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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de procedimientos de infracción de noviembre: principales decisiones

Bruselas, 8 de noviembre de 2018

Resumen por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido acciones legales contra varios Estados miembros por incumplir las obligaciones que les incumben con arreglo al Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la Unión, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho europeo en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación. La Comisión archiva asimismo ciento siete asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que haya sido necesario que siga adelante con el procedimiento.

Para obtener más información sobre el procedimiento de infracción de la Unión, véase la nota informativa completa MEMO/12/12. Para conocer más detalles sobre todas las decisiones adoptadas, véase el registro de decisiones sobre procedimientos de infracción.

 

1. Presupuesto y recursos humanos

(Más información: Alexander Winterstein, tel.: +32 22993265; Andreana Stankova, tel.: +32 22957857)

 

Carta de emplazamiento

Presupuesto de la Unión: La Comisión insta a BÉLGICA a poner los derechos de aduana a disposición del presupuesto de la Unión

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica por no poner los derechos de aduana a disposición del presupuesto de la Unión, como exige el Derecho europeo. Esta medida tiene su origen en una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en la que se puso de manifiesto que algunos importadores etiquetaban mal determinadas importaciones en Bélgica, de manera que pagaban menos derechos de los que habrían pagado si las hubieran etiquetado correctamente. Como resultado de ello, el presupuesto de la Unión perdió 543 000 euros (menos los costes de recaudación). La Comisión inicia el procedimiento de infracción porque considera que las autoridades belgas no actúan en consonancia con el Código Aduanero Comunitario. Además, las autoridades belgas no adoptaron todas las medidas necesarias para recuperar los recursos propios perdidos. En caso de que Bélgica no ponga la cantidad solicitada a disposición del presupuesto de la Unión o, en su lugar, ofrezca una respuesta satisfactoria, la Comisión podría dar el siguiente paso dentro del procedimiento de infracción y emitir un dictamen motivado.

 

2. Competencia

(Más información: Ricardo Cardoso, tel.: +32 22980100; Maria Tsoni, tel.: +32 22990526)

 

Cierre

Honorarios por servicios extrajudiciales: La Comisión archiva el procedimiento de infracción contra CHIPRE

La Comisión ha decidido hoy archivar el procedimiento de infracción contra Chipre relativo a un baremo de honorarios mínimos para la prestación de servicios jurídicos extrajudiciales, como la redacción de testamentos y contratos, la administración de herencias o el registro de sociedades. El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a abstenerse de alentar a las empresas o asociaciones de empresas a favorecer o fomentar un comportamiento contrario a la competencia que infrinja el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En abril de 2018, la Comisión transmitió a las autoridades chipriotas su preocupación por el hecho de que determinadas disposiciones legislativas, al autorizar al Colegio de Abogados de Chipre a adoptar un baremo de honorarios mínimos para la prestación de determinados servicios extrajudiciales, alentaban un comportamiento que podría impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado único de la Unión. En respuesta a la preocupación transmitida, Chipre modificó su legislación. La Comisión acoge con satisfacción la nueva legislación, que elimina la disposición específica por la que se autorizaba al Colegio de Abogados de Chipre a fijar estos honorarios. Al mismo tiempo, la Comisión también ha archivado hoy una investigación antimonopolio sobre el baremo de honorarios mínimos adoptado por el Colegio de Abogados de Chipre amparándose en la autorización que le confería la legislación nacional. La Comisión acoge con satisfacción la decisión del Colegio de Abogados de Chipre de retirar este baremo de honorarios mínimos después de que la propia Comisión transmitiera su preocupación acerca de su incompatibilidad con el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Gracias a la intervención de la Comisión, los abogados podrán ahora determinar libremente sus honorarios cuando presten servicios extrajudiciales y los ciudadanos se beneficiarán de unos precios más competitivos en este ámbito.

 

3. Mercado único digital

(Más información: Nathalie Vandystadt, tel.: +32 22967083; Joseph Waldstein, tel.: +32 22956184)

 

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Directiva servicio universal: La Comisión lleva a PORTUGAL ante los tribunales

La Comisión lleva hoy a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para velar por la correcta implementación de la Directiva servicio universal en lo que se refiere a la financiación de las obligaciones de servicio universal. Para equilibrar los costes de la prestación del servicio universal, que no siempre resultan lucrativos, los Estados miembros pueden introducir mecanismos de compensación. Las autoridades portuguesas han impuesto a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la obligación de compensar los costes netos de todos los servicios universales prestados desde 2007 por el proveedor del servicio universal. Portugal no introdujo estos mecanismos hasta 2012, y lo hizo acogiéndose a una posibilidad contemplada en la Ley de comunicaciones electrónicas (Ley n.º 5/2004), consistente en la adopción de una nueva ley por la que se establece una contribución extraordinaria. Contraviniendo el Derecho de la Unión, las autoridades portuguesas piden a los operadores que realicen una contribución extraordinaria durante tres años consecutivos para financiar el coste neto del servicio universal soportado en el pasado. Esta medida no es conforme con los requisitos de transparencia, no discriminación y distorsión mínima del mercado establecidos por la Directiva servicio universal (Directiva 2002/22/CE), en vigor en la Unión desde 2002 (artículo 13 y anexo IV, parte B). La Comisión pide ahora al TJUE que confirme que la compensación extraordinaria infringe lo dispuesto en dicha Directiva. La Comisión inició el procedimiento de infracción contra Portugal en febrero de 2015, y envió un dictamen motivado en abril de 2016. Dado que Portugal no ha cumplido aún el Derecho de la Unión, la Comisión ha decidido someter el asunto al TJUE. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictamen motivado

Transacciones electrónicas: La Comisión insta a ESLOVAQUIA a velar por la correcta aplicación del Reglamento eIDAS

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Eslovaquia en relación con la aplicación del Reglamento de la Unión sobre la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior [Reglamento (UE) n.º 910/2014, eIDAS], al haber detectado varios problemas de conformidad jurídica con respecto a la doble función del organismo de supervisión eslovaco. La Oficina de Seguridad Nacional no puede actuar al mismo tiempo como organismo de supervisión y como prestador cualificado de servicios de confianza. Esta doble función socava la finalidad del mecanismo establecido por el Reglamento eIDAS, a saber, garantizar unas condiciones de igualdad entre los prestadores de servicios de confianza y contribuir a la protección de los usuarios y el funcionamiento del mercado interior. El Reglamento eIDAS permite que los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas utilicen medios de identificación electrónica y servicios de confianza (es decir, firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo, entrega electrónica certificada y autenticación de sitios web) para acceder a servicios en línea o gestionar transacciones electrónicas en la Unión. El Gobierno eslovaco dispone ahora de dos meses para tomar las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Reglamento y separar funcionalmente estas actividades; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a Eslovaquia ante el TJUE en relación con este asunto.

