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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al mes de julio: principales decisiones

Bruselas, 19 de julio de 2018

Resumen por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido acciones jurídicas contra varios Estados miembros por incumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación. La Comisión archiva asimismo 80 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que se haya tenido que seguir adelante con el procedimiento.

Para obtener más información sobre los procedimientos de infracción de la UE, véase la nota informativa completa MEMO/12/12. Para conocer más detalles sobre todas las decisiones adoptadas, véase el registro de decisiones sobre procedimientos de infracción.

1. Mercado único digital

(Más información: Nathalie Vandystadt, tel.: +32 22967083; Inga Höglund, tel.: +32 22950698)

 

Cartas de emplazamiento

Espectro radioeléctrico: la Comisión insta a BÉLGICA a cumplir la normativa de la UE sobre el espectro

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica solicitándole la plena transposición de la normativa europea sobre el espectro radioeléctrico, basándose en la Decisión (UE) 2017/899, sobre el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz. De conformidad con esta Decisión, los Estados miembros deben autorizar el uso de la banda de frecuencia de 694-790 MHz («700 MHz») a los sistemas móviles de banda ancha, a más tardar, el 30 de junio de 2020. Bélgica no ha cerrado acuerdos transfronterizos de coordinación de frecuencias con sus vecinos, en particular con Alemania y el Reino Unido, y, por lo tanto, incumple las obligaciones establecidas en la Decisión. Dichos acuerdos deberían haberse adoptado, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2017. Como consecuencia de ello, podría retrasarse el desarrollo de la 5G en Bélgica y sus países vecinos. La conectividad 5G es una de las principales prioridades de la Comisión, tras el acuerdo alcanzado con respecto a la futura normativa sobre telecomunicaciones (el Código de las Comunicaciones Electrónicas). La nueva normativa garantizará la disponibilidad del espectro radioeléctrico 5G en toda la UE de aquí a 2020. Si Bélgica no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado sobre este asunto.

La Comisión pide a los Estados miembros que transpongan a sus Derechos nacionales la legislación a escala de la UE en materia de ciberseguridad

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a diecisiete Estados miembros para que transpongan plenamente a sus Derechos nacionales el primer acto legislativo a escala de la UE sobre ciberseguridad. Esta decisión afecta a los siguientes Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía. El objetivo de la Directiva relativa a la seguridad de las redes y los sistemas de Información [Directiva SRI, Directiva (UE) 2016/1148] es alcanzar de manera uniforme un elevado nivel de seguridad de las redes y los sistemas de información en toda la UE, mediante el desarrollo de las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, aumentando la cooperación a nivel de la UE y las obligaciones de notificación de incidentes de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales. Los Estados miembros debían transponer la Directiva SRI a sus Derechos nacionales, a más tardar, el 9 de mayo de 2018, puesto que entró en vigor en agosto de 2016. Hasta la fecha, once Estados miembros han notificado a la Comisión la transposición completa de la Directiva, transposición que se está ahora examinando a fin de confirmar si se ha realizado plenamente. Los demás Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

 

2. Asuntos económicos y financieros

(Más información: Christian Spahr, tel.: +32 22956194; Annikky Lamp, tel.: +32 22956151; Enda McNamara, tel.: +32 22964976)

 

Dictamen motivado:

La Comisión insta a ESLOVENIA a respetar la inviolabilidad de los archivos del BCE y a cooperar lealmente en el contexto de la incautación de información del Banco Central de Eslovenia

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Eslovenia por vulnerar la inviolabilidad de los archivos del Banco Central Europeo (BCE) (Protocolo n.º 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE, TFUE) y el deber de cooperación leal (artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, TUE), en el contexto de la incautación de los documentos del BCE que tuvo lugar en el Banco Central de Eslovenia. El 6 de julio de 2016, en el marco de una investigación nacional contra empleados del banco central, las autoridades eslovenas incautaron información en el Banco de Eslovenia que incluía documentos del BCE y equipos informáticos. El BCE no había autorizado previamente la incautación de dichos documentos. La Comisión no está satisfecha con las respuestas que le facilitaron las autoridades eslovenas cuando intentó aclarar los hechos y circunstancias mediante una carta Pilot, en diciembre de 2016, y una carta de emplazamiento, en mayo de 2017. El dictamen motivado no pone en tela de juicio las competencias de la autoridades eslovenas en el marco de los procedimientos nacionales. Las autoridades eslovenas disponen ahora de dos meses para responder al dictamen motivado. Asimismo, la Comisión mantiene un estrecho contacto con el BCE en lo relativo a este asunto.

 

3. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 22956186; Nicole Bockstaller, tel.: +32 22952589)

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Mercado interior de la energía: la Comisión lleva a ALEMANIA y a HUNGRÍA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir plenamente el tercer paquete energético

Alemania ante el TJUE por el tercer paquete energético La Comisión lleva a Alemania ante el TJUE para garantizar la correcta transposición de la Directiva sobre la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y la Directiva sobre el gas (Directiva 2009/73/CE). Ambas Directivas forman parte del tercer paquete energético y contienen disposiciones esenciales para el correcto funcionamiento de los mercados de la energía. Alemania no ha garantizado el pleno respeto de las normas relativas a las competencias y la independencia de la autoridad reguladora nacional. En particular, el regulador no goza de plena discrecionalidad para fijar las tarifas de red y otros términos y condiciones de acceso a las redes y los servicios de equilibrio, puesto que el Gobierno federal regula minuciosamente y en gran medida muchos de los elementos necesarios para fijar estas tarifas, términos y condiciones. Además, Alemania ha incorporado de forma incorrecta a su Derecho nacional varios requisitos relativos al modelo de separación del gestor de transporte independiente. Por ejemplo, las normas sobre la independencia del personal y de la gestión del gestor de transporte independiente no cumplen plenamente estas Directivas, y la definición de empresa integrada verticalmente excluye, de forma incorrecta, las actividades fuera de la UE. En febrero de 2015 se envió una carta de emplazamiento a Alemania, seguida, en abril de 2016, de un dictamen motivado. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento al Derecho de la UE, la Comisión tiene que llevar estos asuntos ante el TJUE. Hungría ante el TJUE por su legislación sobre las tarifas de la red de energía La Comisión lleva a Hungría ante el TJUE para garantizar la correcta transposición de los requisitos del tercer paquete energético relativos a las tarifas de la red. El tercer paquete energético exige que las tarifas que aplican los operadores de red por el uso de las redes de gas y electricidad estén reguladas, a fin de evitar comportamientos contrarios a la competencia, y confía a las autoridades reguladoras nacionales el cometido de fijar estas tarifas o sus metodologías de cálculo. Tras evaluar las medidas legislativas adoptadas por Hungría en el ámbito de la energía, la Comisión llegó a la conclusión de que el Derecho húngaro excluye determinados tipos de costes del cálculo de las tarifas de la red de electricidad y de gas, en violación del principio de recuperación de los costes de las tarifas previsto en los Reglamentos sobre la electricidad y el gas. Además, la Comisión constató que Hungría había realizado modificaciones en su legislación en materia de energía que ponen en peligro el derecho de los operadores del mercado a un control jurisdiccional completo de las decisiones del regulador nacional sobre las tarifas de red. La Comisión envió a Hungría una carta de emplazamiento relativa a estos asuntos en febrero de 2015, así como dos dictámenes motivados, en diciembre de 2016 y abril de 2017. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento al Derecho de la UE, la Comisión ha decidido llevar estos asuntos ante el TJUE. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Cartas de emplazamiento

Eficiencia energética: la Comisión insta a siete Estados miembros a transponer correctamente las normas de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovenia, Irlanda, Malta, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido por no haber transpuesto correctamente determinados requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE). La Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de la eficiencia energética más allá de ese año. Las autoridades de estos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

4. Medio ambiente

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Iris Petsa, tel.: +32 22993321)

 

Dictámenes motivados

Ruido: la Comisión insta a ESPAÑA y PORTUGAL a adoptar mapas de ruido y planes de acción sobre el ruido ambiental

