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Comisión Europea - Hoja informativa

Negociaciones del Brexit: ¿en qué consiste el Acuerdo de Retirada?

Bruselas, 14 de noviembre de 2018

Preguntas y respuestas

¿Qué es lo que se ha acordado hoy? 

Los negociadores de la Comisión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre la totalidad del Acuerdo relativo a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El Acuerdo de Retirada establece las condiciones de la retirada del Reino Unido de la UE, garantiza que dicha retirada tenga lugar de manera ordenada y ofrece seguridad jurídica una vez que los Tratados y el Derecho de la UE dejen de aplicarse al Reino Unido.

El Acuerdo de Retirada abarca los ámbitos siguientes: 

  • Las disposiciones comunes, que establecen las cláusulas generales para una comprensión y un funcionamiento correctos del Acuerdo de Retirada.
  • Los derechos de los ciudadanos, con los que se protegen las elecciones de vida de más de tres millones de ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido y de un millón de ciudadanos del Reino Unido que residen en los países de la UE, salvaguardando su derecho de estancia y garantizando que puedan seguir contribuyendo a sus comunidades.
  • Las disposiciones sobre la separación, con las que se procura una disolución paulatina de los acuerdos actuales y una retirada ordenada (por ejemplo, para que los productos comercializados antes del final del período transitorio puedan seguir hasta su destino, para la protección de los derechos de propiedad intelectual [incluidas las indicaciones geográficas], para la rescisión progresiva de la cooperación policial y judicial en materia penal y otros procedimientos administrativos y judiciales en curso, para la utilización de los datos y la información intercambiados antes del final del período transitorio, para las cuestiones relativas a Euratom, y respecto a otros asuntos).
  • Un período transitorio, durante el cual la UE tratará al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en lo referente a su participación en las instituciones de la UE y en las estructuras de gobernanza. El período transitorio permitirá, especialmente a las administraciones, las empresas y los ciudadanos, adaptarse a la retirada del Reino Unido.
  • La liquidación financiera, que garantiza que el Reino Unido y la UE cumplan todas las obligaciones financieras contraídas mientras que el Reino Unido era miembro de la Unión.
  • La estructura general de gobernanza del Acuerdo de Retirada, que procura una gestión, aplicación y un cumplimiento eficaces del Acuerdo, haciendo especial hincapié en unos mecanismos adecuados de solución de diferencias.
  • Las condiciones de una solución de último recurso (también conocida como «solución de salvaguardia») jurídicamente operativa para garantizar la ausencia de una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte. El Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte también recoge los compromisos del Reino Unido de no restringir los derechos que se establecieron en el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 (Belfast), y de proteger la cooperación entre el Norte y el Sur de la isla. El Protocolo prevé también la posibilidad de mantener la Zona de Viaje Común entre Irlanda y el Reino Unido y preserva el mercado único de la electricidad en la isla de Irlanda.
  • Un Protocolo sobre las zonas de soberanía en Chipre, para proteger los intereses de los chipriotas que vivan y trabajen en estas zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión.
  • Un Protocolo sobre Gibraltar, que prevé una estrecha cooperación entre España y el Reino Unido en lo que atañe al Peñón sobre la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada, y que se refiere a la cooperación administrativa entre las autoridades competentes en una serie de ámbitos.

 

Calendario de acontecimientos que condujeron al Acuerdo alcanzado hoy 

El 29 de marzo de 2017, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, notificó al Consejo Europeo la intención de su país de retirarse de la Unión (conforme al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea). Su carta a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, puso oficialmente en marcha el proceso de retirada del Reino Unido de la UE.

Según el apartado 2 del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe negociar y celebrar con el Reino Unido un acuerdo en el que se establezca la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión.

Las negociaciones sobre las condiciones de la retirada del Reino Unido comenzaron el 19 de junio de 2017, poco después de las elecciones generales del Reino Unido. Se había acordado que las negociaciones abordarían, en primer lugar, los ámbitos de la retirada del Reino Unido que suscitaban más incertidumbres: la protección de los derechos de los ciudadanos después del Brexit, la liquidación financiera y la cuestión de evitar una frontera rígida en la isla de Irlanda. Según lo establecido en las orientaciones del Consejo Europeo (artículo 50) de 29 de abril de 2017, era preciso lograr avances suficientes en estas cuestiones de la retirada antes de debatir el marco para la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El 8 de diciembre de 2017, la UE y el Reino Unido publicaron un Informe conjunto en el que se precisan los ámbitos de acuerdo entre ambas partes sobre estos tres aspectos fundamentales de la retirada y acerca de algunos otros temas ligados a la separación. El informe iba acompañado de una Comunicación de la Comisión Europea, en la que se hacía balance de la evolución de las negociaciones.

El 28 de febrero de 2018, la Comisión Europea publicó un proyecto de Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido que hacía una traslación jurídica del informe conjunto del diciembre anterior. El 19 de marzo de 2018, la Comisión Europea y el Reino Unido publicaron una versión modificada del proyecto de Acuerdo de Retirada que ponía de relieve los ámbitos de acuerdo y de desacuerdo marcándolos con los colores verde, amarillo o blanco.

También el 19 de marzo de 2018, la primera ministra May reiteró en una carta al presidente Tusk su compromiso a la hora de recoger en el Acuerdo de Retirada una solución de último recurso jurídicamente operativa, a fin de evitar una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte. El Consejo Europeo (artículo 50) de marzo accedió a la propuesta del Reino Unido de establecer un período transitorio y adoptó una serie de orientaciones relativas al marco de las relaciones futuras.

El 19 de junio de 2018, se publicó una declaración conjunta, en la que se exponían los avances en las negociaciones en torno al Acuerdo de Retirada.

El 14 de noviembre de 2018, los negociadores de la Comisión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo acerca de la totalidad del Acuerdo de Retirada y de las líneas generales de la declaración política sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido.  

¿Cómo tuvieron lugar las negociaciones? 

El Acuerdo se negoció siguiendo las orientaciones del Consejo Europeo y las directrices de negociación que había fijado el Consejo.

A lo largo de las negociaciones, la Comisión garantizó la participación de los veintisiete Estados miembros de la UE en el proceso gracias a reuniones periódicas a distintos niveles. También mantuvo un contacto directo y constante con el Parlamento Europeo para velar por que sus opiniones y posiciones se tuvieran debidamente en cuenta. Además, las contribuciones añadidas de los órganos consultivos de la UE y de otras partes interesadas ayudaron a la Comisión Europea a recabar pruebas de la repercusión en el conjunto de la Unión Europea de la retirada del Reino Unido.

Las negociaciones se llevaron a cabo con una transparencia sin precedentes. La Comisión Europea publicó documentos de negociación que había compartido con los Estados miembros de la UE, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Reino Unido, así como las orientaciones del Consejo Europeo, documentos que recogían los principios fundamentales definitorios de la posición negociadora de la UE, así como todos los demás escritos relevantes. Estos documentos pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Europea sobre las negociaciones. 

 

I. ¿Qué incluyen las disposiciones comunes del Acuerdo de Retirada? 

Esta parte establece las cláusulas necesarias para una comprensión, un funcionamiento y una interpretación correctos del Acuerdo de Retirada, que proporcionan la base para la aplicación cabal del Acuerdo. Desde el principio de las negociaciones, la UE ha dado gran importancia a que las disposiciones del Acuerdo de Retirada tengan claramente los mismos efectos jurídicos en el Reino Unido que en la UE y sus Estados miembros.

El Acuerdo incluye explícitamente este requisito, en el sentido de que ambas Partes deben garantizar en sus ordenamientos jurídicos respectivos la primacía y el efecto directo, así como una interpretación coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia») que se haya dictado hasta el final del período transitorio. El efecto directo se menciona explícitamente en relación con todas las disposiciones del Acuerdo de Retirada que cumplan las condiciones del efecto directo en el Derecho de la Unión, lo cual implica, fundamentalmente, que las partes interesadas pueden invocar el Acuerdo de Retirada directamente ante los tribunales nacionales, tanto del Reino Unido como de los Estados miembros de la UE.