 

Cartas de emplazamiento

Espectro radioeléctrico: La Comisión insta a CROACIA y los PAÍSES BAJOS a cumplir la normativa de la Unión sobre el espectro

La Comisión ha decidido hoy iniciar procedimientos contra dos Estados miembros por no cumplir la normativa de la Unión sobre el espectro. Se han enviado sendas cartas de emplazamiento a Croacia y los Países Bajos requiriéndoles la plena implementación de la normativa europea sobre el espectro radioeléctrico, fundamentadas en la Decisión (UE) 2017/899, sobre el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz. De conformidad con dicha normativa de la Unión, los Estados miembros están obligados a adoptar y hacer públicas sus hojas de ruta, incluidas las etapas pormenorizadas, para permitir el uso de la frecuencia de 694-790 MHz («700 MHz») para la banda ancha móvil a más tardar el 30 de junio de 2020. Dichas hojas de ruta deberían haberse adoptado y hecho públicas como muy tarde el 30 de junio de 2018. Los Estados miembros mencionados anteriormente, bien no han adoptado ni hecho públicas sus hojas de ruta, bien han remitido documentos que no cumplen los requisitos fundamentales de una hoja de ruta. Las hojas de ruta sirven para allanar el camino para la 5G. Puesto que no se han adoptado, el desarrollo de la 5G podría retrasarse en Croacia, los Países Bajos y sus países vecinos. La conectividad 5G es una de las principales prioridades de la Comisión, tras el acuerdo alcanzado con respecto a la futura normativa sobre telecomunicaciones (el Código de las Comunicaciones Electrónicas). La nueva normativa garantizará la disponibilidad del espectro radioeléctrico 5G en toda la Unión de aquí a 2020. Si Croacia y los Países Bajos no reaccionan en los próximos dos meses, la Comisión podrá enviarles dictámenes motivados sobre este asunto.

 

4. Empleo, asuntos sociales e inclusión

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 22962253; Sara Soumillion, tel.: +32 22967094)

 

Carta de emplazamiento

Libre circulación de los trabajadores: La Comisión cuestiona el diferente trato que se da a los trabajadores de la Unión en lo tocante al acceso a las ayudas a la vivienda en el REINO UNIDO

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento al Reino Unido por no cumplir la normativa de la Unión relativa a la libre circulación de los trabajadores [artículo 45 del TFUE y Reglamento (UE) n.º 492/2011]. Dicha normativa prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros de la Unión. La legislación británica sobre el acceso a las ayudas a la vivienda trata las ausencias temporales de una vivienda de manera más favorable para aquellos que permanecen en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales o Escocia) que para los que se ausentan temporalmente a otros lugares. De este modo, perjudica a los trabajadores procedentes de otros Estados miembros, ya que tienen más probabilidades de abandonar Gran Bretaña temporalmente que los de nacionalidad británica. Este trato desfavorable constituye una discriminación indirecta por razón de nacionalidad, la cual está prohibida por la normativa relativa a la libre circulación de los trabajadores, a no ser que esté justificada de manera objetiva. Por el momento, la Comisión no ha encontrado ninguna justificación objetiva para este trato desfavorable, por lo que ha decidido iniciar el procedimiento de infracción. Las autoridades del Reino Unido disponen de dos meses para responder a la carta de emplazamiento; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviarles un dictamen motivado.

 

5. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 22956186; Lynn Rietdorf, tel.: +32 22974959)

 

Cartas de emplazamiento

Eficiencia energética: La Comisión insta a siete Estados miembros a transponer correctamente la normativa de la Unión

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría y Rumanía por no haber transpuesto o implementado correctamente determinados requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE). Dicha Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de garantizar la consecución del objetivo en materia de eficiencia energética de esta, consistente en ahorrar el 20 % de aquí a 2020, y de preparar el camino para mejoras ulteriores de la eficiencia energética después de ese año. Las autoridades de estos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviarles un dictamen motivado.

 

6. Medio ambiente

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Daniela Stoycheva, tel.: +32 22953664)

 

Dictámenes motivados

La Comisión insta a GRECIA e IRLANDA a que implementen en su totalidad la normativa de la Unión sobre el acceso y la participación en los beneficios

La Comisión pide a Grecia e Irlanda que agilicen la implementación del Derecho de la Unión destinado a garantizar el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización. Con la entrada en vigor del Reglamento de la Unión sobre el acceso y la participación en los beneficios [Reglamento (UE) n.º 511/2014], el 11 de junio de 2014, se exigió a los Estados miembros que tomaran medidas para garantizar su implementación eficaz. Los Estados miembros están obligados, en particular, a designar a las autoridades competentes responsables de la aplicación del Reglamento e informar a la Comisión. También están obligados a establecer disposiciones relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la legislación. Dado que Grecia e Irlanda no han notificado a la Comisión ninguna norma por la que se designe a dichas autoridades o se establezcan sanciones, la Comisión ha decidido enviar a estos Estados miembros un dictamen motivado, concediéndoles dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir llevar a Grecia y a Irlanda ante el TJUE.

La Comisión insta a IRLANDA a que finalice la designación de las zonas de conservación

La Comisión pide a las autoridades de Irlanda que respeten las obligaciones establecidas en la Directiva sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) a fin de proteger los hábitats naturales y las especies incluidas en la red Natura 2000. Los Estados miembros deben ultimar la designación de las zonas de protección especiales. Tienen asimismo que establecer, para dichas zonas, las prioridades, objetivos y medidas de conservación para mantener las especies y los hábitats existentes en ellas en un estado favorable, o para restablecerlos. Dichas medidas deben llevarse a cabo en un plazo de seis años, que, en el caso de Irlanda, expiró el 12 de diciembre de 2014. Así pues, aún no se han designado 255 de las 423 zonas, ni se han establecido los objetivos de conservación específicos de 198 lugares ni tampoco las medidas de conservación necesarias de ninguno de los lugares. Concretamente, no se han fijado las medidas de conservación necesarias para los tipos de hábitats prioritarios «lagunas costeras», en 25 lugares, «cubierta de turba», en 50 lugares, ni para la especie «mejillón de agua dulce», en 19 lugares. Por lo tanto, la Comisión envía un nuevo dictamen motivado a las autoridades irlandesas, que disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a Irlanda ante el TJUE.

La Comisión insta a ESPAÑA a cumplir la legislación de la Unión sobre la gestión de residuos

La Comisión hace un llamamiento a España por no cumplir sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos y protección de la salud humana y el medio ambiente. En virtud de la Directiva Marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE), los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente. A pesar de que la información que se ha facilitado a la Comisión está incompleta, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales (al menos 1 513) pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente. Debido al incumplimiento sistémico y prolongado de las obligaciones que le incumben en el marco de la Unión, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el TJUE.

