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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de procedimientos de infracción de enero: principales decisiones

Bruselas, 25 de enero de 2018

Desglose por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación. La Comisión archiva asimismo 86 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que haya tenido que seguir adelante con el procedimiento.

Para más información sobre los procedimientos de infracción de la UE, véase la nota informativa completa MEMO/12/12. Para más detalles sobre todas las decisiones adoptadas, véase el registro de decisiones sobre procedimientos de infracción.

 

1. Agricultura y Desarrollo Rural

(Más información: Daniel Rosario - tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Cartas de emplazamiento

Indicaciones geográficas: la Comisión pide a BULGARIA que suprima el marco nacional sobre indicaciones geográficas

La Comisión decidió enviar una carta de emplazamiento a Bulgaria en relación con su Ley sobre marcas e indicaciones geográficas de 1 de septiembre de 1999. La Comisión considera que una protección nacional de las indicaciones geográficas no es compatible con las normas de la UE sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (Reglamento (UE) n.º 1151/2012). El Reglamento UE, con arreglo a una jurisprudencia reiterada [C-478/07 (Budvar, 2009) y C-56/16/P (EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017)], prevé un sistema uniforme y exhaustivo de protección para las indicaciones geográficas que entran dentro de su ámbito de aplicación. Bulgaria debería haber puesto fin a este sistema nacional de registro a partir de la fecha de su adhesión a la UE en 2007 y solamente podría haber protegido las indicaciones geográficas nacionales existentes durante doce meses después de la fecha de adhesión si se hubiera realizado una solicitud a nivel de la UE durante este período limitado. Bulgaria dispone de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado.

Indicaciones geográficas: la Comisión pide a DINAMARCA que aplique la protección de la denominación de origen protegida «feta»

La Comisión decidió enviar una carta de emplazamiento a Dinamarca en relación con la alegación de que las autoridades danesas no cumplen adecuadamente sus obligaciones con arreglo al Reglamento sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios [Reglamento (UE) n.º 1151/2012]. La Comisión cree que se está produciendo un uso ilegal de la denominación de origen protegida (DOP) registrada «feta» en Dinamarca, donde algunas empresas que producen o importan queso blanco lo exportan a terceros países con un etiquetado engañoso en el que figura la expresión «feta». «Feta» es una DOP registrada desde 2002. El artículo 13 del Reglamento de la UE protege los nombres registrados contra varios tipos de usos indebidos, entre los que se incluye el uso comercial directo o indirecto del nombre registrado para productos que sean comparables a los registrados con ese nombre o cuando se use para aprovechar la reputación del nombre protegido.

 

2. Mercado Único Digital

(Más información: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la UE y asuntos archivados

Directiva relativa a la reducción de costes de la banda ancha: la Comisión lleva a BULGARIA y a los PAÍSES BAJOS ante el Tribunal y archiva dos asuntos

La Comisión ha decidido hoy llevar a Bulgaria y a los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de la UE por haberse retrasado en la transposición de la Directiva relativa a la reducción de costes de la banda ancha (Directiva 2014/61/UE). Al mismo tiempo, la Comisión archiva los asuntos iniciados contra Austria y Luxemburgo, países que han notificado la plena transposición de la Directiva mencionada. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 1 de enero de 2016. La Comisión pide al Tribunal de Justicia que imponga sanciones económicas: en el caso de Bulgaria, 22 226,40 EUR diarios, y en el de los Países Bajos, 87 091,20 EUR diarios. Los procedimientos de infracción contra estos países se iniciaron en marzo de 2016, y en septiembre de 2016 se envió un dictamen motivado. Estos Estados miembros todavía no han comunicado a la Comisión todas las medidas necesarias para transponer la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional. En julio de 2017, la Comisión decidió llevar a Bélgica y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la UE por retrasos en la transposición de la Directiva relativa a la reducción de costes de la banda ancha. La Directiva relativa a la reducción de costes de la banda ancha tiene como objetivo incentivar la cooperación entre sectores y explotar las sinergias (por ejemplo con la energía, el agua o el transporte), en beneficio de los ciudadanos, mediante la creación de las condiciones para un despliegue más eficiente de nuevas infraestructuras físicas de manera que las redes puedan desplegarse a un menor coste. Los trabajos de ingeniería civil, como pueden ser las excavaciones para instalar la banda ancha de alta velocidad, suponen hasta el 80 % del coste del despliegue de las redes de banda ancha. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Gestión colectiva de derechos: la Comisión lleva a POLONIA ante el Tribunal de Justicia y archiva ocho asuntos