También es obligatorio, a efectos de la interpretación del Acuerdo, utilizar los métodos y los principios generales de interpretación aplicables dentro de la UE. Esto incluye, por ejemplo, la obligación de interpretar los conceptos o las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se hace referencia en el Acuerdo de Retirada en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales.

Además, los tribunales del Reino Unido deben respetar el principio de la interpretación conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se dicte hasta el final del período transitorio y prestar la debida atención a la jurisprudencia que emane del Tribunal después de esa fecha.

El Acuerdo exige expresamente al Reino Unido que garantice el cumplimiento de esta interpretación mediante su legislación primaria nacional, también facultando a las autoridades judiciales y administrativas británicas a no aplicar actos jurídicos de la legislación nacional que sean incoherentes o incompatibles con dicha interpretación.

Esta sección también deja claro que las referencias al Derecho de la Unión en el Acuerdo de Retirada deben entenderse como que incluyen las modificaciones que se introduzcan hasta el último día del período transitorio. Se prevén algunas excepciones, sobre todo respecto a algunas disposiciones concretas de la liquidación financiera, para evitar la imposición de obligaciones adicionales al Reino Unido y en relación con el período transitorio, durante el cual seguirá aplicándose el Derecho de la Unión de forma dinámica al Reino Unido y dentro de él. Las referencias se entenderán también como que comprenden los actos complementarios o de desarrollo de dichas disposiciones.

Por último, el Acuerdo establece que el Reino Unido se desconectará al final del período transitorio de todas las bases de datos y las redes de la UE, a menos que se disponga específicamente lo contrario. 

 

II. ¿Qué es lo que se ha acordado sobre los derechos de los ciudadanos? 

El derecho de todos los ciudadanos de la Unión y de sus miembros de la familia (familiares) a vivir, trabajar o estudiar en cualquier Estado miembro de la UE es uno de los fundamentos de la Unión Europea. Muchos ciudadanos de la UE y del Reino Unido han escogido sus opciones de vida basándose en los derechos relacionados con la libre circulación que ampara el Derecho de la Unión. Proteger las opciones de vida de estos ciudadanos y de sus familias ha sido la primera prioridad desde el comienzo de las negociaciones.

El Acuerdo de Retirada salvaguarda el derecho a residir y continuar sus actividades actuales de más de tres millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido, y de más de un millón de ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE 

¿A quién protege el Acuerdo de Retirada?

El Acuerdo de Retirada protege a los ciudadanos de la UE que residan en el Reino Unido y a los nacionales británicos que residan en uno de los veintisiete Estados miembros de la UE al final del período transitorio, cuando dicha residencia se ajuste a la legislación de la UE sobre libre circulación de personas.

El Acuerdo de Retirada protege también a los miembros de la familia que disfruten de derechos en virtud de la legislación de la UE (en la actualidad, los cónyuges o las parejas de hecho registradas, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos y las personas en una unión estable y duradera) y que todavía no residan en el mismo Estado de acogida que el ciudadano de la Unión o el nacional británico en cuestión, de modo que puedan reunirse con ellos en el futuro.

Los hijos gozarán de la protección del Acuerdo de Retirada, ya hayan nacido antes o después de la retirada del Reino Unido, o dentro o fuera del Estado de acogida en el que resida, respectivamente, el ciudadano de la UE o el nacional británico. La única excepción prevista se refiere a los hijos nacidos después de la retirada del Reino Unido cuando uno de sus progenitores no sea beneficiario del Acuerdo de Retirada y tenga la custodia exclusiva en virtud del Derecho de familia aplicable. 

¿Qué derechos se protegen?

El Acuerdo de Retirada permite tanto a los ciudadanos de la UE como a los nacionales británicos, así como a sus familiares respectivos, seguir ejerciendo sus derechos derivados del Derecho de la UE en el territorio de la otra Parte durante el resto de su vida cuando dichos derechos se basen en una elección personal de vida tomada antes del final del período transitorio.

Los ciudadanos de la UE y los nacionales británicos, así como sus familiares respectivos, podrán seguir viviendo, trabajando o estudiando como lo hacen actualmente y bajo las mismas condiciones esenciales que con arreglo al Derecho de la Unión, beneficiándose plenamente de la prohibición de cualquier discriminación por razón de nacionalidad y del derecho a la igualdad de trato respecto a los nacionales del Estado de acogida. Las únicas restricciones aplicables son las derivadas del Derecho de la Unión o con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo. El Acuerdo de Retirada no impide al Reino Unido ni a los Estados miembros conceder unos derechos más amplios. 

Derechos de residencia

Las condiciones esenciales de la residencia son y seguirán siendo las mismas que en virtud de la legislación actual de la UE sobre la libre circulación de personas. En caso de que los Estados de acogida hayan optado por un sistema obligatorio de registro, las decisiones que se tomen para conceder el nuevo estatuto de residencia con arreglo al Acuerdo de Retirada deberán basarse en criterios objetivos (es decir, sin recurrir a la discrecionalidad) y en exactamente las mismas condiciones establecidas en la Directiva sobre la libertad de circulación (Directiva 2004/38/CE): los artículos 6 y 7 confieren un derecho de residencia por un período de hasta cinco años a las personas que trabajen o dispongan de recursos económicos suficientes y de un seguro de enfermedad, y los artículos 16 a 18 confieren un derecho de residencia permanente a las personas que hayan residido legalmente en el país durante cinco años.

En síntesis, los ciudadanos de la UE y los nacionales británicos cumplen estas condiciones si son trabajadores por cuenta propia o ajena; si tienen suficientes medios económicos y están cubiertos por un seguro de enfermedad; si son familiares de una persona que cumple estas condiciones, o si ya han adquirido el derecho a la residencia permanente y, por tanto, han dejado de estar sujetos a estos requisitos.

El Acuerdo de Retirada no exige la presencia física en el Estado de acogida al finalizar el período transitorio (se aceptan ausencias temporales que no afecten al derecho de residencia, así como ausencias más prolongadas que no afecten al derecho de residencia permanente).

Las personas amparadas por el Acuerdo de Retirada que aún no hayan adquirido el derecho de residencia permanente —por no haber residido en el país de acogida durante un mínimo de cinco años— estarán plenamente protegidas por el Acuerdo y podrán seguir residiendo en el Estado de acogida y adquirir el derecho de residencia permanente también después de la retirada del Reino Unido.

Los ciudadanos de la Unión y los nacionales británicos que lleguen al Estado de acogida durante el período transitorio disfrutarán exactamente de los mismos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de Retirada que las personas que hubiesen llegado al país en cuestión antes del 30 de marzo de 2019. También sus derechos estarán sujetos a las mismas restricciones y limitaciones. Sin embargo, estas personas dejarán de poder beneficiarse de las condiciones del Acuerdo de Retirada si se ausentan de su Estado de acogida durante más de cinco años. 

Derechos de los trabajadores por cuenta propia y ajena y reconocimiento de sus cualificaciones profesionales

Las personas amparadas por el Acuerdo de Retirada tendrán derecho a acceder a un empleo o a ejercer una actividad económica como trabajadores autónomos. También mantendrán todos sus derechos laborales que se fundamenten en el Derecho de la Unión. Así, por ejemplo, conservarán el derecho a no ser discriminadas respecto al empleo, la remuneración y otras condiciones laborales por motivo de la nacionalidad; el derecho a emprender y a ejercer una actividad económica conforme a las normas que se apliquen a los nacionales del Estado de acogida; el derecho a recibir asistencia para obtener un empleo en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida; el derecho a la igualdad de trato en lo relativo a las condiciones laborales y de empleo; el derecho a las prestaciones sociales y las ventajas tributarias; el derecho a beneficiarse de convenios colectivos, y el derecho a que sus hijos accedan a la educación.

