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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de procedimientos de infracción del mes de diciembre: principales decisiones

Bruselas, 7 de diciembre de 2017

Desglose por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación. La Comisión archiva asimismo 130 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin tener que seguir adelante con el procedimiento.

Para más información sobre los procedimientos de infracción, véase la nota informativa completa MEMO/12/12. Para más detalles sobre todas las decisiones adoptadas, véase el registro de decisiones sobre procedimientos de infracción.

 

1. Mercado único digital

(Más información: Nathalie Vandystadt, tel. +32 22967083; Inga Höglund, tel. +32 22950698)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Gestión colectiva de derechos: la Comisión lleva a BULGARIA, ESPAÑA, LUXEMBURGO y RUMANÍA ante el Tribunal de Justicia

La Comisión ha tomado hoy la decisión de llevar a Bulgaria, España, Luxemburgo y Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado, antes del plazo límite de 10 de abril de 2016, la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de las normas de la UE relativas a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea (Directiva sobre la gestión colectiva de derechos, Directiva 2014/26/UE). La Comisión pide al Tribunal de Justicia que imponga sanciones económicas a esos 4 Estados miembros (Bulgaria, 19 121, 60 EUR diarios; España, 123 928,64 EUR diarios; Luxemburgo, 12 920,00 EUR diarios; y Rumanía, 42 377,60 EUR diarios). Los procedimientos de infracción contra estos países se iniciaron en mayo de 2016. Hasta la fecha, ninguno de los Estados miembros afectados ha comunicado a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional. En el marco de otro procedimiento de infracción contra Rumanía, la Comisión tomó también la decisión, en mayo de 2016, de enviarle una carta de emplazamiento en relación con la aplicación del sistema de gestión colectiva obligatoria de obras musicales. La Comisión considera que el ordenamiento jurídico rumano no es conforme con la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información ni con la Directiva sobre la gestión colectiva de derechos. La Directiva sobre la gestión colectiva de derechos tiene el objetivo de mejorar el modo en que se administran todas las entidades de gestión colectiva mediante la introducción de una gobernanza común, obligaciones de transparencia y normas sobre gestión financiera. Asimismo, la Directiva establece normas comunes para la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. La Directiva sobre la gestión colectiva de derechos constituye una parte fundamental de la legislación europea en materia de derechos de autor. Todas las entidades de gestión colectiva tienen que mejorar sus normas sobre gobernanza y transparencia. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Carta de emplazamiento

La Comisión insta a RUMANÍA a que vele por la correcta aplicación del sistema de gestión colectiva obligatoria

La Comisión ha decidido remitir una carta de emplazamiento a Rumanía por no notificar la plena aplicación de las normas de la UE sobre el sistema de gestión colectiva obligatoria de obras musicales. La Comisión considera que el ordenamiento jurídico rumano no es conforme con la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva 2001/29/CE) ni con la Directiva relativa a la gestión colectiva de derechos (Directiva 2014/26/UE). Con arreglo al Derecho de la UE, los autores pueden autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra. Sin embargo, en virtud de la normativa rumana, los autores no tienen más remedio que ceder la gestión de su derecho de comunicación pública de obras musicales a una entidad de gestión colectiva. Ello da lugar a una privación del derecho exclusivo del autor a la comunicación pública que, en opinión de la Comisión, no está justificada con arreglo al Derecho de la UE. Rumanía dispone ahora de dos meses para responder a esta carta.

 

2. Empleo, asuntos sociales e inclusión

(Más información: Christian Wigand, tel. +32 22962253; Sara Soumillion, tel. +32 22967094)

Dictamen motivado

La Comisión insta a ITALIA a que notifique la plena transposición de la normativa de la UE relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo de la Organización Internacional del Trabajo

Al emitir este dictamen motivado, la Comisión insta a Italia a notificar todas las medidas nacionales de transposición de la normativa de la UE relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006 (CTM; Directiva 2009/13/CE del Consejo). La Directiva aplica el acuerdo relativo a la ejecución del CTM alcanzado por los interlocutores sociales de la UE del sector marítimo. Esta Directiva entró en vigor el 20 de agosto de 2013, fecha de entrada en vigor del Convenio, e incorpora las disposiciones vinculantes del CTM sobre las condiciones de vida y de trabajo para la gente de mar reguladas conforme al artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular las disposiciones relativas al acuerdo de empleo de la gente de mar, la edad mínima, el tiempo de trabajo, la salud y la seguridad, así como al bienestar de la gente de mar. Italia notificó a la Comisión una serie de medidas nacionales de transposición, pero varias disposiciones siguen siendo poco claras. La Comisión solicitó aclaraciones a las autoridades italianas, que las facilitaron en consecuencia. No obstante, si bien esta respuesta aclaró ciertas dudas, no existe aún ninguna información en lo que respecta a las medidas nacionales de transposición de determinadas obligaciones derivadas de la Directiva. Por consiguiente, la Comisión considera que Italia no notificó parte de las medidas de aplicación de la Directiva antes del 20 de agosto de 2014. La Comisión solicita ahora a Italia que tome las medidas necesarias para dar cumplimiento íntegro a la Directiva. En caso de que Italia no ajuste su legislación al Derecho de la UE en un plazo de dos meses, la Comisión podrá optar por llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

3. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 22956186; Nicole Bockstaller, tel. +32 22952589)

Cartas de emplazamiento

Mercado interior de la energía: la Comisión pide a CHEQUIA y a CHIPRE que apliquen el tercer paquete energético de la UE

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a Chequia y a Chipre en las que pide formalmente que garanticen la correcta aplicación de la Directiva sobre la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y de la Directiva sobre el gas (Directiva 2009/73/CE). Estas Directivas forman parte del tercer paquete energético y contienen disposiciones legales clave que permiten que los mercados de la energía funcionen correctamente.

Eficiencia energética: la Comisión pide a GRECIA y a MALTA que apliquen correctamente las normas de la UE contenidas en la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios

La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento en las que pide a Grecia y a Malta que velen por la correcta aplicación de la Directiva de la UE relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE). La Directiva obliga a los Estados miembros a establecer y aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos o existentes, garanticen la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exijan la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. La Directiva también exige a los Estados miembros de la UE que garanticen que todos los edificios nuevos sean, a partir de 2021, «de consumo de energía casi nulo» (a partir de 2019, en el caso de los edificios públicos).