La Comisión Europea ha tomado hoy la decisión de llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado la transposición completa (no transposición parcial) a su ordenamiento jurídico nacional de las normas de la UE relativas a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea (Directiva 2014/26/UE). La Comisión pide al Tribunal de Justicia que imponga una sanción económica a Polonia de 87 612,00 EUR al día. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 10 de abril de 2016. Además, la Comisión ha decidido archivar los casos de infracción por lo que se denomina «falta de notificación» contra ocho países: Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Francia, Grecia, Letonia y Portugal, que se habían iniciado debido a que no se habían notificado a la Comisión las medidas nacionales de transposición de la Directiva sobre la gestión colectiva de derechos al ordenamiento jurídico nacional. Estos asuntos estaban relacionados con la falta de medidas de ejecución y no con el contenido de las disposiciones nacionales de aplicación, acerca de las cuales la Comisión no se había pronunciado. Los ocho Estados miembros ya han comunicado a la Comisión que se ha adoptado la legislación necesaria para la plena transposición de la Directiva a la legislación nacional. La Directiva sobre la gestión colectiva de derechos tiene el objetivo de mejorar el modo en que se administran todas las entidades de gestión colectiva mediante la introducción de una gobernanza común, obligaciones de transparencia y normas sobre gestión financiera. Asimismo, la Directiva establece normas comunes para la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Esta Directiva constituye una parte fundamental de la legislación europea en materia de derechos de autor. Todas las entidades de gestión colectiva tienen que mejorar sus normas sobre gobernanza y transparencia. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

3. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Una remisión al Tribunal de Justicia de la UE

La Comisión lleva a RUMANÍA ante el Tribunal por no cumplir plenamente la Directiva sobre reservas de petróleo

La Comisión Europea ha decidido llevar a Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber ejecutado y aplicado correctamente la Directiva sobre reservas de petróleo (Directiva 2009/119/UE del Consejo). Según la Directiva mencionada, los Estados miembros deben asegurar el mantenimiento y la disponibilidad de un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o de productos petrolíferos para garantizar la seguridad del abastecimiento de recursos petrolíferos en la UE. La Comisión recordó a Rumanía sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre reservas de petróleo el 20 de noviembre de 2015, entre las que se incluye la obligación de contar con procedimientos de emergencia y un plan de intervención en caso de interrupción grave del suministro, y la obligación de garantizar un marco claro y eficaz para que los operadores puedan delegar sus obligaciones de almacenamiento. La Comisión también cuestionó el hecho de que la legislación rumana prohíba la utilización de las reservas de petróleo como garantía, es decir, como activos ofrecidos para avalar un préstamo, lo que podría dificultar que los operadores económicos cumplan su obligación de mantener reservas. Al no haber abordado estos motivos de preocupación, la Comisión envió un dictamen motivado a Rumanía el 18 de noviembre de 2016. La Comisión ha decidido ahora llevar a Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Mercado interior de la energía: la Comisión pide a BULGARIA que cumpla plenamente las Directivas del tercer paquete energético

La Comisión ha pedido a Bulgaria que aplique correctamente la Directiva sobre la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y la Directiva sobre el gas (Directiva 2009/73/CE). Estas Directivas forman parte del tercer paquete energético y contienen disposiciones esenciales para el correcto funcionamiento de los mercados de la energía, incluidas las normas relativas a la separación de los gestores de red de transporte, por una parte, y de los proveedores y productores de energía, por otra, al refuerzo de los reguladores nacionales y a la mejora del funcionamiento de los mercados minoristas en beneficio de los consumidores. Según la evaluación de la Comisión, Bulgaria ha transpuesto incorrectamente varios requisitos de separación relativos al modelo de separación de la propiedad, al modelo de separación de los gestores de transporte independientes y al gestor de la red de distribución. Asimismo, Bulgaria no ha transpuesto correctamente las normas sobre la conexión a la red al permitir que el gestor de la red de transporte de gas pueda denegar la conexión alegando falta de capacidad de la red. Bulgaria dispone de dos meses para cumplir con sus obligaciones; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Eficiencia energética: la Comisión pide a ESLOVENIA que cumpla plenamente la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios

La Comisión ha pedido a Eslovenia que transponga correctamente a su ordenamiento jurídico todos los requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE). En la UE, los edificios representan el 40 % del consumo de energía y el 36 % de las emisiones de CO2. La correcta aplicación de la Directiva es fundamental para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la UE, así como para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas energéticas y a mejorar su confort. Según la legislación, los Estados miembros deben establecer y aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos o existentes, garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Además, los Estados miembros tienen que garantizar que, a partir de 2021, todos los edificios nuevos sean edificios de «consumo de energía casi nulo». Según la evaluación de la Comisión, no se han cumplido todos los requisitos de la Directiva en Eslovenia. En particular, la legislación nacional no garantiza todavía la exhibición de los certificados de eficiencia energética en todos los edificios frecuentados habitualmente por el público, tal como se exige. Eslovenia dispone de dos meses para cumplir con sus obligaciones; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

4. Medio Ambiente

(Más información: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Evaluación de impacto ambiental: la Comisión vuelve a llevar a IRLANDA ante el Tribunal y propone sanciones económicas

