documentos de viaje. En particular, Francia pidió que se diera un tratamiento común y coherente a aquellas situaciones en las que se detiene a nacionales de terceros países en posesión de documentos de viaje sin sello cuando deberían llevarlo.

Por último, en su reunión del 19 de diciembre de 2002, el Consejo JAI adoptó conclusiones sobre los controles en las fronteras exteriores y la lucha contra la inmigración ilegal. En ellas se invita a la Comisión a:

  • aclarar las normas existentes del acervo de Schengen y a reflexionar acerca de una modificación en consecuencia de las normas pertinentes , y a

  • estudiar la posibilidad de una mayor armonización de los procedimientos que han de seguirse en general en relación con los controles fronterizos y, por consiguiente, con los controles a nacionales de terceros países.

INFORMACIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN Y DEBATE DE ORIENTACIÓN

En este punto, el Consejo ha escuchado una presentación oral de la Comisión sobre la situación actual del:

  • estudio relativo al reparto de las cargas entre los Estados miembros y la Unión a efectos de la gestión de las fronteras exteriores, que debe presentarse antes de junio de 2003, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, y el

  • estudio de viabilidad sobre la mejora del control de las fronteras marítimas, cuya elaboración solicitó el Consejo en el marco de un plan global para luchar contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea.

El Consejo ha invitado a la Comisión a que presente ambos estudios con la mayor celeridad posible.

Además, el Consejo ha mantenido un debate de orientación sobre la eficacia de los recursos financieros disponibles a escala comunitaria para la aplicación de la política comunitaria en materia de asilo y migración (Parte II de la Comunicación de la Comisión relativa a la integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con países terceros) (doc. 15284/02). El debate se ha centrado, en particular, en los cinco puntos siguientes:

  • evaluación global de la insuficiencia de los actuales Fondos Comunitarios JAI

  • reparto de cargas en relación con las fronteras exteriores

  • Fondo Europeo para los Refugiados

  • política de repatriación y

  • relaciones con terceros países de origen y tránsito.

Tras el debate, la Presidencia ha invitado a las Delegaciones a presentar, antes del 10 de marzo de 2003, comentarios escritos acerca de estos cinco puntos, con vistas a celebrar un debate pormenorizado sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario en la reunión ministerial informal que se celebrará en Veria los días 28 y 29 de marzo de 2003.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LOS BALCANES OCCIDENTALES DEBATE PÚBLICO

El Consejo ha celebrado un debate público sobre la lucha contra la delincuencia organizada en los Balcanes Occidentales, retransmitido en directo para el público.

Durante el debate, el Consejo ha recordado que la delincuencia organizada en Europa Sudoriental constituye un fenómeno que está minando los esfuerzos colosales y hasta ahora fructíferos de la comunidad internacional, en particular de la Unión Europea, para proseguir la reforma y establecer el Estado de Derecho. Además, el Consejo ha subrayado que ello tiene repercusiones en la propia UE, dado que los delincuentes procedentes de los Balcanes prosiguen sus actividades en el territorio de los Estados miembros.

Por estos motivos, el Consejo ha considerado que debería conferirse una nueva dimensión a la lucha contra la delincuencia organizada en los Balcanes y que Europol debería desempeñar un papel en la región.

El Consejo ha decidido, asimismo, seguir examinando esta cuestión en la reunión ministerial informal que se celebrará en Veria los días 28 y 29 de marzo de 2003 y debatir el asunto con los países balcánicos en la próxima reunión de la troika de Justicia y Asuntos de Interior del 23 de abril de 2003.

Se recuerda que el marco para la cooperación entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales es el Proceso de estabilización y asociación, complementado por el Pacto de Estabilidad. Se ofrece asistencia a los países balcánicos a través del programa CARDS y a través de otros canales.