La Comisión pide a las autoridades de España y de Portugal que cumplan las disposiciones principales del Derecho de la UE sobre el ruido (Directiva 2002/49/CE). La Directiva sobre el ruido exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición al ruido dentro de las grandes zonas urbanas, como, por ejemplo, en los principales ejes ferroviarios y viarios y en los grandes aeropuertos. Estos mapas sirven de base para definir medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica. Tras recibir un primer aviso en septiembre de 2016, España todavía tiene que presentar los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción relativos a muchas de las aglomeraciones, grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios de su territorio. Además, tampoco ha revisado ni modificado los planes de acción existentes para los grandes aeropuertos. Portugal tampoco ha hecho ningún progreso desde que la Comisión le enviara un primer aviso en mayo de 2017. Los informes presentados por las autoridades portuguesas confirman que no se han adoptado mapas estratégicos de ruido en el caso de 2 grandes aglomeraciones y 123 grandes ejes viarios, y que no se han diseñado planes de acción relativos a 3 aglomeraciones, 60 grandes tramos ferroviarios y 466 grandes tramos de carretera. Tanto España como Portugal disponen de dos meses para responder y, en caso de no hacerlo, la Comisión podría decidir llevar el asunto ante el TJUE.

Aire: la Comisión insta a RUMANÍA a transponer la normativa de la UE sobre las emisiones industriales

La Comisión urge a Rumanía a transponer plenamente a su Derecho nacional la legislación de la UE sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas [Directiva (UE) 2015/2193]. La Directiva regula las emisiones a la atmósfera de SO2, NOx y partículas, a fin de reducir dichas emisiones y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que puedan entrañar, y establece también normas para medir las emisiones de monóxido de carbono. Los Estados miembros estaban obligados a notificar las medidas nacionales de transposición de la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales el 19 de diciembre de 2017 a más tardar. Dado que Rumanía no respetó dicho plazo, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en enero de 2018. Como las autoridades rumanas siguen sin notificar las medidas, la Comisión les envía ahora un dictamen motivado. Rumanía tiene dos meses para responder. De no recibirse una respuesta adecuada, la Comisión puede llevar a Rumanía ante el TJUE.

Agua: la Comisión insta a ESPAÑA a cumplir la normativa de la UE sobre prevención de inundaciones

La Comisión pide a España que cumpla los requisitos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). La Directiva tiene por objeto reducir y gestionar los riesgos para la salud, las actividades económicas y el medio ambiente asociados a las inundaciones. Según el Derecho de la UE, los Estados miembros debían finalizar y publicar planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016, a más tardar. En marzo de 2018, la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas debido a que no habían finalizado, publicado ni notificado sus planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias. Como siguen sin notificar estos planes, la Comisión les envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para responder; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Cartas de emplazamiento

Naturaleza: la Comisión pide a BULGARIA que mejore la transposición de la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza

La Comisión envía una nueva carta de emplazamiento a Bulgaria, con motivo de las deficiencias sistemáticas en la transposición de la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza. La Directiva sobre las aves (Directiva 2009/147/CE) y la Directiva sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) establecen la red Natura 2000 de espacios protegidos de toda la UE. Los lugares de Natura 2000 pueden albergar actividades económicas, siempre que estas no perjudiquen su integridad. En Bulgaria se han ignorado sistemáticamente los efectos acumulativos de los proyectos y los planes existentes y autorizados en las zonas Natura 2000, y se han seguido aprobando muchos planes de desarrollo que representan una gran amenaza para los objetivos de conservación. El asunto se detectó por primera vez hace una década, y aunque Bulgaria ha adoptado desde entonces algunas medidas para abordarlo, el problema estructural persiste y la Comisión recibe regularmente denuncias relativas a planes y proyectos que se autorizan sobre la base de evaluaciones inadecuadas, o incluso sin que se lleven a cabo las evaluaciones oportunas. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar una nueva carta de emplazamiento a Bulgaria y le da dos meses para responder. de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Agua potable: la Comisión insta a IRLANDA a garantizar agua potable inocua a sus ciudadanos

La Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Irlanda por no cumplir las obligaciones que le impone la Directiva sobre el agua potable (Directiva 98/83/CE del Consejo) y permitir que se supere el valor paramétrico de trihalometanos (THM). La Directiva tiene por objeto proteger la salud de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación del agua destinada al consumo humano, garantizando su salubridad y limpieza. Desde hace mucho tiempo, en Irlanda, el agua potable que se suministra a más de medio millón de personas incluye cantidades excesivas de trihalometanos. Esta sustancia química, que se genera normalmente en forma de subproducto cuando se utiliza cloro para desinfectar el agua y hacerla potable, supone un riesgo para la salud. Las autoridades irlandesas no han tomado las medidas adecuadas necesarias para reducir los valores de THM y notificar a los consumidores las implicaciones de esta situación para su salud. Irlanda tiene dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Aguas residuales: la Comisión insta a ITALIA a cumplir los requisitos de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Comisión pide a Italia que cumpla el Derecho de la UE sobre aguas residuales urbanas y que garantice que todas las aglomeraciones humanas con una población de más de dos mil habitantes recojan y traten sus aguas residuales urbanas. De conformidad con el Derecho de la UE (Directiva 91/271/CEE del Consejo), las ciudades están obligadas a establecer la infraestructura necesaria para recoger y tratar las aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud y contaminan los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas. Existen ya tres procedimientos de infracción contra Italia por varios incumplimientos de los requisitos de la Directiva, pero la evaluación de los últimos datos presentados por este país pone de manifiesto que un número significativo de aglomeraciones más pequeñas (276) incumplen también sus obligaciones fundamentales en materia de recogida, tratamiento y supervisión. En vista de la magnitud de estas deficiencias, la Comisión envía a Italia una carta de emplazamiento. Las autoridades italianas disponen de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Naturaleza: la Comisión insta a POLONIA a cumplir las normas de protección de la naturaleza

La Comisión pide a Polonia que garantice la existencia de las salvaguardias adecuadas para proteger los bosques, como exige la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza. La legislación de la UE sobre las aves (Directiva 2009/147/CE) y sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE) establece Natura 2000, una red de espacios de toda la UE protegidos contra planes de desarrollo potencialmente perjudiciales. De conformidad con esta legislación, los planes de ordenación forestal y actividades tales como la tala en zonas protegidas deben someterse a una evaluación de sus repercusiones antes de ser autorizados. Recientes cambios realizados en el Derecho polaco introducen exenciones en el ámbito de las actividades de ordenación forestal que ponen en peligro el régimen de protección exigido. Además, el Derecho polaco no prevé el acceso a la justicia en lo que respecta a los planes de ordenación forestal. Dado que estos planes podrían tener repercusiones significativas en lugares de la red Natura 2000, se priva así al público de la tutela judicial efectiva que le otorga la Directiva sobre los hábitats a este respecto. Por estas razones, la Comisión ha decidido enviar a Polonia una carta de emplazamiento, y le da dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Residuos: la Comisión pide a POLONIA que garantice la aplicación efectiva del Derecho de la UE sobre los vehículos al final de su vida útil

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Polonia por no garantizar que los vehículos se desmonten y se reciclen de manera respetuosa con el medio ambiente cuando llegan al final de su vida útil. La Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil (Directiva 2000/53/CE) forma parte de un amplio esfuerzo para que Europa se convierta en una economía circular en la que los residuos se valoricen, se reutilicen y se reciclen sistemáticamente. En la actualidad, el Derecho polaco no impone sanciones por no matricular los vehículos importados o por no informar a las autoridades competentes de la adquisición o la eliminación de dichos vehículos. La falta de información exacta que se deriva de esta situación está entorpeciendo los esfuerzos por garantizar que los vehículos se traten de conformidad con la Directiva. El tratamiento inadecuado de los vehículos al final de su vida útil puede dar lugar a graves peligros para el medio ambiente, ya que la manipulación imprudente del fluido del aire acondicionado, el ácido de batería, los componentes plásticos y los neumáticos puede suponer un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Polonia tiene dos meses para responder.