La Comisión Europea vuelve a llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por su incumplimiento de parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2008 (C-215/06, Comisión/Irlanda), al no haber procedido a una evaluación de impacto ambiental para el parque eólico de Derrybrien, en el condado de Galway, en Irlanda. Aunque el parque eólico de Derrybrien ya se construyó hace más de trece años, no se ha realizado ninguna evaluación del impacto real. La normativa de la UE exige esta evaluación de impacto en el medio ambiente de determinados proyectos públicos y privados antes de que se permita el inicio de la construcción. El tamaño del parque y su ubicación en la cima de una colina en una zona de brezales implican que su funcionamiento sigue teniendo un impacto a nivel local. Este proyecto todavía podría acogerse a medidas de atenuación y reparación, pero estas medidas únicamente podrían determinarse tras la realización de una evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, Irlanda debe garantizar que se haga. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el 3 de julio de 2008, entre otras cosas, que Irlanda no había realizado ninguna evaluación de impacto ambiental para este parque eólico de setenta turbinas, el mayor de Irlanda y, en el momento de la sentencia, uno de los mayores de la UE. Para su construcción fue necesario eliminar grandes zonas de bosque y la extracción de turba hasta 5,5 metros de profundidad en la cima de la Montaña de Cashlaundrumlahan, lo que provocó en octubre de 2003 una avalancha de 2 km con efectos devastadores en el medio ambiente. La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga una suma a tanto alzado mínima por un importe de 1 685 000,00 EUR (1 343,20 EUR al día). La Comisión propone también una multa diaria de 12 264,00 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su resolución. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

La Comisión lleva a PORTUGAL ante el Tribunal por no proteger adecuadamente las especies y los hábitats naturales

La Comisión Europea lleva a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE por no designar zonas especiales de conservación (ZEC) para la protección de las especies y los hábitats naturales incluidos en la red Natura 2000 y por no haber establecido las medidas de conservación necesarias para estos lugares. El día 7 de diciembre de 2010, Portugal todavía tenía que designar siete ZEC en la región atlántica, y el 19 de julio de 2012, cincuenta y cuatro ZEC en la región mediterránea. Portugal tampoco ha establecido las medidas de conservación necesarias para mantener o restablecer las especies y los hábitats protegidos en estos lugares. Las medidas actuales adoptadas en el marco del plan sectorial Natura 2000 portugués (PSRN2000) y los demás planes sectoriales y especiales [como por ejemplo los programas de desarrollo rural (PRODER) y los planes municipales] no son lo suficientemente exhaustivos y precisos para permitir un nivel de protección y una designación de las ZEC adecuados. Tal como ha reconocido Portugal, para la designación de las ZEC deben cartografiarse previamente las especies y los hábitats naturales, así como adoptarse planes de gestión para cada lugar. La Comisión ha instado repetidamente a Portugal a cumplir sus obligaciones. En febrero de 2015 se envió una carta de emplazamiento y en mayo de 2016 un dictamen motivado. Hasta ahora, Portugal no ha sido capaz de cumplir sus propios compromisos para la designación de ZEC y el establecimiento de medidas de conservación. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Impacto ambiental: la Comisión insta a BÉLGICA y a GRECIA a incorporar plenamente las nuevas normas de la UE en sus legislaciones nacionales

La Comisión Europea insta a Bélgica y a Grecia a adaptar sus legislaciones nacionales a fin de tener en cuenta las modificaciones introducidas por la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (Directiva 2014/52/UE). El objetivo de esta Directiva es garantizar que los proyectos que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente se evalúen adecuadamente antes de su aprobación. La Comisión envió una carta de emplazamiento a Bélgica y a Grecia en julio de 2017. La respuesta de Bélgica indica que todavía no se han incorporado plenamente las disposiciones que faltan. Por lo que respecta a Grecia, se está elaborando legislación en la actualidad para transponer la Directiva en su totalidad. Dado que Bélgica y Grecia todavía no han incorporado plenamente las normas de la UE a sus legislaciones nacionales, la Comisión envía un dictamen motivado. Bélgica y Grecia tienen dos meses para cumplir sus obligaciones; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Agua: la Comisión insta a IRLANDA a cumplir las normas de la UE sobre el agua

La Comisión pide a Irlanda que cumpla la obligación de preparar una segunda ronda de los planes hidrológicos de cuenca conforme a la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Estos planes tienen como fin ofrecer una visión completa de las principales cuestiones que afectan a cada demarcación hidrográfica, y deberían incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental fijados. Hasta la fecha, Irlanda no ha adoptado, publicado ni comunicado a la Comisión la revisión y la actualización de sus primeros planes hidrológicos de cuenca, como debería haber hecho el 22 de octubre de 2015, a más tardar, en relación con sus siete demarcaciones hidrográficas. Por consiguiente, la Comisión remitió una carta de emplazamiento a Irlanda en abril de 2017 y ahora envía un dictamen motivado. Irlanda dispone de dos meses para cumplir con sus obligaciones; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Agua: la Comisión pide a ESPAÑA que respete las normas de la UE en materia de residuos de industrias extractivas y agua