En la Cumbre de Zagreb celebrada el 24 de noviembre de 2000, los Gobiernos de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y Montenegro se comprometieron a elaborar convenios de cooperación regional en materia de delincuencia organizada, incluida la inmigración ilegal. El 28 de marzo de 2001, se adoptó una declaración conjunta en Sarajevo sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de la Cumbre de Zagreb en relación con la cooperación regional en el ámbito del asilo y la inmigración.

En dicha declaración, los Ministros apoyaron la iniciativa de la UE de establecer en la zona una red formal de funcionarios de enlace de la UE en materia de inmigración, que colaborarán con las autoridades de los países del Proceso de estabilización y asociación, en particular a nivel local, para combatir las organizaciones delictivas que organizan los flujos de inmigración ilegal. Los países del Proceso de estabilización y asociación se comprometieron, asimismo, a ajustar sus legislaciones al Convenio de las Naciones Unidas de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional, incluidos el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Otras medidas recogidas en la declaración abarcan la cooperación regional y la adaptación a las normas de la UE por lo que respecta al asilo y la inmigración.

El 30 de noviembre de 2001, se organizó en Belgrado una reunión de Altos Funcionarios sobre las medidas consecutivas a la declaración de Sarajevo relativa a la cooperación en el ámbito del asilo y la inmigración. Se señaló que los Gobiernos de la región habían manifestado su compromiso de abordar la inmigración irregular procedente y a través de los Balcanes Occidentales, entre otras cosas, mediante la formulación de modelos normativos en materia de asilo e inmigración y mediante la cooperación regional. No obstante, todavía deben tratarse algunas cuestiones pendientes, en particular la lucha contra la delincuencia organizada en forma de trata de seres humanos y tráfico de inmigrantes clandestinos.

Entre las medidas que se han adoptado recientemente para combatir la inmigración ilegal procedente y a través de los Balcanes Occidentales figuran las siguientes:

  • El 28 de mayo de 2001, el Consejo JAI adoptó conclusiones sobre la creación de una red de funcionarios de enlace nacionales de los servicios de inmigración para contribuir al control de los flujos migratorios ilegales a través de la región de los Balcanes Occidentales. En dichas conclusiones se invitaba a los Estados miembros a crear la mencionada red antes del 30 de junio de 2001. Bélgica tomó la iniciativa en este proyecto, que se puso en marcha en diciembre de 2001 y actualmente se encuentra en su segunda fase. Se está realizando un estudio entre los funcionarios de enlace de los servicios de inmigración en la región de los Balcanes sobre sus necesidades y expectativas. Se organizarán reuniones locales en Rumania, (21/2), Albania (28/2), Croacia (7/3) y la República Checa (14/3). Se espera que la red sea operativa para finales de diciembre de 2003.

    En su sesión de los días 28 y 29 de noviembre de 2002, el Consejo JAI ha señalado la necesidad de la implantación en los Balcanes Occidentales de la red de funcionarios de enlace en materia de inmigración, dirigida por Bélgica. El Consejo ha invitado asimismo a los Estados miembros a enviar más funcionarios de enlace.

  • Otra iniciativa emprendida en relación con los Balcanes Occidentales ha sido el proyecto IMMPACT, dirigido por el Reino Unido, en Bosnia y Herzegovina. La llamada iniciativa Blair/Amato proponía, a comienzos de 2001, el envío de expertos en inmigración para que asistieran al Servicio Nacional de Fronteras en Bosnia y Herzegovina . Dirigido por el Reino Unido, un equipo de expertos comunitarios en inmigración proporcionó formación y asistencia sobre el terreno durante un año (hasta el 30-8-02). El Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo aprobó un proyecto IMMPACT similar, que se ejecutará en Serbia y Montenegro en 2003.

  • A raíz de la primera reunión del CIREFI con representantes de los Balcanes Occidentales, celebrada el 24 de abril de 2002, la Presidencia tiene la intención de organizar una segunda reunión con estos países en mayo de 2003.