 

4. Medio ambiente

(Más información: Enrico Brivio, tel. +32 22956172; Iris Petsa, tel. +32 22993321)

Dictámenes motivados

Impacto ambiental: la Comisión pide a CHEQUIA que complete su conformidad con la normativa de la UE

La Comisión insta a Chequia a que corrija las cuestiones de no conformidad pendientes en relación con la legislación de la UE sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA; Directiva 2011/92/UE). El objetivo de la Directiva es garantizar que los proyectos que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente se evalúen adecuadamente antes de su aprobación. La Comisión incoó un procedimiento formal de infracción en abril de 2013. Las autoridades checas corrigieron en 2015 la mayor parte de los motivos de preocupación que planteaba la Comisión. Sin embargo, aún quedan ciertas cuestiones pendientes de resolver. La legislación checa omite los proyectos que aún no se han aplicado, que han sido comprobados antes del 1 de abril de 2015 o que han sido modificados antes de recibir la autorización. Además, el acceso a la justicia para ese tipo de proyectos no está garantizado en consonancia con los requisitos de la Directiva. Las autoridades checas disponen ahora de dos meses para responder sobre cómo poner remedio a la situación; de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar a Chequia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Agua: la Comisión insta a HUNGRÍA a que vele por el respeto de las normas de la UE relativas al tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Hungríaen relación con su incumplimiento, en un total de 22 aglomeraciones, de los requisitos de la UE establecidos en la Directiva sobre las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminan los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas. Todas esas aglomeraciones deberían haber sido conformes con la Directiva antes del 31 de diciembre de 2008 (en zonas sensibles con una población equivalente de más de 10 000 habitantes) y del 31 de diciembre de 2010 (en zonas normales con una población equivalente de más de 15 000 habitantes), tal como se establece en el Acta de Adhesión de Hungría. La Comisión incoó un procedimiento formal de infracción en febrero de 2017. Los últimos datos presentados por las autoridades húngaras muestran que no se ha logrado la conformidad con la legislación de la UE; de la respuesta de Hungría, tampoco se desprende claramente cuándo se logrará. Las autoridades húngaras disponen de dos meses para responder sobre cómo poner remedio a esta situación; de lo contrario, la Comisión puede llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE. El presente asunto se inscribe en el marco de una acción horizontal que afecta a 12 Estados miembros, todos los cuales se beneficiaron de las excepciones temporales previstas en sus respectivos Tratados de Adhesión.

Aire: la Comisión pide a POLONIA que transponga la nueva legislación de la UE sobre la calidad del aire

La Comisión insta a Polonia a que transponga la normativa de la UE sobre los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente [Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión]. La Directiva actualiza una serie de objetivos de calidad de los datos y los métodos de referencia para medir algunos contaminantes atmosféricos. Asimismo, complementa los criterios para la evaluación de los datos relativos a la calidad del aire ambiente y la ubicación de los puntos de muestreo. El plazo que tenían los Estados miembros para transponer esta Directiva concluyó el 31 de diciembre de 2016. Habida cuenta de que Polonia no lo ha hecho, la Comisión le envía un dictamen motivado y da a las autoridades polacas un plazo de dos meses para responder. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión puede llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bolsas de plástico: la Comisión insta a PORTUGAL a que transponga la normativa de la UE sobre las bolsas de plástico ligeras

La Comisión insta a Portugal a que complete la transposición de la legislación de la UE sobre residuos [Directiva sobre bolsas de plástico ligeras, Directiva (UE) 2015/720] a su legislación nacional. Con el fin de luchar contra el despilfarro de recursos y la dispersión de basura, los Estados miembros tenían que adoptar medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras, tal como exige la Directiva, a más tardar el 27 de noviembre de 2016. Los Gobiernos nacionales pueden elegir entre una lista de medidas para alcanzar los objetivos comúnmente acordados. Estas incluyen instrumentos económicos, tales como tasas o gravámenes. Otra opción consiste en el establecimiento de objetivos nacionales de reducción: los Estados miembros deben garantizar que, de aquí al final de 2019, el consumo de ese tipo de bolsas por persona y año no exceda de 90. Antes de que finalice 2025, ese número debe reducirse a no más de 40 bolsas por persona. Ambas opciones pueden conseguirse mediante medidas obligatorias o mediante acuerdos con los sectores económicos. También es posible prohibir las bolsas de plástico, siempre y cuando tales prohibiciones no excedan de los límites establecidos por la Directiva para preservar la libre circulación de mercancías dentro del mercado único europeo. La Comisión verifica de forma prioritaria si los Estados miembros han cumplido la obligación de transposición de esta Directiva. La Comisión envía hoy un dictamen motivado a Portugal por seguir sin notificar sus medidas a la Comisión. A partir de ahora, las autoridades portuguesas disponen de dos meses para contestar; de lo contrario, la Comisión puede llevar a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Cartas de emplazamiento

Agua: la Comisión insta a HUNGRÍA a que transponga la normativa de la UE sobre el agua potable

La Comisión pide a Hungría que cumpla en todas las zonas del país los parámetros relativos al arsénico, al boro y al fluoruro conforme a lo previsto en la Directiva sobre el agua potable [Directiva 98/83/CE del Consejo]. 365 zonas de Hungría disfrutaron de una excepción temporal que expiró el 25 de diciembre de 2012. Un informe de las autoridades húngaras puso de relieve en abril de 2016 que algunas de esas zonas todavía incumplían los requisitos de la Directiva. Por tanto, la Comisión incoó un procedimiento formal de infracción enviando una carta de emplazamiento que afectaba a las 66 zonas que incumplían la normativa en mayo de 2016. Sin embargo, un reciente informe de Hungría indicaba que ese informe anterior contenía datos erróneos en relación con varias zonas. Por lo tanto, la Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento adicional a Hungría en relación con 28 zonas no conformes. Hungría tiene dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado.