Bienestar animal: la Comisión pide a seis Estados miembros que transpongan correctamente las medidas relativas a la protección de los animales de laboratorio

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a seis Estados miembros (Estonia, Alemania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España) en relación con las deficiencias detectadas en la transposición a sus legislaciones nacionales de la normativa de la UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (Directiva 2010/63/UE). La Directiva, que debía transponerse a más tardar el 10 de noviembre de 2012, garantiza un alto nivel de bienestar animal, salvaguardando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior. También persigue reducir al mínimo el número de animales utilizados en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible. Se han detectado numerosos defectos en las legislaciones nacionales de los seis Estados miembros.

El Derecho estonio adolece de deficiencias en la transposición de más de veinte artículos y de tres anexos de la Directiva; el Derecho alemán se queda corto en ámbitos como el de las inspecciones, las competencias del personal y la presencia de veterinarios. El Derecho portugués, por ejemplo, no incluye disposiciones sobre inspecciones, y no garantiza que los procedimientos que impliquen un dolor severo sean solo provisionales; el Derecho rumano presenta carencias por lo que respecta a las sanciones, y en cuanto a la obligación de disponer de personal veterinario in situ; el Derecho eslovaco carece de obligaciones en materia de anestesia, y de sanciones eficaces y disuasorias; y las autoridades españolas han reconocido defectos en su legislación, pero todavía no los han corregido en ámbitos tales como el mantenimiento de registros y la cláusula de salvaguardia relativa a la utilización de primates no humanos. Los Estados miembros disponen de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Aire: la Comisión urge a RUMANÍA a transponer la normativa de la UE sobre las emisiones industriales

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Rumanía por no controlar las emisiones de dióxido de azufre procedentes de dos grandes instalaciones de combustión. Con arreglo a la Directiva sobre las emisiones industriales (Directiva 2010/75/UE), que protege a los ciudadanos de las emisiones peligrosas procedentes de las instalaciones industriales, los Estados miembros deben respetar un techo nacional de emisión de partículas y dióxido de azufre. Hasta 2020, se pueden conceder exenciones a este estricto límite de emisiones a las instalaciones incluidas en un plan nacional transitorio, siempre que respeten el límite nacional. Dos grandes instalaciones de combustión —Govora 2 y Deva 2— han disparado las emisiones de Rumanía muy por encima de los techos nacionales de dióxido de azufre y de partículas, con repercusiones significativas en el medio ambiente y la salud pública. Puesto que las autoridades rumanas no están adoptando las medidas necesarias para impedir estos excesos, la Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción y enviar una carta de emplazamiento a Rumanía. Rumanía tiene dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Protección de la naturaleza: la Comisión insta a ESLOVAQUIA a cumplir las normas de protección de la naturaleza

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Eslovaquia debido a que no protege adecuadamente la naturaleza, lo que está provocando un descenso significativo del número de aves. La legislación de la UE sobre las aves (Directiva 2009/147/CE) y sobre los hábitats (Directiva 92/43/CEE) establece Natura 2000, una red de espacios de toda la UE protegidos contra planes de desarrollo potencialmente perjudiciales. De conformidad con esta legislación, los planes de ordenación forestal y actividades tales como la tala en zonas protegidas deben someterse a una evaluación de sus repercusiones antes de ser autorizados. Estas disposiciones no existen en la legislación eslovaca. Como consecuencia de ello, la población de urogallos (Tetrao Urogallus) se ha reducido a la mitad desde que Eslovaquia se incorporó a la UE en 2004. Además, Eslovaquia no ha adoptado las medidas de conservación especiales exigidas para la especie con arreglo a la Directiva sobre las aves, ya que no se han aprobado planes de ordenación de las zonas en cuestión. Eslovaquia tiene dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

 

Responsabilidad por daños al medio ambiente: la Comisión pide a SUECIA que transponga plenamente la Directiva sobre responsabilidad medioambiental

La Comisión insta a Suecia a que transponga correctamente las normativa sobre responsabilidad medioambiental a su Derecho nacional, para garantizar un nivel suficiente de protección a los ciudadanos. La Directiva sobre responsabilidad medioambiental (Directiva 2004/35/CE) establece un marco de responsabilidad medioambiental que se basa en el principio de «quien contamina, paga», a fin de prevenir y reparar los daños medioambientales. Estos incluyen los daños a las masas de agua, a las especies y hábitats protegidos y al suelo. En virtud de la Directiva, las personas físicas o jurídicas, como las ONG de protección del medio ambiente, que se hayan visto o puedan verse afectadas negativamente por daños al medio ambiente tienen derecho a solicitar a la autoridad competente que adopte medidas correctivas. Ciertos problemas de la legislación sueca con la definición de «daños a las aguas» tienen como consecuencia que los daños medioambientales que se producen en las aguas marinas no estén sujetos, en la actualidad, a la normativa de la UE sobre responsabilidad medioambiental. Por ello, la Comisión ha decidido enviar a Suecia una carta de emplazamiento. Suecia dispone de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

 

Cierre

Nitratos: la Comisión archiva el procedimiento de infracción contra POLONIA

La Comisión ha decidido hoy archivar el procedimiento de infracción contra Polonia incoado por no garantizar que se aborde de forma eficaz la contaminación del agua debida a los nitratos. El 20 de noviembre de 2014, el TJUE declaró que Polonia designaba de manera insuficiente las zonas vulnerables y no incluía las medidas adecuadas en los programas de acción exigidos por la Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo). El cumplimiento de la Directiva sobre los nitratos es especialmente importante en el caso de Polonia para abordar el grave problema de contaminación del mar Báltico, que presenta unos niveles excesivos de nitratos. La casi totalidad de las aguas de Polonia se vierten en el mar Báltico. En julio de 2017, Polonia aprobó una nueva Ley sobre las aguas, que extendía la aplicación del programa de acción de una pequeña parte del país a todo su territorio. Polonia ha definido también las medidas adecuadas en un nuevo programa de acción que corrige los problemas detectados.

 

5. Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales

(Más información: Vanessa Mock, tel.: +32 22956194; Letizia Lupini, tel.: +32 22951958)

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Comisión suspende la remisión de CROACIA ante el TJUE por no modificar la ley sobre la privatización de la compañía energética INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

La Comisión ha decidido poner en suspenso la remisión de Croacia ante el TJUE a la luz de la evolución reciente del asunto. La Comisión decidió llevar a Croacia ante el TJUE el 13 de julio de 2017, por no hacer que la ley de 2002 sobre la privatización de Industrija Nafte, d.d. («la Ley INA») cumpliera la normativa de la UE sobre la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento. Desde entonces, las autoridades croatas han discutido con la Comisión las modificaciones necesarias para adaptar la Ley INA a la normativa de la UE. En fechas recientes presentaron un proyecto de modificación de dicha Ley que abordaría las preocupaciones fundamentales de la Comisión, a reserva de algunos otros cambios necesarios. Presentaron también un calendario para su adopción que permitiría llegar a una solución antes de una posible sentencia del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, la Comisión considera que la ejecución de la remisión debe quedar en suspenso, a la espera de la adopción de la Ley INA modificada. De no producirse nuevos avances hacia la solución del asunto en los próximos meses, podría reconsiderarse la situación del procedimiento. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

Mercados de valores: la Comisión lleva a Eslovenia y España ante el TJUE por no trasponer plenamente la normativa de la UE sobre los mercados de instrumentos financieros