El Acuerdo de Retirada también protegerá los derechos de los trabajadores por cuenta propia y ajena fronterizos en los países en los que ejercen su actividad.

Además, en el caso de las personas amparadas por el Acuerdo de Retirada cuyas cualificaciones profesionales hayan sido homologadas en el país (un Estado miembro de la UE o el Reino Unido) donde residen actualmente o, si se trata de trabajadores fronterizos, donde trabajan, mantendrá su validez la decisión de reconocimiento de sus cualificaciones en el país en cuestión a fin de ejercer las actividades profesionales relacionadas con ellas. Si estas personas han pedido la homologación de sus cualificaciones profesionales antes de que finalice el período transitorio, su solicitud se tramitará en el país en cuestión de conformidad con las normas de la UE aplicables en el momento de presentar la solicitud. 

Seguridad social

El Acuerdo de Retirada prevé normas de coordinación de la seguridad social en relación con los beneficiarios de la parte del Acuerdo de Retirada destinada a los ciudadanos y con aquellas otras personas que, al final del período transitorio, se encuentren en una situación que implique tanto al Reino Unido como a un Estado miembro desde el punto de vista de la cooperación en materia de seguridad social.

Dichas personas conservarán su derecho a la sanidad, las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social y, si tienen derecho a una prestación económica en un país, podrán percibirla aun cuando decidan vivir en otro país.

Las disposiciones sobre seguridad social del Acuerdo de Retirada recogerán los derechos de los ciudadanos de la UE y de los nacionales británicos respecto a la seguridad social en situaciones transfronterizas que impliquen al Reino Unido y a (al menos) un Estado miembro al final del período transitorio.

Estas disposiciones podrán ampliarse a situaciones «triangulares» de seguridad social que afecten a uno o a varios Estados miembros, al Reino Unido y a un país de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza). De este modo, podrán protegerse los derechos de los ciudadanos de la Unión, los nacionales británicos y los ciudadanos de los países de la AELC que se encuentren en este tipo de situaciones triangulares.

Para que esta fórmula funcione, deberán poder aplicarse tres acuerdos distintos: un artículo en el Acuerdo de Retirada que proteja a los nacionales de la AELC, disposiciones que amparen a los ciudadanos de la UE en los acuerdos correspondientes entre el Reino Unido y los países de la AELC y disposiciones que protejan a los nacionales británicos en los acuerdos correspondientes entre la UE y los países de la AELC.

Solo si se han celebrado estos dos últimos acuerdos y son aplicables, será aplicable también el artículo del Acuerdo de Retirada por el que se ampara a los nacionales de la AELC. El Comité Mixto que se ha creado mediante el Acuerdo de Retirada se pronunciará sobre la aplicabilidad de este artículo.

 

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Algunos casos específicos que ampara el Acuerdo de Retirada

Caso 1: trabajadores por cuenta ajena. Tomemos, por ejemplo, el caso de un ciudadano de la UE que llegó al Reino Unido hace dos años y trabaja en un hospital local. Este trabajador podrá permanecer en el Reino Unido después de que el Reino Unido abandone la UE, ya que el Derecho de la UE sobre la libre circulación seguirá aplicándose hasta el final del período transitorio. Una vez transcurrido el período transitorio, el Acuerdo de Retirada establece que esta persona podrá permanecer en el Reino Unido conforme a prácticamente las mismas condiciones esenciales que exige el Derecho de la UE sobre la libre circulación: se mantienen los derechos de residencia si continúa la actividad laboral (o si cesa involuntariamente la actividad laboral según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva sobre la libre circulación), si pasa a ejercer una actividad como autónomo o si es autosuficiente (es decir, dispone de suficientes medios económicos y de la cobertura de un seguro de enfermedad).

No obstante, si quiere permanecer en el país este trabajador deberá presentar una solicitud a las autoridades británicas para obtener un nuevo estatuto de residencia en el Reino Unido. Una vez que haya acumulado cinco años de residencia legal en el Reino Unido, podrá solicitar el estatuto de residencia permanente en el país, lo cual ofrece más derechos y una mayor protección.

Caso 2: trabajadores fronterizos a partir de cualificaciones profesionales homologadas. Tomemos ahora el caso de un fisioterapeuta británico residente en Bélgica que trabaja como tal en los Países Bajos, donde le han homologado sus cualificaciones profesionales antes de que finalizase el período transitorio. El Derecho de la UE sobre la libre circulación seguirá aplicándose hasta el final del período transitorio. Una vez transcurrido el período transitorio, el Acuerdo de Retirada establece que esta persona puede seguir residiendo en Bélgica y ejerciendo su actividad profesional en los Países Bajos como trabajador fronterizo o, en su caso, como trabajador autónomo fronterizo. Además, se mantendrá la validez de la decisión de homologación de sus cualificaciones adoptada previamente por las autoridades neerlandesas para poder ejercer las actividades profesionales en cuestión.

Caso 3: estudiantes. Y el tercer caso es el de un ciudadano de un Estado miembro de la UE que se encuentra actualmente cursando estudios en el Reino Unido. El Derecho de la UE sobre la libre circulación seguirá aplicándose hasta el final del período transitorio. Una vez transcurrido el período transitorio, si todavía está estudiando en el Reino Unido, el estudiante puede permanecer en el país, pero deberá solicitar un nuevo estatuto de residencia. Tras cinco años de residencia, podrá solicitar un nuevo estatuto de residencia permanente en el Reino Unido y además podrá cambiar de estatuto y pasar a ser un trabajador por cuenta propia o ajena.

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Procedimientos aplicables

El Acuerdo de Retirada deja al Estado de acogida la decisión de si exigir o no una solicitud obligatoria como condición para el disfrute de los derechos en virtud de este Acuerdo. El Reino Unido ya ha manifestado su intención de aplicar un sistema de registro obligatorio a los beneficiarios del Acuerdo de Retirada, lo cual significa que se emitirá un documento de residencia (posiblemente en formato electrónico) a aquellos que cumplan las condiciones establecidas.

Algunos Estados miembros de la UE han indicado que también aplicarán un sistema de registro obligatorio (un «sistema constitutivo»). Sin embargo, en otros Estados miembros los nacionales del Reino Unido que cumplan las condiciones establecidas en el Acuerdo se convertirán automáticamente en beneficiarios del Acuerdo de Retirada (un «sistema declarativo»). En este último caso, los nacionales del Reino Unido tendrán derecho a solicitar que el Estado de acogida les emita un documento de residencia que certifique que son beneficiarios del Acuerdo de Retirada.

Para la UE, es especialmente importante que existan procedimientos administrativos flexibles y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos amparados por el Acuerdo. Solo puede exigirse lo estrictamente necesario y proporcionado para determinar si se cumplen los criterios de residencia legal, y debe evitarse toda carga administrativa innecesaria. Estos requisitos son especialmente importantes si el Estado de acogida opta por un sistema de registro obligatorio. Los costes de este tipo de solicitudes no deberán exceder de los que se impongan a los nacionales por la expedición de documentos similares. Las personas que ya posean un documento de residencia permanente podrán canjearlo, de forma gratuita, por el documento del «estatuto especial».

Los procedimientos administrativos para solicitar el «estatuto especial» que establezcan el Reino Unido o los Estados miembros al amparo del Acuerdo de Retirada también deberán respetar los requisitos mencionados. Las respuestas administrativas a cualquier error, omisión involuntaria o incumplimiento de plazos para presentar la solicitud deberán ser además proporcionadas. El objetivo general es garantizar que el proceso sea lo más claro y sencillo y lo menos burocrático posible para los ciudadanos afectados. 

