Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de procedimientos por incumplimiento de noviembre: principales decisiones

Bruselas, 17 de noviembre de 2016

Desglose por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones judiciales contra diversos Estados miembros por no haber cumplido estos adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE (véanse los anexos I y II), pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación; incluyen 3 cartas de emplazamiento, 32 dictámenes motivados, 8 remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un cierre. Asimismo, la Comisión archiva 78 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que la Comisión tenga que seguir adelante con el procedimiento.

Para más información sobre los procedimientos por incumplimiento, véase la nota informativa completa: MEMO/12/12. Para más detalles sobre todas las decisiones, véase el registro de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento.

 

1. Energía

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Anna-Kaisa Itkonen (tel.: +32 22956186) o Nicole Bockstaller (tel.: +32 22952589)

Dictámenes motivados

Reservas de petróleo: la Comisión pide a RUMANÍA que cumpla plenamente la Directiva sobre reservas de petróleo         
En el día de hoy, la Comisión Europea ha solicitado formalmente a Rumanía que garantice la correcta aplicación de la Directiva sobre reservas de petróleo (Directiva 2009/119/CE del Consejo). La normativa de la UE impone a los Estados miembros la obligación de mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos derivados del petróleo, que deben estar disponibles en todo momento y que, por lo tanto, garanticen a la UE la seguridad de abastecimiento en recursos de petróleo. En el Derecho rumano vigente está prohibido utilizar las reservas de petróleo como garantía, es decir, como activos ofrecidos para avalar un préstamo. Esta prohibición podría hacer más difícil para los operadores económicos el cumplimiento de sus obligaciones de mantener reservas. Además, Rumanía ha aplicado incorrectamente las normas sobre el derecho que tienen los operadores económicos a delegar su obligación de mantener reservas y sobre la creación de procedimientos de emergencia en caso de interrupción grave del suministro. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento al Derecho de la UE, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Rumanía dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas que adopte para corregir esta situación. De lo contrario, la Comisión Europea puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Eficiencia energética: la Comisión insta a ESLOVENIA a notificar la evaluación completa de cogeneración de alta eficiencia

En el día de hoy, la Comisión Europea ha recordado formalmente a Eslovenia que dé cumplimiento al artículo 14, apartado 1, de la Directiva sobre eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE). Esta normativa obliga a los Estados miembros a llevar a cabo y presentar a la Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes antes del 31 de diciembre de 2015. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento a esta obligación, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Eslovenia dispone ahora de dos meses para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para subsanar esta situación; de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE. Con arreglo a la normativa, los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para desarrollar infraestructuras de calefacción y refrigeración eficientes y/o posibilitar el desarrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso de la calefacción y la refrigeración procedentes de calor residual y de fuentes de energía renovables. Hasta la fecha, Eslovenia no ha presentado ninguna evaluación del potencial en este contexto. Para tener una visión general de la transposición, por Estado miembro, de la Directiva sobre eficiencia energética, véase el anexo III.

Seguridad en alta mar: la Comisión pide a BULGARIA, POLONIA, ESPAÑA y el REINO UNIDO que transpongan plenamente la Directiva de la UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro

La Comisión Europea ha pedido a Bulgaria, Polonia, España y el Reino Unido que garanticen la plena transposición de la Directiva sobre seguridad en alta mar (Directiva 2013/30/UE). La UE ha establecido una serie de normas que contribuyen a prevenir accidentes y a responder de manera rápida y eficaz en caso de accidentes. Los Estados miembros deben garantizar que las empresas a las que concedan licencias de exploración y producción dispongan de una financiación sólida, tengan los necesarios conocimientos técnicos y garanticen la disponibilidad de los recursos para utilizarlos cuando sea necesario. Asimismo, las empresas son plenamente responsables de los daños medioambientales que causen a las especies protegidas y a los hábitats naturales. Esta Directiva debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 19 de julio de 2015. En el día de hoy, la Comisión ha enviado dictámenes motivados a Bulgaria, Polonia, España y el Reino Unido, al constatar carencias en la legislación nacional que transpone la Directiva. Estos cuatro Estados miembros disponen ahora de dos meses para cumplir sus obligaciones. De lo contrario, la Comisión puede llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