La Comisión ha decidido hoy llevar a Eslovenia y España ante el TJUE por no transponer plenamente la normativa europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) ni la Directiva que la complementa [Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión]. Estas normas son elementos cruciales para el buen funcionamiento de los mercados de valores y resultan esenciales para el funcionamiento continuo del mercado único europeo. Si los Estados miembros no transponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección que proporciona la MiFID II. Esto incluye la salvaguardia de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios. También hace que los mercados sean menos seguros, ya que los centros de negociación y las empresas de inversión no tienen que operar con arreglo a requisitos operativos más estrictos y transparentes. Además, las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que no han realizado la transposición no pueden expedir autorizaciones legalmente correctas para actividades que no estaban previamente reguladas, o que estaban reguladas de forma diferente con arreglo a la Directiva MiFID I. Esto incluye el funcionamiento de los centros de negociación, como los mercados regulados, los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y los sistemas organizados de negociación (SON), y el registro de las empresas de inversión de la MiFID I como internalizadores sistemáticos. No transponer plenamente estas normas de la UE perturba el mercado único, ya que son aplicables desde el 3 de enero de 2018 y complementan las disposiciones del Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). El régimen de «pasaporte» transfronterizo de varias actividades y servicios de inversión podría no funcionar tan bien como entre los Estados miembros que ya han transpuesto en su totalidad las disposiciones de la MiFID II. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

Servicios financieros: la Comisión lleva a ESPAÑA ante el TJUE por no aplicar las normas prudenciales de la UE para los bancos y las empresas de inversión

La Comisión ha decidido llevar a España ante el TJUE por no transponer plenamente la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 2013/36/UE). Hasta la fecha, España no ha transpuesto plenamente esta normativa de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Se refieren principalmente a los siguientes aspectos: determinadas competencias y facultades de las autoridades nacionales competentes en relación con las empresas de inversión; y la imposición de sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Entre las disposiciones que faltan figuran mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento de los requisitos de capital, normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección y la obligación de las autoridades competentes españolas de ponerse en contacto con el supervisor consolidado con el fin de obtener la información, lo que hace más difícil la cooperación en materia de supervisión. Por último, las normas relativas al gobierno corporativo son más débiles en España, dado que la obligación de contar con órganos de dirección de las entidades diversos y capacitados no se ha transpuesto. Junto con el Reglamento sobre requisitos de capital [Reglamento (UE) n.º 575/2013], la Directiva establece los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión en la UE, fijando normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas asociadas a los riesgos a los que están expuestas. La Directiva también establece normas sobre la autorización y la supervisión de las entidades, la cooperación a efectos de supervisión, la gestión de los riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Cartas de emplazamiento

Servicios financieros: la Comisión pide a RUMANÍA que adapte su legislación sobre el seguro de vehículos automóviles a la normativa de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Rumanía pidiéndole que presente sus observaciones sobre las normas nacionales relativas al seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. Las normas nacionales actuales establecen una obligación de notificación previa de cualquier modificación prevista de las primas e imponen varias limitaciones a los aseguradores en lo que respecta a las modalidades de cálculo de las primas. La Comisión considera que estas obligaciones son contrarias a los artículos 21 y 181 de la Directiva Solvencia II, tal como los ha interpretado la jurisprudencia del TJUE en relación con el principio de la libertad de tarifas. La legislación nacional en cuestión contiene también disposiciones que obligan a los aseguradores a expedir, para determinadas categorías de vehículos, una póliza válida únicamente en el territorio rumano, y a fijar el importe de la prima teniendo en cuenta los riesgos asociados. En opinión de la Comisión, estas disposiciones son contrarias al artículo 14 de la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles, que exige que las pólizas de seguro de responsabilidad civil de dichos vehículos cubran, basándose en una prima única, la totalidad del territorio de la Unión. Si Rumanía no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado sobre este asunto.

6. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

(Más información: Lucia Caudet, tel.: +32 22956182; Maud Noyon, tel.: +32 22980379)

 

Cartas de emplazamiento

Libre circulación de profesionales: la Comisión insta a veintisiete Estados miembros a cumplir la normativa de la UE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a veintisiete Estados miembros (todos los Estados miembros salvo Lituania) relativas a la conformidad de sus legislaciones y prácticas nacionales con la normativa de la UE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE, modificada por la Directiva 2013/55/UE). La UE ha establecido un sistema moderno para el reconocimiento de la experiencia y las cualificaciones profesionales en toda la Unión. Consigue que resulte más fácil para los profesionales que deseen establecerse o prestar sus servicios en otros Estados miembros obtener el reconocimiento de sus cualificaciones, garantizando al mismo tiempo un mayor nivel de protección de los consumidores y de los ciudadanos. Preocupa especialmente a la Comisión garantizar una aplicación coherente de estas normas, en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Las cartas de emplazamiento abarcan cuestiones cruciales para el funcionamiento de la Directiva sobre cualificaciones profesionales, en particular la introducción de la tarjeta profesional europea, el mecanismo de alerta, la posibilidad del acceso parcial a una actividad profesional, la proporcionalidad de los requisitos lingüísticos y la creación de centros de asistencia. Además, la Comisión plantea también cuestiones relativas a la transparencia y la proporcionalidad de los obstáculos reglamentarios en los servicios profesionales, mencionados en parte en su Comunicación, de enero de 2017, relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales. Todos los Estados miembros afectados disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Contratación pública: la Comisión insta a AUSTRIA a respetar el Derecho de la UE en un contrato de limpieza de residuos

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Austria en relación con un procedimiento de licitación para establecer un contrato público de servicios con el fin de limpiar un vertedero de residuos peligrosos situado en el término municipal de Wiener Neustadt. La legislación de la UE en materia de contratación pública requiere que todos los contratos públicos por encima de un determinado umbral se saquen a licitación a escala de la UE, respetando los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. La Comisión considera que el poder adjudicador (BALSA) infringió las normas de contratación pública de la UE (artículo 2, artículo 23, apartados 1 y 2, y artículo 28 de la Directiva 2004/18/CE) de varias maneras. El poder adjudicador utilizó el procedimiento negociado con publicación previa sin justificación suficiente; las especificaciones técnicas no permitían el acceso en condiciones de igualdad de todos los licitadores; y, por último, el proyecto ganador no se ajustaba a las especificaciones técnicas con respecto al reciclado de las escorias de polvo de aluminio. Austria dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Equipos a presión: la Comisión insta a ITALIA a que garantice la correcta aplicación del Derecho de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia por no garantizar que todas las cisternas de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) introducidas en el mercado o puestas en servicio cumplan los requisitos de la Directiva sobre equipos a presión (Directiva 2014/68/UE, que sustituyó a la Directiva 97/23/CE a partir del 19 de julio de 2016). Con arreglo al Derecho de la UE, se aplican requisitos específicos a las cisternas de almacenamiento de GLP en función de si se utilizan sobre o bajo tierra, dado el diferente nivel de riesgo para los ciudadanos. Italia permitió que algunas de las cisternas de almacenamiento de GLP más antiguas, destinadas inicialmente a utilizarse sobre tierra, se modificaran para su uso bajo tierra. La Comisión considera que estos productos modificados deben considerarse productos diferentes de los recipientes originales, y que su conformidad con la normativa de la UE debe verificarse antes de su reintroducción en el mercado. Italia no lo ha hecho así, de modo que la Comisión considera que incumple la Directiva sobre equipos a presión. Italia dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Libre circulación de mercancías: la Comisión pide a ESLOVENIA que elimine las restricciones sobre los sistemas de protección contra rayos

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Eslovenia en relación con las restricciones impuestas a la instalación y el uso de pararrayos activos con dispositivo de cebado en inmuebles. Conforme a la legislación eslovena, la instalación y el uso de dispositivos activos de protección contra rayos basados en la normativa de otro país de la UE solo se permiten si se añaden a instalaciones que cumplen las normas técnicas eslovenas, pero no como protección independiente de los edificios. Además, Eslovenia exige que se demuestre el nivel de seguridad de todas y cada una de las instalaciones del sistema activo de protección contra rayos, aunque el producto se comercialice legalmente en otros Estados miembros. Estos requisitos constituyen un obstáculo para la importación de pararrayos. La Comisión es de la opinión de que estas restricciones son contrarias al principio de reconocimiento mutuo e infringen las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías, lo cual está prohibido por el artículo 34 del TFUE. Eslovenia dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Libre circulación de mercancías: la Comisión insta a ESPAÑA a eliminar las restricciones a las importaciones de acero y hormigón estructurales