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España debido a sus preocupaciones en relación con la manipulación de residuos salinos en Súria y Sallent. La Comisión considera que las autoridades regionales deben velar por que las instalaciones de residuos de la industria extractiva cumplan plenamente la Directiva sobre residuos de industrias extractivas (Directiva 2006/21/CE), y deben aplicar las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua en la cuenca del río Llobregat, tal como exige la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). La situación actual sigue causando graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa. Las autoridades españolas disponen de dos meses para contestar. En caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión podría presentar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Agua: la Comisión insta a SUECIA a modificar su legislación sobre el agua

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Suecia, ya que todavía existen varios casos de no conformidad y de deficiencias en la transposición de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) en Suecia. Estos casos están relacionados con el hecho de que no se prevea la recuperación de costes para las actividades que puedan tener un impacto en la calidad del agua. Además, en la actualidad, la legislación sueca no considera que las obligaciones de evitar el deterioro del agua sean relevantes para la autorización de proyectos, como las instalaciones hidroeléctricas. Suecia está preparando nueva legislación sobre este último punto, pero todavía no la ha adoptado. Por tanto, la Comisión envía un dictamen motivado y da a las autoridades suecas un plazo de dos meses para reaccionar. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Ruido: la Comisión insta a ITALIA a adoptar mapas de ruido y planes de acción sobre el ruido ambiental

La Comisión pide a Italia que cumpla las disposiciones principales de la Directiva sobre el ruido (Directiva 2002/49/CE). El ruido ambiental generado por el tráfico rodado, ferroviario y aeroportuario es la segunda causa medioambiental de muerte prematura tras la contaminación atmosférica. La Directiva exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición al ruido en las grandes aglomeraciones, los grandes ejes ferroviarios y viarios y los grandes aeropuertos. Esos mapas sirven luego de base para definir medidas en los planes de acción sobre el ruido. Como consecuencia de la no comunicación por parte de Italia de toda la información requerida por la Comisión Europea, esta envió una primera carta de emplazamiento en abril de 2013. En febrero de 2016, la Comisión envió otra carta de emplazamiento debido a la falta de progreso. Dado que todavía faltan mapas estratégicos para 17 aglomeraciones y 22 carreteras, y que aún deben adoptarse planes de acción para 32 aglomeraciones, 858 carreteras y un gran eje ferroviario, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Italia dispone de dos meses para responder al mismo; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Cartas de emplazamiento

Biodiversidad: la UE insta a nueve Estados miembros a incorporar las normas de la UE sobre la utilización de los recursos genéticos

La Comisión envía una carta de emplazamiento a Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Irlanda, Italia y Letonia. La Comisión considera que estos nueve Estados miembros no han designado autoridades competentes que sean responsables de la aplicación de las normas de la UE para los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos (denominado «Acceso y Participación en los Beneficios de la UE», Reglamento (UE) n.º 511/2014). Cada Estado miembro debe designar a una o varias autoridades competentes para que sean responsables de la aplicación de dicho Reglamento sobre el acceso a los recursos genéticos. Además, los Estados miembros deben establecer disposiciones efectivas, proporcionadas y disuasorias sobre las sanciones aplicables a las infracciones de este Reglamento. La biodiversidad mundial está protegida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya. El Reglamento armoniza la legislación de la UE con estas obligaciones internacionales. Estas normas de la UE establecen asimismo un marco para los investigadores y las empresas que acceden a los recursos genéticos de la UE y los utilizan y para los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Dado que estos Estados miembros no han suministrado información a la Comisión sobre una serie de disposiciones de ejecución, la Comisión les envía una carta de emplazamiento. Disponen de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado.

Agua: la Comisión pide a POLONIA que cumpla la legislación de la UE para el tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Polonia en la que se pide a este país que garantice que las aguas residuales urbanas sean objeto de una recogida y un tratamiento adecuados. La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) obliga a los Estados miembros a garantizar que todas las aglomeraciones con una población de más de 2 000 habitantes recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales urbanas. A fecha de 31 de diciembre de 2015, todas las aglomeraciones polacas deberían haberlo cumplido. A pesar de los esfuerzos de Polonia y del apoyo financiero que presta la UE a través de la Política de Cohesión, la falta de cumplimiento sigue siendo grave. Polonia tiene dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado.

Impacto ambiental: la Comisión insta a POLONIA a cumplir plenamente las normas de la UE

La Comisión pide a Polonia que cumpla la legislación de la UE sobre la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos públicos y privados (Directiva 2011/92/UE). Esta Directiva establece un amplio acceso a la justicia en materia de decisiones relativas al medio ambiente, que también están sujetas a la participación del público. En determinados proyectos, Polonia no permite que las organizaciones medioambientales pidan a un órgano jurisdiccional que adopte medidas cautelares o impugne el permiso final en relación con una falta de conformidad con las normas de la UE. Además, en el caso de algunos proyectos de infraestructuras, como proyectos de construcción de carreteras o aeropuertos, los efectos del recurso judicial son limitados. Las autoridades polacas están al corriente de este asunto y deben modificar la legislación nacional por la que se transpone la Directiva a fin de resolver el problema. No obstante, dado que sigue sin abordarse este asunto, la Comisión envía otra carta de emplazamiento a las autoridades polacas. Polonia dispone de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado.