2. Medio ambiente

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Enrico Brivio (tel.: +32 22956172) o Iris Petsa (tel.: +32 22993321)

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

ESPAÑA se enfrenta a multas por no haber dado cumplimiento a una sentencia de 2011 sobre deficiencias en la recogida y el tratamiento de aguas residuales

La Comisión Europea vuelve a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no dar pleno cumplimiento a la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades regionales españolas deben garantizar que las aguas residuales urbanas son objeto de una recogida y un tratamiento adecuados en diecisiete aglomeraciones repartidas por todo el país con el fin de evitar riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el 14 de abril de 2011 (Asunto C-343/10) que España infringía el Derecho de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por treinta y siete aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones). Cinco años después, este asunto sigue estando sin resolver en diecisiete de las treinta y siete aglomeraciones a que se refería la sentencia, lo que representa una población de 1 400 000 personas. Además, después de más de quince años desde el 31 de diciembre de 2000, que era el plazo para aplicar la normativa pertinente de la UE (Directiva 91/271/CEE del Consejo), sigue sin haber una perspectiva clara de pleno cumplimiento en todas estas aglomeraciones. La ausencia de recogida y tratamiento adecuados de las aguas residuales entraña considerables riesgos para la salud humana, las aguas continentales y el medio marino. La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE que imponga una suma a tanto alzado por un importe de 46 522 999 EUR hasta la fecha. La Comisión propone también una multa diaria de 171 217,20 EUR si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte esta segunda resolución. Las sanciones propuestas corresponden a la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. Es necesario remitir el asunto por segunda vez al Tribunal de Justicia para garantizar el cumplimiento de la normativa en las diecisiete aglomeraciones restantes, habida cuenta de la extremada lentitud de los progresos realizados hasta la fecha. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Dictámenes motivados

Directiva sobre inundaciones: la Comisión pide a GRECIA que actúe en materia de protección contra las inundaciones

La Comisión Europea insta a Grecia a cumplir sus obligaciones poniendo en consonancia su Derecho interno sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación con la normativa de la UE sobre protección contra las inundaciones (Directiva 2007/60/CE). La Directiva sobre inundaciones pretende reducir y gestionar los riesgos que conllevan las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica. Según lo dispuesto en esta Directiva, los Estados miembros tenían que presentar a la Comisión los mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación como máximo el 22 de marzo de 2014. Dado que Grecia no respetó el plazo inicial, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2015. La Comisión envía ahora un dictamen motivado al que Grecia debe responder en un plazo de dos meses. Si Grecia no adopta los necesarios documentos sobre prevención de inundaciones y no se los presenta a la Comisión, esta podrá llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Seveso: la Comisión insta a FINLANDIA a aplicar la normativa de la UE en materia de prevención de accidentes industriales

La Comisión Europea ha pedido a Finlandia que facilite información sobre cómo se ha incorporado a su Derecho interno la Directiva Seveso III (Directiva 2012/18/UE). Esta obligación debía haberse cumplido antes del 31 de mayo de 2015. Esta Directiva y sus predecesoras —las llamadas Directivas Seveso I y Seveso II— tienen la finalidad de prevenir accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y limitar sus consecuencias para los ciudadanos y el medio ambiente. La Directiva Seveso III, que entró en vigor el 1 de junio de 2015, tiene en cuenta una serie de cambios en la legislación de la UE, como la clasificación de los productos químicos, y refuerza el derecho de acceso de los ciudadanos a la información y a la justicia. Dado que Finlandia no respetó el plazo inicial, la Comisión le envió una carta de emplazamiento en julio de 2015. Ahora, la Comisión le envía un dictamen motivado. Finlandia dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, el asunto podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Residuos: la Comisión insta a FRANCIA a que cumpla la normativa de la UE sobre residuos