  • En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de los días 18 y 19 de noviembre de 2002, el Consejo ha aprobado conclusiones con miras a intensificar la cooperación en la gestión de los flujos de inmigración con terceros países, con especial referencia a Albania y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

COOPERACIÓN JUDICIAL DE LA UE Y LOS EE.UU. EN MATERIA PENAL Y RELATIVA A LA EXTRADICIÓN

El Consejo ha convenido en que la Presidencia ha llevado a cabo las negociaciones eficazmente, con un resultado estimulante. Sin embargo, algunas Delegaciones han manifestado su preocupación sobre determinados puntos. Por el momento, deberá suspenderse la negociación del acuerdo, a fin de dar tiempo para examinar todos los aspectos pertinentes del texto, con objeto de tomar una decisión definitiva en la próxima reunión del Consejo JAI.

De ser posible, el Consejo celebrará el acuerdo en mayo o junio, después de haber involucrado debidamente a los Parlamentos.

El acuerdo de que se trata tendrá dos partes contratantes: la UE y los EE.UU. Se recuerda que la Unión Europea, en virtud de los artículos 24 y 38 del Tratado, puede celebrar acuerdos de extradición y de asistencia judicial.

El acuerdo complementará (y no sustituirá) a los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE, además de aportar un valor añadido a dichos acuerdos y prever las garantías necesarias para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, respetando los principios constitucionales de los Estados miembros.

Algunos de los principales asuntos incluidos en el proyecto de acuerdo son los siguientes:

1) Extradición

  • En lo que se refiere a los plazos de trámite de las solicitudes, el proyecto de acuerdo aligera los requisitos aplicables a la legalización y los certificados, simplifica la documentación que debe facilitarse y mejora los canales de transmisión, en particular en casos urgentes de detención provisional, además de facilitar los contactos directos entre las autoridades centrales.

  • Los Estados miembros podrán continuar aplicando los motivos de denegación incluidos en sus tratados de extradición bilaterales. Ambas partes respetan el derecho a un proceso justo en el seno de un tribunal imparcial establecido con arreglo a Derecho.

  • El proyecto de acuerdo contiene una disposición que prohíbe la extradición en caso de imposición o presunta ejecución de la pena de muerte.

  • En el caso de información sensible, el proyecto de acuerdo permite solicitar consultas para determinar la medida en la que la información, en una solicitud, puede estar protegida por el Estado requerido.

  • En lo que se refiere a las solicitudes concurrentes, el acuerdo trata el tema de una concurrencia entre una solicitud de extradición procedente de los Estados Unidos y otra de otro Estado, o cuando éste sea un Estado miembro, una orden de detención europea.

2) Asistencia judicial

  • El proyecto de acuerdo mejora la cooperación en el ámbito de las investigaciones respecto de los elementos financieros de delitos graves, incluida la delincuencia organizada, el terrorismo y la delincuencia financiera.

  • Asimismo, contiene una cooperación práctica mediante la reducción de los plazos en la asistencia judicial, y también posibilita la creación de equipos de investigación conjuntos y la celebración de reuniones por videoconferencia.

  • Los Estados miembros podrán continuar aplicando los motivos de denegación incluidos en sus tratados de asistencia judicial bilateral y los principios jurídicos de su Derecho nacional.

  • Aquellos Estados miembros que actualmente no tengan un tratado de asistencia judicial con los Estados Unidos podrán invocar motivos de orden público (seguridad, soberanía u otros intereses esenciales del Estado requerido) a fin de denegar la comunicación de información en determinados casos.

  • El acuerdo contiene amplias disposiciones en relación con la protección de datos y el suministro de pruebas e información.

Se recuerda que se ha planteado numerosas veces en los trabajos del Consejo, particularmente en las reuniones de alto nivel con los Estados Unidos y Canadá, la necesidad de coordinar la acción contra las diferentes formas de delincuencia transnacional y de fortalecer la cooperación judicial.

