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Comisión Europea - Hoja informativa

Paquete de julio de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones

Bruselas, 22 de julio de 2016

Reparto por ámbitos de actuación

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la Unión (véanse los anexos I y II), pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación, entre las que figuran una carta de emplazamiento, 20 dictámenes motivados y 8 remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, la Comisión archiva 86 asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que la Comisión tenga que seguir adelante con el procedimiento.

Para más información sobre los procedimientos por incumplimiento, véase el MEMO/12/12 completo. Para más detalles sobre todas las decisiones, véase el registro de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento.

 

1. Agricultura y desarrollo rural

(Más información: Daniel Rosario, tel.: +32 229 56185; Clémence Robin, tel.: +32 229 52509)

 

Dictamen motivado

Agricultura: la Comisión pide a GRECIA que respete las normas de la organización común de mercados agrícolas relativas al sector vitivinícola

La Comisión pide a Grecia que cumpla con la normativa de la organización común de mercados agrícolas (OCM) para el sector vitivinícola y con las libertades de asociación, profesional y de empresa, establecidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los viticultores particulares de la isla de Samos, Grecia, están obligados a ser miembros de cooperativas locales que, a su vez, tienen que entregar toda su producción de mosto y uvas a la Unión de Cooperativas Vinicultoras de Samos (EOSS; UCV de Samos), titular del derecho exclusivo de producción y comercialización de vino de Samos. A los viticultores particulares se les impide también registrarse como productores de vinos con denominación de origen protegida (DOP). La Comisión considera que la obligación de entregar toda su producción de mosto o de uvas a una organización de productores constituye, en realidad, una prohibición impuesta a los productores particulares para que no produzcan vino. Las autoridades griegas también infringen el artículo 103, apartado 1, del Reglamento OCM (Reglamento (UE) n.º 1308/2013), según el cual «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente». Tras recibir una denuncia detallada, la Comisión envió, el 26 de febrero de 2016, una carta de emplazamiento a las autoridades griegas, a la que estas respondieron el 27 de abril de 2016. Sin embargo, la Comisión considera que la contestación no responde adecuadamente a las inquietudes planteadas, por lo que envía ahora un dictamen motivado. Grecia dispone de dos meses para tomar las medidas necesarias para corregir la situación; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

2. Competencia

(Más información: Ricardo Cardoso, tel.: +32 229 80100; Yizhou Ren, tel.: +32 229 94889)

Remisión al TJUE

Ayudas estatales: la Comisión lleva a GRECIA ante el TJUE por no recuperar ayudas estatales incompatibles de Hellenic Shipyards

La Comisión Europea lleva de nuevo a Grecia ante el TJUE por no haber dado cumplimiento a una decisión de la Comisión de 2008 por la que se le ordenaba recuperar ayudas estatales incompatibles de Hellenic Shipyards. Así se sigue una sentencia de 2012 del Tribunal de Justicia que condenó a Grecia por no haber aplicado dicha decisión. La Comisión pide ahora al TJUE que imponga a Grecia una multa de unos 6 millones de euros. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que imponga además una multa diaria de 34 974 EUR desde la fecha de su sentencia hasta la fecha en que Grecia empezó a adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Comisión de 2008. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

3. Empleo, asuntos sociales e inclusión

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 229 62253; Sara Soumillion, tel.: +32 229 67094)

Remisión al TJUE

Salud y seguridad: la Comisión lleva a LUXEMBURGO ante el TJUE por no transponer la Directiva sobre etiquetado y envasado a su Derecho nacional

La Comisión lleva a Luxemburgo ante el TJUE por no notificar la transposición de la Directiva sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Directiva 2014/27/UE, «Directiva CLP») a su legislación nacional, más de un año después del plazo establecido para hacerlo. Esta Directiva ha sustituido a varias directivas del mercado interior sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas, adaptándolas al Reglamento CLP (Reglamento (CE) n.º 1272/2008). Este Reglamento entró en vigor el 20 de enero de 2009 y adapta el sistema de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas de la Unión al Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (SGA), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva CLP debían entrar en vigor el 1 de junio de 2015, y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente. Aunque la Comisión envió una carta de emplazamiento y dos dictámenes motivados a Luxemburgo para esclarecer la situación, siguen sin conocerse los pormenores del procedimiento legislativo nacional de transposición de la Directiva. Así pues, sobre la base del procedimiento establecido en el artículo 260, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión solicitará al TJUE que imponga a Luxemburgo una multa coercitiva diaria de 8 710 EUR hasta la plena transposición de la Directiva a su Derecho nacional. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