La Comisión insta a Francia a cumplir las obligaciones que para ella se derivan de la normativa de la UE adoptando y revisando los planes de gestión de residuos para la totalidad de su territorio, en consonancia con los objetivos de la normativa de la UE sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) y la economía circular. El objetivo de estos planes es reducir el impacto de los residuos en la salud humana y en el medio ambiente, y mejorar la eficiencia de los recursos en toda la UE. Francia solo ha adoptado planes de gestión de residuos para algunas partes de su territorio. Tampoco ha sido capaz de garantizar que los planes de gestión de residuos existentes se evalúen y, si es necesario, se revisen cada seis años como mínimo. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado. Si Francia no actúa en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Residuos: la Comisión pide a CROACIA que garantice una gestión adecuada de los residuos en Biljane Donje

La Comisión Europea insta a Croacia a que tome medidas para garantizar que se respeta un nivel de protección adecuado en el emplazamiento de «Crno brdo» en Biljane Donje, cerca de la ciudad de Benkovac, como exige la normativa de la UE. En la actualidad, este lugar sirve de depósito para una gran cantidad de árido mineral, un subproducto generado durante la recuperación de metales de escoria. Las autoridades croatas no clasificaron este material como residuo en consonancia con la normativa de la UE sobre residuos (Directiva 2008/98/CE), por lo que aproximadamente 140 000 toneladas de árido de piedra potencialmente nocivo quedaron depositadas directamente en el suelo, con consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. Según lo establecido en la normativa de la UE, Croacia debería haber establecido medidas para proteger las aguas subterráneas y evitar la dispersión de partículas nocivas a través del aire. Se sigue incumpliendo lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, 13 y 15, apartado 1, de la Directiva en Biljane Donje, ya que los residuos han estado depositados en este lugar durante más de tres años, contrariamente a lo que se exige en la Directiva, y no hay ningún plan concreto para gestionar el lugar adecuadamente y rehabilitarlo. Desde que se envió a Croacia una carta de emplazamiento en marzo de 2015 no se ha realizado ningún progreso en garantizar que los residuos de Biljane Donje se gestionan sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente. Ahora, la Comisión le envía un dictamen motivado. Si Croacia no subsana el problema en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

3. Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Vanessa Mock (tel.: +32 229 56194) o Letizia Lupini (tel.: +32 229 51958)

Dictámenes motivados

La Comisión insta a BULGARIA a aplicar la normativa de la UE sobre información financiera

La Comisión Europea ha pedido a Bulgaria que ponga su normativa sobre información financiera en consonancia con la normativa de la UE. El objetivo de la Directiva sobre contabilidad (Directiva 2013/34/UE), por la que se derogan dos Directivas del Consejo (la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo) es reducir la carga administrativa que pesa sobre las pequeñas empresas y mejorar la calidad y comparabilidad de la información divulgada en los informes financieros. En ella se establecen normas, válidas para toda la UE, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas. Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 20 de julio de 2015. Dado que no se respetó el plazo original, la Comisión envió a las autoridades búlgaras una carta de emplazamiento en septiembre de 2015. La petición de hoy adopta la forma de dictamen motivado. Bulgaria dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, se podría llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión insta a GRECIA a aplicar la normativa de la UE en materia de auditoría

