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Comisión Europea - Hoja informativa

Preguntas y respuestas: la Comisión responde a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el glifosato y anuncia más transparencia en las evaluaciones científicas

Estrasburgo, 12 de diciembre de 2017

¿Por qué no prohibió la Comisión el glifosato?

En la actualidad no existen razones científicas ni jurídicas que justifiquen la prohibición del glifosato. Tras un proceso científico exhaustivo y transparente, durante el que se hicieron públicas más de 6 000 páginas de evaluación científica, la evaluación de riesgos de la UE concluyó que el glifosato no provoca cáncer y que, cuando se utiliza con arreglo a las buenas prácticas agrícolas, tampoco presenta un riesgo inaceptable para el medio ambiente. A raíz de esta exhaustiva evaluación científica de todos los datos disponibles sobre el glifosato y de la votación favorable de los representantes de los Estados miembros el 27 de noviembre de 2017[1], la Comisión ha adoptado hoy la renovación de la aprobación del glifosato por un período de cinco años.

Las autoridades nacionales de Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, así como la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), han llegado a la misma conclusión. Tan solo un organismo —el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC)— difiere en su opinión en cuanto a la evaluación de un posible vínculo entre el glifosato y el cáncer en las personas.

Además, la evaluación de la UE sobre el impacto del glifosato en el medio ambiente no aportó ninguna prueba que indique una degradación de los ecosistemas causada por el glifosato cuando se utiliza con arreglo a las condiciones de autorización y de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, la Comisión exigirá que, al evaluar las solicitudes de autorización de productos que contengan glifosato, los Estados miembros presten especial atención tanto a los riesgos para la biodiversidad como a la protección de los usuarios no profesionales.

Por último, la Comisión Europea tiene la obligación legal de responder a las solicitudes de aprobación o de renovación de la aprobación, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos de la UE.

¿Cuál es el estatus del glifosato en la UE en estos momentos?

El 27 de noviembre de 2017, los Estados miembros de la UE votaron a favor de la propuesta de la Comisión de renovar su aprobación por un período de cinco años, que la Comisión ha adoptado hoy. Esto es consecuencia de la iniciativa del presidente Juncker de debatir el asunto en varias ocasiones en el Colegio, tras lo que se redujo de quince a cinco años la duración de la propuesta de renovación, con el fin de tener en cuenta la Resolución más reciente del Parlamento Europeo y de recabar el apoyo del mayor número posible de Estados miembros. Corresponde ahora a los Estados miembros volver a evaluar todos los productos a base de glifosato disponibles en sus respectivos territorios.                                                                                                      

¿Por qué cinco y no quince años?

Aunque quince años es el plazo que la Comisión propone habitualmente para la renovación de la aprobación de una sustancia activa cuando se reúnen todos los criterios de aprobación, el del glifosato no es un caso habitual.

A la hora de establecer el período de renovación adecuado, la Comisión ha tenido en cuenta otros factores legítimos, además de los resultados de las evaluaciones científicas del glifosato llevadas a cabo a nivel de la Unión Europea por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y los Estados miembros. Aunque ya existe un ingente volumen de información sobre la sustancia activa glifosato, se sigue publicando información adicional a un ritmo excepcionalmente elevado en comparación con otras sustancias activas.

Por lo tanto, al decidir acerca de la duración del período de aprobación del glifosato, la Comisión ha valorado la posibilidad de que se produzca una rápida evolución en el ámbito de la ciencia y la tecnología en el futuro, teniendo en cuenta también que este es el herbicida más utilizado en la UE.

Por otra parte, la Comisión ha tenido en cuenta las últimas resoluciones no vinculantes adoptadas por el Parlamento Europeo. Antes de adoptar formalmente hoy la decisión también se ha examinado detenidamente la 4.a Iniciativa Ciudadana Europea (ICE).

¿Qué sucede con los productos a base de glifosato, como Roundup? ¿También se ha renovado automáticamente su autorización?

No. Eso corresponde a los Estados miembros. Los Estados miembros son responsables de la autorización y el uso en sus respectivos territorios de los productos fitosanitarios («plaguicidas») que contengan sustancias activas.