4. Energía

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 229 56186; Nicole Bockstaller, tel.: +32 229 52589)

Dictámenes motivados

Eficiencia energética: la Comisión pide a BULGARIA que reduzca el consumo energético de los edificios para cumplir con las disposiciones de la Unión

La Comisión envía a Bulgaria un dictamen motivado solicitando la correcta transposición a su legislación nacional de todos los requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 2010/31/UE). En virtud de esta Directiva, los Estados miembros deben establecer y aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos y los ya existentes y garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Un examen detallado de la legislación nacional de transposición de la Directiva puso de manifiesto que Bulgaria no garantiza que los certificados de eficiencia energética se expidan y se entreguen en todos los casos al posible comprador o arrendatario de los edificios o unidades del edificio que se construyan, vendan o alquilen. Además, la legislación nacional establece exenciones de los requisitos de rendimiento energético que no están previstas en la Directiva, y es incoherente con respecto a los requisitos de frecuencia de las inspecciones de las instalaciones de calefacción. Por consiguiente, la Comisión solicita a las autoridades búlgaras que garanticen que todos los requisitos de la Directiva sobre los edificios se cumplan. Bulgaria dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas tomadas para corregir esta situación; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Mercado interior de la energía: la Comisión pide a FRANCIA que cumpla plenamente con las disposiciones del tercer paquete energético

La Comisión pide a Francia que garantice la correcta aplicación de la Directiva sobre la electricidad (Directiva 2009/72/CE). Esta Directiva forma parte del tercer paquete energético y contiene disposiciones esenciales para que los mercados de la energía funcionen correctamente, como, por ejemplo, normas relativas a la separación entre los gestores de las redes de transporte y los suministradores y productores de energía, normas para fortalecer la independencia y las competencias de las autoridades reguladoras nacionales y normas para mejorar el funcionamiento de los mercados minoristas en beneficio de los consumidores. La Comisión constató que la legislación francesa impide a las empresas distintas del gestor histórico nacional de la red de electricidad construir y explotar interconexiones con otros Estados miembros de la UE. En febrero de 2015 se envió una carta de emplazamiento a Francia. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento a la legislación de la UE, la Comisión envía ahora un dictamen motivado. Francia dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

5. Medio ambiente

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 229 56172; Iris Petsa, tel.: +32 229 93321)

Remisiones al TJUE

La Comisión lleva a BULGARIA ante el TJUE por no proteger suficientemente las especies de aves amenazadas

La Comisión lleva a Bulgaria ante el TJUE por no proteger hábitats únicos e importantes especies de aves de las montañas de Rila. Las autoridades búlgaras no han ampliado la zona clasificada como zona de protección especial para ofrecer una protección adecuada a las especies de aves silvestres amenazadas. Rila, la cordillera más alta de Bulgaria y de la península de los Balcanes, es una de las zonas de Bulgaria y de la Unión más valiosas para la conservación de veinte especies de aves vulnerables. En virtud de la legislación de la UE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE), los Estados miembros están obligados a designar zonas de protección especial para la conservación de las especies en peligro de extinción, aquellas vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats, o aquellas consideradas como raras o que requieren una atención especial. Hasta ahora, Bulgaria ha clasificado correctamente el 72 % de la zona como zona de protección especial. Sin embargo, no quedan cubiertas partes importantes de los hábitats de diecisiete especies de aves amenazadas de las que figuran en el anexo I de la Directiva sobre las aves, de manera que se hace peligrar la conservación de especies como la lechuza de Tengmalm (Aegolius funereus) y el mochuelo chico (Glaucidium passerinum), así como el pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), el pico tridáctilo (Picoudes tridactilus), el grévol (Bonasa bonasia) y el pito negro (Dryocopus martius). A pesar del dictamen motivado de la Comisión, enviado en octubre de 2014 , relativo a la obligación de ampliar las zonas de protección de las montañas de Rila, Bulgaria no ha cumplido con su responsabilidad. Por lo tanto, la Comisión lleva el caso ante el TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