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a España en relación con las restricciones a las importaciones de acero y hormigón estructurales utilizados en la construcción. En el mercado único, el comercio de los productos que no están sujetos a normas comunes de la UE se rige por el principio de reconocimiento mutuo. Este principio establece que un producto vendido legalmente en un país puede venderse en cualquier otro país de la UE sin cambios ni adaptaciones. El actual marco jurídico español no prevé ningún mecanismo para reconocer distintivos de calidad concedidos por otros Estados miembros, dificultando así el acceso de los materiales importados al mercado nacional. Los distintivos de calidad indican que estos productos son conformes con un determinado nivel de prestaciones. En aplicación del principio de reconocimiento mutuo, los distintivos de calidad concedidos en un Estado miembro deben ser reconocidos también en otro Estado miembro, y otorgárseles una garantía equivalente para el mismo nivel de prestaciones. La Comisión considera que la práctica actual en España es contraria a las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías (artículo 34 del TFUE). España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

7. Justicia, consumidores e igualdad de género

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 22962253; Melanie Voin, tel.: +32 22958659)

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infracciones: la Comisión lleva a GRECIA, IRLANDA y RUMANÍA ante el TJUE por no transponer la normativa contra el blanqueo de capitales

La Comisión lleva hoy a Grecia y Rumanía ante el TJUE por no transponer la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales a su Derecho nacional. Irlanda solo ha transpuesto una parte muy reducida de las normas y, por tanto, también se la lleva ante el TJUE. La Comisión propone que el TJUE imponga el pago de una suma a tanto alzado, así como multas diarias, hasta que los tres países adopten las medidas necesarias. Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo afectan a la UE en su conjunto. No podemos permitir que ningún país de la Unión se convierta en el eslabón más débil. El dinero que se blanquea en un país puede servir, y a menudo sirve, para cometer delitos en otro país. Por eso pedimos a todos los Estados miembros que den los pasos necesarios para luchar contra el blanqueo de capitales, ya que así agotarán también las fuentes de financiación de la delincuencia y el terrorismo. Seguiremos supervisando muy de cerca y de manera prioritaria la transposición de la normativa de la UE por parte de los Estados miembros». Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para transponer la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales a su legislación nacional. Dicha normativa fortalece las normas que ya existían, ya que refuerza la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de la banca, la abogacía y la contabilidad; establece para las empresas requisitos claros de transparencia sobre la titularidad real; fomenta la cooperación y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera de los diversos Estados miembros para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas, evitar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; establece una política coherente en relación con aquellos terceros países en los que las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean deficientes; y refuerza las facultades sancionadoras de las autoridades competentes. Entretanto, a raíz de las revelaciones de los papeles de Panamá y los atentados terroristas en Europa, la Comisión propuso una Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales, con el objetivo de seguir intensificando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta nueva normativa tiene por objeto ofrecer un nivel elevado de salvaguardias con respecto a los flujos financieros procedentes de terceros países de alto riesgo, mejorar el acceso de las Unidades de Inteligencia Financiera a los datos, crear registros centralizados de cuentas bancarias y atajar los riesgos de financiación del terrorismo relacionados con las monedas virtuales y las tarjetas de prepago. La nueva normativa entró en vigor el 9 de julio de 2018 tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y los Estados miembros deben transponer la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales a sus legislaciones nacionales, a más tardar, el 10 de enero de 2020. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Lucha contra el blanqueo de capitales: la Comisión pide a ESPAÑA, LETONIA y MALTA que transpongan en su totalidad la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales

La Comisión ha enviado hoy dictámenes motivados a Letonia y España y otro dictamen motivado a Malta por no transponer la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales a sus Derechos nacionales. Hasta el momento, España solo ha transpuesto parcialmente la normativa, y la Comisión considera incompleta la transposición por parte de Letonia y Malta. La normativa contra el blanqueo de capitales resulta crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los papeles de Panamá y otros escándalos han puesto de manifiesto la necesidad de una normativa antiblanqueo más estricta. Las lagunas en un Estado miembro repercuten en los demás. Por eso la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es uno de los puntos centrales del planteamiento de la UE para combatir el crimen en Europa. Todos los Estados miembros tenían que transponer la normativa de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, a más tardar, el 26 de junio de 2017. Existen en la actualidad procedimientos de infracción en curso contra veinte Estados miembros: tres en la fase de remisión al Tribunal de Justicia, nueve en la fase de dictámenes motivados y ocho en la fase de cartas de emplazamiento (véanse los ocho dictámenes motivados anteriores, enviados en diciembre de 2017, y dos más en marzo de 2018). En el ínterin, la mayoría de los Estados miembros han adoptado las leyes pertinentes. La Comisión está ahora comprobando cuidadosamente si estas leyes transponen completamente las disposiciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. Entretanto, se ha acordado la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el 9 de julio de 2018. Los Estados miembros tienen hasta el 10 de enero de 2020 para transponer esta nueva normativa a sus legislaciones nacionales. En caso de que España, Letonia y Malta no ajusten su legislación al Derecho de la UE en los próximos dos meses, la Comisión podría optar por llevar los asuntos ante el TJUE.

 

8. Migración, asuntos de interior y ciudadanía

(Más información: Tove Ernst, tel.: +32 22986764; Markus Lammert, tel.: +32 22980423)

 

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Migración legal: la Comisión lleva a BÉLGICA ante el TJUE por no prever una normativa común para los trabajadores temporeros de terceros países

La Comisión ha decidido hoy llevar a Bélgica ante el TJUE por no haber transpuesto plenamente la Directiva sobre los trabajadores temporeros (Directiva 2014/36/UE). La Directiva determina las condiciones de entrada y estancia de los trabajadores temporeros de terceros países y define los derechos de estos trabajadores. Bélgica, que no cumplió el plazo inicial de transposición, fijado en el 30 de septiembre de 2016, sigue sin transponer plenamente la Directiva. La Directiva sobre los trabajadores temporeros establece las condiciones que los Estados miembros deben aplicar a la hora de decidir si conceden el acceso a sus mercados de trabajo a los ciudadanos de terceros países que deseen trabajar en un Estado miembro de la UE como trabajadores temporeros durante períodos cortos (de hasta nueve meses), a menudo en la agricultura y el turismo. Garantiza que estos trabajadores sean tratados de la misma manera que los trabajadores nacionales con respecto a una serie de importantes factores, tales como las condiciones de trabajo, el salario, la salud y la seguridad y la seguridad social, y ofrece garantías que los protegen de la explotación. Los Estados miembros tenían que transponer plenamente la Directiva, a más tardar, el 30 de septiembre de 2016. En dicha fecha, Bélgica solo había transpuesto parcialmente las nuevas normas. La Comisión envió a Bélgica una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 y, posteriormente, un dictamen motivado, en julio de 2017. Hasta la fecha, Bélgica no ha notificado a la Comisión la plena transposición de la Directiva al Derecho nacional. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el TJUE, Al llevar a Bélgica ante el TJUE, la Comisión propone una multa coercitiva diaria de 49 906,50 EUR. El importe de la multa ha sido calculado teniendo en cuenta la gravedad, la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pagar del Estado miembro. En caso de que la transposición siga siendo incompleta y el TJUE confirme la opinión de la Comisión, deberá pagarse la multa diaria desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior fijada por el Tribunal de Justicia hasta que la transposición sea completa. Si bien el importe definitivo de la multa diaria lo decidirá el TJUE, dicho importe no puede exceder del de la propuesta de la Comisión. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y carta de emplazamiento

Migración y asilo: la Comisión toma nuevas medidas en los procedimientos de infracción contra HUNGRÍA