Bienestar animal: la Comisión pide a HUNGRÍA que transponga correctamente las medidas sobre la protección de los animales de laboratorio

La Comisión decidió enviar una carta de emplazamiento a Hungría sobre la incorrecta transposición a la legislación húngara de una serie de disposiciones de la normativa de la UE relativas a la protección de los animales utilizados para fines científicos [Directiva 2010/63/UE]. La Directiva, que debía transponerse a más tardar el 10 de noviembre de 2012, garantiza un alto nivel de bienestar animal, salvaguardando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior. También persigue reducir al mínimo el número de animales utilizados en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible. Las autoridades húngaras han transpuesto incorrectamente la Directiva a la legislación nacional y, por tanto, es necesario corregir ciertas cuestiones de no conformidad. Si bien las autoridades húngaras han indicado su voluntad de rectificar la mayor parte de estas cuestiones, no se han adoptado hasta la fecha las modificaciones legislativas necesarias. Hungría tiene dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado.

Ruido: la Comisión insta a FRANCIA y a GRECIA a que adopten mapas de ruido y planes de acción sobre el ruido ambiental

La Comisión pide a Francia y a Grecia que cumplan las disposiciones principales de la Directiva sobre el ruido (Directiva 2002/49/CE). El ruido ambiental generado por el tráfico rodado, ferroviario y aeroportuario es la segunda causa de muerte prematura tras la contaminación atmosférica. La Directiva sobre el ruido exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido sobre la exposición al ruido en las grandes aglomeraciones, los grandes ejes ferroviarios, los grandes ejes viarios y los grandes aeropuertos. Esos mapas sirven luego de base para definir medidas en los planes de acción sobre el ruido. En el caso de Francia, faltan los planes de acción de 58 aglomeraciones identificadas, así como de un número significativo de grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. Grecia aún no ha adoptado todos los mapas de ruido y planes de acción contra el ruido para aglomeraciones urbanas y grandes ejes viarios, y tampoco ha revisado el actual plan de acción para un gran aeropuerto. Además, Francia y Grecia tampoco han identificado correctamente todas las grandes infraestructuras existentes en sus territorios. Por lo tanto, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a ambos Estados miembros y les da dos meses para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado. Desde 2016, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción horizontales contra 13 Estados miembros sobre ruido ambiental.

Impacto ambiental: la Comisión pide a ESPAÑA que aplique correctamente las normas de la UE al regularizar determinados proyectos

La Comisión ha decidido hoy incoar un procedimiento formal de infracción contra España, a raíz de las denuncias sobre las implicaciones de un proyecto de desarrollo urbano que se prevé realizar en un complejo turístico en la isla de Fuerteventura. La Comisión considera que el proyecto se aprobó sin determinar adecuadamente la necesidad de una evaluación de impacto ambiental previa de sus efectos en el marco de la evaluación de impacto ambiental (EIA; Directiva 2011/92/UE) y sin la apropiada evaluación de impacto de los efectos en las zonas de protección especial, tal como exige la Directiva relativa a los hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo). Por otra parte, el proyecto fue declarado nulo y sin efecto por los tribunales españoles, pero las obras de construcción no fueron suspendidas, sino que prosiguieron como un proyecto modificado. Por ello, la Comisión envía una carta de emplazamiento solicitando a España que garantice la conformidad con la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la Directiva sobre hábitats cuando las construcciones ilegales sean regularizadas con arreglo a la legislación autonómica de Canarias. España tiene dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado.

 

5. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

(Más información: Lucia Caudet, tel. +32 22956182; Maud Noyon, tel. +32 22980379)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Morosidad: la Comisión lleva a ITALIA ante el Tribunal de Justicia por no garantizar el pago puntual a los proveedores

La Comisión ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a la demora sistemática de los pagos por parte de las autoridades públicas italianas en las operaciones comerciales, lo que supone un incumplimiento de las normas de la UE sobre modalidades de pago (Directiva sobre morosidad, Directiva 2011/7/UE). Según la Directiva sobre morosidad, las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que contratan en un plazo de 30 días o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la factura. La Comisión concede una gran importancia a que las autoridades públicas solucionen la cuestión de los pagos con demora, algo que también se ha detectado en varios Estados miembros, y aplica una política de cumplimiento estricto de la Directiva sobre morosidad. La puntualidad de los pagos es especialmente importante para las pymes, que cuentan con disponer de un flujo de caja positivo para poder garantizar su gestión financiera, su competitividad y, en muchos casos, su supervivencia. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno italiano para mejorar la situación desde que dio comienzo el procedimiento de infracción con una carta de emplazamiento en junio de 2014 y el consiguiente dictamen motivado enviado en febrero de 2017. Sin embargo, más de tres años después del inicio del procedimiento de infracción, las autoridades públicas italianas aún tardan aproximadamente 100 días en abonar sus facturas, e incluso en algunos casos extremos los rebasan considerablemente. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

La Comisión lleva a HUNGRÍA ante el Tribunal de Justicia de la UE a causa de su Ley de educación superior

La Comisión ha decidido hoy llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aduciendo que su Ley de educación superior, modificada el 4 de abril de 2017, restringe de manera desproporcionada el funcionamiento de las universidades de la UE y de terceros países, y que debe ajustarse a la legislación de la UE. La Comisión ha procedido a esta remisión habida cuenta de que la ley modificada no es compatible con la libertad de las instituciones de educación superior para prestar servicios y establecerse en cualquier lugar de la UE. Además, la Comisión sigue pensando que la nueva legislación vulnera el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la educación y la libertad de empresa contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como las obligaciones legales de la Unión en el marco del derecho mercantil internacional (el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC). La Comisión inició el procedimiento de infracción contra Hungría en abril de 2017. Dado que Hungría mantuvo su posición en sus respuestas a la carta de emplazamiento, al dictamen motivado y al dictamen motivado complementario, y que no ha ajustado la Ley de educación superior al Derecho de la UE, la Comisión ha decidido remitir a Hungría al Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una carta de emplazamiento y un dictamen motivado

Cualificaciones profesionales: la Comisión lleva a ALEMANIA, BÉLGICA y FRANCIA ante el Tribunal e incoa un procedimiento de infracción contra CHIPRE