Aplicación y seguimiento de la parte del Acuerdo de Retirada relativa a los derechos de los ciudadanos

El texto del Acuerdo de Retirada relativo a los derechos de los ciudadanos es muy preciso, de modo que los ciudadanos de la UE pueden invocarlo directamente ante los tribunales del Reino Unido y los nacionales británicos, ante los tribunales de los Estados miembros. Las disposiciones del Derecho nacional que no sean conformes con las disposiciones del Acuerdo de Retirada no serán aplicables.

Los tribunales del Reino Unido podrán plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de esta parte del Acuerdo de Retirada durante un período de ocho años después de la finalización del período transitorio. Para asuntos relacionados con la solicitud del estatuto de asentado en el Reino Unido, el período de ocho años comenzará a correr el 30 de marzo de 2019.

La Comisión supervisará la ejecución y aplicación de los derechos de los ciudadanos en la UE de conformidad con los Tratados de la Unión. En el Reino Unido, una autoridad nacional independiente desempeñará este papel. Se concederán a dicha autoridad competencias equivalentes a las de la Comisión Europea para recibir e investigar reclamaciones de ciudadanos de la Unión y sus familiares, realizar investigaciones por propia iniciativa y emprender acciones legales ante los tribunales del Reino Unido en relación con supuestas infracciones de las obligaciones que incumban a las autoridades administrativas del Reino Unido en virtud de la parte relativa a los derechos de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada.

La autoridad y la Comisión Europea se informarán mutuamente con carácter anual de las medidas que hayan adoptado para aplicar y hacer valer los derechos que confiere el Acuerdo de Retirada a los ciudadanos a través del Comité Mixto establecido por el Acuerdo. Dicha información debe incluir, en particular, el número y el tipo de las reclamaciones tramitadas y cualquier actuación judicial de seguimiento que hayan puesto en marcha. 

Presentación de los derechos de los ciudadanos

El gráfico que figura a continuación explica de manera concisa las condiciones fundamentales del Acuerdo de Retirada. Las cifras que se manejan de 3,2 millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y de 1,2 millones de ciudadanos británicos en la UE son estimaciones basadas en datos del Reino Unido y de las Naciones Unidas correspondientes a 2015. Los números reales pueden variar.

Gráfico Brexit 1

 

III. ¿Qué es lo que se ha acordado sobre otros temas ligados a la separación? 

De acuerdo con las orientaciones del Consejo Europeo (artículo 50), el Acuerdo de Retirada pretende, en su caso, garantizar una retirada ordenada y establece las disposiciones detalladas necesarias para la finalización paulatina de los procedimientos y los acuerdos en curso en una serie de ámbitos. 

Mercancías introducidas en el mercado

El Acuerdo de Retirada prevé que las mercancías introducidas legalmente en el mercado de la UE o del Reino Unido antes del final del período transitorio puedan seguir circulando libremente dentro de estos dos mercados y entre ellos hasta que lleguen a sus usuarios finales, sin necesidad de modificar o reetiquetar los productos. 

Esto significa que las mercancías que sigan estando en la cadena de distribución a finales del período transitorio podrán llegar a sus usuarios finales de la UE o el Reino Unido sin necesidad de cumplir ningún otro requisito añadido. Tales mercancías también podrán ponerse en servicio (cuando así lo establezcan las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión) y estarán sujetas a una supervisión continua por parte de las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y del Reino Unido.

Con carácter excepcional, la circulación de animales vivos y de productos de origen animal entre el mercado de la UE y el mercado del Reino Unido estará sujeta, una vez finalice el período transitorio, a las normas aplicables sobre importaciones y controles sanitarios fronterizos de cada una de las Partes, con independencia de que los animales se introdujeran en el mercado antes de terminar el período transitorio.

Esta excepción se debe a los elevados riesgos sanitarios que conllevan tales productos y a la necesidad de que se apliquen controles veterinarios eficaces cuando este tipo de productos y los animales vivos entren en el mercado de la Unión o en el mercado del Reino Unido.

 

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Minimizar las perturbaciones en las cadenas de distribución al final del período transitorio

El Acuerdo de Retirada garantiza que las mercancías que ya se hayan introducido en el mercado puedan seguir comercializándose en el mercado del Reino Unido y el mercado único de la UE una vez concluido el período transitorio. Esta disposición se aplica a todas las mercancías dentro del ámbito de la libre circulación de mercancías según se establece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tales como productos agrícolas, productos de consumo (juguetes, textiles o cosméticos, por ejemplo), productos relacionados con la salud (medicamentos o productos sanitarios) y productos industriales, tales como vehículos de motor, equipos marinos, maquinaria, ascensores, equipos eléctricos, productos de la construcción y productos químicos.

No obstante, cuando haya concluido el período transitorio, los animales vivos, los productos de origen animal y los alimentos derivados de animales deberán cumplir con las normas de la UE o del Reino Unido sobre las importaciones procedentes de terceros países.

El Acuerdo prevé, por ejemplo, que:

Un aparato de rayos X con marcado CE vendido por un fabricante de la EU-27 a un hospital del Reino Unido que aún no se haya enviado o entregado físicamente antes del final del período transitorio, pueda enviarse y entregarse al hospital después de esa fecha por ser conforme con los requisitos aplicables en el momento en el que fuera introducido en el mercado. Por tanto, no es necesario renovar la certificación ni colocar ningún marcado de conformidad específico del Reino Unido, como tampoco adaptar el producto a ningún requisito nuevo, lo que se aplica también las indicaciones que deben colocarse en el producto o la información que ha de facilitarse con él (manual del producto, instrucciones de uso y documentación similar).

Del mismo modo, un vehículo producido por un fabricante del Reino Unido a partir de una homologación de tipo concedida por las autoridades británicas que se haya vendido a un distribuidor de la EU-27 antes del final del período transitorio podrá enviarse al distribuidor, venderse a un consumidor final, matricularse y ponerse en servicio en cualquier Estado miembro por ser conforme con los requisitos aplicables en el momento en el que fuera introducido en el mercado.

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Desplazamientos de mercancías en curso desde una perspectiva aduanera

En lo que respecta a las aduanas, el IVA y los impuestos especiales, el Acuerdo de Retirada garantiza que se permitirá que los movimientos de mercancías que hayan comenzado antes de la retirada del Reino Unido de la unión aduanera de la UE se lleven a su término de conformidad con las normas de la Unión vigentes en el momento de iniciarse el desplazamiento. Tras el final del período transitorio, seguirán aplicándose las normas de la UE a las operaciones transfronterizas que hayan comenzado antes del período transitorio en lo que se refiere a los derechos del IVA y las obligaciones de los sujetos pasivos, tales como las obligaciones de notificación y el pago y la devolución del IVA. Se aplica el mismo planteamiento a la cooperación administrativa en curso, la cual, al igual que los intercambios de información que hubieran empezado antes de la retirada, deberá completarse en el marco de las normas de la UE aplicables. 

Protección de los derechos de propiedad intelectual

De conformidad con el Acuerdo de Retirada, se mantendrá la protección concedida a los títulos de propiedad intelectual con efecto unitario de la UE existentes (marcas comerciales, derechos sobre dibujos y modelos registrados, obtenciones vegetales, etc.) en el territorio del Reino Unido. El Reino Unido deberá proteger dichos títulos como si fueran títulos de propiedad intelectual nacionales. La conversión del título de la UE en un título del Reino Unido para su protección en este país será automática, gratuita y no precisará de ningún reexamen. De este modo se garantizará el respeto de los derechos de propiedad existentes en el Reino Unido y se preverá la seguridad jurídica necesaria para los usuarios y los titulares de derechos.