A escala de la UE, únicamente se decide la aprobación de las sustancias activas. Este reparto de responsabilidades se basa en el principio de subsidiariedad y refleja las diferencias en las condiciones climáticas, agronómicas y medioambientales de los Estados miembros.

A raíz de la renovación del glifosato, los Estados miembros deberán volver a evaluar todos los productos autorizados existentes que contengan esta sustancia activa, como Roundup. Si los titulares de las autorizaciones solicitan a las autoridades nacionales mantener las autorizaciones anteriores, los Estados miembros pueden decidir establecer restricciones o prohibiciones respecto de algunas o de todas ellas en caso de que esté justificado en virtud de pruebas relacionadas con las circunstancias particulares en sus respectivos territorios.

Puede consultarse más información sobre cómo se autorizan los plaguicidas en la UE en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/assets/sante/food/plants/pesticides/lop/index.html

¿Qué piensa hacer la Comisión para aumentar el acceso público a los estudios científicos presentados por la industria?

La Comisión está plenamente de acuerdo en que la transparencia en las evaluaciones científicas y en la toma de decisiones es vital para garantizar la confianza en el sistema reglamentario de la seguridad alimentaria. Por consiguiente, a más tardar en la primavera de 2018, la Comisión presentará una propuesta legislativa que aumentará aún más la transparencia y la calidad de los estudios utilizados en la evaluación científica de las sustancias.Esta propuesta abarcará estos y otros aspectos pertinentes tales como la gobernanza de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

En particular, examinará las posibilidades de aumentar la transparencia de los estudios encargados por la industria, así como de reforzar la gobernanza para la realización de dichos estudios. Antes de ello, se llevará a cabo una consulta pública.

Ya se hace pública una parte importante de los estudios y otra información que la industria presenta para la evaluación de sustancias activas. En dicha información se incluyen el expediente resumido, el informe de evaluación del Estado miembro ponente sobre el que la EFSA realiza una consulta pública, todas las observaciones de los expertos de los Estados miembros y las personas interesadas y las respuestas a estas, los informes de las reuniones de evaluación de expertos homólogos y la conclusión de la EFSA. En el caso del glifosato ya se han hecho públicas más de 6 000 páginas de evaluación científica.

¿Qué ocurre con la posibilidad de financiar con fondos públicos estudios científicos sobre productos como el glifosato?

El coste de cada uno de los estudios se cifra entre varios miles y varios millones de euros. La Comisión mantiene su compromiso con el principio de que no deben emplearse fondos públicos para encargar estudios que ayuden a la industria a poner un producto en el mercado. No obstante, en los próximos meses la Comisión examinará si podrían darse respuestas innovadoras, como la financiación de estudios ad hoc por los organismos europeos en caso de serias dudas sobre sustancias ampliamente utilizadas. En esos casos, también podría contemplarse la participación de las autoridades públicas nacionales y una mejor auditoría de los estudios.

¿Es sostenible el actual uso de plaguicidas en la UE?

La política de la UE ya está orientada a reducir la dependencia de los plaguicidas y lograr un futuro sin ellos, tal como se solicitaba en la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos». Los organizadores de la Iniciativa Ciudadana Europea pidieron que se establecieran «unos objetivos de carácter vinculante en toda la UE para la reducción en el uso de los pesticidas con vistas a un futuro libre de estos productos».

Los Estados miembros son competentes y responsables del uso (sostenible) de los plaguicidas en sus respectivos territorios. Al mismo tiempo, la transposición de la Directiva sobre el uso sostenible[2] sigue siendo desigual. Como se muestra en un informe publicado en octubre de 2017, mientras que todos los Estados miembros han adoptado planes de acción nacionales sobre plaguicidas —en muchos casos con retrasos importantes y con una enorme diversidad en su integridad y alcance—, solo cinco Estados miembros[3] han establecido objetivos ambiciosos mensurables, de los que cuatro se refieren a la reducción de riesgos y uno a la reducción del uso.

La Comisión sigue instando a los Estados miembros a hacer mayores esfuerzos, especialmente con respecto a lo siguiente: certificación y formación de los usuarios profesionales, los distribuidores y los asesores; restricción de la venta de plaguicidas para uso profesional a aquellas personas que sean titulares de un certificado; condiciones estrictas para la manipulación y el almacenamiento de plaguicidas; inspección de los equipos de pulverización; prohibición general de la pulverización aérea; reducción del uso de plaguicidas en zonas específicas, como los parques públicos; protección del medio acuático; e información del público en general.

La Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la alimentación y la agricultura ecológicas[4], recientemente adoptada, reconoce la necesidad de respaldar los objetivos de la Directiva sobre el uso sostenible.

¿Cuál es el papel de la gestión integrada de plagas (GIP)?

La Directiva sobre el uso sostenible obliga a los Estados miembros a fomentar una gestión de las plagas con bajo consumo de plaguicidas, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos. La gestión integrada de plagas es una piedra angular de la Directiva, pero los Estados miembros no verifican sistemáticamente el cumplimiento de los principios de dicha gestión a nivel de agricultor individual. Aunque los Estados miembros adopten una serie de medidas para fomentar la GIP, esto no garantiza necesariamente que los usuarios apliquen realmente las técnicas oportunas a ese respecto. El informe concluye que la GIP sigue siendo infrautilizada por parte de los Estados miembros.

Además, los Estados miembros todavía no han establecido criterios claros para garantizar que todos los usuarios profesionales apliquen los principios generales de la gestión integrada de plagas. Tales criterios son necesarios para comprobar el logro del resultado esperado de la GIP, es decir, la reducción de la dependencia de los plaguicidas. De no ser así, los Estados miembros deben adoptar medidas coercitivas.

¿Cómo ayudará la Comisión a los Estados miembros a reducir el impacto de los plaguicidas?

La Comisión ayudará a los Estados miembros a elaborar metodologías para evaluar el cumplimiento de los principios de la gestión integrada de plagas, teniendo en cuenta la diversidad de la agricultura de la UE y el principio de subsidiariedad. La gestión de plagas con bajo consumo de plaguicidas incluye la agricultura ecológica, que en estos momentos abarca el 6,2 % de la superficie agrícola de la UE.

La Comisión también está haciendo todo lo posible por aumentar la disponibilidad de sustancias de bajo riesgo. Como resultado concreto cabe mencionar que el número de sustancias de bajo riesgo y/o plaguicidas no químicos aprobados por la UE se ha duplicado desde 2009. A fin de aumentar la disponibilidad de sustancias de bajo riesgo, la Comisión dio prioridad, en el programa de revisión en curso, a la evaluación de posibles sustancias activas de bajo riesgo. Gracias a la reciente adopción de un acto legislativo, la Comisión aclaró los criterios existentes para la identificación y la aprobación de sustancias de bajo riesgo.

Por último, la Comisión continuará trabajando con los Estados miembros para divulgar ejemplos de buenas prácticas de aplicación a través de grupos de trabajo y actividades de formación. En el marco del programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria», se da prioridad al refuerzo de la capacidad de los Estados miembros para interpretar y aplicar los principios del uso sostenible.

Tras la adopción de una versión revisada de los planes de acción nacionales, y con la información actualizada de que dispone, gracias a sus auditorías y otras fuentes, la Comisión presentará en 2019 un nuevo informe sobre el uso de plaguicidas.

¿Cómo se medirán los avances registrados en la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas?

A fin de realizar el seguimiento de las tendencias en la reducción de los riesgos del uso de plaguicidas a escala de la UE, la Comisión creará indicadores armonizados de riesgo, además de los indicadores de riesgo nacionales existentes. De esa manera, la Comisión podrá determinar la eficacia de las medidas al evaluar las opciones de actuación para el futuro.

Para más información:

Iniciativa Ciudadana Europea: «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos»

Comunicado de prensa: Glifosato: la Comisión responde a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el glifosato y anuncia más transparencia en las evaluaciones científicas

[1]En el Comité de apelación del 27 de noviembre de 2017 se aprobó un dictamen favorable con los Estados miembros, de los cuales dieciocho (el 65,71 % de la población de la UE) votaron a favor de la renovación; nueve (32,26 %) votaron en contra y uno (2,02 %) se abstuvo.

[2] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en

[3] Cuatro Estados miembros tienen objetivos de reducción de riesgos (Alemania, Bélgica, Dinamarca y Grecia) y uno (Francia) tiene un objetivo de reducción del uso.

[4] COM(2017) 713.

MEMO/17/5192

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