La Comisión insta a SUECIA a que mejore el tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Suecia por no cumplir con los requisitos de la Unión establecidos en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas. En Suecia existen actualmente incumplimientos en 20 aglomeraciones, que deberían haber satisfecho los requisitos, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2000 o el 31 de diciembre de 2005. En abril de 2017 se envió una carta de emplazamiento. Según la respuesta de Suecia, las autoridades están tratando de encontrar una solución, pero no se espera lograr el cumplimiento en un futuro próximo. Por lo tanto, la Comisión envía un dictamen motivado exigiendo a Suecia que acelere el cumplimiento. Las autoridades suecas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a Suecia ante el TJUE.

 

Cartas de emplazamiento

La Comisión insta a BÉLGICA a cumplir la legislación de la Unión sobre la calidad del aire

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica por la mala calidad del aire. La legislación de la Unión relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa exige a los Estados miembros que evalúen la calidad del aire en sus respectivos territorios y que tomen medidas para limitar la exposición de los ciudadanos a los contaminantes. En mayo de este año, la Comisión adoptó una amplia gama de medidas, aún en curso, para ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por cumplir los objetivos de la Unión por lo que respecta a la calidad del aire; las acciones en materia de garantía de cumplimiento que se están llevando a cabo para contribuir a garantizar que todos los europeos disfruten de un aire limpio forman parte de este enfoque más amplio. Desde su entrada en vigor en 2010, Bélgica ha incumplido reiteradamente su obligación de respetar los valores límite de NO2 en la región de Bruselas. La aglomeración de Amberes también sobrepasa los valores permitidos, pese a que el plazo de entrada en vigor se amplió a 2015. Aunque están en marcha algunas medidas para combatir la contaminación del aire, tales como las zonas de bajas emisiones, a la Comisión le preocupa que las medidas actuales no resulten suficientes para lograr el cumplimiento de la normativa lo antes posible. La Comisión pone también en cuestión la manera en que se controla la calidad del aire en Bélgica, por ejemplo, la ubicación de los puntos de medición del NO2 en Bruselas. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar una nueva carta de emplazamiento a Bélgica, que dispone de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

La Comisión insta a BULGARIA a cumplir la sentencia del TJUE sobre la calidad del aire

La Comisión insta a Bulgaria a aplicar en su totalidad la sentencia emitida por el TJUE el 5 de abril de 2017 (C-488/15). El Tribunal falló que Bulgaria había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en la Directiva relativa a la calidad del aire (Directiva 2008/50/CE), al no haber respetado los valores límite aplicables a las concentraciones de PM10 en el aire ambiente y al no asegurarse de que el período de superación fuera lo más breve posible. La Comisión, si bien reconoce que se han logrado algunos avances, sigue preocupada por la lentitud del cambio y la ausencia de un enfoque coordinado entre las autoridades medioambientales y el resto de autoridades afectadas a nivel nacional y local. En mayo de este año, la Comisión adoptó una amplia gama de medidas, aún en curso, para ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por cumplir los objetivos de la Unión por lo que respecta a la calidad del aire; las acciones en materia de garantía de cumplimiento que se están llevando a cabo para contribuir a garantizar que todos los europeos disfruten de un aire limpio forman parte de este enfoque más amplio. Bulgaria no ha adoptado todavía todas las medidas necesarias para corregir esta situación. El país adoptó medidas relativas al tráfico por carretera, concretamente, la modificación de las normas de tráfico, introduciendo controles de los residuos de los vehículos al final de su vida útil e inspecciones técnicas. Aunque esto va en la dirección correcta, otras medidas que podrían contribuir a mejorar la calidad del aire, tales como el establecimiento de nuevos requisitos para el azufre y las cenizas del carbón y las briquetas utilizados para la calefacción doméstica, aún están en fase de planificación. Si Bulgaria sigue sin reaccionar y el caso se lleva de nuevo al TJUE, podrían imponérsele sanciones financieras. Bulgaria dispone de dos meses para responder.

La Comisión insta a BULGARIA y CHEQUIA a armonizar su legislación nacional con la Directiva relativa a la calidad del aire

La Comisión conmina a Bulgaria y Chequia a que armonicen su legislación sobre la calidad del aire con la normativa europea (Directiva 2008/50/CE). Estos Estados miembros presentan deficiencias por lo que respecta a la transposición de varias disposiciones de dicha Directiva a la legislación nacional, ya que ciertas disposiciones de principio importantes no se reflejan correctamente en el Derecho nacional. Con arreglo al Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que los períodos de superación de los valores permitidos sean lo más breves posible. A la Comisión le preocupa la formulación que se ha dado a esta disposición en la legislación de Bulgaria, que no satisface dicho requisito. Chequia no ha transpuesto de manera efectiva las disposiciones relativas a los valores límite y algunas definiciones, por ejemplo la de «compuestos orgánicos volátiles», no se ajustan a la definición de la Directiva relativa a la calidad del aire. Por lo tanto, se envían cartas de emplazamiento en las que se concede a Bulgaria y Chequia dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

La Comisión insta a ITALIA y ESPAÑA a cumplir la legislación de la Unión sobre los nitratos

La Comisión advierte a España e Italia de la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. La legislación de la Unión sobre los nitratos es una de las piedras angulares de la legislación europea sobre el agua, cuyo objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada o inducida por los nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones. Para lograr este objetivo, la Directiva sobre los nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) contiene diferentes acciones y medidas que los Estados miembros deben elaborar e implementar, por ejemplo, controlar las aguas, designar zonas vulnerables a los nitratos y establecer códigos de prácticas agrarias correctas y programas de acción. Italia no ha designado zonas vulnerables a los nitratos, no controla sus aguas ni ha tomado medidas adicionales en varias regiones afectadas por la contaminación por nitratos. España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar sendas cartas de emplazamiento a ambos Estados miembros y les concede dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

 

7. Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales

(Más información: Johannes Bahrke, tel.: +32 22958615; Letizia Lupini, tel.: +32 22951958)

 

Remisiones al TJUE aplazadas

Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II): la Comisión aplaza la remisión de ESPAÑA al Tribunal

La Comisión ha decidido aplazar la remisión de España al TJUE por no implementar la normativa de la Unión sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), a la luz de los recientes avances en el caso. El 19 de julio de 2018, la Comisión decidió llevar a España ante el TJUE por no adoptar las medidas nacionales necesarias para transponer plenamente la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros en su versión revisada (MiFID II), así como la Directiva que la complementa [Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión]. En aquel momento, España solo había notificado la transposición parcial de las directivas mencionadas al Derecho nacional. El 1 de octubre de 2018, España informó del Real Decreto-ley que transpone la mayoría de las disposiciones que faltaban. Todavía debe completarse la transposición de algunas disposiciones mediante un real decreto cuya adopción está prevista para finales de noviembre. Por lo tanto, la Comisión considera que la ejecución de la remisión debe quedar en suspenso. En caso de que las medidas cuya adopción está prevista para finales de noviembre no se adopten según lo previsto, podría reconsiderarse la situación del procedimiento. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