La Comisión ha decidido llevar a Alemania, Bélgica y Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no notificar la plena transposición del Derecho de la UE en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2013/55/UE). La Directiva revisada debería haber sido incorporada al Derecho nacional antes del 18 de enero de 2016. La Comisión envió dictámenes motivados a las autoridades alemanas, belgas y francesas en septiembre de 2016. Desde entonces, Alemania, Bélgica y Francia aún no han notificado a la Comisión la plena transposición de la Directiva. Aunque se han logrado avances sustanciales, en particular por parte de Alemania y Francia, la Comisión ha decidido llevar a los 3 países ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión pedirá al Tribunal que imponga una multa diaria de 62 203,68 EUR a Alemania, de 22 260,48 EUR a Bélgica y de 53 287,52 EUR a Francia a partir de la fecha de la sentencia hasta que dicha Directiva sea plenamente transpuesta y esté vigente en el ordenamiento jurídico nacional. Al mismo tiempo, la Comisión insta a Chipre a que elimine en determinadas regulaciones de profesiones las restricciones que son incompatibles con el Derecho de la Unión. La Comisión va a enviar una carta de emplazamiento a Chipre por no reconocer la formación profesional en los ámbitos de la ingeniería y la arquitectura adquirida por ciudadanos chipriotas en otros Estados miembros, algo que no parece estar en consonancia con la Directiva 2005/36/CE. Además, las normas nacionales no respetan plenamente el principio del reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales adquiridas en el extranjero por los arquitectos, tal como establece el artículo 49 de la Directiva 2005/36/CE. Chipre dispone ahora de dos meses para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar a Chipre un dictamen motivado. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una carta de emplazamiento

Contratación pública: la Comisión lleva a 4 Estados miembros ante el Tribunal de Justicia e inicia un nuevo asunto

La Comisión ha decidido llevar a Austria, Eslovenia, España y Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado la plena transposición en sus respectivas legislaciones nacionales de las normas de la UE en materia de contratación pública y concesiones (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE). El plazo de notificación de la transposición de las nuevas normas de contratación pública por todos los Estados miembros expiró el 18 de abril de 2016. La Comisión envió cartas de emplazamiento en mayo de 2016 a 21 Estados miembros que aún no habían transpuesto estas normas, tras lo cual, en diciembre de 2016, se enviaron dictámenes motivados a 15 de esos Estados miembros. Los 4 Estados miembros aún no han notificado la transposición de la legislación siguiente: Austria y Luxemburgo: Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE; España: Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE; Eslovenia: Directiva 2014/23/UE. Por tanto, la Comisión ha decidido llevar a estos 4 Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión acudirá al Tribunal para que este imponga, en función de qué Directiva se trate, una multa diaria de 52 972 EUR, 42 377,6 EUR y 42 377,6 EUR en el caso de Austria, de 8 992,32 EUR en el caso de Eslovenia, de 61 964,32 EUR y 123 928,64 EUR en el caso de España y de 12 920 EUR, 11 628 EUR y 11 628 EUR en el caso de Luxemburgo, por cada día que transcurra entre la fecha de la sentencia y la fecha en que dichas Directivas hayan sido aprobadas en su totalidad y estén plenamente vigentes en el Derecho nacional correspondiente. Al mismo tiempo, la Comisión va a enviar una carta de emplazamiento a los Países Bajos, dado que no reconocen como poderes adjudicadores a las sociedades neerlandesas promotoras de viviendas, aunque lleven a cabo contratación pública. La Comisión considera que los Países Bajos incumplen la obligación de transparencia establecida en la Directiva 2014/23/UE y en la Directiva 2014/24/UE. Los Países Bajos disponen de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Una remisión al Tribunal de Justicia de la UE y un cierre

Servicios: la Comisión lleva a AUSTRIA ante el Tribunal de Justicia y archiva un asunto contra CHIPRE

La Comisión ha decidido hoy llevar a Austria ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las normas excesivamente restrictivas relativas a la prestación de servicios por parte de arquitectos, ingenieros, agentes de la propiedad industrial y veterinarios. Al mismo tiempo, la Comisión archiva un asunto contra Chipre, ya que ha resuelto los motivos de preocupación de la Comisión y ha eliminado las restricciones impuestas a las empresas de ingeniería. La legislación austríaca impone una serie de requisitos en relación con las profesiones reguladas: requisitos de residencia para arquitectos, ingenieros y agentes de patentes; requisitos de forma jurídica y requisitos excesivos de participación en el capital para arquitectos, ingenieros, agentes de la propiedad industrial y veterinarios; restricciones relativas a las empresas multidisciplinares para arquitectos, ingenieros y agentes de patentes. La Comisión considera que estos requisitos generan obstáculos injustificados para que dichas profesiones presten servicios y son contrarios a la libertad de prestación de servicios (artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE, TFUE) y a la Directiva de servicios (artículos 14, 15 y 25 de la Directiva 2006/123/CE). En primer lugar, en una carta de emplazamiento enviada en junio de 2015, se solicitó a Austria que subsanara la infracción del Derecho de la UE; más tarde, se reiteró la solicitud en un dictamen motivado en febrero de 2016 y, tras un intercambio de información con las autoridades austríacas, en un dictamen motivado complementario en noviembre de 2016. Visto que las autoridades austríacas han mantenido su posición, la Comisión ha decidido llevar a Austria ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, la Comisión ha decidido también archivar un asunto contra Chipre en relación con una participación del 100 % en el capital, una obligación impuesta a las empresas de ingeniería constituidas en Chipre. La disposición con arreglo al Derecho chipriota suponía que todos los accionistas de dichas empresas debían ser profesionales cualificados y que todos los derechos de voto tenían que pertenecer a estos. La Comisión consideraba que esas restricciones eran desproporcionadas y contrarias a la libertad de establecimiento y a la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE). Tras la decisión de la Comisión, en noviembre de 2016, de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE, Chipre modificó la ley para permitir que una mayoría simple de las acciones representativas del capital y de los derechos de voto estén en manos de profesionales. Habida cuenta de ello, la Comisión ha decidido archivar hoy el asunto. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Carta de emplazamiento

Libre circulación de mercancías: la Comisión pide a ESPAÑA que elimine las restricciones a la importación de medicamentos homeopáticos

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a España en relación con las restricciones a la importación paralela de medicamentos homeopáticos. Las prácticas actuales hacen imposible en la práctica introducir en el mercado español los medicamentos homeopáticos que son comercializados legalmente en otros Estados miembros de la UE. La Comisión considera que esta práctica es contraria a la normativa de la UE en materia de libre circulación de mercancías (artículo 34 del TFUE) y a la Directiva sobre medicamentos para uso humano (artículo 6 y artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE). España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar a España un dictamen motivado.

