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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de febrero de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones

Bruselas, 15 de febrero de 2017

Paquete de febrero de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones

Desglose por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación; se trata de seis cartas de emplazamiento, cincuenta dictámenes motivados, siete remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y tres cierres. La Comisión archiva asimismo ciento tres asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que la Comisión tenga que seguir adelante con el procedimiento.

Para más información sobre los procedimientos por incumplimiento, véase la nota informativa completa MEMO/12/12. Para más detalles sobre todas las decisiones, véase el registro de decisiones sobre infracciones.

1. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 229 62253; Sara Soumillion, tel.: +32 22967094)

Dictámenes motivados

Salud y Seguridad: la Comisión pide a PORTUGAL que notifique la transposición de la Directiva sobre campos electromagnéticos

La Comisión envía hoy un dictamen motivado a Portugal por no haber comunicado la transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2013/35/UE, relativa a la protección de los trabajadores frente a los campos electromagnéticos. Los principios generales de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores están establecidos en la Directiva marco (Directiva 89/391/CEE del Consejo). La Directiva sobre campos electromagnéticos adapta estos principios a los riesgos específicos de los campos electromagnéticos, y especifica los requisitos para que los empleadores evalúen los riesgos de la exposición a campos electromagnéticos en el lugar de trabajo y, en caso necesario, tomen medidas preventivas y de protección para eliminar dichos riesgos o reducirlos al mínimo. También establece valores límite de exposición específicos que no deben superarse. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva sobre campos electromagnéticos debían entrar en vigor el 1 de julio de 2016, y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Como las autoridades portuguesas están simplemente preparando las medidas de transposición necesarias pero aún no han notificado a la Comisión su adopción final y entrada en vigor, la Comisión les envía un dictamen motivado. Si las autoridades portuguesas no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE.

Libre circulación de trabajadores: la Comisión pide a ocho Estados miembros que notifiquen la plena transposición de la Directiva destinada a facilitar el trabajo de los ciudadanos de la UE en otro Estado miembro

La Comisión envía dictámenes motivados a Austria, Chipre, Chequia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Rumanía por no haber comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2014/54/UE, sobre el derecho de los trabajadores a trabajar en otro Estado miembro. La Directiva persigue ayudar a quienes trabajan o buscan empleo en otro Estado miembro a ejercer con más facilidad el derecho a la libre circulación que les garantiza el Derecho de la UE. Contiene medidas para ayudar y proteger a los ciudadanos de la Unión que se desplazan, garantizar un mejor acceso a la información sobre el derecho a la libre circulación y combatir la discriminación por motivos de nacionalidad en lo que respecta al acceso al empleo, la retribución y demás condiciones de trabajo, de modo que se superen los actuales obstáculos injustificados a la libre circulación. Los Estados miembros estaban obligados a transponer la Directiva y a comunicar a la Comisión las medidas nacionales de transposición el 21 de mayo de 2016, a más tardar. Además de las cartas de emplazamiento enviadas en septiembre de 2016, la Comisión ha decidido enviar dictámenes motivados. Si estos Estados miembros no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE.

Desplazamiento de trabajadores: la Comisión pide a nueve Estados miembros que notifiquen la plena transposición de la Directiva sobre la garantía de cumplimiento

La Comisión envía dictámenes motivados a Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Suecia por no haber comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2014/67/UE, que establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control apropiados, necesarios para una mejor y más uniforme implementación, aplicación y garantía de cumplimiento en la práctica de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios debían entrar en vigor el 18 de junio de 2016, y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Las autoridades de estos Estados miembros todavía no han notificado a la Comisión la adopción de las medidas necesarias, por lo que la Comisión les envía dictámenes motivados. Si las autoridades nacionales no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE.

 

2. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 22956186; Nicole Bockstaller, tel.: +32 22952589)

Dictamen motivado

La Comisión pide a LETONIA que cumpla plenamente la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios

La Comisión pide a Letonia que transponga correctamente a su ordenamiento jurídico todos los requisitos de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE). En la UE, los edificios representan el 40 % del consumo de energía y el 36 % de las emisiones de CO2. La correcta aplicación de la Directiva es fundamental para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la UE, así como para mejorar el confort y ayudar a los consumidores a ahorrar en la factura energética. Los Estados miembros deben establecer y aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos o existentes, garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Además, la Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que todos los edificios nuevos sean, a partir de 2021, edificios de consumo de energía casi nulo. La Comisión considera que Letonia no ha cumplido todos los requisitos de la Directiva. En particular, en Letonia no son obligatorios los certificados de eficiencia energética que deben expedirse cuando se construye un edificio, se vende o se alquila de nuevo, sino que solo se expiden previa solicitud del comprador o arrendatario. La Directiva también exige que los certificados de eficiencia energética se expongan visiblemente en los edificios frecuentados por el público, mientras que la legislación nacional limita tal obligación a los edificios de propiedad pública. Por último, hay más excepciones que las previstas por la Directiva, y no los suficientes mecanismos de verificación del cumplimiento de los requisitos de la Directiva. Letonia dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir esta situación; de no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.

 

3. Medio Ambiente

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Iris Petsa, tel.: +32 22993321)

Remisiones al TJUE

Residuos: la Comisión lleva a IRLANDA ante el TJUE por no mejorar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales

La Comisión lleva a Irlanda ante el TJUE por no garantizar que las aguas residuales urbanas en 38 poblaciones del país se recojan y traten de forma adecuada para evitar graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente. De conformidad con el Derecho de la UE (Directiva 91/271/CEE del Consejo), las ciudades tienen que recoger y someter a tratamiento sus aguas residuales urbanas, ya que si no se tratan constituyen un riesgo para la salud humana y contaminan los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas. Las treinta y ocho poblaciones (ciudades, pueblos y demás localidades) con infraestructuras para aguas residuales inadecuadas son las siguientes: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal y Waterford City. En la decisión de remisión también se plantea el incumplimiento de la obligación de que se emita una adecuada licencia de funcionamiento para las instalaciones de tratamiento que dan servicio a las aglomeraciones de Arklow y Castlebridge. La Comisión inició el procedimiento de infracción contra Irlanda en septiembre de 2013, y envió apercibimientos en septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Según un reciente informe de la Comisión sobre la aplicación de las políticas y la legislación medioambientales de la UE en los Estados miembros, una de las principales dificultades a que se enfrenta Irlanda es mantener las importantes inversiones necesarias para los servicios de agua, habida cuenta de la imperiosa necesidad de invertir en estas infraestructuras. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Vertederos: la Comisión lleva a RUMANÍA ante el TJUE por los vertederos ilegales

La Comisión lleva a Rumanía ante el TJUE por no haber cerrado y rehabilitado sesenta y ocho vertederos ilegales, que representan un riesgo grave para la salud humana y el medio ambiente. Pese a varios apercibimientos de la Comisión, Rumanía no ha tomado medidas contra 68 vertederos no conformes, tal como se exige en la Directiva 1999/31/CE del Consejo, relativa al vertido de residuos. De conformidad con la Directiva, los Estados miembros deben recuperar y eliminar los residuos de modo que no se ponga en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. Rumanía tenía que haber cerrado y rehabilitado esos vertederos municipales e industriales deficientes antes del 16 de julio de 2009. Como la situación no progresaba, la Comisión envió un dictamen motivado adicional en septiembre de 2015, instando a las autoridades rumanas a ocuparse adecuadamente de los ciento nueve vertederos incontrolados que, si bien ya no operan, seguían representando una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. Se ha avanzado algo, pero en diciembre de 2016 todavía no se habían completado las acciones necesarias —sanearlos y cerrarlos— en sesenta y ocho vertederos. En un esfuerzo por apremiar a las autoridades rumanas a acelerar el proceso, la Comisión lleva a Rumanía ante el TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Residuos: la Comisión pide a AUSTRIA que adopte la normativa de la UE en materia de residuos

La Comisión Europea pide a Austria que adapte su Derecho interno a la normativa de la UE relativa a los residuos [Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos)]. La Directiva marco sobre residuos tiene por objetivo reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos para la salud humana y el medio ambiente. También persigue reducir el uso de recursos y se centra en la prevención, la reutilización y el reciclado, contribuyendo así a una economía más circular. Los Estados miembros tenían que adoptar las medidas para dar cumplimiento a la Directiva antes del 31 de julio de 2016. Dado que Austria no respetó el plazo inicial, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en septiembre de 2016. Austria ha adoptado algunas medidas, pero persisten ciertos puntos no conformes en el marco normativo, tales como las disposiciones relativas a la fórmula de eficiencia energética y la recuperación de energía a partir de los residuos, en aplicación de la jerarquía de residuos. Ahora, la Comisión le envía un dictamen motivado. Austria dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de lo contrario, el asunto puede ser remitido al TJUE.