Supervisión prudencial de los bancos y las empresas de inversión: la Comisión aplaza la remisión de ESPAÑA al Tribunal

La Comisión ha decidido aplazar la remisión de España al TJUE por no implementar plenamente la normativa de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, a la luz de los recientes avances en el caso. El 19 de julio de 2018, la Comisión decidió llevar a España ante el TJUE por no adoptar las medidas nacionales necesarias para transponer plenamente la Directiva sobre Requisitos de Capital, o DRC IV (Directiva 2013/36/UE), que establece los requisitos prudenciales y de supervisión para las entidades de crédito y las empresas de inversión de la Unión, como las normas relativas a la autorización de las entidades de crédito, el capital inicial de las empresas de inversión, la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital. Desde entonces, las autoridades españolas han presentado a la Comisión proyectos de medidas que garantizarían la plena transposición de la DRC IV, junto con un calendario para su adopción que permitiría alcanzar una solución antes de una posible sentencia del Tribunal. Más concretamente, el 31 de agosto de 2018 el Gobierno español adoptó un Real Decreto-ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y, el 28 de septiembre, un segundo Real Decreto-ley por el que se transpusieron algunas de las disposiciones que faltaban. Se espera la adopción de otro Real Decreto en noviembre y, por último, una Ley por la que se modifica la Ley 10/2014, relativa a la solvencia de las entidades de crédito, y el Real Decreto Legislativo 4/2015, sobre el mercado de valores, cuya adopción está prevista a principios de diciembre y su publicación antes de que finalice el año. Por lo tanto, la Comisión considera que la ejecución de la remisión debe quedar en suspenso, a la espera de la adopción de las nuevas leyes de modificación. En caso de que las medidas de transposición que aún están pendientes no se adopten según lo previsto, podría reconsiderarse la situación del procedimiento. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

8. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

(Más información: Lucia Caudet, tel.: +32 22956182; Victoria Von Hammerstein-Gesmold, tel.: +32 22955040)

 

Dictámenes motivados

Servicios: La Comisión insta a ALEMANIA a abrir plenamente el mercado a los servicios de ensayo de vehículos

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Alemania por restringir el acceso a determinados servicios de homologación de vehículos de motor. La homologación de tipo y los ensayos de vehículos de motor están armonizados a nivel de la Unión. Existen algunas excepciones a esta regla. Para la homologación individual de vehículos de dos y tres ruedas y los tractores agrícolas y forestales, así como la homologación de los cambios técnicos realizados en vehículos de motor concretos, no existen normas comunes de la Unión. En Alemania, la realización de estos servicios está reservada a expertos de los centros de inspección técnica. Cada Estado federado alemán puede designar un único centro técnico de ensayo de este tipo para una zona geográfica determinada. Estas normas específicas de Alemania dan lugar a que numerosos servicios técnicos independientes no puedan ofrecer servicios a toda la gama de vehículos. La Comisión es de la opinión de que ello constituye una violación de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios y ha enviado a Alemania un dictamen motivado, exigiéndole el cumplimiento de la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) y de los artículos 49 y 56 del TFUE. Las autoridades alemanas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría llevar a Alemania ante el TJUE.

Contratación pública: La Comisión insta a PORTUGAL a cumplir las normas de contratación pública de la Unión

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Portugal en relación con la adjudicación directa de un contrato de concesión de servicios para gestionar y explorar la zona franca de Madeira. Las normas de la Unión sobre contratación pública y concesiones prevén procedimientos abiertos, transparentes y competentes que permitan a las empresas presentar una oferta para un contrato público. Esto proporciona a los operadores del mercado un mejor acceso a los contratos públicos, mientras que las autoridades públicas se benefician de más opciones y mejor calidad de las propuestas. Solo se permiten excepciones para adjudicaciones directas en casos estrictamente definidos, como la protección de los derechos de propiedad intelectual o la ausencia de competencia por razones técnicas. La Comisión considera que este contrato no cumple los requisitos para acogerse a una exención a dichas normas y que, por lo tanto, debería haberse organizado una convocatoria de licitación. Al no publicar dicha convocatoria de licitación, el poder adjudicador podría haber discriminado a algunos operadores económicos potencialmente interesados en participar en el procedimiento, en violación de la normativa de la Unión relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Directiva 2014/23/UE). Las autoridades portuguesas disponen ahora de dos meses para resolver las cuestiones planteadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a Portugal ante el TJUE.

 

Cartas de emplazamiento

Contratación pública: La Comisión insta a AUSTRIA a respetar la normativa de la Unión relativa a las vías de recurso en el Estado de Baja Austria

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento complementaria a Austria en relación con el sistema de recurso de los contratos públicos en el Estado de Baja Austria. La Comisión considera que la Ley sobre recursos de Baja Austria ha infringido la normativa de la Unión sobre recursos (Directiva 89/665/CEE del Consejo) en varios aspectos. La Directiva sobre procedimientos de recurso establece unos estándares mínimos nacionales de revisión, para garantizar que en todos los países de la Unión existan vías de recurso efectivas cuando un operador económico que tiene interés en un procedimiento de contratación pública considera que este se ha desarrollado sin aplicar adecuadamente las Directivas de la Unión sobre contratación pública. Pues bien, la Ley de Baja Austria no garantiza que un contrato quede automáticamente en suspenso cuando una decisión de adjudicación esté siendo revisada por un órgano de primera instancia. Es más, las autoridades austríacas no garantizan recursos eficaces y rápidos contra las decisiones de los poderes adjudicadores en el Estado de Baja Austria. Por último, el acceso directo al Tribunal Administrativo Regional no es posible en determinadas situaciones, puesto que los operadores económicos están obligados a recurrir en primer lugar al órgano de conciliación. Las autoridades austríacas disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar a Austria un dictamen motivado.