Además, en su reunión extraordinaria del 20 de septiembre de 2001, celebrada inmediatamente después de los ataques terroristas en los Estados Unidos, el Consejo convino en la necesidad de que la Unión acelerase el proceso de creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y aumentase la cooperación con sus socios, especialmente los Estados Unidos. Más específicamente, el Consejo convino en el principio de proponer a los Estados Unidos que se negociase un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el ámbito de la cooperación penal en materia de terrorismo.

LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

El Consejo ha examinado algunos temas pendientes de la propuesta de una Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia. Los debates se han centrado en la introducción en una Decisión marco de referencias a las normas constitucionales nacionales y en la aplicación de la asistencia judicial con respecto a la doble tipificación.

El Consejo ha dado instrucciones a sus organismos pertinentes de que sigan examinando dichos puntos con vistas a llegar a un acuerdo en una de sus próximas sesiones.

Se recuerda que el objetivo principal de dicha Decisión marco es definir un enfoque común de Derecho penal en la Unión Europea en relación con el fenómeno del racismo y la xenofobia, para asegurarse de que la misma conducta constituye un delito en todos los Estados miembros y de que se prevén sanciones y penas disuasorias proporcionales y eficaces respecto de las personas físicas y jurídicas que hayan cometido dichos delitos.

La propuesta hace referencia tanto a la definición de la conducta, que debe ser pasible de castigo, como a las penas aplicables a dicha conducta y las medidas para asegurar una cooperación judicial eficaz entre los Estados miembros al respecto.

Por otra parte, la propuesta va dirigida a superar los obstáculos para una cooperación judicial eficaz, derivados principalmente de la divergencia de los enfoques jurídicos en los Estados miembros, y establece disposiciones para la aproximación de las leyes y los reglamentos de los Estados miembros y para una cooperación más estrecha entre sus autoridades judiciales y otras autoridades en relación con los delitos de carácter racista y xenófobo.

RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS

El Consejo, basándose en un texto transaccional de la Presidencia, ha estudiado la propuesta de Decisión marco sobre la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.

Las Delegaciones han comentado principalmente la lista de delitos para los que no será de aplicación la doble tipificación.

Al igual que el texto transaccional original, discutido en el Consejo JAI del 19 de diciembre de 2002, el nuevo texto de la Presidencia sigue el enfoque de que la Decisión marco debería cubrir todos los delitos y que, en lo que se refiere a los delitos clasificados en la Decisión marco y los delitos de tráfico, el principio de doble tipificación no será de aplicación.

El Consejo ha dado instrucciones a sus organismos pertinentes para que prosigan los trabajos relativos al proyecto de Decisión marco, con vistas a llegar a un acuerdo en una de sus próximas reuniones.

ATAQUES DE QUE SON OBJETO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Consejo, a la espera de determinadas reservas de estudio parlamentario y sin perjuicio del estudio del dictamen del Parlamento Europeo, ha llegado a un enfoque común sobre la Decisión marco relativa a los ataques de que son objeto los sistemas de información.

El Consejo ha considerado que se trata de un instrumento muy importante, por constituir una preocupación creciente el hecho de que los delincuentes organizados utilicen las redes de comunicación para lanzar ataques contra los sistemas de información para sus propios fines.

El objetivo de la Decisión marco es mejorar la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, incluida la policía y otros cuerpos especializados de seguridad de los Estados miembros, mediante la aproximación de las normas de Derecho penal en los Estados miembros en materia de ataques contra los sistemas de información.

Se ha demostrado que existen ataques contra los sistemas de información, en particular como consecuencia de la amenaza de la delincuencia organizada y la preocupación creciente en lo que se refiere al potencial de los ataques terroristas contra los sistemas de información que forman parte de la infraestructura crítica de los Estados miembros. Esto constituye una amenaza al logro de una sociedad de la información más segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia y, por consiguiente, requiere una respuesta al nivel de la Unión Europea.