La Comisión ha decidido hoy llevar a Hungría ante el TJUE debido a que su legislación sobre asilo y retorno no es conforme con el Derecho de la UE. La Comisión ha enviado hoy también una carta de emplazamiento a Hungría en relación con nuevas leyes nacionales que penalizan las actividades de apoyo a las solicitudes de asilo y de residencia y restringen aún más el derecho a solicitar asilo. Sobre la remisión al TJUE por incumplimiento de la legislación de la UE sobre asilo y retorno: la Comisión incoó, en primer lugar, un procedimiento de infracción contra Hungría en relación con sus leyes de asilo en diciembre de 2015. Tras una serie de intercambios, tanto a nivel administrativo como político, y después de enviar una carta de emplazamiento complementaria, la Comisión envió un dictamen motivado en diciembre de 2017. Después de analizar la respuesta facilitada por las autoridades húngaras, la Comisión considera que todavía no se han solucionado la mayoría de los problemas señalados y, por lo tanto, ha decidido ahora llevar a Hungría ante el TJUE, que es la última etapa del procedimiento de infracción. Sobre la carta de emplazamiento relativa a la nueva legislación húngara que penaliza las actividades de apoyo a las solicitudes de asilo: la nueva legislación —que las autoridades húngaras denominan «Stop Soros»— penaliza toda asistencia ofrecida por las organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales, o por cualquier individuo, a las personas que desean solicitar asilo o un permiso de residencia en Hungría. Incluye también medidas que restringen las libertades individuales, impidiendo que toda persona objeto de un procedimiento penal en virtud de estas leyes se aproxime a las zonas de tránsito situadas en las fronteras de Hungría, donde están internados los solicitantes de asilo. Las sanciones van desde el confinamiento temporal hasta un año de reclusión y la expulsión del país. Además, la nueva ley y una enmienda constitucional han introducido nuevos motivos para declarar inadmisible una solicitud de asilo, restringiendo el derecho de asilo únicamente a las personas que llegan a Hungría directamente desde un lugar en el que su vida o su libertad se encuentran en peligro. La Comisión ha llegado, por lo tanto, a la conclusión de que Hungría no cumple las obligaciones que le incumben con arreglo a los Tratados, la legislación de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Las autoridades húngaras disponen de dos meses para responder a los problemas planteados por la Comisión. La Comisión está dispuesta a apoyar y ayudar a las autoridades húngaras a abordar este asunto. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Cartas de emplazamiento

Migración legal: la Comisión pide a HUNGRÍA que transponga correctamente la Directiva relativa a los residentes de larga duración

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Hungría por excluir a los nacionales de terceros países con estatuto de residentes de larga duración del ejercicio de la profesión de veterinario, transponiendo así incorrectamente la Directiva relativa a los residentes de larga duración (Directiva 2003/109/CE del Consejo). La Directiva dispone que los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro de la UE durante al menos cinco años deben gozar del mismo trato que los nacionales en ciertos ámbitos, como el acceso al empleo como trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia. El Derecho húngaro no permite que los nacionales de terceros países cualificados como veterinarios profesionales, incluidos los que obtuvieron su título en Hungría, ejerzan su profesión en Hungría. Hungría dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión.

Migración legal: la Comisión insta a diecisiete Estados miembros a transponer la Directiva sobre estudiantes e investigadores de terceros países

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a diecisiete Estados miembros (Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Suecia) por no comunicar la adopción de la legislación nacional que transpone plenamente la Directiva sobre los requisitos de entrada, residencia y movilidad dentro de la Unión de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair [Directiva (UE) 2016/801]. Los Estados miembros tenían hasta el 23 de mayo de 2018 para ajustar sus legislaciones nacionales a esta Directiva e informar de ello a la Comisión. Los Estados miembros disponen ahora de dos meses para transponer plenamente la Directiva a sus Derechos nacionales; de lo contrario, la Comisión podría considerar enviarles dictámenes motivados.

Unión de la Seguridad: la Comisión insta a 14 Estados miembros a transponer las nuevas normas relativas a los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a 14 Estados miembros (Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía) por no comunicar la adopción de la legislación nacional que transpone plenamente la Directiva sobre el PNR [Directiva (UE) 2016/681]. Los Estados miembros tenían hasta el 25 de mayo de 2018 para transponer la Directiva a sus Derechos nacionales. El PNR contiene la información que facilitan los pasajeros a las compañías aéreas cuando reservan y facturan vuelos. Puede incluir datos como el nombre del pasajero, las fechas y los itinerarios de viaje, el número de asiento, el equipaje, la información de contacto y los medios de pago. La Directiva obliga a los Estados miembros a crear un sistema nacional para la recogida, el análisis y el intercambio de datos del PNR con fines policiales que respete plenamente las garantías en materia de protección de datos. El tratamiento de los datos del PNR constituye un instrumento importante en la lucha contra el terrorismo y los delitos graves, ya que ayuda a detectar patrones de viaje sospechosos y a identificar a posibles delincuentes y terroristas, incluidos los que antes eran desconocidos para los servicios de seguridad. Es un elemento clave de la Agenda Europea de Seguridad y un componente fundamental en pos de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva. Durante los últimos años, la Comisión ha hecho todo lo posible por ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus sistemas nacionales del PNR, proporcionándoles asesoramiento y financiación y facilitando el intercambio de buenas prácticas. No obstante, para que el marco del PNR alcance su pleno potencial, es fundamental que todos los Estados miembros pongan en marcha sus sistemas. Los Estados miembros en cuestión disponen ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento, tras lo cual la Comisión podría considerar enviarles dictámenes motivados. La Comisión seguirá ofreciendo apoyo y orientación a aquellos Estados miembros que deben aún finalizar los trabajos de transposición.

 

9. Movilidad y transportes

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Alexis Perier, tel.: +32 22969143)

 

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Transporte marítimo: la Comisión lleva a IRLANDA ante el TJUE por no transponer correctamente la legislación sobre seguridad

La Comisión ha decidido hoy llevar a Irlanda ante el TJUE por no transponer correctamente el Derecho de la UE que establece los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo (Directiva 2009/18/CE). La Directiva dispone que cada Estado miembro debe establecer un organismo de investigación permanente e imparcial, que debe ser independiente en su organización, estructura jurídica y toma de decisiones respecto de terceros cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido que se le haya encomendado. La Comisión alberga dudas sobre la independencia de los miembros del Marine Casualty Investigation Board (MCIB, Consejo de Investigación de Siniestros Marítimos), establecido con arreglo al Derecho irlandés. Este prevé que uno de los cinco miembros del consejo sea el secretario general del Ministerio de Transportes, Turismo y Deporte o una persona nombrada por él, y que otro sea el inspector jefe del Departamento de Investigación Marítima. El Departamento de Investigación Marítima desempeña, sin embargo, funciones reguladoras, administrativas y de ejecución en lo que respecta a los buques, su equipamiento y la capacitación de la gente de mar. Por lo que se refiere al Ministerio de Transporte, Turismo y Deporte, es responsable, entre otras cosas, de la política de seguridad marítima. La Comisión opina que las responsabilidades y las actividades de dichos Ministerio y Departamento podrían entrar en conflicto con la labor investigadora del Consejo de Investigación de Siniestros Marítimos. De ello se desprende que el Consejo de Investigación de Siniestros Marítimos carece de la independencia necesaria con respecto a esas autoridades irlandesas. Para obtener más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Combustibles alternativos: la Comisión insta a BULGARIA y POLONIA a transponer plenamente la normativa de la UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos

La Comisión insta hoy a Bulgaria y Polonia a transponer plenamente la normativa europea sobre la infraestructura para combustibles alternativos (Directiva 2014/94/UE). Dicha normativa, que incluye, entre otras cosas, normas armonizadas relativas a la infraestructura para los combustibles alternativos y disposiciones básicas para posibilitar la movilidad eléctrica, desempeña un papel importante en el funcionamiento del mercado interior de la UE. También tiene como objetivo reducir la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar su impacto medioambiental. Estos dos Estados miembros deberían haber transpuesto la Directiva, a más tardar, el 18 de noviembre de 2016, pero, según los servicios de la Comisión, no transpusieron determinadas disposiciones operativas antes de esa fecha. Ambos tienen ahora dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevarlos ante el TJUE.