Libre circulación de servicios: La Comisión insta a DINAMARCA a eliminar las obligaciones que resultan restrictivas para los trabajadores por cuenta propia extranjeros

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Dinamarca en relación con las obligaciones restrictivas que impone a los extranjeros que prestan servicios por cuenta propia en el país. De conformidad con la legislación danesa, los prestadores de servicios extranjeros que deseen prestar servicios en Dinamarca sin emplear trabajadores ni enviar trabajadores al territorio danés deben notificar con antelación cuándo y dónde van a prestar sus servicios. Dicha obligación restringe la libre prestación de servicios consagrada en la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE) y el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las restricciones a la libre prestación de servicios solo pueden justificarse si están en juego razones imperiosas de interés general, como la salud pública o la protección del medio ambiente. Las autoridades danesas disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Cualificaciones profesionales: La Comisión insta a GRECIA a modificar sus prácticas en materia de reconocimiento de las cualificaciones profesionales

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Grecia en relación con los largos procedimientos para conseguir el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados miembros. De conformidad con el Derecho de la Unión, las solicitudes de reconocimiento de las cualificaciones deben ser tratadas dentro de un período de tiempo razonable, más concretamente, en un plazo de 4 meses (Directiva 2005/36/CE, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales). Sin embargo, en Grecia este procedimiento es mucho más largo y dura, por término medio, entre 11 y 18 meses. Ello tiene repercusiones negativas sobre los profesionales, que no pueden acceder al mercado laboral en Grecia ni ejercer su profesión como trabajadores por cuenta propia o como trabajadores por cuenta ajena. La Comisión abrió ya un procedimiento de infracción contra Grecia en 2016, que se cerró en 2017 porque las autoridades habían adoptado varias medidas. La Comisión se mantuvo en contacto con las autoridades nacionales para hacer un seguimiento del asunto. Sin embargo, parece que dichas medidas no bastaron para reducir los plazos. Grecia dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Contratación pública: La Comisión insta a LETONIA a cumplir las normas de contratación pública de la Unión

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento complementaria a Letonia por conceder ciertos contratos públicos en violación de las normas de la Unión sobre contratación pública. Estas normas ayudan a aprovechar mejor el dinero de los contribuyentes, garantizando que los contratos públicos se adjudiquen mediante procedimientos de licitación transparentes, no discriminatorios y competitivos. La Comisión considera que las licitaciones para la contratación de productos de organización del tráfico (tales como semáforos, cámaras y dispositivos de control) no respetan los principios de igualdad de trato y de no discriminación de los artículos 28 y 56 del TFUE (libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios). Además, la Comisión plantea dudas con respecto a la adjudicación directa, sin licitación pública, de un contrato para el mantenimiento de un sistema de control a distancia en la nube relacionado con el funcionamiento de productos de organización del tráfico (Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE). Letonia dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

 

9. Justicia, consumidores e igualdad de género

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 22962253; Melanie Voin, tel.: +32 22958659)

 

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Comisión decide llevar a LUXEMBURGO ante el TJUE por no implementar completamente la normativa de la Unión contra el blanqueo de capitales

La Comisión ha decidido hoy llevar a Luxemburgo ante el TJUE por transponer solamente parte de la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales (Directiva 2015/849) a su legislación nacional. La Comisión propone que el Tribunal imponga el pago de una suma a tanto alzado y multas diarias hasta que Luxemburgo emprenda las acciones necesarias y la Directiva esté plenamente transpuesta y en vigor en el Derecho nacional. La normativa de la Unión contra el blanqueo de capitales resulta crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales refuerza las normas anteriormente vigentes fortaleciendo la obligación de evaluación del riesgo que tienen los bancos, los abogados y los contables y estableciendo requisitos claros de transparencia sobre la titularidad real para las empresas y los fideicomisos. Asimismo, facilita la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los diversos Estados miembros para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas, evitar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

La Comisión insta a ESLOVENIA, IRLANDA y RUMANÍA a implementar la Directiva de la Unión sobre los derechos de las víctimas

La Comisión envía dictámenes motivados a Eslovenia, Irlanda y Rumanía con el objetivo de urgirlas a implementar correctamente la Directiva de la Unión sobre los derechos de las víctimas (Directiva 2012/29/UE). La Directiva sobre los derechos de las víctimas otorga a las víctimas de delitos unos derechos claros para acceder a la información, participar en procesos penales y recibir apoyo y protección en función de sus necesidades. Esta Directiva garantiza asimismo que las víctimas vulnerables —como los niños, las víctimas de violación o los discapacitados— sean identificadas, de manera que puedan recibir una protección adicional durante el proceso penal. Las normas de la Unión se aplican a todas las víctimas de la delincuencia en la Unión, independientemente de su nacionalidad. La Directiva sobre los derechos de las víctimas tenía que transponerse al Derecho nacional el 16 de noviembre de 2015, a más tardar. Irlanda ha implementado la normativa, aunque el análisis de la Comisión pone de manifiesto que no completamente; Rumanía y Eslovenia han notificado una implementación solamente parcial de las normas. En consecuencia, la Comisión pide a las autoridades eslovenas, irlandesas y rumanas que tomen medidas, y les envía dictámenes motivados; si no actúan en el plazo de dos meses, los asuntos podrían remitirse al TJUE.

La Comisión insta a ESPAÑA e IRLANDA a implementar la nueva normativa sobre los viajes combinados

La Comisión envía dictámenes motivados a España e Irlanda con el fin de urgirlas a implementar la nueva normativa sobre los viajes combinados (Directiva 2015/2302/UE). La normativa moderniza la protección de los consumidores de vacaciones combinadas, protegiendo a los 120 millones de consumidores que reservan formas combinadas de viaje. El marco actualizado trae consigo normas más claras en cuanto a la información que reciben los viajeros y sobre la responsabilidad de los empresarios, y refuerzan las normas sobre devolución del dinero y repatriación en caso de quiebra. Los Estados miembros tenían que implementar la normativa sobre los viajes combinados en su legislación nacional el 1 de enero de 2018, a más tardar. A esta fecha seguía un período de transición de seis meses, hasta el 1 de julio, momento en el que las medidas nacionales de transposición de la Directiva deberían haber empezado a aplicarse en toda la Unión. Dado que ni España ni Irlanda han implementado la nueva normativa, la Comisión les envía hoy dictámenes motivados, tras las cartas de emplazamiento remitidas el 22 de marzo de 2018. Si las autoridades españolas e irlandesas no actúan en el plazo de dos meses, los asuntos podrían remitirse al TJUE. (Para más información, véanse el comunicado de prensa sobre la nueva normativa sobre los viajes combinados o la ficha informativa)

 

Dictamen motivado y carta de emplazamiento

Lucha contra el blanqueo de capitales: La Comisión insta a ESTONIA y DINAMARCA a que transpongan en su totalidad la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Estonia y una carta de emplazamiento a Dinamarca por no transponer en su totalidad la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales [Directiva (UE) 2015/849] a sus Derechos nacionales. Aunque estos Estados miembros declararon que su transposición era completa, la Comisión evaluó las medidas notificadas y llegó a la conclusión de que faltaban algunas disposiciones. La normativa de la Unión contra el blanqueo de capitales resulta crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tras los recientes escándalos de blanqueo de capitales ocurridos en la Unión, la Comisión considera urgente que todos los Estados miembros transpongan esta Directiva lo más rápidamente posible. Las lagunas en un Estado miembro pueden repercutir en todos los demás. Todos los Estados miembros tenían que transponer las disposiciones de la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales, a más tardar, el 26 de junio de 2017. Puesto que la mayoría de los Estados miembros no transpusieron la Directiva a tiempo, la Comisión incoó procedimientos de infracción por no comunicación contra 21 Estados miembros. Hasta el momento, la mayoría de los Estados miembros han adoptado legislación nacional. Estonia y Dinamarca disponen ahora de dos meses para responder y tomar las medidas pertinentes; de no hacerlo, la Comisión podría dar los siguientes pasos del procedimiento de infracción, que incluyen llevarlas ante el TJUE. La Comisión ya ha llevado a Rumanía e Irlanda ante el TJUE en relación con este asunto y hoy ha adoptado una decisión para llevar también a Luxemburgo por transponer únicamente parte de la Directiva (véase el comunicado de prensa).