La Unión Europea y el Reino Unido también han acordado que el conjunto existente de indicaciones geográficas aprobadas por la UE estará jurídicamente protegido por el Acuerdo de Retirada, a menos que se celebre un nuevo acuerdo aplicable al conjunto de indicaciones geográficas en el contexto de la relación futura. Tales indicaciones geográficas constituyen, en la actualidad, títulos de propiedad intelectual existentes en el Reino Unido y en la UE.

El Reino Unido deberá garantizar al menos el mismo nivel de protección para el conjunto actual de dichas indicaciones geográficas del que se benefician hoy en día en la UE, protección se aplicará a través de la legislación del Reino Unido.

Las indicaciones geográficas reconocidas que lleven denominaciones de origen británico (por ejemplo, el cordero galés) no se verán afectadas en la UE y, por lo tanto, seguirán estando protegidas en la Unión Europea.

 

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Más de 3 000 indicaciones geográficas deberán seguir protegidas en el Reino Unido

Más de 3 000 indicaciones geográficas, tales como el champán, el jamón de Parma, la cerveza bávara, el queso feta, el vino de Tokaj, el pastel de Tentúgal o el vinagre de Jerez, están amparadas hoy en día por el Derecho de la UE como poseedoras de títulos de propiedad intelectual sui generis aplicables a la Unión en su conjunto, incluido el Reino Unido. La retirada del Reino Unido de la Unión Europea no dará lugar a la pérdida de estos derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre indicaciones geográficas ampara las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones tradicionales de los vinos. Este Acuerdo también beneficiará a las indicaciones geográficas con una denominación de origen del Reino Unido (como el cordero galés): también estarán amparadas por el Derecho británico en el Reino Unido y conservarán la protección actual del Derecho de la Unión en la UE.

Las indicaciones geográficas tienen un valor importante para las comunidades locales, tanto económico como cultural. Cada una de las indicaciones protegidas en la UE representa un producto agrícola, un alimento o una bebida con raíces locales profundas, cuyo amparo bajo el Derecho de la UE ha generado un valor considerable para los productores y la comunidad local. La calidad, la reputación y las características de los productos son atribuibles a su origen geográfico, y su protección contribuye a mantener su autenticidad, apoya el desarrollo rural y fomenta las oportunidades de empleo en la producción, la transformación y otros servicios conexos de estos productos.

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Cooperación policial y judicial en materia penal en curso

El Acuerdo de Retirada prevé normas para poner fin progresivamente a los procesos policiales y judiciales en curso en materia penal que atañan al Reino Unido. Estos procesos deberán completarse, en cualquier caso, de conformidad con las normas de la UE.

Ejemplos de cómo funcionará, en la práctica, la cooperación policial y judicial

Un delincuente detenido por el Reino Unido con arreglo a una orden de detención europea deberá ser entregado al Estado miembro que esté buscando a esta persona.

Del mismo modo, un equipo conjunto de investigación establecido por el Reino Unido y los demás Estados miembros deberá proseguir sus investigaciones.

En caso de que una autoridad de un Estado miembro de la UE reciba una petición del Reino Unido relativa a decomisar los productos de un delito antes de que finalice el período transitorio, este decomiso deberá ejecutarse con arreglo a las normas aplicables de la UE. 

Cooperación judicial en materia civil y mercantil en curso

El Acuerdo de Retirada prevé que el Derecho de la UE en materia de jurisdicción internacional en litigios civiles transfronterizos siga aplicándose a los procedimientos jurídicos incoados antes del final del período transitorio, y que el Derecho de la UE pertinente sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales siga aplicándose en relación con resoluciones o sentencias dictadas en estos procedimientos. 

¿Qué ocurrirá con los procedimientos judiciales en curso entre empresas después de finalizar el período transitorio?

Pongamos el caso de una sociedad neerlandesa y una británica que, al término del período transitorio, tienen un pleito pendiente ante los tribunales del Reino Unido.

El Derecho de la UE establece la responsabilidad de los tribunales del Reino Unido para conocer del litigio. Según el Acuerdo de Retirada, una vez terminado el período transitorio, el tribunal del Reino Unido seguirá siendo competente para conocer de ese asunto conforme al Derecho de la UE.

Otro ejemplo: al término del período transitorio, una empresa está inmersa en procedimiento judicial contra una empresa británica ante un tribunal francés.

Según el Acuerdo de Retirada, una vez terminado el período transitorio, el Derecho de la UE sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales seguirá siendo de aplicación para el reconocimiento y la ejecución, en el Reino Unido, de la resolución que dicte el tribunal francés. 

Utilización de los datos y la información intercambiados antes de que finalice el período transitorio

Durante la adhesión a la Unión Europea del Reino Unido, organismos privados y públicos del Reino Unido han recibido datos personales procedentes de las empresas y las administraciones en otros Estados miembros.

El Acuerdo de Retirada prevé que, tras el final del período transitorio, el Reino Unido siga aplicando las normas en materia de protección de datos de la UE a este «conglomerado de datos personales», hasta que la UE haya determinado, mediante una decisión formal conocida como «decisión sobre la adecuación», que el régimen de protección de datos personales del Reino Unido proporciona salvaguardias de protección de datos «esencialmente equivalentes» a aquellas de la UE.

La decisión sobre la adecuación que adopte la UE ha de ir precedida de una evaluación del régimen de protección de datos aplicable en el Reino Unido. En caso de que la decisión sobre la adecuación se anulase o derogase, los datos recibidos seguirían estando sujetos directamente al Acuerdo, con el mismo nivel de protección «esencialmente equivalente».  

Contratación pública en curso

El Acuerdo de retirada ofrece seguridad jurídica en relación con los procedimientos de adjudicación de contratos públicos pendientes antes del final del período transitorio, que deberán completarse de conformidad con el Derecho de la UE, es decir, con arreglo a las mismas normas sustantivas y de procedimiento bajo las cuales se iniciaron. 

Euratom

Conforme al Acuerdo de Retirada y en relación con la retirada de Euratom y de las salvaguardias que otorga, el Reino Unido ha aceptado su responsabilidad exclusiva en la continuidad de la aplicación de salvaguardias nucleares, así como su compromiso internacional con un futuro régimen que proporcione una cobertura y una eficacia equivalentes a las de los mecanismos existentes de Euratom. 

Euratom transferirá al Reino Unido la propiedad de la instrumentación, las instalaciones y demás bienes inmuebles ubicados en el Reino Unido y relacionados con estas salvaguardias, recibiendo a cambio una compensación por su valor contable.

La Unión también observa que la retirada implicará que los acuerdos internacionales de Euratom dejarán de aplicarse al Reino Unido, y que el Reino Unido deberá colaborar con socios internacionales en dicho ámbito.

Asimismo, se transferirá de Euratom al Reino Unido el derecho de propiedad de los materiales fisionables especiales que mantengan en el Reino Unido entidades británicas. Por lo que se refiere a los materiales fisionables especiales que mantengan en el Reino Unido empresas de la EU-27, el Reino Unido ha aceptado que se mantengan los derechos de Euratom (por ejemplo, el derecho a autorizar la venta o transferencia de estos materiales). Ambas partes están de acuerdo en que la responsabilidad final respecto al combustible gastado y a los residuos radiactivos recae en el Estado en el que se hayan producido, de conformidad con los convenios internacionales y la legislación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

Procedimientos judiciales y administrativos de la Unión en curso

En el marco del Acuerdo de Retirada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo competente para los procedimientos judiciales relativos al Reino Unido que se hayan registrado en él antes de finalizar el período transitorio, y estos procedimientos continuarán hasta que haya una resolución definitiva vinculante de conformidad con la normativa de la Unión. Esto incluye todas las fases del procedimiento, también los recursos o remisiones al Tribunal General, lo cual permitirá concluir de manera ordenada los casos pendientes.

Estas disposiciones resolverán la cuestión de los casos pendientes, pero también será posible al término del período transitorio someter determinados asuntos relativos al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia con vistas a una resolución con arreglo a las normas de la Unión.