 

Cartas de emplazamiento

Sistemas de transporte inteligentes: la Comisión insta a nueve Estados miembros a ofrecer servicios de información del tráfico

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Polonia por no cumplir su obligación de ofrecer información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial con carácter gratuito para el usuario [Reglamento Delegado (UE) n.º 886/2013 de la Comisión]. Los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión los progresos alcanzados en la puesta en práctica del servicio de información y otra serie de informaciones, a más tardar, doce meses después de la entrada en vigor de dicho Reglamento y, a continuación, cada año civil. Sin embargo, los nueve Estados miembros en cuestión todavía no lo han hecho. Además, la Comisión ha enviado también cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Luxemburgo y Malta por no cumplir su obligación de suministrar servicios de información sobre el tráfico en tiempo real en toda la Unión [Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión]. A más tardar el 13 de julio de 2017, los Estados miembros deberían haber remitido a la Comisión un informe sobre las medidas emprendidas para establecer un punto de acceso nacional y sobre las modalidades de su funcionamiento, así como, llegado el caso, la lista de las autopistas no incluidas en la red global transeuropea de carreteras y de las zonas prioritarias determinadas. Todos estos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de no hacerlo, la Comisión podría decidir adoptar un dictamen motivado.

Transporte por carretera: la Comisión pide a DINAMARCA que ponga fin a la discriminación de los transportistas extranjeros y que respete la libertad de prestar servicios de transporte

La Comisión ha decidido hoy pedir a Dinamarca que no limite el estacionamiento de camiones en las áreas de descanso de propiedad estatal a un máximo de 25 horas. Al afectar principalmente a los transportistas no residentes, esta limitación temporal equivale a una discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por los Tratados de la UE. Además, no permite a los conductores respetar las estrictas normas de la UE sobre los períodos de descanso de los conductores de camiones, que resultan esenciales para garantizar la seguridad vial y para respetar los derechos de los conductores. Por añadidura, afecta a la libertad de los transportistas para prestar servicios de transporte (prevista por el Reglamento (CE) n.º 1072/2009) y constituye una discriminación indirecta injustificada. Dinamarca dispone ahora de dos meses para presentar sus observaciones a la Comisión, tras lo cual esta podría decidir adoptar un dictamen motivado.

Profesiones marítimas: la Comisión insta a MALTA a cumplir la normativa de la UE sobre el nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas

La Comisión ha decidido remitir una carta de emplazamiento a Malta debido a su incumplimiento de la normativa europea relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Directiva 2008/106/CE, modificada). La Comisión insta a Malta a que tome las medidas correctoras necesarias para garantizar que el sistema de gestión de la calidad aplicado por una de sus instituciones de educación y formación marítimas reconocidas abarque todos los cursos y programas de formación y los exámenes y evaluaciones, en particular la formación con simuladores. Malta tiene ahora dos meses para cumplir la normativa de la UE; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Transporte por carretera: la Comisión pide a diez Estados miembros que cumplan la normativa de la UE sobre la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las tarjetas de conductor

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta y Suecia por no haber realizado los ensayos para conectarse al sistema TACHOnet, y a Dinamarca por no haberse conectado a dicho sistema de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68. TACHOnet es el sistema europeo para el intercambio electrónico entre los Estados miembros de información sobre las tarjetas de tacógrafo (el tacógrafo es un dispositivo que registra el tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso, así como los períodos dedicados por el conductor a realizar otras tareas). Es una herramienta esencial para garantizar la aplicación de la normativa sobre los tiempos de conducción y de descanso en el transporte por carretera. El objetivo principal de TACHOnet es verificar que diferentes Estados miembros no expiden dos o más tarjetas al mismo conductor. El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 dispone que los Estados miembros están obligados a conectarse a TACHOnet de conformidad con unos requisitos técnicos específicos. Si bien los Estados miembros mencionados, con la excepción de Dinamarca, están conectados a TACHOnet, no han sido capaces de llevar a cabo satisfactoriamente los ensayos preliminares que indican que la conexión cumple todos esos requisitos técnicos. Los Estados miembros en cuestión disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

Transporte marítimo: la Comisión insta a cinco Estados miembros a cumplir la legislación de la UE sobre las obligaciones del Estado de abanderamiento

La Comisión ha pedido a Hungría, Croacia, Chipre, Chequia y el Reino Unido que cumplan su obligación de supervisión administrativa prevista por la normativa de la UE sobre las obligaciones del Estado de abanderamiento (Directiva 2009/21/CE). Estas incluyen la comprobación de que la estructura del buque, los equipos y la gestión operativa cumplen las normas de seguridad y que los profesionales marítimos están certificados como competentes. Según la Directiva, a más tardar en junio de 2012 debería haberse establecido un sistema de gestión de la calidad, que debía mantenerse y certificarse posteriormente con arreglo a las normas de calidad internacionales aplicables. Hasta la fecha, estos países no han presentado la certificación del sistema de gestión de la calidad exigida. La falta de controles sistemáticos internos dentro y a cargo de la administración, con ayuda de un sistema certificado de gestión de la calidad, podría tener repercusiones negativas a largo plazo sobre la seguridad, la protección y el rendimiento medioambiental de la flota abanderada. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a estos Estados miembros y les da dos meses para cumplir la Directiva; de lo contrario, la Comisión podría decidir adoptar un dictamen motivado.

Seguridad aérea: la Comisión pide a HUNGRÍA que cumpla la normativa de la UE sobre requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas
La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Hungría por no cumplir algunos de los requisitos técnicos y procedimientos administrativos europeos relacionados con las operaciones aéreas de aviación civil [Reglamento (UE) n.º 965/2012]. Este Reglamento establece disposiciones de aplicación para las operaciones aéreas con aviones, helicópteros, globos y planeadores, incluidas las inspecciones en pista de las aeronaves de operadores bajo la supervisión de seguridad operacional de otro Estado. Sin embargo, debido a la falta de personal suficiente, Hungría no ha logrado verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables a las organizaciones o a los diferentes tipos de operaciones. Hungría dispone de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

10. Fiscalidad y unión aduanera

(Más información: Vanessa Mock, tel.: +32 22956194; Patrick Mc Cullough, tel.: +32 22987183)

 

Dictámenes motivados

Fiscalidad: la Comisión pide a ALEMANIA que ajuste su práctica administrativa relativa a la devolución transfronteriza del IVA al Derecho de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Alemania solicitándole que armonice sus normas sobre la devolución del IVA con la legislación de la UE (Directiva 2006/112/CE del Consejo, Directiva sobre el IVA, y Directiva 2008/9/CE del Consejo, sobre la devolución del IVA). Actualmente, en algunos casos, Alemania deniega la devolución del IVA solicitada por un sujeto pasivo establecido en otro Estado miembro al considerar que la información facilitada es insuficiente, sin pedir información adicional al solicitante. Esto da lugar a que se denieguen las devoluciones incluso cuando los solicitantes cumplen los requisitos esenciales establecidos en el Derecho de la UE. Si Alemania no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

Fiscalidad: la Comisión pide a los PAÍSES BAJOS que deje de gravar las transferencias del capital correspondiente a las pensiones que realizan los trabajadores móviles

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a los Países Bajos por gravar las transferencias del capital correspondiente a las pensiones que realizan los trabajadores móviles a los 13 Estados miembros de la UE que permiten que los fondos de pensiones efectúen pagos en forma distinta a las anualidades. Con arreglo al Derecho de la UE, los trabajadores móviles pueden ocupar puestos de trabajo en los Estados miembros que permiten pagos a tanto alzado, totales o parciales, de las pensiones. La legislación neerlandesa restringe la libertad de circulación de los trabajadores (artículo 45 del TFUE), la libertad de prestación de servicios (artículo 56 del TFUE) y la libertad de circulación de capitales (artículo 63 del TFUE). Si los Países Bajos no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

 

Fiscalidad: la Comisión insta a PORTUGAL a adaptar la tasa del aeropuerto de Lisboa al Derecho de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Portugal para que adapte la tasa del aeropuerto de Lisboa al Derecho de la UE. Con arreglo a la legislación portuguesa, la tasa solo se aplica actualmente a los no residentes en Portugal. La aplicación de la tasa aeroportuaria solo a los no residentes en Portugal va en contra de los artículos 18 y 21 del TFUE, ya que constituye una discriminación por razón de la nacionalidad. Si Portugal no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

Fiscalidad: la Comisión pide al REINO UNIDO que ajuste sus prácticas nacionales en relación con el régimen de miniventanilla única del IVA a la normativa de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado al Reino Unido por no recopilar y transmitir a los demás Estados miembros los datos de la cuenta bancaria de cada sujeto pasivo registrado en el sistema a escala de la UE para la recaudación del IVA de las ventas en línea de servicios electrónicos (miniventanilla única del IVA). Esta práctica viola las normas de la UE en materia de cooperación administrativa e intercambio de información [Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo y Reglamento de Ejecución (UE) n.º 815/2012 de la Comisión]. En la actualidad, los Estados miembros que deseen conceder una devolución a sujetos pasivos en el Reino Unido tienen que recopilar información adicional caso por caso, lo que resulta gravoso y retrasa las devoluciones. Si el Reino Unido no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el TJUE.

