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Comisión Europea - Hoja informativa

Preguntas frecuentes* acerca de la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores

Estrasburgo, 8 de marzo de 2016

¿Qué es el desplazamiento de trabajadores?

Se entiende por «trabajador desplazado» aquel a quien su patrono envía a realizar un servicio en otro Estado miembro durante un período limitado.

Los trabajadores desplazados no son «trabajadores móviles de la UE», que se mudan a otro Estado miembro para integrarse en su mercado laboral a largo plazo o de modo permanente. La presencia de trabajadores desplazados en otro Estado miembro está estrictamente relacionada con la ejecución del servicio. Los trabajadores desplazados siguen siendo empleados de la empresa que los envía, y su estancia es temporal.  

Los trabajadores móviles de la UE que se mudan a otro país a largo plazo o de modo permanente están cubiertos por la seguridad social del país de acogida, mientras que los trabajadores desplazados, cuando lo están por menos de dos años, siguen estando cubiertos por la seguridad social del país del que han salido.

¿Por qué se necesita el desplazamiento?

La libre prestación de servicios en cualquier Estado miembro de la UE es una de las piedras angulares del mercado único. Concretamente, la «libre circulación de los servicios» significa que las empresas pueden ofrecer un servicio en otro Estado miembro sin tener que establecerse en él. Para ello, tienen que poder enviar a sus empleados a otro Estado miembro para que realicen las tareas necesarias. Por ello es preciso regular las condiciones de trabajo aplicables a esos trabajadores, de cara a un correcto funcionamiento del mercado único.

¿Cuántos trabajadores desplazados hay en la Unión Europea? ¿Dónde trabajan?

Según datos de la UE, el número de trabajadores desplazados en la UE ha aumentado en casi un 41 % entre 2010 y 2015. En 2015 había 2,05 millones de trabajadores desplazados en la UE, frente a 1,7 millones en 2013 y 1,3 millones en 2010. La duración media del desplazamiento es de cuatro meses.

Los trabajadores desplazados representan tan solo el 0,9 % del empleo total en la UE, o el 0,4 % en equivalentes a tiempo completo. si bien hay una gran concentración de desplazamientos en ciertos sectores y determinados Estados miembros.

El sector de la construcción, por sí solo, acumula el 41,5 % de los desplazamientos, que también son significativos en la industria manufacturera (24,6 %), los servicios educativos, sanitarios y de trabajo social (14,2 %), y en los servicios a empresas (10,4 %).

Alemania, Francia y Bélgica son los tres Estados miembros que más trabajadores desplazados atraen, aproximadamente el 50 % del total. A su vez, Polonia, Alemania y Francia son los tres países que más trabajadores desplazados envían.

¿Qué contempla la actual Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (de 1996)?

El Derecho de la UE dispone actualmente de una normativa sobre las condiciones de empleo aplicables a los trabajadores desplazados, detallada en la Directiva 96/71/CE de 1996.

La Directiva establece que, aunque los trabajadores desplazados a otro Estado miembro sigan siendo empleados de la empresa que los envía y, por ello, estén sometidos a la legislación de dicho país, la ley también les concede un conjunto de derechos básicos que rigen en el país de acogida en el que desempeñan su trabajo. En el sector de la construcción, y también en otros si los Estados miembros así lo deciden, se aplican asimismo las normas de los convenios colectivos de aplicación general celebrados por los interlocutores sociales. Este conjunto de derechos consiste en:

  •  las cuantías de salario mínimo;
  •  los períodos máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso;
  •  la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas;
  •  las condiciones de suministro de mano de obra por parte de agencias de trabajo interino;
  •  la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo;
  •  y la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Estas son las condiciones mínimas a las que tienen derecho los trabajadores desplazados. Los empleadores pueden aplicar a los trabajadores condiciones más favorables.

La Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores no aborda aspectos relativos a la seguridad social, que están establecidos en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

¿Qué cometido cumple la Directiva de 2014 relativa a la garantía de cumplimiento sobre el desplazamiento de trabajadores?

En 2014 se aprobó la Directiva 2014/67/UE (denominada «de garantía de cumplimiento»). Su objetivo es reforzar la aplicación práctica de las normas sobre desplazamiento de trabajadores en materia de fraude, elusión de las normas e intercambio de información entre Estados miembros.