 

5. Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales

(Más información: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Dictámenes motivados

Servicios financieros: la Comisión pide a los Estados miembros que apliquen las normas de la UE sobre mercados financieros

La Comisión Europea ha pedido hoy a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia que apliquen plenamente la revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (Directiva 2014/65/UE, MiFID II) en su marco nacional. La Directiva, junto con un Reglamento (MiFIR, Reglamento (UE) n.º 600/2014), fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para que contribuyera a establecer unos mercados financieros de la UE más transparentes, competitivos e integrados a fin de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y los consumidores y, en última instancia, que se incremente la estabilidad financiera. La Directiva armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos. Aunque el plazo original fijado para la transposición de la Directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, los Estados miembros mencionados no han incorporado las normas a su legislación nacional, o no las han incorporado plenamente. En este contexto, la Comisión ha pedido asimismo a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Rumanía que apliquen plenamente la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, que complementa la Directiva 2014/65/UE, o MiFID II, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios. Si las medidas para incorporar plenamente estas Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Servicios financieros: la Comisión pide a ESPAÑA que aplique las normas prudenciales de la UE para bancos y empresas de inversión

La Comisión Europea ha pedido hoy a España que aplique plenamente la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 2013/36/UE). Junto con el Reglamento sobre requisitos de capital (Reglamento (UE) n.º 575/2013), la Directiva establece los requisitos prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión en la Unión Europea mediante la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas de los riesgos a los que están expuestas. La Directiva también establece normas sobre la concesión de licencias y la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Hasta la fecha, España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Estas disposiciones se refieren principalmente a las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. También incluyen mecanismos de denuncia de infracciones y normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección. Si las medidas para incorporar plenamente la presente Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Servicios financieros: la Comisión pide a ESPAÑA que garantice una correcta aplicación de las normas de la UE para fondos de inversión

La Comisión ha pedido a España que adapte su legislación nacional a la legislación de la UE relativa a la Directiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (Directiva 2014/91/UE). Los fondos OICVM son vehículos de inversión creados con el único objeto de reunir activos de inversores y a continuación reinvertirlos en un conjunto diversificado de activos. El objetivo de la Directiva es establecer normas comunes para el funcionamiento de los fondos OICVM en los Estados miembros. Por consiguiente, la falta de una aplicación adecuada de la Directiva mencionada podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de fondos de inversión. En particular, la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la Directiva. Si las autoridades nacionales no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Asuntos archivados

Seguros: la Comisión archiva cuatro asuntos como consecuencia de la transposición por los Estados miembros de normas en materia de seguros y reaseguros

La Comisión Europea se congratula por la transposición de las normas nacionales sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II - Directiva 2009/138/UE, y Omnibus II - Directiva 2014/51/UE) por Chipre, Irlanda, Portugal y Letonia.  Solvencia II, un marco prudencial basado en los riesgos para la supervisión de las empresas de seguros y reaseguros, tiene como objetivo proteger a los tomadores y beneficiarios de seguros garantizando la solidez financiera de las compañías de seguros. La Comisión ha decidido hoy archivar los casos de infracción incoados respecto a esos Estados miembros en mayo de 2015.

Servicios financieros: la Comisión archiva este asunto dado que POLONIA ha transpuesto las normas de la UE sobre los gestores de fondos de inversión alternativos

La Comisión se felicita de la transposición por parte de Polonia de la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (Directiva GFIA, Directiva 2011/61/UE). Esta Directiva se aplica a los gestores de sistemas de inversión alternativos diseñados para inversores profesionales. Entre los fondos de inversión alternativos se incluyen los fondos de inversión libre, los fondos de capital inversión, los fondos inmobiliarios y una gran variedad de otros tipos de fondos institucionales. La Comisión ha decidido hoy archivar los casos de infracción incoados contra Polonia en noviembre de 2014.

 

6. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

(Más información: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

Cartas de emplazamiento

Contratación pública: la Comisión pide a AUSTRIA que elimine las restricciones para que los operadores económicos accedan a un proceso de recurso jurídico eficaz

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Austria sobre las restricciones para que los operadores económicos puedan acceder a un proceso de recurso jurídico eficaz en asuntos relacionados con la contratación pública. Las prácticas actuales obligan a las empresas en Baja Austria a consultar al órgano de conciliación antes de iniciar una solicitud de recurso jurídico contra cualquier decisión tomada por el poder adjudicador. Además, la legislación austriaca impide que el denunciante pueda solicitar cualquier tipo de medida provisional eficaz durante el procedimiento de conciliación, y permite al poder adjudicador celebrar el contrato después de cuatro semanas, incluso en caso de que no se haya alcanzado ninguna solución. La Comisión considera que estas prácticas son contrarias a las normas de la UE sobre la aplicación de los procedimientos de recurso a la adjudicación de contratos públicos de suministro y contratos de obras públicas (Directiva sobre procedimientos de recurso, Directiva 89/665/CEE del Consejo). Austria dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado a Austria.