La Comisión insta a Grecia a aplicar la normativa de la UE en materia de auditoría. En la Directiva sobre auditoría (Directiva 2014/56/UE), relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, se establece una serie de normas en el ámbito de la auditoría. El objetivo de esta Directiva, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, es armonizar aún más las normas de auditoría a escala de la UE para hacer posible una mayor transparencia y previsibilidad de los requisitos aplicables a las personas que llevan a cabo las auditorías y aumentar su independencia y objetividad en el desempeño de sus tareas. En concreto, estas normas incluyen las condiciones de autorización y registro de las personas que realizan auditorías legales, así como un marco para su vigilancia pública. Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 17 de junio de 2016. Dado que no se respetó el plazo original, la Comisión envió a las autoridades griegas una carta de emplazamiento en julio de 2016. La petición de hoy adopta la forma de dictamen motivado. Si Grecia no actúa en el plazo de dos meses, se la puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión insta a CROACIA, CHIPRE, FINLANDIA, GRECIA, LUXEMBURGO, PORTUGAL, ESLOVENIA, ESPAÑA y SUECIA a aplicar la normativa de la UE sobre créditos hipotecarios

La Comisión Europea ha pedido a Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, España y Suecia que cumplan plenamente la normativa de la UE sobre hipotecas.  El objetivo de la Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE), adoptada el 4 de febrero de 2014, es mejorar las medidas de protección de los consumidores en toda la UE mediante la introducción de prácticas crediticias responsables a escala de la UE. Es esencial mejorar la normativa hipotecaria porque fomentará la confianza en el mercado hipotecario y aumentará las posibilidades de elección de los consumidores. Los consumidores disfrutarán de información más clara y comprensible gracias a la introducción de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que permitirá a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario, así como comparar ofertas y elegir el producto que mejor responda a sus necesidades al mejor precio. Los consumidores más vulnerables estarán mejor protegidos contra el sobreendeudamiento mediante normas europeas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca. En la Directiva también se establecen los principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito. Los intermediarios de crédito que cumplan las nuevas normas de conducta obtendrán acceso a un mayor número de posibles consumidores en el mercado único mediante el sistema de «pasaporte». A la larga, esto supondrá para los prestamistas nuevas oportunidades de negocio y representará un paso adelante hacia la creación de un mercado único europeo de las hipotecas, del que se espera que aumente la competencia y abarate los precios. Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 21 de marzo de 2016. Dado que no se respetó el plazo original, se envió a estos Estados miembros sendas cartas de emplazamiento en mayo de 2016. La petición de hoy adopta la forma de dictamen motivado. Si estos Estados miembros no actúan en el plazo de dos meses, se les puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión insta a IRLANDA, ESPAÑA, PORTUGAL, RUMANÍA y LETONIA a aplicar la normativa de la UE sobre requisitos de transparencia para los emisores admitidos a negociación en un mercado regulado

La Comisión ha instado a Irlanda, España, Portugal, Letonia y Rumanía a que pongan su normativa sobre requisitos de transparencia en los mercados regulados en consonancia con la normativa de la UE. En la Directiva sobre transparencia (Directiva 2013/50/UE), por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE, se establecen normas para los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE. En concreto, estas normas garantizan que revelen determinada información clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales. Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 26 de noviembre de 2015. Dado que no se respetó el plazo original, la Comisión envió a estos Estados miembros sendas cartas de emplazamiento en enero de 2016. La petición de hoy adopta la forma de dictamen motivado. Si no actúan en el plazo de dos meses, se les puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

4. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Lucia Caudet (tel.: +32 22956182) o Mirna Talko (tel.: +32 22987278)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cartas de emplazamiento, dictámenes motivados y un cierre

Servicios: la Comisión pide a nueve Estados miembros que eliminen obstáculos injustificados a la prestación de servicios en el mercado único