 

Cierres

La Comisión cierra los procedimientos de infracción y las denuncias en el sector de los juegos de azar

En consonancia con su compromiso político de velar mejor por el cumplimiento del Derecho de la Unión, la Comisión ha decidido hoy archivar los procedimientos de infracción y la tramitación de denuncias en el ámbito de los juegos de azar. Desde el principio, la Comisión Juncker se ha centrado en sus prioridades políticas y su firme aplicación. Este enfoque político se refleja también en la tramitación por la Comisión de procedimientos de infracción. En la Comunicación «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» se expone el enfoque de la Comisión para establecer prioridades de manera estratégica, sopesando cuidadosamente los distintos intereses públicos y privados en juego. En este sentido, la Comisión ha decidido hoy archivar los procedimientos de infracción y la tramitación de las denuncias contra varios Estados miembros en el ámbito de los juegos de azar en línea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido reiteradamente que los Estados miembros tienen el derecho de restringir los servicios de juegos de azar para salvaguardar objetivos de interés público como la protección de menores, la lucha contra la ludopatía y el control del fraude y las irregularidades. La Comisión reconoce la legitimidad política más amplia de los objetivos de interés público que los Estados miembros persiguen al regular los servicios de juegos de azar. La Comisión también toma nota de los esfuerzos de los Estados miembros por modernizar el marco jurídico de los juegos en línea, canalizando la demanda ciudadana de juegos de azar desde una oferta no regulada hacia sitios web autorizados y supervisados, y velando por que los operadores paguen impuestos. Por todo ello, no es una prioridad de la Comisión fomentar un mercado único de la Unión en el ámbito de los servicios de juego en línea recurriendo a sus competencias en materia de infracciones. La Comisión seguirá apoyando a cada Estado miembro en sus esfuerzos por modernizar su marco jurídico nacional de los juegos de azar en línea y facilitando la cooperación entre los órganos nacionales reguladores del juego. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

6. Justicia, consumidores e igualdad de género

(Más información: Christian Wigand, tel. +32 22962253; Melanie Voin, tel. +32 22958659)

Remisión al Tribunal de Justicia de la UE

La Comisión lleva a HUNGRÍA ante el Tribunal de Justicia por su Ley sobre las ONG

La Comisión va a llevar hoy a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE por su legislación sobre las ONG que reciben financiación extranjera. Esta es la tercera etapa del procedimiento de infracción y sigue a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión el 14 de julio y al dictamen motivado emitido el 4 de octubre de este año. La Comisión había decidido incoar un procedimiento judicial contra Hungría por no cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, dado que determinadas disposiciones de la ley sobre las ONG discriminan indirectamente y restringen de manera desproporcionada las donaciones que se hacen desde el extranjero a las organizaciones de la sociedad civil. Además de estas cuestiones preocupantes, la Comisión considera que Hungría viola el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que debe leerse en relación con las disposiciones del Tratado de la UE en materia de libre circulación de capitales. Hungría respondió a la carta de emplazamiento de la Comisión el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Tras haber analizado detenidamente las explicaciones dadas por Hungría, la Comisión concluyó que no se habían resuelto las serias dudas que se le planteaban y emitió un dictamen motivado. Se dio entonces un mes a Hungría para adoptar las medidas necesarias a fin de atenerse a dicho dictamen motivado. Las autoridades húngaras no respondieron al dictamen motivado dentro del plazo establecido. A día de hoy, Hungría tampoco ha modificado ni derogado las disposiciones impugnadas de la legislación relativa a las ONG en cumplimiento del Derecho de la UE. Por lo tanto, la Comisión ha decidido remitir el asunto al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados y cartas de emplazamiento

La Comisión insta a 8 Estados miembros a que transpongan la 4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales

La Comisión ha instado hoy a Bulgaria, Chipre, Grecia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia y Rumanía a que transpongan a sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales la «4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales» [Directiva (UE) 2015/849]. La nueva normativa de la UE va a reforzar los actuales requisitos contra el blanqueo de capitales y a mejorar la lucha en ese ámbito y en el de la financiación del terrorismo. Todos los Estados miembros tenían que transponer dicha Directiva a más tardar el 26 de junio de 2017. Los 8 Estados miembros no han notificado ninguna medida de transposición y sus proyectos legislativos aún siguen su curso dentro del procedimiento legislativo nacional. Por tanto, después de haber dado a esos 8 países la posibilidad de presentar sus observaciones en respuesta a sus cartas de emplazamiento remitidas en julio de 2017, la Comisión los insta ahora a que tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento íntegro a la Directiva. En caso de que dichos Estados miembros no ajusten su legislación al Derecho de la UE en los próximos dos meses, la Comisión podrá optar por llevar los asuntos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además de los procedimientos de infracción que inició la Comisión contra una serie de Estados miembros el pasado mes de julio, la Comisión incoó, el 23 de noviembre de 2017, nuevos procedimientos de infracción y envió cartas de emplazamiento a Bélgica y a España, toda vez que la Comisión consideró que las medidas notificadas no representaban la completa transposición a sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales de la normativa de la UE establecida en la Directiva contra el blanqueo de capitales. Bélgica y España disponen de dos meses para responder a la carta de emplazamiento; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado.

 

Un cierre

La Comisión e ITALIA resuelven satisfactoriamente la cuestión de los viajes combinados, a fin de garantizar la protección de los consumidores en caso de quiebra de un operador turístico

La Comisión ha cerrado hoy un procedimiento de infracción contra Italia, dado que el país ha adaptado su normativa nacional relativa a los viajes combinados a la Directiva de la UE relativa a los viajes combinados (Directiva 90/314/CEE del Consejo). La legislación de la UE exige que los organizadores de viajes combinados estén protegidos contra la insolvencia para garantizar que, en caso de quiebra del organizador del viaje, se reembolse a los consumidores y se los lleve de vuelta a casa. Gracias a una denuncia de una organización de consumidores italiana en 2011, la Comisión tuvo conocimiento de un problema con el Fondo Nacional de Garantía (Fondo nazionale di Garanzia, en italiano). Tras la quiebra en 2009 del organizador turístico Todomondo, el Fondo ha recibido más de 4 000 solicitudes de reembolso, por un total cercano a los 7 millones EUR. Sin embargo, el Fondo carecía de dinero suficiente para sufragar esos reembolsos. A consecuencia de ello, la Comisión incoó un procedimiento de infracción en 2012. Debido a ciertas modificaciones en la legislación italiana, aplicables desde julio de 2016, las autoridades italianas han sustituido el infrafinanciado Fondo Nacional de Garantía por la obligación de que los operadores turísticos y las agencias de viajes suscriban una póliza de seguro o aporten una garantía bancaria para todos los pagos que reciban de los consumidores. Esta protección también puede ofrecerse gracias a fondos colectivos de gestión privada. Los viajeros que utilicen los servicios de los operadores turísticos italianos ya están plenamente protegidos en caso de quiebra de la empresa. Asimismo, Italia ha adoptado las disposiciones pertinentes para el reembolso de todos los viajeros que habían perdido dinero en el pasado a consecuencia de insolvencias.