Desfases y diferencias significativos en la legislación de los Estados miembros en este ámbito obstaculizan la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo y actúan como una barrera para la cooperación judicial y policial eficaz en el ámbito de los ataques de que son objeto los sistemas de información. El carácter transnacional y transfronterizo de las redes modernas de comunicación electrónica implica que los ataques de que son objeto los sistemas de información tienen a menudo un carácter internacional, subrayando así la necesidad urgente de una acción redoblada para la aproximar los derechos penales en este ámbito.

En la Decisión marco se exige a los Estados miembros que tipifiquen como delito penal el acceso ilegal a los sistemas de información y se prevean penas eficaces, proporcionadas y disuasorias para los ataques contra los sistemas de información, incluidas las sentencias privativas de la libertad en los casos graves.

VARIOS

En el punto "Varios", el Consejo

  • ha tomado nota de una información de la Comisión relativa a la situación actual de la ejecución del Plan de retornos a Afganistán, adoptado por el Consejo el 28 de noviembre de 2002 (doc. 15215/02), y

  • ha debatido brevemente la cuestión de los países seguros en lo que se refiere al asilo.

PUNTOS ADOPTADOS SIN DEBATE

justicia y asuntos de interior

Schengen-Reglamento Financiero SISNET

(doc. 5194/03)

El Consejo ha decidido modificar la Decisión 2000/265/CE relativa a la instalación y al funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen, "Sisnet". A partir del 1 de enero de 2003, el cometido de interventor financiero será desempeñado por un funcionario o agente de la Secretaría General del Consejo designado a tal efecto mediante decisión del Secretario General adjunto, que definirá las condiciones de esa intervención.

Desarrollo del acervo de Schengen en lo que se refiere a Islandia y Noruega

(doc. 5853/02)

El Consejo ha adoptado la Decisión por la que se determinan las disposiciones del Convenio de 1995, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, y del Convenio de 1996, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que constituyen un desarrollo del acervo de Schengen con arreglo al Acuerdo sobre la Asociación de la República de Islandia y del Reino de Noruega a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen.

Normas de Schengen relativas a la expedición de visados en las fronteras, incluidos los visados a marinos en tránsito

(doc. 5477/03)

El Consejo ha adoptado el Reglamento relativo a la expedición de visados en las fronteras, incluida la expedición a marinos en tránsito.

El Reglamento se destina a aclarar y actualizar las normas para la expedición de visados en las fronteras a los marinos en tránsito, en particular para que puedan expedirse visados colectivos de tránsito a los marinos que poseen la misma nacionalidad y viajan en grupos, siempre que el período de tránsito sea limitado. Las normas establecidas en dicho Reglamento sustituyen a las normas incluidas en la Decisión del Comité Ejecutivo Schengen, de 19 de diciembre de 1996, relativa a la expedición de visados a marinos en tránsito.

Visados a participantes en reuniones Euromed

(doc. 6254/03)

El Consejo ha adoptado conclusiones sobre flexibilidad en la expedición de visados a participantes en reuniones Euromed, con el fin de facilitar la expedición de visados a las personas que participan regularmente, como representantes nacionales, en acciones que fomentan la cooperación euromediterránea.

Uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el extranjero

(doc 15525/02)

El Consejo ha adoptado la Decisión sobre el uso conjunto de funcionarios de enlace destinados en el extranjero por los servicios policiales de los Estados miembros.

El objetivo de la Decisión es regular las cuestiones relativas a la lucha contra la delincuencia transfronteriza grave. Para fortalecer la cooperación entre los Estados miembros al respecto, se enviarán funcionarios de enlace a uno o más terceros países y organizaciones internacionales para establecer y mantener contactos con las autoridades competentes o la organización en que estén destinados con la finalidad de contribuir a prevenir o investigar las infracciones penales. La información recibida de dichos funcionarios de enlace será transmitida a Europol.

Eurojust

(doc. 5696/03)

El Consejo ha aprobado la elección de D. Björn Blomqvist como Vicepresidente de Eurojust.