Contratos públicos de defensa: la Comisión inicia procedimientos de infracción contra cinco Estados miembros

Desde el principio de su mandato, la Comisión Juncker ha tomado medidas para construir una Europa fuerte capaz de defender y proteger a sus ciudadanos en el interior y en el exterior, una ambición que no puede lograrse sin la puesta en común del gasto en defensa y el refuerzo de las condiciones para un mercado de la defensa abierto y competitivo en Europa. Con este telón de fondo, y según lo anunciado en el Plan de Acción Europeo de Defensa, la Comisión vela por la aplicación efectiva de las normas sobre contratos públicos de defensa con el fin de ayudar a que las empresas operen a través de las fronteras y a que los Estados miembros obtengan el mejor rendimiento de su dinero. La Comisión Europea ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Dinamarca, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal por no aplicar, o hacerlo de forma incorrecta, las normas de la UE sobre la contratación pública en los mercados de la defensa y la seguridad. Los procedimientos de infracción incoados hoy hacen referencia a lo siguiente: la adjudicación directa por Italia, Polonia y Portugal de una serie de contratos de defensa a proveedores nacionales en contra de lo dispuesto en la Directiva sobre contratos públicos de defensa. Con arreglo a esta Directiva, los poderes adjudicadores están obligados a – salvo excepciones estrictamente definidas – adjudicar contratos mediante la aplicación de uno de los procedimientos de licitación estipulados en el artículo 25 de la Directiva 2009/81/CE y dar a conocer sus intenciones mediante la publicación de un anuncio de licitación en la base de datos TED (Tenders Electronic Daily). En el caso de Dinamarca y los Países Bajos, la Comisión está preocupada por el hecho de que ambos países hayan impuesto requisitos de compensación injustificados por los que se exigen compensaciones a proveedores no nacionales cuando se les compran equipos de defensa. Los requisitos de compensación son medidas restrictivas que obstaculizan la libre circulación de bienes y servicios y son incompatibles tanto con el Tratado de la UE como con la transposición y la aplicación correctas de la Directiva. Los Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

7. Justicia, consumidores e igualdad de género

(Más información: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Dictámenes motivados

Justicia penal: la Comisión exhorta a cuatro Estados miembros a transponer las normas para facilitar el intercambio de pruebas dentro de la UE

La Comisión Europea ha emitido hoy un dictamen motivado dirigido a Austria, Bulgaria, España y Luxemburgo por no transponer las normas de la UE en relación con la orden europea de investigación en materia penal (Directiva 2014/41/UE) a su legislación nacional. Esta Directiva, que se basa en el reconocimiento mutuo, exige a los Estados miembros que reconozcan y ejecuten la solicitud de pruebas presentada por otro Estado miembro de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación hubiera sido ordenada por una autoridad nacional. De esta manera, la lucha contra la delincuencia y el terrorismo es mucho más rápida y eficaz a nivel europeo. Los Estados miembros tenían como plazo hasta el 22 de mayo de 2017 para incorporar a sus legislaciones nacionales las normas de la UE relativas a la orden europea de investigación. La Comisión envió una carta de emplazamiento a estos Estados miembros en julio de 2017. Si los Estados miembros en cuestión no actúan en el plazo de dos meses, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

Derechos procedimentales: la Comisión pide a BULGARIA que aplique la legislación de la UE sobre el derecho a la asistencia de letrado

La Comisión emitió un dictamen motivado en el que instaba a Bulgaria a facilitar información sobre la manera en que la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales (Directiva 2013/48/UE) se está incorporando a su legislación nacional. En la UE, toda persona sospechosa de un delito tiene el derecho fundamental a un juicio imparcial y a defensa. La Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado contribuye a garantizar este derecho fundamental. Esta Directiva debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional el 27 de noviembre de 2016 a más tardar. La Comisión había enviado una carta de emplazamiento a Bulgaria en enero de 2017. Hasta el día de hoy, Bulgaria aún no ha notificado a la Comisión ninguna norma nacional que trasponga este acto legislativo de la UE. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Bulgaria. Bulgaria tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, el asunto podría llevarse ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión insta a FINLANDIA a aplicar correctamente las normas de la UE sobre prácticas comerciales desleales

La Comisión pide a Finlandia que actúe con rapidez para garantizar que la legislación de la UE sobre las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE) se incorpore correctamente al Derecho nacional. La Directiva sobre prácticas comerciales desleales protege a los consumidores de las prácticas comerciales desleales y garantiza que estos no sean inducidos a error o se vean expuestos a una comercialización agresiva. Con estas normas, los comerciantes deben aplicar unas normas profesionales estrictas en sus prácticas comerciales con respecto a los consumidores. La Comisión envió una carta de emplazamiento a Finlandia en abril de 2014 y otra en marzo de 2015 con respecto a varias cuestiones relacionadas con la Directiva. Sin embargo, una cuestión sigue pendiente. La presentación de contenidos editoriales patrocinados en los medios de comunicación sin dejar claro que un comerciante ha pagado por ese contenido debe definirse claramente como una práctica incluida en la lista negra. Este no es el caso en la legislación finlandesa, y este país no ha presentado ninguna explicación satisfactoria de la razón por la que existe esta omisión. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Finlandia. Si Finlandia no toma medidas en los próximos dos meses, la Comisión podría llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia.