 

7. Asuntos marítimos y pesca

(Más información: Enrico Brivio, tel. +32 22956172; Iris Petsa, tel. +32 22993321)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Política marítima europea integrada: la Comisión decide llevar a BULGARIA, FINLANDIA y GRECIA ante el Tribunal de Justicia y propone sanciones

La Comisión ha decidido hoy llevar a Bulgaria, Finlandia y Grecia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no notificar o notificar parcialmente sus medidas de transposición de la normativa de la UE por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (Directiva 2014/89/UE). Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 18 de septiembre de 2016. La Comisión pedirá al Tribunal que imponga una multa coercitiva de 14 089,60 EUR por día en el caso de Bulgaria, de 7 739,76 EUR por día en el de Finlandia y de 31 416,00 EUR por día en el de Grecia, desde la fecha de la sentencia hasta que dicha Directiva sea plenamente transpuesta y esté en vigor en el Derecho nacional. Los procedimientos de infracción contra Bulgaria, Finlandia y Grecia se incoaron en noviembre de 2016, y los dictámenes motivados se enviaron en julio de 2017. Bulgaria y Grecia no han notificado todavía a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la Directiva. Finlandia ha comunicado a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la Directiva, pero esas medidas se aplican únicamente a la parte continental de Finlandia, y no a la provincia de Åland, que también está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva. La competencia por el espacio marítimo (ya sea en el marco de las energías renovables, el transporte marítimo, la pesca, la acuicultura y otros usos) ha puesto de manifiesto la necesidad de gestionar las aguas europeas conjuntamente y de forma más coherente. La ordenación del espacio marítimo se lleva a cabo de forma transfronteriza e intersectorial para garantizar que las actividades humanas en el mar se realicen de manera eficiente, segura y sostenible. La ordenación del espacio marítimo sustenta directamente y facilita la aplicación de la Estrategia Europa 2020 con vistas a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Entre sus objetivos principales figuran los altos niveles de empleo y productividad, y la cohesión y la inclusión sociales. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

8. Migración, asuntos de interior y ciudadanía

(Más información: Tove Ernst, tel. +32 22986764; Katarzyna Kolanko, tel. +32 22963444)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Reubicación: la Comisión lleva a CHEQUIA, HUNGRÍA y POLONIA ante el Tribunal de Justicia

La Comisión ha decidido hoy llevar a Chequia, Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir sus obligaciones legales en materia de reubicación. El 15 de junio de 2017, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Chequia, Hungría y Polonia. A juicio de la Comisión, las respuestas recibidas de los 3 Estados miembros no fueron satisfactorias, por lo que decidió pasar a la siguiente fase del procedimiento de infracción y envió dictámenes motivados el 26 de julio de 2017. Pese a que el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la validez del régimen de reubicación en su sentencia de 6 de septiembre, Chequia, Hungría y Polonia continúan incumpliendo sus obligaciones legales. De nuevo, las respuestas recibidas no resultaron satisfactorias y los 3 Estados miembros no han dado ninguna señal de que vayan a contribuir a la aplicación del régimen de reubicación de emergencia. Por esta razón, la Comisión ha decidido confirmar que las infracciones que había señalado en sus dictámenes motivados siguen adelante por ahora hasta la siguiente fase del procedimiento de infracción. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Migración: la Comisión avanza en el procedimiento de infracción contra HUNGRÍA en relación con su normativa sobre asilo

La Comisión ha decidido hoy seguir adelante con el procedimiento de infracción contra Hungría en relación con su normativa en materia de asilo, enviando un dictamen motivado. La Comisión incoó el procedimiento de infracción contra Hungría en diciembre de 2015. Tras una serie de intercambios de información tanto a nivel político como técnico con las autoridades húngaras, y vista la preocupación suscitada por las modificaciones de la ley de asilo húngara adoptadas en marzo de este año, la Comisión decidió enviar una carta de emplazamiento complementaria el 17 de mayo de 2017. Tras el análisis de la respuesta ofrecida por las autoridades húngaras, y vista la nueva legislación adoptada por el Parlamento húngaro en octubre, la Comisión no seguirá adelante con 4 de los 11 asuntos identificados en la carta de emplazamiento complementaria. Sin embargo, la respuesta proporcionada por las autoridades húngaras seguía siendo insatisfactoria, ya que no abordaba la mayor parte de los motivos de preocupación. El parecer de la Comisión continúa siendo que la normativa húngara no se ajusta al Derecho de la UE, y en particular a la Directiva 2013/32/UE sobre los procedimientos de asilo, a la Directiva 2008/115/CE relativa al retorno, y a la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida, así como a varias disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Cartas de emplazamiento:

Migración legal: la Comisión pide a GRECIA, a los PAÍSES BAJOS y a PORTUGAL que reconsideren las tasas por los permisos de residencia para los nacionales de terceros países e insta a RUMANÍA a que aplique correctamente las Directivas sobre la migración legal