La Comisión Europea está tomando medidas adicionales respecto a Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Lituania y España debido a que sus respectivas normativas nacionales contienen obstáculos excesivos e injustificados a la prestación de servicios en el mercado interior. La Comisión considera que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en los Estados miembros mencionados son contrarios a la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE). Al mismo tiempo, la Comisión ha decidido archivar el procedimiento contra Luxemburgo después de que este país emprendiese acciones concretas para poner la normativa pertinente en consonancia con la normativa de la UE. Sobre los servicios pesan una serie de restricciones que dificultan el establecimiento y la prestación transfronteriza de servicios en toda la UE: exigir que la sede de la empresa esté en una determinada jurisdicción; requisitos excesivos sobre los accionistas, por ejemplo, el requisito de que los profesionales detenten el 100 % de los derechos de voto o del capital de una empresa; tarifas mínimas obligatorias; así como requisitos de autorización desproporcionados o derechos exclusivos. Este tipo de obstáculos para los nuevos operadores del mercado no son necesarios para garantizar servicios de elevada calidad ofrecidos por prestadores nacionales o extranjeros y, de hecho, privan a los consumidores de servicios a precios competitivos. En el día de hoy, la Comisión ha tomado medidas para abordar los motivos de preocupación que se detallan a continuación: Austria: requisitos de residencia para arquitectos e ingenieros (un dictamen motivado complementario); Bélgica: restricciones multidisciplinarias para contables (un dictamen motivado); Chipre: requisitos de participación accionarial para todas las profesiones de la ingeniería, ingenieros civiles y arquitectos (remisión al Tribunal de Justicia de la UE); Dinamarca: requisito de autorización o certificación obligatoria para determinados servicios de construcción (una carta de emplazamiento); Alemania: tarifas mínimas y máximas para arquitectos e ingenieros (remisión al Tribunal de Justicia de la UE); Hungría: derechos exclusivos concedidos a un único operador para la prestación de un servicio (remisión al Tribunal de Justicia de la UE); Italia: requisitos de establecimiento para las sociedades de certificación como requisito previo para prestar servicios de certificación en la contratación pública (una carta de emplazamiento complementaria); Lituania: restricciones multidisciplinarias para determinados prestadores de servicios de construcción (una carta de emplazamiento); España: tarifas mínimas obligatorias y restricciones multidisciplinarias para la profesión jurídica de los procuradores, registradores de la propiedad y de empresas y representantes legales (un dictamen motivado). Los Estados miembros disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación.Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

5. Migración, asuntos de interior y ciudadanía

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Tove Ernst (tel.: +32 22986764) o Markus Lammert (tel.: +32 22980423)

Remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Comisión lleva a BULGARIA ante el Tribunal de Justicia por no aplicar las normas sobre pasaportes y permisos de residencia electrónicos

En el día de hoy, la Comisión ha decidido llevar a Bulgaria ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar la obligación de crear una Ventanilla Única para garantizar el intercambio de información obligatorio a tenor de lo dispuesto en la normativa de la UE sobre seguridad de los documentos. La creación de dichas ventanillas únicas es obligatoria y debe permitir el intercambio de información necesario para acceder a las imágenes de huellas dactilares almacenadas en los pasaportes y permisos de residencia electrónicos de ciudadanos de terceros países. El intercambio de certificados a través de las ventanillas únicas impide la lectura no autorizada de los datos biométricos almacenados digitalmente en los documentos y garantiza que los Estados miembros puedan tener un acceso seguro a los chips contenidos en todos los pasaportes biométricos, documentos de viaje y permisos de residencia emitidos por otros Estados miembros. Bulgaria no aplica esta importante parte de la normativa de la UE sobre seguridad de los documentos y, de esta forma, impide a otros Estados miembros acceder y comprobar de forma segura las huellas dactilares almacenadas en los chips de los pasaportes búlgaros. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

6. Movilidad y transportes

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Anna-Kaisa Itkonen (tel.: +32 22956186) o Alexis Perier (tel.: +32 22969143)

Remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Transporte por carretera: La Comisión lleva a POLONIA ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con el sistema de permisos para que determinados camiones puedan usar las carreteras

La Comisión Europea ha decidido llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por aplicar incorrectamente la Directiva 96/53/CE del Consejo sobre dimensiones y pesos máximos de determinados vehículos de carretera. En concreto, Polonia restringe la libertad de utilizar su red de carreteras a determinados camiones, incluso aunque cumplan las normas de la UE.