Estrategia europea en materia de lucha contra la droga - Tratamiento de los drogodependientes en las prisiones - Resolución del Consejo

(doc. 10497/4/02)

Los Representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, han adoptado la siguiente Resolución:

"Vista la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga, aprobada en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999, según la cual la Unión adoptará un enfoque global en el que la reducción de la oferta y la demanda se considerarán como elementos de refuerzo mutuo, y aumentará sus esfuerzos para luchar contra las consecuencias adversas del consumo de drogas y contra la delincuencia relacionada con las drogas;

Visto el Plan de Acción de la UE en materia de drogas, aprobado por el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira en junio de 2000, según el cual los Estados miembros deberán proporcionar una amplia variedad de servicios de tratamiento a los drogodependientes, asignar los recursos adecuados al tratamiento con el fin de garantizar a los drogodependientes que deseen ser tratados un tratamiento en un plazo razonable, asegurar que se presta la atención adecuada a la rehabilitación e integración social y profesional de los antiguos adictos e intensificar sus esfuerzos para reducir los daños a la salud en las prisiones y después de la excarcelación,

Teniendo en cuenta la Recomendación n.º (98) 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los aspectos éticos y organizativos de la atención sanitaria en los centros penitenciarios, y en particular el punto 43 de la misma, según el cual ha de seguirse desarrollando la atención a los presos con problemas relacionados con el alcohol o las drogas, teniendo en cuenta en particular los servicios de atención a los drogadictos recomendados por el Grupo de cooperación para la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas ("Grupo Pompidou"). Por lo tanto, es necesario ofrecer formación suficiente al personal médico y penitenciario y mejorar la cooperación con los servicios externos de orientación, a fin de lograr que la terapia de seguimiento continúe a la salida de prisión, así como la declaración adoptada por consenso por el Grupo Pompidou, en su reunión celebrada en Berna en septiembre de 2000.

Considerando lo siguiente:

    Pese al esfuerzo importante de las autoridades de los Estados miembros, es muy difícil evitar la presencia de drogas en cárceles e instituciones similares.

    El tráfico y consumo de drogas ocasionan problemas tanto sanitarios como de gestión diaria en los centros penitenciarios.

    Dada la amplitud del problema, la presencia de drogas en los centros penitenciarios puede afectar a todos los reclusos drogodependientes o no y al personal.

    El ambiente de dichas instituciones puede contribuir a que el consumo de drogas continúe y, en algunos casos, se intensifique.

    La experiencia demuestra que la drogodependencia constituye uno de los factores que más a menudo aparecen asociados a la perpetración reincidente de delitos contra la propiedad.

    Si las penas de privación de libertad han de tener un efecto rehabilitador en las personas, deberán ir acompañada de una oferta adecuada de servicios de tratamiento de la adicción, junto con soluciones controladas para la salida y rehabilitación.

    Los drogodependientes son un conjunto heterogéneo de individuos con necesidades muy diferentes en lo que a las ofertas de tratamiento y otras iniciativas se refiere.

INVITA a los Estados miembros a:

    1. que perseveren en velar por que se dé la mayor prioridad posible a evitar que se introduzcan drogas en las instituciones penitenciarias;

    2. que estudien medios de establecer o ampliar programas que mejoren la salud de los drogodependientes de forma que no se vea comprometido el esfuerzo general por que no se, introduzcan drogas en los centros penitenciarios;

    3. que, en la mayor medida posible, faciliten a los reclusos drogodependientes el acceso a los servicios sociales, sanitarios y de rehabilitación establecidos para los drogodependientes no delincuentes;

    4. que, en la mayor medida posible, permitan a los reclusos que estaban en tratamiento por su drogodependencia antes de entrar en prisión la posibilidad de continuar el mismo programa de tratamiento mientras cumplen la pena;

    5. que se esfuercen por garantizar que el tratamiento y la rehabilitación se llevan a cabo en estrecha colaboración con el sistema general de tratamiento, de forma que éste continúe después de la excarcelación;