La Comisión ha decidido hoy enviar cartas de emplazamiento a Grecia, los Países Bajos y Portugal por cobrar tasas excesivas y desproporcionadas por los permisos de residencia con arreglo a las Directivas de la UE en materia de migración legal, así como a Rumanía, debido a la incorrecta transposición y aplicación de determinadas disposiciones de las Directivas de la UE en materia de migración legal. Estas Directivas se ocupan de las condiciones de entrada y residencia de determinadas categorías de migrantes, como los estudiantes, los investigadores y los trabajadores altamente cualificados, pero también de los residentes de larga duración y de los beneficiarios de las normas en materia de reagrupación familiar. Si bien los Estados miembros pueden recaudar tasas administrativas por la tramitación de las solicitudes, unas tasas excesivas y desproporcionadas vulneran los derechos de los solicitantes. Esto afecta a la aplicación, por parte de los 4 Estados miembros, de la Directiva relativa a los estudiantes (Directiva 2004/114/CE del Consejo), la Directiva relativa a los investigadores (Directiva 2005/71/CE del Consejo), la Directiva sobre la tarjeta azul (Directiva 2009/50/CE del Consejo) y la Directiva sobre el permiso único (Directiva 2011/98/UE), así como a la aplicación de la Directiva relativa a los residentes de larga duración (Directiva 2003/109/CE del Consejo) y la Directiva sobre la reagrupación familiar (Directiva 2003/86/CE del Consejo) por parte de Grecia, Portugal y Rumanía. Asimismo, la Comisión considera que Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva sobre los residentes de larga duración al imponer condiciones para la renovación de los permisos de residencia de larga duración en lugar de renovarlos automáticamente. Además, la Comisión ha incoado hoy un procedimiento de infracción contra Rumanía por la incorrecta transposición y aplicación de las disposiciones relativas a la denegación de las solicitudes de permiso de residencia y la obligación de justificar los motivos de denegación en las Directivas de la UE sobre migración legal. Las Directivas afectadas son la Directiva sobre la reagrupación familiar (Directiva 2003/86/CE), la Directiva relativa a los estudiantes (Directiva 2004/114/CE), la Directiva relativa a los investigadores (Directiva 2005/71/CE), la Directiva sobre la tarjeta azul (Directiva 2009/50/CE) y la Directiva sobre el permiso único (Directiva 2011/98/UE). Grecia, los Países Bajos, Portugal y Rumanía disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión.

 

9. Movilidad y transportes

(Más información: Enrico Brivio, tel. +32 22956172; Alexis Perier, tel. +32 22969143)

Dictamen motivado

Transporte sostenible: la Comisión insta a AUSTRIA a que transponga las normas sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos

La Comisión ha pedido a Austria que transponga plenamente la normativa de la UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Directiva 2014/94/UE). El principal objetivo de la Directiva es establecer un marco común para la implantación a gran escala en Europa de una infraestructura para combustibles alternativos. Se trata de algo esencial para reducir la dependencia de los transportes respecto del petróleo, atenuar su impacto ambiental y, de esa manera, conseguir que dé frutos la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones, adoptada por la Comisión el 20 de junio de 2016. La Directiva establece requisitos mínimos de cara a la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos, en especial puntos de recarga para vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural e hidrógeno. La fecha de transposición era el 18 de noviembre de 2016, a más tardar. Sin embargo, Austria solo ha notificado parcialmente a la Comisión las medidas de transposición de la Directiva al Derecho nacional. Austria tiene ahora dos meses para notificar esas medidas a la Comisión; de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Cartas de emplazamiento

Seguridad vial: la Comisión pide a CHIPRE que transponga plenamente la normativa relativa a las inspecciones técnicas de vehículos

La Comisión ha decidido remitir una carta de emplazamiento a Chipre en la que le insta a transponer y aplicar plenamente la legislación de la UE sobre las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques (Directiva 2014/45/UE). La Directiva contempla todos los tipos de vehículos y define los requisitos armonizados de los elementos que han de comprobarse durante la inspección técnica, los métodos, los defectos y su evaluación. De no transponer y aplicar la Directiva, la observancia de las normas en toda la UE será incoherente, con los consiguientes efectos perjudiciales para la seguridad vial. Chipre dispone ahora de dos meses para cumplir con la normativa de la UE; de lo contrario, la Comisión puede remitirle un dictamen motivado.

Profesiones marítimas: la Comisión pide a IRLANDA que cumpla las normas de la UE sobre el reconocimiento mutuo de los títulos de la gente de mar

La Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Irlanda por incumplir el Derecho de la UE en lo relativo al reconocimiento mutuo de los títulos de la gente de mar (Directiva 2005/45/CE). En febrero de 2017, las autoridades irlandesas emitieron una comunicación marítima en virtud de la cual, entre otras cosas, los títulos expedidos por los proveedores de formación autorizados por la autoridad competente de otros Estados miembros no se aceptan a los efectos de la formación realizada en Irlanda. Irlanda dispone ahora de dos meses para cumplir esta obligación; de lo contrario, la Comisión puede remitirle un dictamen motivado.

Profesiones marítimas: la Comisión insta a ITALIA a cumplir las normas de la UE sobre el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas

La Comisión ha decidido remitir una carta de emplazamiento a Italia debido a su incumplimiento de la normativa europea relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (Directiva 2008/106/CE, modificada). La Comisión insta a Italia a que adopte medidas correctoras, en particular por lo que se refiere a los programas de educación y formación marítimas, así como a la concepción, el examen y la aprobación de los cursos; el reconocimiento de los títulos; la certificación y el refrendo de los títulos y certificados de competencia de los oficiales de máquinas a nivel de gestión; y los requisitos de certificación. Italia tiene ahora dos meses para cumplir la normativa de la UE; de lo contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado.

La Comisión pide a RUMANÍA que transponga correctamente la legislación de la UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Rumanía por deficiencias en la aplicación de la normativa de la UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (Directiva 2012/34/UE). La carta de emplazamiento se refiere a nuevos servicios ferroviarios internacionales de transporte de viajeros, la concesión de licencias a las empresas ferroviarias, la información sobre las condiciones de acceso y las tarifas de los servicios en las estaciones, terminales y talleres. La legislación nacional no prevé la obligación de consultar al sector ferroviario sobre nuevos acuerdos contractuales y la adecuación de los acuerdos existentes a las nuevas normas. El Derecho nacional debe exigir también un procedimiento transparente para la selección del personal encargado de la toma de decisiones en el organismo regulador ferroviario. Rumanía dispone ahora de dos meses para cumplir la normativa de la UE; de lo contrario, la Comisión puede remitirle un dictamen motivado.