La Comisión lleva a CHEQUIA ante el TJUE por el traslado de residuos tóxicos a Polonia

La Comisión lleva a Chequia ante el TJUE por incumplimiento de la obligación de recuperar veinte mil toneladas de residuos peligrosos que un operador checo trasladó a Katowice, Polonia, a finales de 2010 y principios de 2011. El asunto se enmarca en un conflicto relativo a la clasificación de un traslado de residuos que enfrenta a dos Estados miembros, Polonia y Chequia. Las autoridades polacas se negaron a aceptar el traslado por haber sido efectuado en infracción del Reglamento relativo a los traslados de residuos (Reglamento (CE) n.º 1013/2006). El traslado de los residuos debería haberse sometido al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito. Puesto que se llevó a cabo sin dicha notificación, el traslado en cuestión se considera un «traslado ilícito», y las autoridades checas deberían tomar las medidas necesarias para repatriarlo. Chequia habría incumplido la normativa de la UE al no adoptar las medidas exigidas. Las autoridades checas, sin embargo, se negaron a aceptar el traslado dado que, en su opinión, el material en cuestión (una mezcla de alquitranes ácidos procedentes del refino de petróleo, polvo de carbón y óxido de calcio) no era un residuo, sino un producto registrado de conformidad con el Reglamento REACH [Reglamento (CE) n.º 1907/2006]. A raíz de una denuncia, la Comisión intervino para resolver el conflicto entre los dos Estados miembros. En noviembre de 2015, envió a Chequia un dictamen motivado, rechazando sus argumentos para clasificar el traslado como producto e instándola a recuperarlo. Puesto que las autoridades checas se niegan aún a volver a hacerse cargo de los residuos, la Comisión remite el caso al TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Información sobre medio ambiente: la Comisión pide a FINLANDIA que adopte la normativa de la UE relativa al acceso a la información medioambiental

La Comisión pide a Finlandia que adecúe su legislación nacional para hacerla plenamente conforme con la normativa de la Unión sobre el acceso de los ciudadanos a toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material sobre el medio ambiente, obligación que tendría que haber cumplido el 14 de febrero de 2005 a más tardar. La Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental (Directiva 2003/4/CE) otorga a los ciudadanos el derecho a conocer el estado del medio ambiente, permitiéndoles participar en la toma de decisiones que afectan a su salud y su calidad de vida. El caso se refiere al hecho de que la información medioambiental relativa a los bosques, que se almacena en la base de datos forestales gestionada por el centro forestal finlandés, no puede ser consultada por el público sin justificar su solicitud de información. Sin embargo, al amparo de dicha Directiva, la información medioambiental debe ser accesible al público sin tener que justificar tal solicitud. Pese a que las autoridades finlandesas aceptaron modificar su legislación, se observa un retraso importante en la adopción de dicha modificación. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar a Finlandia un dictamen motivado. Finlandia dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Residuos: la Comisión pide a CROACIA que adopte la normativa de la UE en materia de residuos

La Comisión pide a Croacia que adapte su Derecho interno para hacerlo plenamente conforme con la normativa de la UE sobre los residuos. La Directiva sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE) tiene por objetivo reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos para la salud humana y el medio ambiente. La Directiva tiene también por objeto reducir el uso de recursos y se centra en la prevención, la reutilización y el reciclado, contribuyendo así a una economía más circular. Tras la identificación de una serie de deficiencias en la transposición de la Directiva por parte de Croacia, en octubre de 2015 la Comisión dirigió a las autoridades croatas una carta de emplazamiento. Aún siguen pendientes varios incumplimientos en la adopción de la Directiva, tales como las disposiciones sobre su ámbito de aplicación, los requisitos en materia de autorizaciones de gestión de residuos, el contenido del plan de gestión de residuos y el programa de prevención de residuos, y el establecimiento de normas detalladas para las inspecciones. Por consiguiente, la Comisión envía un dictamen motivado. Croacia dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

6. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes

(Más información: Lucia Caudet, tel.: +32 229 56182; Maria Sarantopoulou, tel.: +32 229 13740)

Remisión al TJUE

Libre prestación de servicios: la Comisión lleva a AUSTRIA ante el TJUE en relación con las restricciones impuestas a los instructores de esquí extranjeros

La Comisión lleva a Austria ante el TJUE debido a las restricciones que algunos Länder austriacos imponen a los instructores de esquí procedentes de otros países de la UE. Si bien la Comisión está de acuerdo en que la profesión de instructor de esquí requiere una formación y una cualificación adecuadas, ha llegado a la conclusión de que algunos de los requisitos impuestos por Austria discriminan a los instructores de esquí extranjeros sin justificación. En la región austriaca del Tirol, la normativa impide a los monitores de esquí extranjeros que acepten clientes que ya se encuentran en Austria, lo que limita su derecho a prestar servicios a clientes a los que acompañan desde el país en el que está establecida la escuela o el instructor de esquí. Esta restricción hace que los instructores extranjeros se encuentren en una situación de desventaja con respecto a los instructores de esquí tiroleses, que tienen derecho a aceptar clientes sin ninguna restricción. Tales requisitos son contrarios al Derecho de la Unión y no respetan el derecho a la libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Asimismo, la Comisión considera que la legislación regional relativa a las escuelas de esquí del Land de Estiria es incompatible con la normativa de la UE en materia de libre circulación de los trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, tal como está establecida en los artículos 45, 49 y 56 del TFUE, respectivamente, así como con la jurisprudencia de la Unión. Estiria no reconoce determinados títulos de instructor de esquí que poseen los instructores extranjeros (instructores de «esquí Telemark», «esquí adaptativo» o «esquí nórdico»). La Comisión ya planteó estas cuestiones en un dictamen motivado de julio de 2014 y en un dictamen motivado adicional de junio de 2015. Como Austria no ha resuelto satisfactoriamente estos asuntos y no ha tomado medidas para solucionarlos, la Comisión la lleva ante el TJUE. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal: la Comisión pide a 8 Estados miembros que transpongan las nuevas normas

La Comisión pide, mediante dictamen motivado, a 8 Estados miembros que transpongan la Directiva 2014/60/UE, relativa a los bienes culturales clasificados o definidos como patrimonio nacional que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la UE. El tráfico ilegal de bienes culturales es un problema que afecta a todos los países de la Unión. La nueva Directiva, que es una refundición de la Directiva 93/7/CEE, tiene por objeto conciliar el principio fundamental de la libre circulación de mercancías con la protección de los patrimonios nacionales. Contribuye a abordar la salida ilegal de bienes culturales y facilita que los países de la UE reclamen la devolución de un patrimonio nacional que, con frecuencia, es importante para su identidad nacional. La Directiva debería haber sido incorporada al Derecho nacional antes del 19 de diciembre de 2015. Chipre, España, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Portugaly Rumanía todavía no han notificado a la Comisión la plena transposición de la Directiva al Derecho nacional. Dichos Estados miembros disponen de dos meses para notificar a la Comisión la plena transposición de la Directiva; de no hacerlo, la Comisión podría llevarlos ante el TJUE.