 

Carta de emplazamiento y cierres

Fiscalidad: la Comisión pide a ESTONIA que modifique su normativa sobre el intercambio de información y archiva 4 asuntos relacionados con la transparencia fiscal

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Estonia pidiéndole que adapte sus normas sobre el intercambio de determinada información fiscal relativa a los contribuyentes de otros países de la UE que obra en poder de los Estados miembros, tal como se prevé en la Directiva sobre la cooperación administrativa (Directiva 2011/16/UE del Consejo). Actualmente, la legislación estonia no obliga a sus autoridades fiscales a proporcionar a sus homólogos de otros Estados miembros de la UE la información solicitada. Tampoco les obliga a iniciar procedimientos fiscales para obtener dicha información cuando es necesario, o a intercambiar espontáneamente la información. Si Estonia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado. Al mismo tiempo, la Comisión archiva otros 4 casos distintos relacionados con la transparencia fiscal. Acoge con satisfacción que Bélgica haya adoptado la normativa sobre el intercambio de información relativa a los acuerdos tributarios transfronterizos previos y a las normas que dan acceso a las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales, de conformidad con el Derecho de la UE (Directivas del Consejo 2015/2376 y 2016/2258). Asimismo, la Comisión ha decidido archivar los procedimientos de infracción incoados contra Chipre e Italia, ya que estos Estados miembros han comunicado a la Comisión la transposición de las normas sobre el intercambio de información desglosada país por país con otros Estados miembros (Directiva 2016/881 del Consejo) y de las normas que dan acceso a las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales (Directiva 2016/2258 del Consejo).

 

Otras cartas de emplazamiento

Fiscalidad: la Comisión solicita a BÉLGICA que cumpla las normas sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica para que adapte al Derecho de la UE sus normas relativas a los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses a los residentes belgas con cuentas en Luxemburgo y Austria. En la actualidad, Bélgica se niega a conceder créditos fiscales por la retención en origen efectuada en Luxemburgo y Austria a los pagos de intereses mencionados. Esto es contrario a la legislación de la UE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (artículo 14 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo). Si Bélgica no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado.

Fiscalidad: la Comisión pide a GRECIA que adapte sus normas sobre la deducción de las pérdidas en el extranjero al Derecho de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Grecia por tratar de forma diferente a efectos fiscales las pérdidas de negocios sufridas en el mercado nacional y las incurridas en otro Estado miembro de la UE o del EEE. Mientras que tanto los beneficios empresariales que se generan en el país como los que se generan en otro Estado de la UE o del EEE están sujetos a impuestos en Grecia, la legislación griega y las directrices emitidas por las autoridades fiscales helénicas limitan el tratamiento de las pérdidas sufridas en el extranjero. Esta diferencia de tratamiento constituye una restricción a la libertad de establecimiento (artículo 49 del TFUE). Si Grecia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado.

Fiscalidad: la Comisión pide a ITALIA que adapte al Derecho de la UE su normativa relativa al IVA aplicado a las prestaciones de servicios relacionadas con la importación de bienes

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia por aplicar condiciones adicionales para la exención del IVA de los servicios relacionados con la importación de bienes. La legislación italiana exige actualmente que, para que la exención del IVA se aplique a los servicios accesorios relacionados con la importación de bienes, no solo debe incluirse su valor en la base imponible, sino que, de hecho, también debe gravarse el IVA en la aduana en el momento de la importación. Esto va en contra de lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva sobre el IVA). Si Italia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado.

Fiscalidad: la Comisión pide a ITALIA que ponga fin al impuesto regional sobre la gasolina para vehículos de motor

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Italia solicitándole la supresión del impuesto regional sobre la gasolina para vehículos de motor (IRBA). El IRBA supone unos 2 céntimos por litro de gasolina, frente a los 72 céntimos del impuesto especial que se percibe sobre la base de la legislación armonizada de la UE. El IRBA no persigue objetivos específicos, sino solo presupuestarios, lo que es contrario al Derecho de la UE (artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, relativa a los impuestos especiales). Si Italia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado.

Fiscalidad: la Comisión solicita a LETONIA que modifique sus normas relativas a los impuestos sobre bienes inmuebles en Riga

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Letonia en relación con los requisitos discriminatorios que establece el ayuntamiento de Riga para aplicar tipos reducidos del impuesto sobre bienes inmuebles. Se aplican tipos reducidos a las propiedades de los ciudadanos letones si las declaran como residencia principal. No obstante, los nacionales de otros Estados miembros de la UE y del EEE están sujetos a una condición adicional: deben haber declarado su residencia en Letonia siete años antes del ejercicio fiscal en cuestión. Esta condición adicional vulnera la libre circulación de capitales (artículo 63, apartado 1, del TFUE). Si Letonia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado a sus autoridades.

Fiscalidad: la Comisión pide a REINO UNIDO que ajuste sus normas relativas al impuesto sobre la renta al Derecho de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento al Reino Unido pidiéndole que adapte su normativa al Derecho de la Unión en lo relativo a la desgravación fiscal por pérdidas en la enajenación de acciones. En la actualidad, solo pueden acogerse a la desgravación las acciones de las empresas que llevan a cabo sus actividades comerciales, en su totalidad o principalmente, en el Reino Unido. Esta norma pone en situación de desventaja a los contribuyentes que invierten en acciones de empresas que llevan a cabo su actividad en otros Estados miembros de la UE distintos del Reino Unido. También impone una restricción a la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE). Si el Reino Unido no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado a sus autoridades.

Fiscalidad: la Comisión pide al REINO UNIDO que adapte su normativa sobre desgravación fiscal de los préstamos a comerciantes

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento al Reino Unido en relación con su legislación nacional relativa a la desgravación fiscal por préstamos a comerciantes. La legislación británica establece en la actualidad una desgravación específica cuando un «préstamo aprobado» resulta incobrable. En este caso, el prestamista tiene derecho a reclamar que el importe del préstamo sea deducible con cargo al impuesto sobre las plusvalías o al impuesto de sociedades sobre las ganancias imputables, a los que está sujeto. No obstante, las normas diferencian entre el tratamiento fiscal de los «créditos incobrables» concedido a los residentes y a los no residentes en el Reino Unido. Esto impone una restricción injustificada a la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE). Si el Reino Unido no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado a sus autoridades.

 

Cierre

Fiscalidad: la Comisión archiva un caso relativo al impuesto de sucesiones de BÉLGICA

La Comisión acoge con satisfacción las modificaciones introducidas por Bélgica en las normas relativas al impuesto de sucesiones en la región de Valonia. Las nuevas normas permiten ahora la exención del impuesto de sucesiones por los bienes inmuebles situados en Bélgica y la transmisión de dichos bienes inmuebles de una persona fallecida que residía en otro país del EEE bajo las mismas condiciones que los bienes heredados de un residente belga. La Comisión ha decidido hoy archivar este expediente de infracción.

MEMO/18/4486

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