 

10. Fiscalidad y unión aduanera

(Más información: Vanessa Mock, tel. +32 22956194; Patrick Mc Cullough, tel. +32 22987183)

Remisión al Tribunal de Justicia de la UE

Fiscalidad: la Comisión lleva a AUSTRIA ante el Tribunal de Justicia por el régimen del IVA aplicable a los derechos de reventa de las obras de arte

La Comisión ha decidido llevar a Austria ante el Tribunal de Justicia de la UE por aplicar incorrectamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al pago de cánones abonados a los artistas por la reventa de obras de arte. El derecho de reventa —que da lugar a lo que comúnmente se conoce como «canon»—, es un derecho de propiedad intransmisible e inalienable, del que disfruta el autor de una obra original de arte gráfica o plástica, a obtener una participación económica en las sucesivas ventas de la obra de que se trate. Este derecho permite que, en determinadas condiciones, un artista perciba un porcentaje del precio de venta de una obra de arte cuando esta se revende. Con arreglo al Derecho austríaco, los pagos de cánones a un artista o a aquellas personas que tienen derecho a cánones por la reventa de una obra de arte original, están actualmente sujetos al IVA. Esto supone un quebrantamiento de la legislación de la UE según la cual el IVA se adeuda únicamente por los bienes y servicios «suministrados a título oneroso», es decir, a cambio de una remuneración (Directiva 2006/112/CE del Consejo). En una sentencia anterior, el Tribunal de Justicia de la UE decidió que, cuando una persona efectúa prestaciones sin contrapartida directa, no existe base imponible ni importe sobre cuya base pueda aplicarse el IVA. En opinión del Tribunal, estos servicios no están, por lo tanto, sujetos al IVA (sentencia de 3 de marzo de 1994, R. J. Tolsma, C-16/93). Dado que el pago de cánones por derechos de reventa se efectúa como contrapartida por bienes entregados o servicios prestados por el artista, no debería estar sujeto al IVA. La Comisión decidió enviar un dictamen motivado a las autoridades austríacas en julio de 2016. Habida cuenta de que Austria ha incumplido la obligación de ajustar su legislación al Derecho de la UE, la Comisión ha decidido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictamen motivado

Fiscalidad: la Comisión pide a LETONIA que adapte al Derecho de la UE sus normas nacionales en materia de fiscalidad sobre la aportación de capital a las empresas en forma de bienes inmuebles

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Letonia por incumplir la normativa de la UE relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (Directiva 2008/7/CE del Consejo). En la actualidad, la legislación letona establece un límite sobre los derechos de inscripción en el registro cuando la propiedad de bienes raíces no residenciales se transfiere por adquisición, acuerdo de intercambio o en una subasta. No obstante, no establece dicho límite cuando la transferencia de la propiedad se efectúa en forma de aportación de capital. En algunos casos, esto da lugar a un trato desfavorable de la aportación de capital, lo que es incompatible con el Derecho de la UE. La petición de la Comisión adopta la forma de dictamen motivado. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a Letonia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

Dictámenes motivados y cierres

Fiscalidad: la Comisión pide a BÉLGICA que transponga nuevas normas de transparencia para el intercambio de acuerdos tributarios y archiva los asuntos relativos a BULGARIA, CHIPRE y PORTUGAL

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Bélgica por no haber comunicado la transposición de nuevas medidas sobre el intercambio automático de los acuerdos tributarios entre las autoridades fiscales de la UE [Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo]. Los Estados miembros tenían que transponer dichas normas el 31 de diciembre de 2016 a más tardar. Las nuevas normas están diseñadas para ayudar a frenar la elusión fiscal transfronteriza, la planificación fiscal agresiva y la competencia fiscal perjudicial. La petición de la Comisión adopta la forma de dictamen motivado. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, la Comisión ha celebrado entretanto la transposición de las mismas medidas por parte de Bulgaria, Chipre y Portugal, y ha decidido hoy archivar los respectivos casos de infracción.

Fiscalidad: la Comisión pide a CHIPRE que transponga las nuevas normas para el intercambio automático de información fiscal país por país, y archiva el caso en 6 Estados miembros

La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Chipre por no comunicar la transposición de las nuevas medidas sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad [Directiva (UE) 2016/881 del Consejo]. Los Estados miembros tenían que transponer dichas normas el 4 de junio de 2017 a más tardar. Las nuevas normas están diseñadas para ayudar a frenar la elusión fiscal transfronteriza, la planificación fiscal agresiva y la competencia fiscal perjudicial. La petición de la Comisión adopta la forma de dictamen motivado. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a Chipre ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, la Comisión ha celebrado entretanto la transposición de las mismas medidas por parte de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Grecia, Portugal y el Reino Unido y ha decidido hoy archivar los respectivos casos de infracción.

 

Cartas de emplazamiento

Fiscalidad: la Comisión insta a FRANCIA a adaptar a la normativa de la UE su normativa sobre la fiscalidad de las obligaciones y sus disposiciones relativas a la posibilidad de deducir las cuotas de participación

La Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a Francia por restringir el beneficio de deducir las pérdidas de capital únicamente a los suscriptores de obligaciones emitidas por entidades residentes. Asimismo, la Comisión va a enviar hoy una carta de emplazamiento a Francia por el trato desfavorable que se dispensa a los contribuyentes no residentes. Con arreglo a la actual normativa francesa, los contribuyentes residentes pueden deducir íntegramente de la base imponible los costes y los gastos relacionados con la participación, mientras que, en el caso de los contribuyentes no residentes, estos costes son solo parcialmente deducibles. Estas limitaciones infringen la legislación de la UE sobre libertad de establecimiento (artículo 49 del TFUE) y libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE), y los artículos 31 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que garantizan el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales en la UE y el EEE. Si Francia no actúa en los próximos dos meses, la Comisión puede enviar un dictamen motivado a las autoridades francesas.

 

Cierres

Fiscalidad: la Comisión archiva 4 asuntos, ya que los Estados miembros han comunicado la transposición de la normativa sobre la obligatoriedad del intercambio automático de información

La Comisión acoge con satisfacción la transposición de la normativa sobre la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (Directiva 2014/107/UE del Consejo) por parte de Chipre, Croacia, Eslovaquia y Malta. Con arreglo a dicha normativa, los rendimientos financieros, incluidos los dividendos y las plusvalías, y los saldos en cuentas son objeto de intercambio automático de información en la UE. La Comisión ha decidido hoy archivar los casos de infracción incoados respecto a esos Estados miembros en enero de 2016.

MEMO/17/4767

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