Residuos: la Comisión pide a BÉLGICA que revise las medidas regionales sobre gestión y prevención de residuos

La Comisión pide a Bélgica que adopte y actualice planes de prevención y gestión de residuos, en línea con la normativa de la UE relativa a los residuos (Directiva 2008/98/CE) y con los principios de la economía circular. El objetivo de estos planes y programas es reducir el impacto de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, y mejorar la eficiencia de los recursos en toda la UE. Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años y revisarlos según corresponda. Bélgica no ha revisado, ampliado o sustituido el actual plan de gestión de residuos para la Región Valona (Horizonte 2010), ni ha mejorado su componente sobre prevención de residuos. Como Bélgica se retrasa con la actualización, y la adopción de nuevos documentos de residuos no se espera hasta finales de este año, la Comisión envía un dictamen motivado. Si Bélgica no actúa en el plazo de dos meses, el asunto puede ser remitido al TJUE.

Ruido: la Comisión pide a HUNGRÍA que adopte medidas sobre el ruido ambiental

La Comisión Europea pide a Hungría que elabore los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción exigidos por la normativa de la UE (Directiva 2002/49/CE, sobre el ruido) para reducir la contaminación acústica en la UE. El tráfico rodado, el ferroviario y el de aeropuerto, la industria, la construcción y otras actividades al aire libre generan ruido ambiental, que es la segunda causa de muerte prematura por factores ambientales, tras la contaminación atmosférica. La Directiva sobre el ruido exige que los Estados miembros elaboren y publiquen cada cinco años mapas de ruido y planes de acción de gestión del ruido en grandes aglomeraciones urbanas e importantes ejes viarios, vías férreas y aeropuertos. La Comisión envió a Hungría una carta de emplazamiento en abril de 2016. Hungría ha tomado algunas medidas, pero sigue sin elaborar y comunicar a la Comisión los mapas estratégicos de ruido de la aglomeración de Budapest y los planes de acción de los grandes ejes viarios y ferroviarios del país. Por ello, la Comisión le envía un dictamen motivado. Si Hungría no actúa en el plazo de dos meses, el asunto puede ser remitido al TJUE.

Bienestar animal: la Comisión pide a ITALIA que adopte medidas sobre la protección de los animales de laboratorio

La Comisión Europea pide a Italia que adapte su Derecho interno a la normativa de la UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (Directiva 2010/63/UE). Esta Directiva, que debía haber sido incorporada a la legislación nacional antes del 10 de noviembre de 2012, garantiza un alto nivel de bienestar animal, salvaguardando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior. También persigue reducir al mínimo el número de animales utilizados en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible. Italia transpuso la Directiva en marzo de 2014, pero deben resolverse varios puntos no conformes. En algunos aspectos, la legislación italiana establece niveles de bienestar animal inferiores a los de la Directiva, mientras que Italia invoca requisitos supuestamente más estrictos sobre otras cuestiones, lo cual puede perturbar el buen funcionamiento del mercado interior. En abril de 2016, la Comisión envió una carta de emplazamiento. Como siguen existiendo problemas sustanciales de cumplimiento, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Si las autoridades italianas no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE.

Residuos: la Comisión pide a ITALIA que adopte y revise medidas regionales sobre gestión de residuos

La Comisión pide a Italia que adopte y actualice planes de prevención y gestión de residuos, en consonancia con la legislación de la UE al respecto (Directiva 2008/98/CE) y con los principios de la economía circular. El objetivo de estos planes es reducir el impacto de los residuos en la salud humana y en el medio ambiente, y mejorar la eficiencia de los recursos en toda la UE. Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años y revisarlos según corresponda. Varias regiones de Italia (Abruzos, Basilicata, Provincia Autónoma de Bolzano, Emilia Romaña, Friul-Venecia Julia, Liguria, Piamonte, Cerdeña y Sicilia) no han revisado sus planes de gestión de residuos, adoptados en 2008 o antes. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado. Si las autoridades italianas no toman medidas en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE.