En particular, la Directiva sobre garantía de cumplimiento:

  • aumenta la sensibilización de los trabajadores desplazados y las empresas sobre sus derechos y obligaciones;
  • mejora la cooperación entre las autoridades nacionales competentes en lo que respecta al desplazamiento;
  • aborda la cuestión de las empresas «buzón» que recurren al desplazamiento de trabajadores para eludir la ley;
  • define las responsabilidades del Estado miembro para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables al desplazamiento de trabajadores;
  • establece requisitos para las empresas que envían trabajadores desplazados, a fin de facilitar la transparencia de la información y las inspecciones;
  • otorga competencias a los sindicatos y otras partes para que puedan presentar reclamaciones y emprender acciones legales o administrativas contra los empleadores de los trabajadores desplazados si no se respetan sus derechos;
  • y garantiza la aplicación efectiva y el cobro de sanciones pecuniarias y multas en los Estados miembros si no se respetan las disposiciones del Derecho de la UE en materia de desplazamiento de trabajadores.

La Directiva ofrece a las autoridades nacionales instrumentos eficaces para distinguir entre un desplazamiento genuino y un abuso o una elusión. Por ejemplo, las autoridades de un Estado miembro receptor pueden pedir a las del Estado miembro de procedencia que verifiquen si la empresa que desplaza trabajadores realiza realmente en ese país actividades productivas y no puramente administrativas. Uno de los criterios que deben tenerse en cuenta es si en dicho país se contrata a trabajadores desplazados.

Los Estados miembros debían incorporar la Directiva a su ordenamiento jurídico el 18 de junio de 2016, a más tardar.

¿Por qué propuso la Comisión revisar la Directiva de 1996?

En sus directrices políticas, la Comisión Juncker resaltó que el dumping social no tiene cabida en la Unión Europea y anunció una revisión selectiva de la Directiva de 1996. Sobre la base una amplia consulta a las partes interesadas y una evaluación de impacto, la Comisión presentó en marzo de 2016 una revisión selectiva de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores para establecer el principio de «idéntica remuneración por el mismo trabajo en el mismo lugar» y hacer frente a prácticas desleales. En la revisión se tuvieron en cuenta determinados acontecimientos ocurridos desde que se adoptó la Directiva original.

Desde 1996 ha cambiado considerablemente la situación económica y del mercado laboral en la UE. En estos últimos veinte años han crecido el mercado único y también las diferencias salariales, lo que ha generado el incentivo indeseado de recurrir al desplazamiento de trabajadores como medio de explotar dichas diferencias. El marco legislativo que creó la Directiva de 1996 ya no responde plenamente a estas nuevas realidades.

Además, dado que las empresas que desplazan trabajadores solo tienen que respetar las cuantías de salario mínimo del país de acogida, esto suele conducir a diferencias salariales entre los trabajadores desplazados y los trabajadores locales, sobre todo en Estados miembros con niveles salariales más elevados. En algunos sectores y Estados miembros, los trabajadores desplazados llegan a ganar hasta un 50 % menos que los trabajadores locales.

Las diferencias salariales significativas distorsionan la igualdad de condiciones entre las empresas, socavando el correcto funcionamiento del mercado único. Por ello es necesario actualizar las normas sobre el desplazamiento de trabajadores a las actuales condiciones sociales y económicas, desde ambos puntos de vista.

La revisión constituirá también una oportunidad de alcanzar una mejor coherencia con otros actos legislativos de la UE adoptados después de la Directiva de 1996. Hay un cierto desequilibrio entre la actual Directiva y actos como el Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social o la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. Al alinear las disposiciones pertinentes, la normativa quedará mucho más clara para las empresas, los órganos de control y los trabajadores.

Con esta iniciativa, la Comisión aspiraba a reforzar el marco para los desplazamientos en la UE, y contribuir a un mercado único más justo y más profundo.

¿Cuáles son los elementos principales de la propuesta de la Comisión de marzo de 2016?

El 8 de marzo de 2016, la Comisión propuso una revisión selectiva de la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores. El componente principal de la propuesta era la remuneración de los trabajadores desplazados, confirmando el principio de «idéntica remuneración por el mismo trabajo en el mismo lugar».

Más específicamente, la modificación principal afecta a las cuantías de salario a que tiene derecho un trabajador desplazado. La actual Directiva solo exige que los trabajadores desplazados reciban las cuantías de salario mínimas. La nueva propuesta contempla que se apliquen las mismas normas de remuneración del Estado miembro de acogida, establecidas por la ley o por los convenios colectivos de aplicación general. Es decir, que en materia de remuneración, se aplique la misma normativa a los trabajadores desplazados y a los locales.

¿En qué consiste la diferencia? Con frecuencia, la remuneración no consta únicamente de las cuantías de salario mínimas, sino también de otros complementos y asignaciones (por ejemplo, paga de Navidad) o aumentos por antigüedad en el servicio. Los Estados miembros tendrán que especificar de modo transparente los distintos elementos que componen la remuneración en su territorio, y dichos elementos, si están establecidos por la ley o por los convenios colectivos de aplicación general, tendrán que tenerse en cuenta al retribuir a un trabajador desplazado.