Con arreglo a la normativa polaca, los camiones con un peso por eje superior a ocho o diez toneladas tienen que obtener un permiso especial expedido los correspondientes gestores para poder utilizar las carreteras secundarias. Esto es así incluso aunque los camiones hayan sido cargados en pleno cumplimiento de la normativa de la UE, lo que debería permitirles utilizar estas carreteras sin necesidad de solicitar un permiso adicional. Esta situación afecta a muchos camiones que hacen transporte a larga distancia.

En Polonia, la gestión de las carreteras incumbe a distintas administraciones (municipios, condados, regiones y administración central) y, por lo tanto, puede ocurrir que sean necesarios varios permisos para un solo trayecto. Además, el procedimiento para obtener un permiso requiere mucho tiempo. Todo ello genera una carga considerable para los transportistas y supone un obstáculo para el correcto funcionamiento del mercado interior del transporte. La Comisión Europea envió un dictamen motivado a las autoridades polacas en febrero de 2016. Como Polonia ha incumplido la obligación de poner su legislación en consonancia con el Derecho de la UE, la Comisión Europea ha decidido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Transporte aéreo: la Comisión lleva a Croacia ante el Tribunal de Justicia por no ratificar la adhesión de la UE al Convenio Internacional de Eurocontrol

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no ratificar el Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Eurocontrol, firmado en 2002, ni depositar los instrumentos correspondientes. Eurocontrol es una organización intergubernamental que cuenta con más de cuarenta Estados. Muchas de las actividades que lleva a cabo Eurocontrol son pertinentes para la UE, especialmente en relación con la aplicación del cielo único europeo, una de las prioridades de la estrategia de aviación de Europa. En este contexto, el Consejo decidió ya en 2004 celebrar el citado Protocolo en nombre de la Unión (Decisión 2004/636/CE) para permitir la adhesión de la Unión (como miembro) a Eurocontrol. Sin embargo, mientras no ratifiquen el Protocolo todos los Estados miembros, no es posible completar dicha adhesión. La Comisión considera que Croacia, al no haber procedido aún a la ratificación, incumple las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Esta disposición establece el principio de cooperación leal y subraya la obligación de los Estados miembros de ayudar a la Unión en el cumplimiento de su misión y abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de sus objetivos. A pesar de los numerosos intercambios que ha habido con las autoridades croatas desde marzo de 2014, aún no han tomado las medidas necesarias para completar la ratificación del Protocolo. Por lo tanto, la Comisión lleva a Croacia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Transporte por carretera: la Comisión lleva a ESPAÑA ante el Tribunal por no cumplir las normas sobre acceso a la profesión de transportista por carretera

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir las condiciones que deben reunir las empresas para operar en el mercado del transporte por carretera. Estas condiciones fueron establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Los transportistas por carretera deben disponer de uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento. La normativa española, por el contrario, obliga a las empresas a disponer de, al menos, tres vehículos. La Comisión considera que este requisito es desproporcionado y puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy a menudo solo tienen un vehículo y que por ello quedan excluidos del mercado del transporte por carretera. La Comisión Europea envió un dictamen motivado a las autoridades españolas en febrero de 2016. Como España ha incumplido la obligación de poner su legislación en consonancia con el Derecho de la UE, la Comisión Europea ha decidido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

Dictámenes motivados

Transporte ferroviario: la Comisión insta a ALEMANIA a transponer y aplicar plenamente la normativa de la UE que tiene por objeto mejorar la seguridad de los ferrocarriles europeos