Contaminación atmosférica: la Comisión comunica a ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA y el REINO UNIDO que siguen sin cumplir con los niveles de contaminación atmosférica

La Comisión envía una última advertencia a Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido por no haber puesto coto a las reiteradas infracciones en cuanto a los límites de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO2). La contaminación por NO2 constituye una grave amenaza para la salud. La mayor parte de estas emisiones proceden del tráfico por carretera. La Comisión insta a estos 5 Estados miembros a actuar para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud pública. Cada año, más de 400 000 ciudadanos mueren prematuramente en la UE por la mala calidad del aire. Varios millones padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación atmosférica. Los niveles persistentemente elevados de dióxido de nitrógeno (NO2) produjeron casi 70 000 muertes prematuras en Europa en 2013, lo que supone casi el triple de las muertes por accidentes de tráfico en el mismo año. La legislación de la UE sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los contaminantes atmosféricos, entre otros, el dióxido de nitrógeno (NO2).En caso de que se superen los valores límite, los Estados miembros están obligados a adoptar y aplicar planes para la calidad del aire ambiente que establezcan medidas adecuadas para que esta situación cese lo antes posible. El dictamen motivado de hoy es debido a la persistente superación de los valores límite de NO2 en: Alemania (veintiocho zonas de calidad del aire, entre ellas Berlín, Colonia, Hamburgo y Múnich); Francia (diecinueve zonas de calidad del aire, entre ellas Lyon, Marsella y París); El Reino Unido (dieciséis zonas de calidad del aire, entre ellas Birmingham, Glasgow, Leeds y Londres); Italia (doce zonas de calidad del aire, entre ellas Milán, Roma y Turín); España (tres zonas de calidad del aire; una es Madrid, las otras dos son de Barcelona). Si bien corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas adecuadas para hacer frente a la superación de los límites de NO2, se precisa mucho más esfuerzo a nivel local, regional y nacional para cumplir las obligaciones que impone la normativa de la UE y para proteger la salud pública. Si las autoridades de estos Estados miembros no actúan en el plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

4. Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales

(Más información: Vanessa Mock, tel.: +32 22956194; Letizia Lupini, tel.: +32 22951958)

Auditorías: la Comisión pide a CROACIA, CHIPRE, ESLOVENIA, ESTONIA, POLONIA y RUMANÍA que apliquen la normativa de la UE sobre auditoría

La Comisión ha pedido a Croacia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Polonia y Rumanía que apliquen plenamente las nuevas normas de auditoría de la UE. La Directiva 2014/56/UE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, establece las condiciones para la autorización y el registro de las personas que realizan auditorías legales. Establece asimismo las normas de independencia, objetividad y ética profesional que les son aplicables, y el marco para su vigilancia pública. Al modificar la anterior Directiva de auditoría (Directiva 2006/43/CE), estas nuevas normas aumentan la transparencia y la previsibilidad de los requisitos aplicables a las personas que realizan auditorías, así como su independencia y objetividad. Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional antes del 17 de junio de 2016. Como no respetaron el plazo original, se envió a estos seis Estados miembros sendas cartas de emplazamiento a finales de julio de 2016. Respondieron a esas cartas comprometiéndose a adoptar rápidamente la nueva legislación. Al no haberlo hecho, hoy se les envía un dictamen motivado. Si Croacia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Polonia y Rumanía no actúan en el plazo de dos meses, se les puede llevar ante el TJUE.

Informes sobre infracciones: la Comisión pide a ESPAÑA, los PAÍSES BAJOS, POLONIA y PORTUGAL que apliquen las normas de la UE sobre los denunciantes de irregularidades

En 2015, la Comisión adoptó una Directiva de Ejecución sobre la comunicación de posibles infracciones (o infracciones reales) del Reglamento sobre abuso de mercado a las autoridades competentes [Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión]. Esta Directiva se inscribe en el código normativo sobre abuso de mercado y exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de infracciones de dicho Reglamento. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales. Los Estados miembros tenían que transponerla antes del 3 de julio de 2016. Como no respetaron el plazo original, se envió a España, los Países Bajos, Polonia y Portugal sendas cartas de emplazamiento en septiembre de 2016. La Comisión no tiene conocimiento de que hayan transpuesto la Directiva, por lo que les envía un dictamen motivado. Si España, los Países Bajos, Polonia y Portugal no actúan en el plazo de dos meses, se les puede llevar ante el TJUE.