El Acuerdo prevé que, en un plazo de cuatro años a partir del final del período transitorio, la Comisión pueda iniciar nuevos procedimientos de infracción contra el Reino Unido ante el Tribunal de Justicia en relación con violaciones del Derecho de la Unión que se hayan producido antes de la conclusión del período transitorio.

Dentro del mismo plazo, también podrá llevarse al Reino Unido ante el TJUE por incumplimiento de alguna decisión administrativa de una institución u órgano de la Unión que se hubiera adoptado antes del final del período transitorio o, en relación con determinados procedimientos indicados específicamente en el Acuerdo, después del final del período transitorio.

La competencia del Tribunal de Justicia en estos nuevos asuntos es coherente con el principio de que la rescisión de un Tratado por una Parte no debe afectar a ningún derecho, obligación o situación legal de las Partes generados antes de la rescisión. De esta manera se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre los Estados miembros de la UE y el Reino Unido con respecto a situaciones que se produjeron estando sujeto el Reino Unido al Derecho de la Unión.

Por lo que respecta a los procedimientos administrativos, el Acuerdo de Retirada dispone que los procedimientos pendientes se tramitarán con arreglo a las normas de la Unión. Esto se refiere a los procedimientos sobre cuestiones de ámbitos como la competencia o las ayudas públicas que iniciaran antes del término del período transitorio instituciones, oficinas o agencias de la Unión, y que afecten al Reino Unido o se refieran a personas físicas o jurídicas de este país.

Con respecto a las ayudas concedidas antes del final del período transitorio, la Comisión Europea será competente para poner en marcha nuevos procedimientos administrativos sobre ayudas estatales en relación con el Reino Unido durante un plazo de cuatro años a partir de la conclusión del período transitorio. La Comisión seguirá siendo competente después de este plazo de cuatro años respecto a los procedimientos que se iniciaran antes del final de dicho plazo.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estará facultada para iniciar nuevas investigaciones durante un plazo de cuatro años a partir de la finalización del período transitorio cuando se trate de hechos que ocurrieron antes de que finalizase este período, o en relación con una deuda aduanera que se originase después del término del período transitorio. La posibilidad de poner en marcha nuevos procedimientos administrativos es coherente con la idea de que el Reino Unido seguirá estando plenamente sujeto al Derecho de la Unión hasta el final del período transitorio y, por tanto, debe garantizarse el cumplimiento de las normas y unas condiciones de competencia equitativas con los demás Estados miembros a lo largo de todo este período. 

Funcionamiento de las instituciones, las agencias y los órganos de la Unión

Según el Acuerdo de Retirada, los privilegios e inmunidades actuales de la Unión deberán seguir siendo de aplicación para las actividades que tuvieron lugar antes de finalizar el período transitorio. Ambas partes seguirán garantizando el cumplimiento de las obligaciones de secreto profesional. La información clasificada y otros documentos obtenidos mientras el Reino Unido era un Estado miembro deberán conservar el mismo nivel de protección que antes del período transitorio. 

 

IV. ¿Qué es lo que se ha acordado en relación con el período transitorio? 

El Acuerdo de Retirada prevé un período transitorio hasta finales de 2020. Gracias a que seguirá aplicándose el Derecho de la UE durante este período, las administraciones y las empresas nacionales tendrán tiempo de prepararse para la nueva relación, y la UE y el Reino Unido dispondrán también de tiempo para negociar la relación futura.

Está previsto que el período transitorio llegue a su fin el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la petición inicial del Reino Unido de disponer de una etapa de transición de aproximadamente dos años y que esta fecha coincide con el final del presupuesto de la UE a largo plazo en vigor (el marco financiero plurianual 2014-2020).

Durante este período, la totalidad del acervo de la Unión seguirá aplicándose al Reino Unido y dentro del país como si se tratase de un Estado miembro, lo cual implica que el Reino Unido seguirá participando en la unión aduanera y el mercado único (con las cuatro libertades), así como en todas las políticas de la Unión. Cualquier modificación del acervo de la Unión se aplicará también automáticamente al Reino Unido y dentro del país, y se mantendrán el efecto directo y la primacía del Derecho de la Unión. Asimismo, se aplicarán todos los instrumentos y estructuras existentes de la Unión en materia de regulación, presupuesto, supervisión, justicia y ejecución, incluida la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Durante este período transitorio, el Reino Unido tendrá que respetar la política comercial de la UE y seguirá sujeto a la competencia exclusiva de la Unión, especialmente por lo que se refiere a la política comercial común.

Además, durante el período transitorio el Reino Unido seguirá vinculado a las obligaciones que se derivan de todos los acuerdos internacionales de la UE. En el terreno comercial, esto significa que los terceros países mantendrán el mismo acceso al mercado británico. Durante este período, el Reino Unido no estará autorizado a celebrar nuevos acuerdos por su cuenta en ámbitos de competencia exclusiva de la Unión, a menos que la UE le autorice expresamente a ello.

A partir de la fecha de retirada (es decir, también durante el período transitorio), al haber abandonado la Unión Europea, el Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones de la UE. Dejará de estar representado en las instituciones, las agencias y los órganos de la Unión Europea, y las personas nombradas, designadas o elegidas por el Reino Unido, o que representen de algún modo al país, dejarán de participar en las labores de las instituciones, agencias y órganos de la UE.

Sin perjuicio de las excepciones que puedan admitirse, el Reino Unido dejará de participar en las reuniones de los grupos y comités de trabajo. Durante el período transitorio, el Reino Unido no podrá actuar de «ponente» para las autoridades europeas (por ejemplo, a la hora de realizar una evaluación de riesgos para la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) ni para los Estados miembros (como en lo referente a evaluar la seguridad y la eficacia de un medicamento).

El período transitorio también servirá para ofrecer claridad y previsibilidad a las partes interesadas, incluidos los socios internacionales en materia de pesca, ya que amplía la aplicabilidad de la política pesquera común (y las condiciones de los acuerdos internacionales pertinentes) al Reino Unido durante toda la etapa de transición. El Reino Unido quedará vinculado por las decisiones sobre las posibilidades de pesca hasta el final del período transitorio y se le consultará en diversas fases del proceso anual de toma de decisiones con respecto a sus posibilidades de pesca. Previa invitación de la Unión y en la medida que lo permita el foro correspondiente, el Reino Unido podrá participar en las consultas y negociaciones internacionales con vistas a preparar su futura adhesión a los foros internacionales en cuestión. 

Posible prórroga del período transitorio

El Acuerdo de Retirada contempla la posibilidad de que el Comité Mixto decida ampliar el período transitorio, en cuyo caso deberá hacerlo antes del 1 de julio de 2020 teniendo en cuenta que solo puede recurrirse a esta posibilidad una única vez.

Esta disposición ofrece también al Reino Unido la posibilidad de conseguir un plazo adicional para asegurarse de poder alcanzar un acuerdo futuro antes de que finalice el período transitorio, especialmente por lo que se refiere a las disposiciones necesarias para evitar una frontera rígida en Irlanda.

La prórroga solo podría tener lugar de mutuo acuerdo entre la Unión y el Reino Unido y, si se decidiera esta ampliación del período transitorio, seguirían siendo aplicables todas las demás condiciones acordadas en marzo en relación con dicho período. Cabe recordar que esto significa, en definitiva, la plena aplicación del Derecho de la Unión en el Reino Unido y los plenos poderes de las instituciones de la Unión, incluido el Tribunal de Justicia.

Sin embargo, en caso de acordarse una prórroga, se trataría al Reino Unido a partir de 2021 como a un tercer país en lo que respecta al futuro marco financiero plurianual. El Reino Unido tendría la posibilidad de participar en programas de la UE pertenecientes a este marco con arreglo a las bases jurídicas para terceros países que se acuerden en la normativa de la UE.