 

7. Justicia, consumidores e igualdad de género

(Más información: Christian Wigand, tel.: +32 229 50595; Melanie Voin, tel.: +32 229 58659)

Dictamen motivado

Aumento de la protección de las víctimas de violencia doméstica: la Comisión pide a BÉLGICA que reconozca las órdenes de protección de otros países de la UE

La Comisión pide a Bélgica que aplique la normativa de la UE sobre el reconocimiento de las órdenes de protección emitidas en otros Estados miembros. Se calcula que, en la UE, una de cada tres mujeres sufre violencia en algún momento de su vida. Desde enero de 2015, con arreglo a la normativa de la UE, las víctimas y posibles víctimas de delitos que ya se benefician en su país de origen de una orden que prohíbe o limita el contacto del agresor con ellas, pueden hacer valer dicha protección cuando viajan o se trasladan a otro Estado miembro de la UE, sin tener que pasar por procedimientos complejos para conseguir el reconocimiento de sus medidas de protección en dicho Estado miembro. La Directiva sobre la orden europea de protección (Directiva 2011/99/UE) debía incorporarse al ordenamiento jurídico nacional antes del 11 de enero de 2015. Hasta la fecha, Bélgica no ha notificado a la Comisión las normas nacionales por las que transpone esta legislación de la UE. Como consecuencia de ello, la Comisión insta oficialmente a las autoridades belgas a tomar medidas, tanto a nivel nacional como regional. Por consiguiente, la Comisión envía a Bélgica un dictamen motivado. Bélgica dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

8. Movilidad y transportes

(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: +32 229 56186; Alexis Perier, tel.: +32 229 69143)

Remisiones al TJUE

Transporte ferroviario: la Comisión lleva a GRECIA, LUXEMBURGO y RUMANÍA ante el TJUE por no transponer la Directiva sobre un espacio ferroviario europeo único

La Comisión lleva a Grecia, Luxemburgo y Rumanía ante el TJUE por no haber incorporado al Derecho nacional la Directiva 2012/34/UE, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único. La Directiva tiene por objeto reforzar el papel de los organismos reguladores nacionales, en particular por lo que respecta a sus competencias en materia de instalaciones ferroviarias, tales como terminales y estaciones. Obliga a los Estados miembros a basar sus relaciones con los administradores de infraestructuras en contratos plurianuales que establezcan obligaciones mutuas en cuanto a la estructura de los pagos y la calidad de los servicios de infraestructura que deben proporcionar las empresas ferroviarias. La Directiva también contiene requisitos de transparencia financiera, para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras lleven y publiquen cuentas separadas y controlen los flujos financieros. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 16 de junio de 2015 para adoptar las medidas necesarias para cumplir con la Directiva. Puesto que Grecia, Luxemburgo y Rumanía no lo hicieron, en julio de 2015 la Comisión envió a estos Estados miembros una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en febrero de 2016. En vista de que aún no han adoptado las medidas de transposición nacionales, la Comisión los lleva ante el TJUE. Sobre la base del procedimiento establecido en el artículo 260, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión solicitará al TJUE que imponga a Grecia, Luxemburgo y Rumanía multas coercitivas diarias hasta la plena transposición de la Directiva al Derecho nacional. La Comisión propone multas coercitivas diarias de 30 310,80 EUR para Grecia, 8 710,00 EUR para Luxemburgo y 29 091,40 EUR para Rumanía. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

 

Dictámenes motivados

Aeropuertos: la Comisión pide a BULGARIA que garantice la separación contable de la entidad gestora del aeropuerto de Sofía

La Comisión pide a Bulgaria que garantice la separación contable de la entidad gestora del aeropuerto de Sofía, de conformidad con la Directiva 96/67/CE sobre los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE. Además de gestionar el aeropuerto de Sofía, esta entidad realiza una serie de actividades de apoyo en dicho aeropuerto y es, en particular, un operador de asistencia en tierra autorizado. Dichos servicios incluyen ámbitos como el mantenimiento, el combustible y la carga, la facturación, la restauración, los equipajes y el transporte dentro del propio aeropuerto. El artículo 4 de la Directiva 96/67/CE establece que, en caso de que la entidad gestora de un aeropuerto preste servicios de asistencia en tierra, debe efectuar una estricta separación contable entre las actividades de prestación de dichos servicios y sus otras actividades, y no pueden existir flujos financieros entre ellas. Esto debe ser verificado por un inspector independiente. La finalidad de la separación contable y la prohibición de flujos financieros es evitar la financiación cruzada de las actividades de asistencia en tierra de la entidad gestora del aeropuerto. Así se garantizan unas condiciones de competencia equitativas para la prestación de servicios de asistencia en tierra entre la entidad gestora del aeropuerto y los proveedores de servicios de asistencia en tierra independientes. Bulgaria dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para adecuar su legislación nacional a la de la UE; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Transporte marítimo: la Comisión pide a PORTUGAL que informe sobre sus actividades de supervisión