 

5. Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes

(Más información: Lucia Caudet, tel.: +32 22956182; Mirna Talko, tel.: +32 22987278)

Cartas de emplazamiento

Libre circulación de mercancías: la Comisión inicia procedimientos de infracción contra HUNGRÍA y RUMANÍA en relación con el comercio al por menor de productos agrícolas y alimentarios

La Comisión envía sendas cartas de emplazamiento a Hungría y Rumanía porque sus normas nacionales sobre la venta al por menor de productos agrícolas y alimentarios van en contra de la legislación de la UE. En Hungría, una nueva ley obliga a los minoristas a aplicar los mismos márgenes de beneficio a los productos agrícolas y alimentarios nacionales y a los importados, aunque el coste de los productos importados está sujeto a las fluctuaciones de los tipos de cambio y de la moneda. Esto puede desincentivar las ventas de los productos agrícolas y alimentarios importados frente a los nacionales. A la Comisión le preocupa la no aplicación del principio de libre circulación de mercancías (artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE). En Rumanía se exige que los grandes minoristas compren al menos el 51 % de los alimentos y productos agrícolas a productores locales, lo que es motivo de preocupación en cuanto a la libre circulación de mercancías. La misma ley exige asimismo a los minoristas promover los productos de origen rumano, restringiendo así su libre decisión comercial de qué productos ofrecer, lo que, a su vez, es contrario a la libertad de establecimiento (artículo 49 del TFUE).Según el Derecho de la UE, solo se permiten restricciones a estas libertades si existe una necesidad justificada de proteger un interés público superior, como la salud pública, y no pueden adoptarse medidas menos restrictivas. Ni Hungría ni Rumanía han demostrado que sus medidas nacionales estén justificadas y sean proporcionadas. Las autoridades húngaras y rumanas disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión.

 

Cartas de emplazamiento, un dictamen motivado y un cierre

Morosidad: la Comisión pide a cuatro Estados miembros que cumplan la Directiva de lucha contra la morosidad para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales

La Comisión sigue procediendo contra Eslovaquia, España, Grecia e Italia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva 2011/7/UE, de lucha contra la morosidad, y evitar pérdidas a las empresas de esos países, en particular las pymes. La morosidad tiene efectos negativos para las empresas, ya que afecta a su liquidez y al flujo de caja, complica su gestión financiera e impide su expansión. La Directiva de lucha contra la morosidad refuerza los derechos de los acreedores estableciendo plazos para los pagos por parte de las empresas y las autoridades públicas cuando adquieren bienes o servicios. Si no se respetan los plazos de pago, contempla una compensación adecuada de los acreedores. Para desalentar una cultura de la morosidad, las administraciones públicas desempeñan un papel muy importante, el de dar ejemplo pagando a sus proveedores con celeridad y transparencia. La Comisión pide una acción de los Estados miembros por los siguientes motivos: Grecia: una nueva legislación que elimina los derechos de los acreedores a intereses y compensación (carta de emplazamiento complementaria); Italia: morosidad excesiva de las autoridades públicas (dictamen motivado); Eslovaquia: morosidad excesiva en la sanidad pública (carta de emplazamiento); España: legislación que amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago (carta de emplazamiento). Estos cuatro Estados miembros tienen dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión puede llevar a Italia, que recibe un dictamen motivado, ante el TJUE. Al mismo tiempo, la Comisión ha decidido archivar el procedimiento contra Portugal, que ha alineado su legislación nacional con la Directiva. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Mercado único: la Comisión pide a cuatro Estados miembros que transpongan las nuevas normas sobre embarcaciones de recreo y componentes

La Comisión envía sendos dictámenes motivados a Chipre, Finlandia, Irlanda y Rumanía pidiéndoles que transpongan la Directiva 2013/53/UE, relativa a las embarcaciones de recreo y las motos acuáticas. Esta Directiva regula la fabricación, la seguridad y otros requisitos de las embarcaciones para uso deportivo o recreativo. La Directiva tenía que ser incorporada al Derecho nacional antes del 18 de enero de 2016. Estos cuatro Estados miembros todavía no han comunicado a la Comisión su plena transposición. Disponen de dos meses para efectuar la notificación; de no hacerlo, la Comisión puede llevarlos ante el TJUE.