La propuesta no interfiere de modo alguno con los mecanismos de fijación de salarios de los Estados miembros, pero sí garantiza que se apliquen a los trabajadores desplazados las mismas reglas de remuneración que a los trabajadores locales.

Ejemplo: Un trabajador desplazado al sector de la construcción en Bélgica tiene que cobrar, además del salario mínimo en función de su categoría (entre 13,379 y 19,319 EUR/hora), los elementos de retribución previstos en el convenio colectivo de aplicación general en el sector de la construcción:

- asignación por condiciones meteorológicas adversas;

- asignación de movilidad;

- suplemento para obras especiales;

- asignación por desgaste de herramientas, etc.

La Comisión propone que las normas establecidas por los convenios colectivos de aplicación general sean obligatorias para los trabajadores desplazados en todos los sectores económicos.

¿En qué consiste la diferencia? Actualmente, estas normas solo se aplican al sector de la construcción, y los Estados miembros pueden optar por hacerlas de aplicación general a los trabajadores desplazados de los demás sectores. Los Estados miembros siguen siendo libres de decidir si celebrar o no convenios colectivos de aplicación general. Si lo hacen, los respectivos convenios son también aplicables a los trabajadores desplazados.

Ejemplo: Algunos Estados miembros ya han hecho vinculantes para los trabajadores desplazados los convenios de aplicación general en todos los sectores (AT, BE, ES, FR, EL, FI, IE, IT, NL, PT, SI). Para ellos, la nueva normativa no representará ningún cambio. Otros Estados miembros, como DE, IE y LU, han hecho uso de esta posibilidad en su legislación solo en determinados sectores.

El principio de la igualdad de trato con los trabajadores locales cedidos por empresas de trabajo temporal se aplicará también a los trabajadores desplazados a través de empresas de trabajo temporal, con lo que se alinea la actual legislación nacional al respecto.

¿En qué consiste la diferencia? La legislación de la UE ya establece que, a nivel nacional, los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal tienen que estar sometidos a las mismas condiciones de trabajo y empleo que los colegas de la empresa en que trabajan. Hasta ahora, este principio no se aplicaba necesariamente a los trabajadores desplazados desde otro Estado miembro por empresas de trabajo temporal. La propuesta garantizaría, por tanto, la igualdad de trato en materia de remuneración también para los trabajadores desplazados por empresas de trabajo temporal.

Ejemplo: Actualmente, la mitad de los Estados miembros han incorporado a su legislación la opción de la actual Directiva. Estos Estados miembros no tendrán que modificar nada.

AT, CY, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LV, PT, SI y SK tendrán que modificar su legislación nacional incluyendo este principio.

Si un trabajador es desplazado temporalmente a una empresa firmante de un convenio colectivo que no es de aplicación general (por ejemplo, un convenio colectivo de empresa), se aplicarán las condiciones más favorables a los trabajadores desplazados a través de empresas de trabajo temporal establecidas en otro Estado miembro.

En su propuesta inicial, la Comisión también proponía que los trabajadores desplazados durante un tiempo determinado (desplazados de larga duración) estén como mínimo cubiertos por las reglas obligatorias de protección del Derecho laboral del país de acogida. Por ejemplo, en la legislación sobre coordinación de la seguridad social hay una norma comparable que establece en 24 meses ese período.

¿En qué consiste la diferencia? Actualmente, todos los trabajadores desplazados están ya cubiertos por diversas disposiciones importantes de la legislación laboral del Estado miembro de acogida, por ejemplo en materia de salud, seguridad e higiene, o de igualdad de trato entre hombres y mujeres. En cambio, para otros asuntos, como la protección frente a despidos improcedentes, se aplica la legislación laboral del Estado miembro de procedencia. Con el cambio que se propone, se trataría a los trabajadores en desplazamiento de larga duración exactamente de la misma manera que a los locales en el Estado miembro de acogida, en casi todos los aspectos de la legislación laboral. Esta medida se aplicará a partir del primer día cuando pueda preverse que el trabajador estará desplazado durante más de un período determinado. En los demás casos, se aplicará en cuanto la duración del desplazamiento supere dicho período.

¿En qué fase se encuentra el proceso legislativo de esta propuesta?

El 16 de octubre de 2017, la comisión de empleo del Parlamento Europeo adoptó un texto de compromiso. En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de 23 de octubre de 2017, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE acordaron un planteamiento general. Ahora comenzarán los debates entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión con vistas a la adopción de una propuesta final.

¿Aplica la presente propuesta el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo en el contexto del desplazamiento?

Sí, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales y la necesidad de preservar la igualdad de condiciones para todos los prestadores de servicios.