    6. que garanticen que el tratamiento de los reclusos drogodependientes esté destinado a la rehabilitación y prevención de futuras infracciones;

    7. que garanticen que, en relación con el tratamiento de los drogodependientes reclusos, se respeten debidamente los principios del consentimiento del paciente y de la confidencialidad médica;

    8. que garanticen que los reclusos drogodependientes tengan a su disposición la mayor variedad posible de servicios de tratamiento, que les permitan, por ejemplo, participar en programas especiales de tratamiento que les hagan más fácil abstenerse de consumir drogas;

    9. que dispongan, en la medida de lo posible, servicios de tratamiento en estrecha cooperación con las autoridades sanitarias u otras con especial experiencia en el tratamiento de la adicción a las drogas;

    10. que dispongan los medios para verificar si los adictos que han decidido participar en un sistema de apoyo después de resolverse a abandonar las drogas siguen comprometidos con su decisión;

    11. que ofrezcan a los antiguos adictos que hayan cumplido sus condenas y deseen un apoyo especial en relación con su reintegración en la sociedad la posibilidad de quedar en libertad bajo control, por ejemplo en centros de desintoxicación u otras instituciones en los que puedan recibir asesoramiento por parte de personal sanitario y de los servicios sociales, con el fin de reducir el riesgo de que recaigan en el consumo de drogas después de haber cumplido la totalidad de la condena;

    12. que procuren mejorar la cooperación entre los servicios sociales y las instituciones penitenciarias en conexión con la excarcelación de los reclusos drogodependientes que hayan cumplido su condena, incluyendo en dicha cooperación la publicación de guías detalladas de cooperación entre dichos servicios e instituciones;

    13. que prevean la posibilidad por ejemplo, como proyectos piloto de condenar a los drogodependientes a cumplir condena en instituciones ordinarias de tratamiento cuando no lo desaconsejen motivos de seguridad, prevención del delito en general o el sentido público de la justicia;

    14. que pongan en marcha programas de formación especial para el personal penitenciario que trabaja en unidades de tratamiento, así como programas generales destinados a capacitar al personal de otras unidades para trabajar efectivamente con los drogodependientes y contribuir a motivar a los reclusos a hacer frente a su problema de adicción;

    15. que efectúen el seguimiento de la labor realizada, por ejemplo realizando investigaciones sobre las reincidencias, con miras a garantizar que las medidas se aplican con continuidad y se mejora su eficacia, y

    16. que, en la mayor medida posible, intercambien información sobre la experiencia y las mejores prácticas en este ámbito, entre otras cosas utilizando al máximo la Red Europea de Prevención de la Delincuencia y el OEDT, así como cualesquiera otros programas en esta materia."

Malta - Informe revisado sobre la aplicación del acervo de la UE

El Consejo ha tomado nota del informe de evaluación revisado y actualizado sobre la adopción, aplicación y ejecución por Malta del acervo de la Unión Europea en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, en el contexto de la adhesión de Malta a la UE.

El informe abarca la seguridad fronteriza, la inmigración, el asilo, policía y aduanas, justicia, derechos humanos y corrupción.

Equipos móviles específicos para el material ferroviario

El Consejo ha autorizado a la Comisión a entablar negociaciones para la aprobación de un Protocolo sobre cuestiones específicas del material ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, bajo los auspicios conjuntos de UNIDROIT y la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF).

Nuevo Convenio de Lugano

(doc. 5852/03)

El Consejo ha solicitado el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de si la celebración del nuevo "Convenio de Lugano sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil" es competencia exclusiva de la Comunidad o competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros.

relaciones exteriores

Moldova: Medidas restrictivas contra los dirigentes de la región del TransDniéster

El Consejo ha adoptado una posición común relativa a sanciones (prohibición de viaje) contra los dirigentes de la región del TransDniéster de Moldova. Asimismo, ha adoptado conclusiones, y se ha publicado una declaración conjunta UE-EE.UU. (Véase comunicado de prensa 6679/03 (Presse 56)).