Por otra parte, la prórroga del período transitorio requeriría la contribución financiera correspondiente del Reino Unido al presupuesto de la UE, que deberá decidir, en su caso, el Comité Mixto creado mediante el Acuerdo de Retirada. 

Participación del Reino Unido en las políticas exterior y de defensa europeas durante el período transitorio

La política exterior y de seguridad común (PESC) se aplicará al Reino Unido durante el período transitorio. Concretamente, el Reino Unido tendrá que aplicar las medidas restrictivas de la Unión que estén en vigor o que se hayan decidido durante el período transitorio y deberá respaldar las declaraciones y posiciones de la UE en terceros países y organizaciones internacionales.

El Reino Unido tendrá la posibilidad de participar en las operaciones militares y en las misiones civiles de la UE que se establezcan en el marco de la política común de seguridad y defensa (PCSD), pero sin ninguna capacidad de liderazgo. Por ejemplo, se ha decidido transferir el cuartel general de operaciones de la UE en la lucha contra la piratería, la operación Atalanta, de Northwood a la base española de Rota.

El Reino Unido podrá participar en proyectos de los organismos implicados en la política exterior y de seguridad común, incluida la Agencia Europea de Defensa, pero sin ninguna función decisoria. 

Participación del Reino Unido en cuestiones de justicia y asuntos de interior durante el período transitorio

Todos los aspectos de la política de justicia y asuntos de interior seguirán aplicándose al Reino Unido durante el período transitorio, y el Reino Unido seguirá vinculado por los actos de la UE aplicables en el momento de su retirada. El Reino Unido podrá optar por ejercer su derecho de adherirse a cualquier medida que modifique o sustituya dichos actos, o bien se base en ellos, o de rechazar tales medidas.

Sin embargo, durante el período transitorio, el Reino Unido no tendrá derecho a participar en medidas completamente nuevas. Pese a ello, la UE podrá invitar al Reino Unido a cooperar en relación con nuevas medidas de este tipo, de acuerdo con las condiciones para la cooperación con terceros países que se hayan establecido.

¿Cuáles son las consecuencias respecto a los acuerdos internacionales?

Los acuerdos internacionales de la UE forman parte del acervo cubierto por el período transitorio, con la peculiaridad de que esta parte del acervo se ha establecido a través de la negociación y goza de la conformidad de los socios internacionales de la UE. Durante el período transitorio el Reino Unido seguirá vinculado por las obligaciones que se derivan de todos los acuerdos internacionales de la UE. En el ámbito del comercio, esto significa que los terceros países mantendrán el mismo acceso al mercado británico, lo cual garantiza también la integridad y la homogeneidad del mercado único y la unión aduanera de la UE.

La UE informará a las demás partes en los acuerdos internacionales de las consecuencias que tendrá la retirada del Reino Unido de la UE. Esta notificación deberá tener lugar después de la firma del Acuerdo de Retirada y abarcar todos los acuerdos internacionales.

La UE comunicará también a sus socios internacionales que, durante un período transitorio acordado como parte del Acuerdo de Retirada, el Reino Unido estará asimilado a un Estado miembro a efectos de la aplicación de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos que se apliquen de forma provisional o que entren en vigor durante el período transitorio. 

 

V. ¿Qué es lo que se ha acordado en relación con la liquidación financiera? 

En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017, se pedía una única liquidación financiera que abarcase el presupuesto de la UE, el cese de la pertenencia del Reino Unido a todos los órganos e instituciones establecidos por los Tratados y la participación del Reino Unido en los fondos y mecanismos específicos relativos a las políticas de la Unión. La liquidación financiera que se ha acordado cubre todos estos puntos y liquida las cuentas pendientes.

Según el Acuerdo de Retirada, el Reino Unido satisfará su parte proporcional a la financiación del conjunto de las obligaciones contraídas como miembro de la Unión en relación con el presupuesto de la UE (y, en particular, con el marco financiero plurianual 2014-2020, también en lo referente a los pagos que tendrá que realizar tras el final del período transitorio, con el cierre de los programas), el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo, el Mecanismo para los refugiados en Turquía, los fondos fiduciarios de la UE y los organismos adscritos al Consejo, así como el Fondo Europeo de Desarrollo.

Con este marco de referencia, los negociadores de la Comisión y del Reino Unido han acordado aplicar una metodología equitativa para calcular las obligaciones que deberá satisfacer el Reino Unido en el contexto de su retirada.

Los principios subyacentes a la metodología acordada son las siguientes:

  • ningún Estado miembro debe pagar más o recibir menos a causa de la retirada del Reino Unido de la Unión;
  • el Reino Unido debe pagar su parte proporcional de los compromisos asumidos durante su pertenencia, y
  • el Reino Unido no debe pagar más ni antes de lo que lo hubiera hecho de haber seguido siendo un Estado miembro, lo cual implica, en particular, que la cantidad que deba abonar el Reino Unido se calculará a partir del resultado real del presupuesto, es decir, conforme a su ejecución.

 

¿Qué cantidad deberá abonar el Reino Unido?

El objetivo de las negociaciones era liquidar todas las obligaciones que queden pendientes en la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Por tanto, lo que debe acordarse no es la cuantía de las obligaciones financieras que ha contraído el Reino Unido, sino la metodología para su cálculo.

Ambas partes acordaron una metodología objetiva que permita respetar todos los compromisos conjuntos adquiridos en relación con el presupuesto de la Unión del período 2014-2020, incluidos los compromisos pendientes a finales de 2020 (el «reste à liquider») y los pasivos que no estén respaldados por activos.

El Reino Unido también seguirá garantizando los préstamos concedidos por la Unión antes de su retirada y recibirá el reembolso de la parte que le corresponda de las garantías no utilizadas y de los importes que se recuperen posteriormente, después de la activación de las garantías de dichos préstamos.

Además, el Reino Unido ha aceptado satisfacer todos los compromisos pendientes de los fondos fiduciarios de la UE y del Mecanismo para los refugiados en Turquía. El Reino Unido seguirá siendo parte del Fondo Europeo de Desarrollo, y seguirá contribuyendo a los pagos necesarios para satisfacer todos los compromisos contraídos respecto al undécimo FED, que está en vigor actualmente, así como en lo que respecta a los Fondos Europeos de Desarrollo anteriores. 

El capital desembolsado por el Reino Unido en el Banco Central Europeo se reembolsará al Banco de Inglaterra y el Reino Unido dejará de ser miembro del BCE. En relación con el Banco Europeo de Inversiones, el capital desembolsado por el Reino Unido se reembolsará entre 2019 y 2030 en cuotas anuales y se sustituirá por una garantía adicional reembolsable. El Reino Unido mantendrá una garantía para garantizar el volumen de operaciones del BEI pendientes desde la fecha de la retirada hasta el final de su amortización.

El Reino Unido mantendrá asimismo los privilegios y las inmunidades del Banco Europeo de Inversiones (Protocolos n.ºs 5 y 7 del Tratado) para garantizar el volumen de operaciones del BEI en la fecha de la retirada. 

¿Qué significa esto para los proyectos y los programas de la UE?

Todos los proyectos y programas de la UE se financiarán según lo previsto en el marco financiero plurianual actual (2014-2020). Esta decisión ofrece seguridad a todos los beneficiarios de estos programas, incluidos los beneficiarios del Reino Unido, que seguirán disfrutando de los programas de la Unión Europea hasta su conclusión, si bien no podrán acogerse a los instrumentos financieros que se aprueben después de la retirada. 

¿Cómo se calculará la contribución del Reino Unido?

El Reino Unido contribuirá al presupuesto de 2019 y 2020 y su cuota será un porcentaje calculado como si siguiera siendo un Estado miembro. En lo referente a las obligaciones posteriores a 2020, la cuota se calculará estableciendo la relación entre los recursos propios facilitados por el Reino Unido en el período 2014-2020 y los recursos propios proporcionados por todos los Estados miembros (incluido el Reino Unido) en el mismo período, lo cual significa que el denominado «cheque británico» estará incluido en la contribución del Reino Unido. 