El día de hoy, la Comisión Europea ha pedido a Alemania que ponga todas sus normas nacionales en consonancia con la Directiva 2004/49/CE, relativa a la seguridad de los ferrocarriles europeos. El objetivo de esta Directiva, que los Estados miembros debían haber transpuesto para diciembre de 2010, es garantizar niveles coherentes y elevados de seguridad en todas las redes ferroviarias de la UE. Especialmente, se definen en ella principios comunes de gestión, regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria. La finalidad es evitar situaciones en que normativas nacionales divergentes impidan que los vehículos circulen sin trabas en toda la UE. En este sentido, en la Directiva se dispone que todo material rodante debe estar asignado a una entidad responsable de su mantenimiento. La entidad en cuestión establece un sistema de mantenimiento y garantiza que los vehículos sean seguros. Sin embargo, la normativa nacional alemana impone una inspección técnica del material rodante con carácter periódico. Por lo tanto, no corresponde a la entidad responsable del mantenimiento decidir cuándo se realiza la inspección técnica. Alemania dispone de dos meses para responder a la Comisión. Si su reacción no es satisfactoria, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Derechos de los pasajeros: la Comisión insta a LUXEMBURGO a cumplir plenamente las normas de la UE

En el día de hoy, la Comisión Europea ha pedido a Luxemburgo que garantice la correcta aplicación de las normas sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, tal como se establecen en el Reglamento (UE) n.º 1177/2010. Estas normas son aplicables desde diciembre de 2012 y conceden determinados derechos a los pasajeros que viajen por mar o por vías navegables interiores, como el derecho a la información, a la no discriminación, a la asistencia y a la indemnización en caso de perturbaciones del transporte. También conceden derechos específicos a los pasajeros con movilidad reducida. Hasta la fecha, Luxemburgo no ha adoptado las medidas necesarias para aplicar el Reglamento correctamente. No ha designado un organismo nacional de ejecución que se ocupe de las reclamaciones de los pasajeros y que aplique el Reglamento; asimismo, no ha establecido en su normativa nacional un sistema de sanciones que se impongan a los operadores que infrinjan las normas. Lo anterior socava la aplicación del Reglamento y los derechos de los pasajeros. Luxemburgo dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas que adopte para corregir esta situación. De lo contrario, la Comisión Europea puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

7. Justicia, consumidores e igualdad de género

Para más información, se ruega ponerse en contacto con Christian Wigand (tel.: +32 22962253) o Melanie Voin (tel.: +32 22958659)

Un dictamen motivado

La Comisión pide a LITUANIA que aplique plenamente los derechos procesales a interpretación y a traducción en los procesos penales

La Comisión Europea ha pedido a Lituania que vele por que las normas que garantizan el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/UE) se apliquen plenamente en su Derecho nacional. La Directiva garantiza que se ofrezcan servicios gratuitos de interpretación y de traducción a las personas sometidas a un proceso penal en la UE en una lengua que comprendan. Este es un derecho procesal fundamental, que salvaguarda el derecho que tienen estas personas a un juicio justo. Las autoridades lituanas han omitido incluir en su normativa una serie de disposiciones de la Directiva. En la actualidad, el Derecho lituano no obliga a proporcionar a los sospechosos o acusados un intérprete que les ayude a comunicarse con su abogado. Tampoco existe procedimiento alguno para comprobar los conocimientos lingüísticos de los sospechosos con el fin de decidir si necesitan la ayuda de un intérprete. Además, no hay una normativa nacional que obligue a las autoridades competentes a decidir si la traducción de un documento es esencial en cada caso y no hay obligación de proporcionar una traducción escrita de las órdenes de detención europeas. Esta Directiva es una de las seis Directivas acordadas por la UE para crear unas normas mínimas comunes que garanticen que los derechos fundamentales de los sospechosos y de los acusados gocen de suficiente protección en toda la UE (véase la ficha informativa). Cada año, nueve millones de personas se enfrentan a procesos penales en toda la UE. Esta Directiva debería haber sido aplicada en el Derecho nacional antes del 27 de octubre de 2013. Lituania dispone de dos meses para notificar a la Comisión Europea las medidas adoptadas para corregir esta situación. De lo contrario, el asunto podría ser remitido al Tribunal de Justicia de la UE.

MEMO/16/3644

Personas de contacto para la prensa:

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail


Side Bar