 

Cartas de emplazamiento

La Comisión insta a FINLANDIA a implementar correctamente la Directiva sobre los derechos de los consumidores

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Finlandia urgiéndola a actuar con rapidez para garantizar que la Directiva de la Unión sobre los derechos de los consumidores se implemente correctamente en su Derecho nacional. Gracias a estas normas de la Unión, los consumidores de toda Europa se benefician del mismo conjunto de normas estrictas relativas a los consumidores, sin importar dónde efectúen sus compras dentro de la Unión. Entre otras ventajas, tienen derecho a devolver el artículo comprado y a que se les reembolse íntegramente el dinero si cambian de opinión en los 14 días siguientes a la compra, y en las compras por internet están prohibidas las cargas ocultas y las casillas premarcadas.

El Derecho finlandés, en su forma actual, no es completamente conforme con la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Finlandia debe introducir normas esenciales sobre el derecho de desistimiento del consumidor, por ejemplo, aclarando que el consumidor puede desistir sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los relacionados directamente con la devolución de los bienes. Debe dejar claro asimismo el derecho de los consumidores a la información precontractual, como, por ejemplo, la norma de que, en caso de litigio, el comerciante debe demostrar que ha facilitado toda la información necesaria. Los Estados miembros tenían que adoptar su legislación nacional, a más tardar, el 13 de diciembre de 2013, para que las medidas fueran de aplicación a partir del 13 de junio de 2014. Si Finlandia no aborda los problemas pendientes en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado sobre este asunto. (Para más información sobre los derechos de los consumidores, véanse el vídeo y los derechos de los consumidores en EUandMe).  

La Comisión insta a IRLANDA a implementar la legislación relacionada con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Irlanda para urgir a este país a implementar la legislación que subyace al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) El sistema permite intercambiar electrónicamente los registros de antecedentes penales entre las autoridades de toda la Unión. Garantiza que esto se lleve a cabo con rapidez y de forma normalizada, dentro de plazos breves. Proporciona a los jueces y los fiscales, y también a las autoridades administrativas, un fácil acceso a la información sobre condenas anteriores de delincuentes convictos y, de este modo, impide que los delincuentes escapen de su pasado delictivo al trasladarse de un Estado miembro de la Unión a otro. Aunque Irlanda ha venido utilizando el sistema durante muchos años, todavía no ha implementado la Decisión Marco sobre el sistema ECRIS en su legislación nacional, lo que garantizaría que el uso de este sistema fuera obligatorio. Irlanda es el único Estado miembro de la Unión que aún no lo ha hecho. Si las autoridades irlandesas no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado sobre este asunto.

La Comisión insta a SUECIA a implementar correctamente la normativa de la Unión sobre las prácticas comerciales desleales

La Comisión pide a Suecia que actúe con rapidez para garantizar que la legislación de la Unión sobre las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE) se implemente correctamente en el Derecho nacional. Esta Directiva protege a los consumidores de las prácticas comerciales desleales y garantiza que estos no sean inducidos a error o se vean expuestos a una comercialización agresiva. El Derecho sueco, en su forma actual, no es completamente conforme con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Suecia debe introducir en su Derecho nacional normas relativas a conceptos esenciales, como la diligencia profesional, los consumidores medios y los consumidores vulnerables, así como normas relativas a los códigos de conducta. Si Suecia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado sobre este asunto.

 

10. Asuntos marítimos y pesca

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Daniela Stoycheva, tel.: +32 22953664)

Dictamen motivado

Organización común de mercados: La Comisión insta al REINO UNIDO a establecer un sistema de gestión de las organizaciones de productores

La Comisión envía hoy una carta de emplazamiento a las autoridades del Reino Unido por no haber realizado controles ni garantizado el cumplimiento de las condiciones para el reconocimiento de las organizaciones de productores del sector pesquero. La información recopilada por la Comisión demuestra que el sistema de organizaciones de productores, tal como ha evolucionado en el Reino Unido, ya no se ajusta al objetivo de reunir a los productores para cumplir los objetivos de la política pesquera común y de la organización común de mercados [Reglamento (UE) n.º 1379/2013]. En particular, el sistema socava el principio de funcionamiento democrático de las organizaciones de productores de la Unión y podría también poner en peligro su capacidad para hacer cumplir las normas a sus miembros. Gracias a la política de organización común de los mercados, los operadores de los sectores de la pesca y la acuicultura pueden unir sus fuerzas creando organizaciones de productores con el fin de reforzar su capacidad de negociación y promover la gestión colectiva y sostenible de la pesca y las actividades de explotación. La Comisión incoó el procedimiento de infracción de la Unión contra el Reino Unido en mayo de 2018 enviando una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales correspondientes. Al no haber recibido una respuesta satisfactoria del Estado miembro sobre las preocupaciones planteadas, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Las autoridades del Reino Unido disponen de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

 

11. Migración, asuntos de interior y ciudadanía

(Más información: Natasha Bertaud, tel.: +32 22967456; Katarzyna Kolanko, tel.: +32 22963444)

Dictámenes motivados

Productos del delito: La Comisión insta a BULGARIA y RUMANÍA a notificar las medidas nacionales de transposición plena de la legislación de la Unión

La Comisión insta a BULGARIA y RUMANÍA a implementar plenamente la legislación de la Unión sobre la prohibición temporal (embargo) y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión (Directiva 2014/42/UE). Esta Directiva establece normas mínimas sobre el embargo de bienes con vistas a su posible decomiso y sobre el decomiso de bienes en el ámbito penal. Debido a las normas de la Unión en vigor, ello hace que sea más fácil para las autoridades nacionales el decomiso y la recuperación de los instrumentos y el producto del delito en la UE. Según la legislación de la Unión, se considera «producto» toda ventaja económica derivada, directa o indirectamente, de infracciones penales, mientras que los «instrumentos» son cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse para cometer una infracción penal. El embargo y el decomiso de los bienes adquiridos mediante una infracción penal privan a los delincuentes de los bienes conseguidos de manera ilegal. Constituyen un modo crucial de luchar contra la delincuencia (organizada). Son también una manera de impedir que los productos del delito se blanqueen y reinviertan en actividades económicas legales o ilegales. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 4 de octubre de 2015. Sin embargo, Bulgaria y Rumanía no comunicaron a la Comisión las medidas de implementación nacionales. Por lo tanto, la Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a sus autoridades nacionales, que disponen de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