¿Cuál es la cuota del Reino Unido en el patrimonio de la UE (activos, bienes inmuebles y efectivo)?

Los pasivos de la UE pertenecen a la UE, ya que la Unión tiene una personalidad jurídica propia y ningún Estado miembro tiene derechos respecto a estos pasivos y activos. Sin embargo, está previsto reducir la parte británica de las obligaciones de la UE mediante los activos correspondientes, pues no hay necesidad de financiar obligaciones cubiertas por activos, de modo que no es necesario que el Reino Unido los financie. 

¿Cuánto tiempo deberá seguir pagando el Reino Unido a la Unión Europea?

El Reino Unido seguirá pagando las cuotas correspondientes hasta que haya abonado las últimas obligaciones a largo plazo. En cualquier caso, no estará obligado a pagar antes de lo establecido si hubiera seguido siendo miembro de la UE. También está prevista la posibilidad de que ambas partes acuerden una cierta simplificación en este ámbito. 

¿Pagará el Reino Unido el pasivo por las pensiones de los funcionarios de la UE?

El Reino Unido deberá abonar su cuota en la financiación de las pensiones y otras prestaciones de los empleados públicos que haya acumulado a finales de 2020. Este pago se efectuará al vencimiento, como es el caso para los demás Estados miembros. 

¿Cuáles serían las consecuencias financieras de una prórroga del período transitorio?

Durante una posible prórroga del período transitorio, se trataría al Reino Unido a partir de 2021 como a un tercer país en lo que respecta al futuro marco financiero plurianual. No obstante, la prórroga del período transitorio requeriría la contribución financiera correspondiente del Reino Unido al presupuesto de la UE que deberá decidir, en su caso, el Comité Mixto establecido para la gobernanza del Acuerdo de Retirada. 

 

VI. ¿Qué es lo que se ha acordado en el Acuerdo de Retirada sobre la gobernanza? 

El Acuerdo de Retirada comprende disposiciones institucionales para garantizar la gestión, la aplicación y la ejecución eficaces del Acuerdo, también con unos mecanismos adecuados de solución de diferencias.

La UE y el Reino Unido se han puesto de acuerdo sobre el efecto directo y la primacía de la totalidad del Acuerdo de Retirada en las mismas condiciones que las aplicables en el Derecho de la Unión, así como sobre el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea el árbitro en última instancia en los asuntos relacionados con el Derecho de la UE o los conceptos del Derecho de la Unión. Esto es una garantía necesaria para que la legislación de la Unión se aplique de manera coherente.

Algunas partes importantes del Acuerdo de Retirada se basan en el Derecho de la Unión, que se emplea para asegurar que la retirada tenga lugar de manera ordenada. Por tanto, es aún más importante que sean aplicables los mismos efectos jurídicos, métodos y principios de interpretación que en el Derecho de la Unión.

En caso de haber una diferencia sobre la interpretación del Acuerdo de Retirada, tendría lugar una primera consulta política en el marco de un Comité Mixto. Si no se encontrara una solución, cualquiera de las partes podría someter la controversia a un arbitraje vinculante. En los casos en los que la controversia se refiera a un asunto de Derecho de la Unión, la comisión de arbitraje tendría la obligación de someter el asunto al Tribunal de Justicia para que este dicte una resolución vinculante. Además, cada una de las partes podría solicitar que esta comisión remita una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En tales casos, la comisión de arbitraje deberá someter el asunto al Tribunal de Justicia, a menos que considere que la controversia, en realidad, no afecta al Derecho de la UE. La comisión de arbitraje debe motivar su valoración y las partes podrán solicitar una reconsideración de esta valoración. 

El laudo de la comisión de arbitraje será vinculante para la Unión y el Reino Unido. En caso de incumplimiento de dicho laudo, la comisión de arbitraje podrá imponer el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva que deba abonarse a la parte perjudicada.

Por último, si la parte demandada persistiese en el incumplimiento del laudo, el Acuerdo permite a las Partes suspender proporcionalmente la aplicación del propio Acuerdo de Retirada, a excepción de lo referente a los derechos de los ciudadanos, o partes de otros acuerdos entre la Unión y el Reino Unido. Dicha suspensión estará sujeta al control de la comisión de arbitraje. 

Gráfico Brexit 2

 

VII. Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte 

Véase el documento separado que se titula Preguntas y respuestas acerca del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte 

 

VIII. ¿Qué es lo que se ha acordado respecto a las zonas de soberanía en Chipre? 

Como se indica en la declaración conjunta de 19 de junio de 2018, la UE y el Reino Unido se han comprometido a establecer las disposiciones adecuadas para las zonas de soberanía, «en particular con el objetivo de proteger los intereses de los chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión, respetando plenamente los derechos y las obligaciones derivados del Tratado de Establecimiento».

La Unión y el Reino Unido han acordado las condiciones de un protocolo que dará efecto a este y que se adjunta al Acuerdo de Retirada.

El objetivo del Protocolo es garantizar que el Derecho de la Unión, en los ámbitos que se precisan en el Protocolo n.º 3 del Acta de adhesión de Chipre, seguirá aplicándose en las zonas de soberanía, sin interrupción o pérdida de derechos, especialmente para los aproximadamente 11 000 civiles chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía. Esto se aplica a una serie de ámbitos como la tributación, los bienes, la agricultura, la pesca y las normas veterinarias y fitosanitarias.

El Protocolo atribuye a la República de Chipre la responsabilidad de velar por la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con la mayoría de los ámbitos cubiertos, con la excepción de la seguridad y los asuntos militares. 

 

IX. ¿Qué es lo que se ha acordado respecto a Gibraltar? 

En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017 se establece que «ningún acuerdo entre la Unión y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido».

Las negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido ya han concluido. Se adjunta al Acuerdo de Retirada un Protocolo relativo a estos acuerdos bilaterales.

El Protocolo constituye, junto con los memorandos de entendimiento bilaterales entre España y el Reino Unido, un paquete relativo a las cuestiones referentes a Gibraltar y que atañe a la cooperación bilateral en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, el tabaco y otros productos, el medio ambiente, la policía y las cuestiones aduaneras, así como a un acuerdo bilateral sobre la fiscalidad y la protección de los intereses financieros.

En lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, el Protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes para la aplicación del Acuerdo de Retirada en relación con las personas que viven en la zona de Gibraltar y, en particular, con los trabajadores fronterizos.

En lo referente al Derecho del transporte aéreo, prevé la posibilidad, en caso de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre el uso del aeropuerto de Gibraltar, de hacer aplicable a Gibraltar, durante la transición, la legislación de la Unión que, anteriormente, no resultaba de aplicación en este territorio.

En materia fiscal y de protección de intereses financieros, el Protocolo sienta las bases para la cooperación administrativa entre las autoridades competentes a fin de lograr la plena transparencia en materia fiscal, la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de dinero. El Reino Unido se compromete también a que se cumplan en Gibraltar las normas internacionales en este ámbito. Por lo que respecta al tabaco, el Reino Unido se compromete a ratificar determinados convenios en lo que atañe a Gibraltar y a instaurar, antes del 30 de junio de 2020, un sistema de trazabilidad y de medidas de seguridad para los cigarrillos. En cuanto al alcohol y la gasolina, el Reino Unido se compromete a garantizar que el sistema fiscal de Gibraltar tenga por objeto prevenir el fraude.

En lo relativo a la protección del medio ambiente, la pesca y la cooperación en materia policial y aduanera, el Protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes.

Asimismo, se establece un comité especializado para supervisar la aplicación de este Protocolo.

MEMO/18/6422

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