 

Un cierre

AUSTRIA modifica la prohibición sectorial impuesta sobre el transporte en la autopista A 12, del Valle del Inn. La Comisión archiva el procedimiento de infracción

La Comisión archiva el procedimiento de infracción contra Austria relativo a la legislación nacional que prohibía la circulación por un tramo de la autopista A 12, del Valle del Inn, a determinados vehículos pesados de transporte de mercancías. La Comisión, en la carta de emplazamiento que envió a Austria en julio de 2016, consideraba que esta medida podía, en la práctica, restringir el libre tránsito y, con ello, también la libre circulación de mercancías (artículo 34 del TFUE). Si bien Austria tiene que introducir medidas para reducir la contaminación atmosférica en el Valle del Inn, de conformidad con la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente, la Comisión consideró que para alcanzar ese objetivo era posible recurrir a medidas menos restrictivas. Después, en octubre de 2016, Austria modificó esta legislación. La Comisión acoge con satisfacción dicha modificación y puede ahora cerrar el procedimiento de infracción.

 

6. Asuntos Marítimos y Pesca

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 22956172; Iris Petsa, tel.: +32 22993321)

Dictamen motivado

La Comisión pide a RUMANÍA que cumpla el principio de igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la UE en el mar Negro

La Comisión pide a Rumanía que cumpla el principio de igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la UE en el mar Negro. En el dictamen motivado que le envía, la Comisión considera que Rumanía no garantiza la igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la UE, tras una serie de incidentes con buques que enarbolan pabellón de Bulgaria. El régimen de igualdad de acceso es un principio fundamental de la política pesquera común de la UE. Tal como establece el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, «los buques pesqueros de la Unión gozarán de igualdad de acceso a las aguas y a los recursos en todas las aguas de la Unión». Los Estados miembros deben garantizar que los buques que enarbolan pabellón de otros países de la UE puedan acceder libremente a las aguas bajo su jurisdicción con el fin de llevar a cabo actividades pesqueras. Los Estados miembros también deben velar por que estos buques sean tratados de forma no discriminatoria por las autoridades nacionales encargadas del control de la pesca. Rumanía dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de no hacerlo, la Comisión puede llevar el asunto ante el TJUE.

 

7. Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía

(Más información: Tove Ernst, tel.: +32 22986764; Katarzyna Kolanko, tel.: +32 22963444)

Dictámenes motivados

Migración: la Comisión pide a BÉLGICA que aplique plenamente las normas sobre el permiso único

La Comisión envía un dictamen motivado complementario pidiendo a Bélgica la plena transposición de la Directiva 2011/98/UE, sobre el permiso único, que todos los Estados miembros tenían que incorporar a su ordenamiento jurídico antes del 25 de diciembre de 2013. La Directiva establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, y un conjunto común de derechos (incluida la igualdad de trato con respecto a los nacionales de ese país) para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. En la fecha límite de transposición, Bélgica había adaptado solo parcialmente su Derecho interno a la Directiva. Por ello, la Comisión envió a Bélgica una carta de emplazamiento por no comunicación en marzo de 2014 y un dictamen motivado en abril de 2015, y llevó a Bélgica ante el TJUE en noviembre de 2015. Posteriormente, Bélgica informó a la Comisión de los procedimientos legislativos en curso, en particular a nivel regional, y la remisión al TJUE fue suspendida temporalmente. Sin embargo, la transposición de la Directiva sigue siendo parcial y no cuenta con un calendario fiable para su ultimación. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado complementario a Bélgica, que tiene ahora dos meses para notificar las medidas adoptadas para adecuar su legislación nacional al Derecho de la UE. De lo contrario, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.

Unión de la Seguridad: la Comisión pide a CHIPRE, FRANCIA y RUMANÍA la plena aplicación de la normativa de la UE sobre precursores de explosivos

La Comisión pide a Chipre, Francia y Rumanía que garanticen la plena aplicación del Reglamento (UE) n.º 98/2013, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. El Reglamento entró en vigor el 2 de septiembre de 2014 y es una parte importante de la legislación que restringe y controla el acceso a varios productos químicos peligrosos que pueden ser utilizados por terroristas para fabricar explosivos caseros. Chipre, Francia y Rumanía todavía no han establecido las normas que fijan las sanciones aplicables en caso de infracción al Reglamento. Por ello, la Comisión les envía sendos dictámenes motivados pidiéndoles que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de sanciones en consonancia con el Reglamento. Además, se recuerda a Francia y a Rumanía que deben velar por la difusión periódica de directrices sobre estos precursores entre los operadores económicos (es decir, los comerciantes). Si Chipre, Francia y Rumanía no solucionan la situación en un plazo de dos meses, la Comisión puede llevarlos ante el TJUE. La correcta aplicación del Reglamento sobre los precursores de explosivos es un elemento importante de la Agenda Europea de Seguridad y de la Comunicación de la Comisión «allanar el camino hacia una auténtica Unión de la Seguridad».