Derechos de los ciudadanos: la Comisión pide a LITUANIA que garantice la igualdad de derechos de los ciudadanos de la UE a la hora de afiliarse a un partido político

La Comisión emitió un dictamen motivado en el que pedía a Lituania que garantizara que la legislación nacional respeta los derechos políticos de los ciudadanos de la UE. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 20 y 22 del TFUE) otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el país de la UE en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de esos Estados miembros. La legislación lituana, en la actualidad, no permite a los ciudadanos de otros países de la UE que viven en Lituania afiliarse a un partido político en las mismas condiciones que los lituanos. Existe una clara discriminación contra los ciudadanos de la UE no nacionales, en particular los que han sido residentes durante menos de cinco años o cuya residencia se ha visto interrumpida. Como parte de los esfuerzos para fomentar los derechos vinculados a la ciudadanía de la UE, la Comisión pide a las autoridades lituanas que tomen medidas y ha decidido enviar un dictamen motivado a Lituania. Si las autoridades lituanas no actúan en el plazo de dos meses, este asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión espera que esta cuestión pueda resolverse antes de las próximas elecciones a los consejos municipales que tendrán lugar en febrero de 2019 a fin de permitir que todos los ciudadanos de la UE que viven en Lituania participen en la vida democrática de este país.

 

8. Asuntos marítimos y pesca

(Más información: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Un dictamen motivado

Conservación de los recursos biológicos marinos: la Comisión pide a PORTUGAL que respete la competencia exclusiva de la UE en aplicación de la política pesquera común

La Comisión ha decidido hoy emitir un dictamen motivado destinado a Portugal debido al incumplimiento de la competencia exclusiva interna y externa de la Unión en lo que respecta a la conservación de los recursos biológicos marinos. La UE tiene una competencia exclusiva en el ámbito de la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común (artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE). Las competencias atribuidas a la UE a nivel interno también confieren a la UE competencia exclusiva para contraer compromisos internacionales con otros Estados y/u organizaciones internacionales a efectos de la conservación de los recursos biológicos marinos. Las acciones emprendidas por Portugal en relación con la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE) y el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) vulneran la competencia exclusiva de la UE. Estas acciones se han realizado en el contexto de un proceso ya en curso en la CPANE, iniciado con el pleno apoyo de la UE, que tiene como objetivo impedir que las actividades de pesca de fondo tengan unas consecuencias importantes en ecosistemas marinos vulnerables. La Comisión considera que un enfoque de este tipo vulnera el Derecho de la UE. Si Portugal no presenta una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

9. Movilidad y transporte

(Más información: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Transporte sostenible: la Comisión lleva a MALTA y a RUMANÍA ante el Tribunal de Justicia por no aplicar las normas de la UE sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Malta y a Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber comunicado sus marcos de acción nacional con arreglo a la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Los marcos de acción nacional son el principal instrumento para garantizar la creación coordinada de una infraestructura suficiente para los combustibles alternativos, lo que incluye puntos de recarga para vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural y de hidrógeno. El establecimiento de estos marcos también contribuye a evitar una fragmentación del mercado interior gracias a una introducción coordinada de los combustibles alternativos. Se exigió a los Estados miembros que notificaran sus marcos de acción nacional a la Comisión con fecha límite del 18 de noviembre de 2016. Hasta la fecha, Malta y Rumanía todavía no lo han hecho, a pesar de que la Comisión envió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado los días 15 de febrero de 2017 y 13 de julio de 2017, respectivamente. Acelerar la implantación de infraestructuras para los combustibles alternativos es fundamental para ofrecer una movilidad limpia y competitiva a todos los europeos, tal como anunció la Comisión en el «paquete de movilidad limpia» adoptado en noviembre de 2017. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Inspección técnica: la Comisión insta a los Estados miembros a transponer las nuevas normas para la inspección técnica de vehículos que incrementan la seguridad vial