Medidas restrictivas contra Al-Qaida y los talibanes. Excepciones

El Consejo ha adoptado una posición común (doc. 6382/03) relativa a excepciones a las medidas restrictivas impuestas por la posición común 2002/402/CFSP por la que se aplica la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1390 (2002) contra Usama bin Laden, miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos. En esa decisión se plantea hacer excepciones permitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1452 (2002).

Traslado de las misiones de la UE en Kazajstán de Almaty a Astana. Conclusiones del Consejo

"El Consejo confirma su reconocimiento de Astana como capital de Kazajstán y destaca la importancia que tiene para la UE el estar allí adecuadamente representada. Así las cosas, la UE invitará a Kazajstán a que proporcione la documentación adecuada de manera que los Estados miembros y la Comisión puedan considerar cómo proceder con el traslado a Astana de las actividades actualmente realizadas por las misiones en Almaty."

pesd

Operación dirigida por la UE en la ERYM. Mecanismo financiero

El Consejo ha adoptado una decisión por la que se establece un mecanismo de financiación operacional para prever la financiación de los costes compartidos de la futura operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia.

Mediante la Acción Común 2003/92/CFSP del 27 de enero de 2003, el Consejo decidió dirigir una operación militar en la ERYM. Con arreglo al Tratado de la Unión Europea, los gastos originados por esta Acción Común se pueden cargar a los Estados miembros. Por consiguiente, es conveniente suministrar apoyo financiero a la Acción Común mediante el establecimiento de un mecanismo financiero que cubra la parte del gasto operacional que debe financiarse conjuntamente.

Operación dirigida por la UE en la ERYM. Convenio del Estatuto de las fuerzas

El Consejo ha autorizado a la Presidencia, asistida siempre que sea necesario por el Secretario General/Alto Representante, a abrir negociaciones con la ex República Yugoslava de Macedonia para celebrar un convenio sobre el estatuto de las fuerzas dirigidas por la UE en ese país.

ACP-UE

Centro para el Desarrollo de la Empresa - Aprobación de la gestión presupuestaria de 2000

El Consejo ha aprobado un proyecto de decisión por la que se aprueba la gestión del Director del Centro para el Desarrollo de la Empresa respecto de la ejecución del presupuesto de dicho CDE para el ejercicio 2000, y ha decidido transmitir el texto a los Estados ACP con vistas a su adopción por el Comité de Embajadores ACP-CE por el procedimiento escrito.

Los ingresos del Centro en 2000 consistieron fundamentalmente en contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo, con un importe de 18,3 millones de euros.

ENERGÍA

Control de las importaciones de hulla originarias de terceros países

(doc. 5544/03)

El Consejo ha adoptado el Reglamento relativo al control comunitario de las importaciones de hulla originarias de terceros países. Se aplicará retroactivamente a partir de la expiración del Tratado CECA, el 24 de julio de 2002, y expirará el 31 de diciembre de 2010.

En el marco del sistema de control, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos por las importaciones de hulla y los precios de importación de productos hulleros destinados a la producción de electricidad y a la siderurgia en la Comunidad.

TRANSPARENCIA

Acceso del público a los documentos del Consejo

El Consejo ha adoptado una respuesta a la solicitud la de confirmación presentada por D. Ben HAYES (con el voto en contra de las Delegaciones danesa, finlandesa, sueca, alemana, francesa y portuguesa)

(doc. 5890/03 + COR 1).

________________________

(1) ?En los casos en que el Consejo haya adoptado formalmente declaraciones, conclusiones o resoluciones, esto se indica en el título del punto correspondiente y el texto va entrecomillado.?Los documentos de los que se da referencia están disponibles en el sitio Internet del Consejo HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Los actos adoptados sobre los que se han formulado declaraciones accesibles al público se señalan con un asterisco; esas declaraciones pueden obtenerse por el procedimiento indicado o acudiendo al Servicio de Prensa.


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