 

Un cierre

La Comisión cierra el procedimiento de infracción relativo a la aplicación del Código de Fronteras Schengen por ALEMANIA

La Comisión cierra el procedimiento de infracción contra Alemania relativo al marco legal de los controles policiales en las zonas fronterizas interiores. Las autoridades alemanas adoptaron un decreto que aporta la necesaria seguridad jurídica al respecto. Por ello, la Comisión puede ahora cerrar el procedimiento de infracción. De modo general, la Comisión anima a los Estados miembros a recurrir a la posibilidad que les ofrece el Código de Fronteras Schengen de realizar controles policiales en las zonas fronterizas.

 

8. Movilidad y Transportes

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 22956186; Alexis Perier, tel.: +32 22969143)

Remisiones al TJUE

Transporte: la Comisión lleva a CROACIA, los PAÍSES BAJOS, PORTUGAL y SUECIA ante el TJUE por no haber incorporado correctamente las normas de la UE sobre el permiso de conducción

La Comisión lleva a Croacia, los Países Bajos, Portugal y Suecia ante el TJUE por no haber transpuesto correctamente la Directiva 2006/126/CE, sobre el permiso de conducción. La Comisión ha detectado deficiencias de transposición como, por ejemplo: los Países Bajos no aplican correctamente la armonización de los períodos de validez del permiso; Portugal no garantiza que una persona posea únicamente un permiso; Suecia no ha transpuesto correctamente los requisitos de aptitud médica, en particular de conductores que están en situación de dependencia respecto del alcohol. Por otra parte, la Comisión lleva a Croacia ante el TJUE por no conectarse a la red europea del permiso de conducción («RESPER») como exige la Directiva 2006/126/CE. RESPER puede ayudar a los Estados miembros a cooperar entre sí y a garantizar que los permisos se expiden de conformidad con las disposiciones de la UE. El intercambio de información a través de RESPER debía comenzar el 19 de enero de 2013. La Comisión inició estos procedimientos por incumplimiento en octubre de 2015 y envió un dictamen motivado a los Estados miembros en cuestión en junio de 2016. Como aún no han cumplido las obligaciones que les impone la Directiva 2006/126/CE, la Comisión lleva el asunto ante el TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

9. Fiscalidad y Unión Aduanera

(Más información: Vanessa Mock, tel.: +32 22956194; Patrick Mc Cullough, tel.: +32 22987183)

Remisión al TJUE

Fiscalidad: la Comisión lleva a GRECIA ante el TJUE por conceder tipos reducidos de impuesto especial al «tsípuro» y la «tsikudiá»

La Comisión lleva a Grecia ante el TJUE por no aplicar el tipo estándar de impuesto especial a las dos bebidas alcohólicas «tsípuro» y «tsikudiá». Según el Derecho de la UE, debe aplicarse el mismo tipo de impuesto especial al alcohol etílico utilizado para fabricar bebidas espirituosas, salvo exenciones o excepciones. Grecia no ha establecido excepciones para estas dos bebidas y no obstante aplica actualmente un tipo reducido de impuesto especial (el 50 % del impuesto especial ordinario) al «tsípuro» y la «tsikudiá», y un tipo superreducido (en torno al 6 %) al «tsípuro» y la «tsikudiá» que los denominados «destiladores de dos días» producen a granel. Al aplicar estos tipos reducidos, Grecia infringe las normas de la UE, ya que favorece las bebidas espirituosas producidas en su propio país. Esto va contra el principio que prohíbe unos impuestos internos que puedan constituir una protección indirecta para los productos nacionales, así como gravar los productos de los demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que gravan los productos nacionales similares. Además, si bien las pequeñas destilerías pueden beneficiarse, en determinadas condiciones, de un tipo reducido del impuesto especial, este no puede ser inferior al 50 % del tipo normal nacional. Al aplicar un tipo superreducido, el régimen griego para los destiladores de dos días no respeta dichas condiciones. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictamen motivado

Fiscalidad: la Comisión pide a ESPAÑA que vele por que sus normas sobre los activos mantenidos en el extranjero sean proporcionadas

La Comisión envía hoy un dictamen motivado a España pidiéndole modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo («Modelo 720»). La Comisión considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas. Como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE.

MEMO/17/234

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