La Comisión ha pedido hoy a seis Estados miembros que transpongan plenamente el «paquete sobre la inspección técnica de vehículos» adoptado en 2014 y cuyo objetivo es mejorar la inspección de vehículos en la UE y, por lo tanto, la seguridad vial. Este paquete está formado por tres Directivas de la UE que los Estados miembros debían transponer el 20 de mayo de 2017, a más tardar. Sin embargo, hasta la fecha, Alemania, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Irlanda y Rumanía no lo han hecho, o solo en parte. En primer lugar, Chequia, Rumanía y Eslovaquia no han adoptado, publicado y comunicado a la Comisión las medidas nacionales por las que se transponen las normas actualizadas sobre la inspección técnica periódica de los vehículos de motor y de sus remolques (Directiva 2014/45/UE). Esta Directiva se aplica a turismos, camiones, autobuses, remolques pesados, motocicletas y tractores de alta velocidad, y define los elementos que deben examinarse durante la inspección técnica, los métodos de ensayo y los defectos y su evaluación. La Directiva también introduce requisitos mínimos para las instalaciones de inspección, la formación de los inspectores y los órganos de supervisión. En segundo lugar, Chipre, Eslovaquia e Irlanda no han aprobado, publicado y comunicado a la Comisión las medidas nacionales de transposición de las normas actualizadas sobre los documentos de matriculación de los vehículos (Directiva 2014/46/UE). Esta Directiva obliga a los Estados miembros a crear registros electrónicos de vehículos con un contenido armonizado, y define el procedimiento que debe seguirse en caso de que no se supere la inspección técnica periódica. Por último, Alemania, Chequia, Eslovaquia e Irlanda no han aprobado, publicado y comunicado a la Comisión las medidas nacionales de transposición del régimen actualizado para la inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales (Directiva 2014/47/UE). Esta Directiva establece normas comunes para la inspección técnica en carretera de camiones, autobuses, remolques pesados y tractores de alta velocidad. La Comisión envió estas peticiones en forma de dictámenes motivados. Todos los Estados miembros afectados disponen ahora de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Transporte por carretera: la Comisión pide a tres Estados miembros que apliquen las normas de la UE sobre las dimensiones y los pesos máximos para determinados vehículos de carretera

La Comisión ha solicitado hoy a Chequia, Chipre y Rumanía que comuniquen las medidas nacionales por las que se aplican las normas europeas actualizadas en relación con las dimensiones y los pesos máximos de determinados vehículos de carretera (Directiva 2015/719/UE). Estas normas, que afectan al tráfico internacional, desempeñan un papel importante en el funcionamiento del mercado interior y la libre circulación de mercancías en Europa. Entre otras cosas, la Directiva introduce excepciones para los vehículos pesados de transporte de mercancías con un mejor rendimiento aerodinámico, o para los propulsados por combustibles alternativos. De esta manera se incita a utilizar vehículos más limpios, que pueden ser más largos o más pesados que los tradicionales. Esta Directiva debería haber sido aplicada por los Estados miembros el 7 de mayo de 2017 a más tardar. Todos los Estados miembros afectados disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión todas las medidas adoptadas para garantizar la plena implementación de la Directiva. De lo contrario, la Comisión Europea podría tomar la decisión de remitir estos asuntos al Tribunal de Justicia de la UE.

Cartas de emplazamiento

Navegación interior: la Comisión pide a BÉLGICA que cumpla las normas de la UE sobre fletamento y fijación de precios

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Bélgica por la incompatibilidad del requisito nacional en materia de fletamentos y de fijación de precios en el transporte por vías navegables interiores con el Derecho de la UE (Directiva 96/75/CE del Consejo). La Directiva establece que los contratos, tanto en el transporte internacional como en el nacional, se celebrarán libremente entre las partes afectadas y que los precios se negociarán libremente. Bélgica dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de enviar un dictamen motivado.

 

10. Fiscalidad y unión aduanera

(Más información: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Un dictamen motivado

Fiscalidad: la Comisión pide a ITALIA que levante las restricciones a la libre circulación de capitales en relación con las inversiones en bienes inmuebles

La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Italia por excluir a los ciudadanos de la UE de nacionalidad no italiana que no tienen la intención de instalarse en Italia de un régimen de tipo reducido para su primera adquisición de una vivienda no de lujo en territorio italiano. Esta limitación vulnera las normas de la UE sobre la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE), que garantizan el derecho a la libre circulación de capitales en la UE. Si Italia no toma medidas en los próximos dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Una carta de emplazamiento

Fiscalidad: la Comisión pide al REINO UNIDO que ajuste sus prácticas nacionales en relación con el régimen de miniventanilla única del IVA a las normas de la UE

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de requerimiento al Reino Unido por no recoger y transmitir a los demás Estados miembros los datos de la cuenta bancaria para cada sujeto pasivo registrado en el sistema a escala de la UE para la recaudación del IVA de las ventas en línea de servicios electrónicos (miniventanilla única del IVA), recientemente acordado. Esta práctica infringe la normativa de la UE sobre cooperación administrativa (Reglamento 904/2010 del Consejo y Reglamento de Ejecución 815/2012 de la Comisión). En la actualidad, los Estados miembros que deseen conceder una devolución a sujetos pasivos en el Reino Unido tienen que recoger información adicional caso por caso, lo cual retrasa las devoluciones. Si el Reino Unido no toma medidas en los próximos dos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado a las autoridades de este país.

 

11. Principios de los Tratados

(Más información: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs – tel.: +32 229 67560)

Un dictamen motivado

Responsabilidad del Estado: la Comisión insta a ESPAÑA a cumplir las normas de la UE sobre los principios de equivalencia y de efectividad

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España debido a que las normas de este país incumplen los principios de equivalencia y/o de efectividad. Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE La Comisión incoó un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en junio de 2017. España dispone de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

MEMO/18/349

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