 

Carta de emplazamiento

Migración: La Comisión insta a BULGARIA a cumplir la normativa de la Unión sobre asilo

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bulgaria en relación con la implementación incorrecta de la legislación de la Unión en materia de asilo. La Comisión ha llegado a la conclusión de que con las deficiencias en el sistema de asilo de Bulgaria y los servicios de apoyo conexos se incumplen las disposiciones de la Directiva sobre los procedimientos de asilo (Directiva 2013/32/UE), la Directiva sobre las condiciones de acogida (Directiva 2013/33/UE) y la Carta de los Derechos Fundamentales. En particular, existen dudas sobre: el alojamiento y la representación legal de los menores no acompañados; la correcta identificación y el apoyo a los solicitantes de asilo vulnerables; la prestación de una asistencia jurídica adecuada; y el internamiento de solicitantes de asilo, así como las salvaguardias, dentro del proceso de internamiento. Si Bulgaria no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado sobre este asunto.

 

12. Movilidad y transportes

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Stephan Meder, tel.: +32 22913917)

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Seguridad ferroviaria: La Comisión lleva a BULGARIA ante el TJUE por no transponer ni cumplir la normativa de la Unión sobre seguridad ferroviaria

La Comisión ha decidido hoy llevar a Bulgaria ante el TJUE por no transponer ni implementar correctamente la legislación de la Unión sobre seguridad ferroviaria (Directiva 2004/49/CE). La Directiva obliga a los Estados miembros a establecer un organismo de investigación independiente, en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier empresa ferroviaria, administrador de la infraestructura, organismo de tarifación, organismo de adjudicación y organismo notificado y, de forma más general, de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación. Bulgaria no ha transpuesto ni implementado plenamente la Directiva a nivel nacional a este respecto. Más concretamente, la legislación búlgara no garantiza que las investigaciones de los incidentes y accidentes ferroviarios graves las lleve a cabo un organismo de investigación independiente. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

Asignación de franjas horarias en los aeropuertos: La Comisión pide al TJUE que multe a PORTUGAL por no cumplir una sentencia previa de este

La Comisión ha decidido llevar a Portugal ante el TJUE por no haber dado pleno cumplimiento a la sentencia del Tribunal de 2016. Las autoridades portuguesas no han adoptado las medidas necesarias para cumplir las normas comunes de la Unión sobre la asignación de franjas horarias en los aeropuertos. Portugal no ofrece las salvaguardias necesarias en relación con la independencia funcional y económica del coordinador de franjas horarias. La Comisión pide al TJUE que imponga una suma a tanto alzado por un importe de 1 849 000 euros. Asimismo, la Comisión propone el pago de una multa diaria de 7 452 euros si el Estado miembro no logra la plena conformidad a más tardar en la fecha en que el Tribunal emita su segunda sentencia con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al TJUE. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al TJUE. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Seguridad vial: La Comisión insta a BULGARIA, CHIPRE y DINAMARCA a que transpongan plenamente la normativa de la Unión sobre las inspecciones técnicas

La Comisión insta hoy a Bulgaria y Chipre a transponer plenamente la normativa europea sobre la inspección técnica periódica de los vehículos de motor y de sus remolques (Directiva 2014/45/UE) a sus Derechos nacionales. La Directiva define los elementos que deben comprobarse durante la inspección técnica, los métodos de inspección y los defectos y su evaluación. Pese a que los Estados miembros han notificado las medidas de transposición nacionales y han declarado haber completado dicha transposición, la Comisión ha comprobado que la incorporación de las medidas de la Directiva en estos Estados no está completa. Además, se pide a Dinamarca que complete la transposición de las normas actualizadas sobre los documentos de matriculación de los vehículos (Directiva 2014/46/UE), ya que, también en el presente caso, la Comisión ha comprobado que la transposición está incompleta. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a crear registros electrónicos de vehículos con un contenido armonizado, y define el procedimiento que debe seguirse en caso de que no se supere la inspección técnica periódica. Todos estos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder, tras los cuales la Comisión podría decidir llevar el asunto ante el TJUE.

 

Cartas de emplazamiento

Aviación: La Comisión insta a BULGARIA a garantizar que la normativa de la Unión sobre las tasas aeroportuarias se ponga en práctica

La Comisión ha decidido hoy enviar una nueva carta de emplazamiento a Bulgaria por no haber transpuesto correctamente la normativa de la Unión sobre las tasas aeroportuarias (Directiva 2009/12/CE). Los Estados miembros están obligados a establecer medidas nacionales para garantizar que las tasas aeroportuarias de las compañías aéreas se calculen de conformidad con los principios de transparencia, consulta y no discriminación, tal como se establece en las políticas acordadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Las tasas aeroportuarias son tarifas que las compañías aéreas abonan a los aeropuertos por la utilización de la infraestructura y los servicios relacionados, en particular, con el despegue y el aterrizaje, así como por el tratamiento de los pasajeros. Los Estados miembros deben velar por que las entidades gestoras de los aeropuertos celebren consultas con las compañías aéreas sobre la base de un intercambio transparente de información entre las dos partes. Se trata de garantizar que las tasas aeroportuarias no resulten discriminatorias y se correspondan con el nivel de los servicios proporcionados por el aeropuerto. En caso de desacuerdo, cada parte puede recurrir a la autoridad de supervisión independiente del Estado miembro respectivo, que examinará el asunto. Bulgaria dispone de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Transporte por carretera: La Comisión insta a seis Estados miembros a que implementen la normativa relativa a los servicios de información sobre zonas de estacionamiento seguras y protegidas

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Alemania, Austria, Italia, Lituania, Luxemburgo y los Países Bajos por no comunicar información sobre las zonas de estacionamiento seguras y protegidas. Más concretamente, estos Estados miembros no han comunicado la información relativa a las plazas de estacionamiento registradas en el servicio de información y las plazas de estacionamiento que facilitan información (por ejemplo, disponibilidad de plazas de aparcamiento o zonas prioritarias). Esta es una obligación impuesta por el Reglamento (UE) n.º 885/2013, que se adoptó en el marco de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes. En Europa, los conductores de camiones se encuentran a menudo con que faltan zonas de estacionamiento y la información sobre ellas es insuficiente y, por lo tanto, suele suceder que estacionen en zonas no protegidas o lugares inseguros. Los Estados miembros en cuestión disponen ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento, tras lo cual la Comisión podría considerar adoptar dictámenes motivados.