Cada Estado miembro puede tener distintas normas para garantizar la remuneración justa de los trabajadores. La propuesta garantiza que estas normas beneficien a los trabajadores locales y a los desplazados en igualdad de condiciones. Por lo general, las empresas nacionales y las empresas que desplazan trabajadores deben respetar por igual todas las normas de remuneración. En el marco de la subcontratación, esto puede incluso ampliarse a normas establecidas mediante convenio colectivo o laudo arbitral, sean o no de aplicación general y con independencia de su alcance o importancia a nivel nacional. En lo que se refiere a los trabajadores desplazados a través de empresas de trabajo temporal, la propuesta garantiza la igualdad de trato con respecto a las condiciones básicas de trabajo y de empleo.

¿Decidirá la Comisión el salario que una empresa tiene que pagar a sus trabajadores desplazados?

No, se trata de una cuestión de libertad contractual.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer la igualdad de condiciones entre las empresas nacionales y las que desplazan trabajadores, de modo que las normas que son aplicables a las primeras lo sean también a las segundas. De este modo se garantizará la protección de los trabajadores y una competencia leal entre las empresas.

Las distintas empresas seguirán pudiendo ofrecer distintas condiciones de trabajo y remuneración siempre que ofrezcan condiciones más favorables que las exigidas por las normas del Estado miembro de acogida.

¿Cambiará la revisión propuesta la situación de los Estados miembros que no cuentan con un sistema de declaración de convenios colectivos de aplicación general?

Se mantienen sin cambios las normas que permiten a los Estados miembros que no disponen de un sistema de declaración de convenios colectivos de aplicación general basarse en otros convenios colectivos o laudos arbitrales (artículo 3, apartado 8).

¿Repercutirá la revisión de la Directiva en el desplazamiento de trabajadores o la prestación de servicios desde terceros países?

Los proveedores de servicios y los trabajadores de terceros países tienen acceso al mercado de la UE solo cuando un acuerdo comercial internacional así lo contempla, sobre una base de reciprocidad. Cuando los proveedores de servicios de terceros países tienen acceso al mercado de la UE, generalmente están obligados a respetar el Derecho laboral del Estado miembro al que desplazan trabajadores. La revisión de la Directiva seguirá disponiendo que «las empresas establecidas en un Estado que no sea miembro no deberán obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado miembro». Por lo tanto, los Estados miembros tienen que aplicar a las empresas establecidas en un Estado que no sea miembro y que desplacen trabajadores a su territorio, como mínimo, los mismos requisitos que aplican a las empresas de otro Estado miembro que desplazan trabajadores.

¿Y qué relación guarda con la propuesta de una Autoridad Laboral Europea?

Una normativa nueva y más justa solo tiene sentido si se aplica adecuadamente. La Comisión quiere facilitar entre las autoridades competentes de los Estados miembros una dinámica genuina de cooperación que pueda seguir mejorándose. Es evidente que, por su carácter transnacional, el desplazamiento de trabajadores plantea dificultades específicas a las entidades encargadas de supervisar la aplicación de las condiciones de trabajo. Por eso es necesaria una mayor y más fácil cooperación entre las autoridades competentes de los países de origen y de acogida. Esta es una de las tareas de las que podría encargarse una Autoridad Laboral Europea. Tal como anunció el Presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión y su declaración de intenciones de 13 de septiembre, esta propuesta formará parte del programa de trabajo de la Comisión para 2018.

¿Se aplica la Directiva al sector del transporte por carretera?

La posición de la presente Comisión siempre ha sido que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es aplicable al sector del transporte por carretera.

Dicho esto, también se reconoce la especificidad del muy móvil sector del transporte internacional por carretera. Por eso, cuando la Comisión presentó su propuesta de revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en marzo del año pasado, indicó que la legislación sectorial específica del transporte sería adecuada. El 31 de mayo de 2017 presentamos una propuesta de legislación específica para este sector. Más información disponible aquí.

En su planteamiento general del 23 de octubre, el Consejo acordó que las normas revisadas sobre el desplazamiento solo se aplicarán a los conductores del sector del transporte a partir de la fecha de entrada en vigor de esta legislación sectorial.

Hasta ese momento, para el transporte por carretera seguirá vigente la actual normativa sobre desplazamiento. La Comisión insta al Consejo y al Parlamento Europeo a adoptar rápidamente la normativa propuesta para el sector del transporte, a fin de adaptarla a las necesidades específicas de los trabajadores desplazados del sector, al tiempo que se garantiza el buen funcionamiento del mercado interior del transporte por carretera.

 

 

* Documento original publicado el 8 de marzo de 2016, actualizado el 24 de octubre de 2017.

 

MEMO/16/467

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