 

13. Fiscalidad y unión aduanera

(Más información: Johannes Bahrke, tel.: +32 22958615; Letizia Lupini, tel.: +32 22951958)

 

Dictámenes motivados y cartas de emplazamiento

«Los papeles del paraíso»: La Comisión investiga las desgravaciones fiscales ilegales por yates y aeronaves

La Comisión ha intensificado hoy su programa de trabajo para hacer frente a la elusión fiscal en los sectores de los yates y las aeronaves, poniendo en marcha procedimientos de infracción contra las desgravaciones fiscales que se aplican en la industria de las embarcaciones de recreo de Italia y la Isla de Man. Estas disposiciones pueden generar importantes distorsiones de la competencia, como se puso de manifiesto el año pasado con la filtración de los «papeles del paraíso». A la luz de las investigaciones posteriores sobre estos asuntos y los contactos con los Estados miembros interesados, la Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia por no cobrar el importe correcto del IVA en las operaciones de arrendamiento de yates. La Comisión ha decidido asimismo enviar un dictamen motivado a Italia debido a su sistema ilegal de exenciones para el combustible utilizado en los yates chárter en aguas de la Unión. También se ha enviado una carta de emplazamiento al Reino Unido en relación con las prácticas abusivas con respecto al IVA aplicado en el suministro y arrendamiento de aeronaves en la Isla de Man. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Unión Aduanera, ha declarado: «Simplemente, no es justo que algunas personas y empresas puedan librarse de pagar la cantidad correcta de IVA en productos como los yates o las aeronaves. El tratamiento fiscal favorable concedido a los barcos de recreo y las aeronaves está en clara contradicción con las normas fiscales acordadas conjuntamente y falsea de forma muy importante la competencia en los sectores del transporte marítimo y aéreo. Teniendo esto en mente, la Comisión está tomando medidas para poner freno a las normas que intentan eludir el Derecho de la Unión en estos ámbitos». Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Cartas de emplazamiento

Fiscalidad: La Comisión insta a BÉLGICA a que modifique su legislación relativa al impuesto especial sobre el tabaco

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica pidiéndole que modifique la normativa según la cual se destruyen las existencias de productos del tabaco cuando cambia el impuesto especial. La legislación belga obliga a las empresas a vender o destruir sus existencias antes de que acabe el mes en el que se introduce un nuevo tipo de impuesto especial. En particular, al no dar a las empresas ninguna alternativa a la destrucción de los productos del tabaco en cuestión, y al imponer dicha medida incluso en los casos en que el nuevo tipo aplicable sería inferior al anterior, la legislación belga va en contra de la normativa de la Unión sobre los impuestos especiales (Directiva 2008/118/CE del Consejo) y el principio de proporcionalidad, tal como ha sido interpretado por el TJUE. Si las autoridades de Bélgica no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarles un dictamen motivado.

Fiscalidad: La Comisión insta a BÉLGICA a que cumpla la sentencia del TJUE sobre la evaluación de los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica por no cumplir la sentencia de 12 de abril de 2018, Comisión/Bélgica (C-110/17), relativa a la evaluación de los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles. El TJUE declaró que Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho de la Unión al calcular los rendimientos obtenidos por los contribuyentes belgas por el arrendamiento de bienes inmuebles situados en el extranjero sobre la base del valor real, mientras que el cálculo de los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles situados en Bélgica se basaba en el valor catastral, es decir, se determinaba con referencia a la descripción y valoración de la propiedad. Si Bélgica no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

Fiscalidad: La Comisión insta a BULGARIA a que transponga correctamente la nueva normativa sobre transparencia en el intercambio de información

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bulgaria por no implementar correctamente la normativa de la Unión que prevé el intercambio automático de información entre los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad, incluidos los dividendos, las plusvalías y los saldos de las cuentas (Directiva 2014/107/UE del Consejo). La legislación búlgara prevé actualmente exenciones más amplias que el Derecho de la Unión para ciertas personas sujetas a comunicación de información, permitiendo a determinados tipos de entidades, como las sociedades, eludir los procedimientos de diligencia debida, y excluye ciertos contratos de anualidades de su ámbito de aplicación. Si las autoridades de Bulgaria no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarles un dictamen motivado.

Fiscalidad: La Comisión insta a ITALIA a poner en consonancia su normativa sobre el precio del carburante en la región de Lombardía con el Derecho de la Unión

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia, dado que su legislación sobre el precio del carburante en la región de Lombardía no respeta el Derecho de la Unión. La regulación fiscal italiana permite una reducción del tipo del IVA aplicado al carburante cuanto más cerca esté la estación de repostaje de la frontera con Suiza. Esto tiene como resultado que existan dos tipos de IVA distintos sobre el mismo producto dependiendo de dónde se compre. Dicha normativa genera distorsiones de la competencia y va en contra de las disposiciones de las normas comunes de la Unión (Directiva 2006/112/CE del Consejo, la Directiva sobre el IVA), que prohíbe que los Estados miembros traten mercancías similares de forma diferente a efectos del IVA. Si las autoridades de Italia no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarles un dictamen motivado.

Fiscalidad: La Comisión insta a RUMANÍA a poner fin a su mecanismo de pago fraccionado del IVA

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Rumanía por aplicar un mecanismo de pago fraccionado del IVA. Desde el 1 de enero de 2018, Rumanía aplica este mecanismo alternativo de recaudación del IVA cuando este se paga a una cuenta bloqueada distinta, causando una gran carga administrativa para las empresas que desarrollan su actividad con honestidad. Este arreglo es obligatorio para determinadas empresas, que se ven obligadas a abrir una cuenta bancaria bloqueada exclusivamente para el IVA. Sus clientes deben dividir el pago de la factura, abonando el IVA por separado a la cuenta del IVA del proveedor. El contribuyente solo puede utilizar el importe acumulado en la cuenta del IVA para pagar el IVA al tesoro público y a sus proveedores. Estas medidas van en contra de las normas de la Unión relativas al IVA (Directiva 2006/112/CE del Consejo) y contra la libre prestación de servicios (artículo 56 del TFUE). La carta de emplazamiento enviada hoy sigue a una Comunicación de la Comisión, adoptada también hoy, por la que se deniega una solicitud de Rumanía de quedar exenta de las normas de la Unión en este ámbito, debido a cuestiones relacionadas con el principio de proporcionalidad y la compatibilidad con el Tratado. Si las autoridades de Rumanía no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarles un dictamen motivado.

 

Cierre

Fiscalidad: La Comisión archiva el caso contra CHIPRE y LUXEMBURGO

La Comisión acoge con satisfacción la transposición por parte de Chipre y Luxemburgo de las medidas sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, por lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias de los Estados miembros a información contra el blanqueo de capitales [Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, «DCA5»]. La Comisión ha decidido hoy archivar estos dos expedientes de infracción.

MEMO/18/6247

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