La Comisión pide a Portugal que informe sobre los resultados de las actividades de supervisión realizadas por su autoridad marítima. La Directiva 2009/15/CE establece medidas que deben seguir los Estados miembros en su relación con las organizaciones responsables de la inspección, el reconocimiento y la certificación de los buques, con el fin de garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre seguridad en el mar y prevención de la contaminación marítima. La Directiva dispone que cada Estado miembro realice una supervisión de las organizaciones reconocidas que actúen en su nombre, para garantizar que estas lleven a cabo efectivamente las funciones que tienen encomendadas. A este respecto, cada Estado miembro está obligado a facilitar a los demás Estados miembros y a la Comisión, cada dos años, un informe de los resultados de dichas actividades de supervisión. Hasta la fecha, Portugal no ha presentado dichos informes a la Comisión. Dado que la inspección, el reconocimiento y la certificación de buques son cruciales para la seguridad en el mar y la prevención de la contaminación marítima, la Comisión envía un dictamen motivado a Portugal. Portugal dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para aplicar plenamente la obligación de notificación establecida en la Directiva, así como la obligación de supervisión a ella asociada; de no hacerlo, la Comisión podría llevarlo ante el TJUE.

 

Transporte: la Comisión pide a ESLOVENIA que aplique correctamente la normativa de la UE sobre el permiso de conducción

La Comisión pide a Eslovenia que transponga y aplique correctamente las normas europeas sobre el permiso de conducción, contenidas en la Directiva 2006/126/CE. La Comisión ha observado deficiencias en la transposición de la Directiva, por ejemplo, en relación con la correcta definición de varias categorías de permisos de conducción, para garantizar, en particular, que las categorías determinen el número máximo de pasajeros para ciertos vehículos, y a la hora de expedir solamente las autorizaciones de conducción armonizadas previstas en la Directiva 2006/126/CE. La Comisión también solicitó a las autoridades eslovenas que transpusieran correctamente las normas relativas al canje de permisos mediante la imposición de requisitos médicos adicionales. Eslovenia debe transponer la normativa sobre el reconocimiento de los permisos de conducción que se encuentren restringidos en otro Estado miembro, así como las normas relativas a la residencia normal. Eslovenia dispone de dos meses para cumplir con esta obligación; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Transporte por carretera: la Comisión pide a LUXEMBURGO que aplique la legislación de la UE sobre el telepeaje

La Comisión pide a Luxemburgo que adapte su normativa nacional a la Decisión 2009/750/CE de la Comisión, relativa a la definición del Servicio Europeo de Telepeaje (SET) y sus elementos técnicos. El SET permite a los usuarios circular a través de los sistemas de peaje electrónico establecidos en toda Europa mediante un equipo de a bordo único y la firma de un solo contrato con un proveedor del SET, reduciendo así los costes administrativos y operativos de los transportistas. De conformidad con el marco legislativo del SET, los Estados miembros deben establecer un procedimiento de registro de los proveedores del SET en su territorio, así como crear un registro nacional de dichos proveedores. Puesto que Luxemburgo no ha tomado aún las medidas necesarias para el establecimiento efectivo de los proveedores del SET, la Comisión le envía un dictamen motivado. Luxemburgo dispone de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de no hacerlo, la Comisión podría llevarlo ante el TJUE.

 

9. Salud y seguridad alimentaria

(Más información: Enrico Brivio, tel.: +32 229 56172; Iris Petsa, tel.: +32 229 93321)

Carta de emplazamiento complementaria

La Comisión pide a ITALIA que aplique plenamente una Decisión para interrumpir la propagación de la Xylella fastidiosa

A raíz de un brote, en Italia, de Xylella fastidiosa, una de las bacterias más peligrosas del mundo para los vegetales, que provoca un gran número de enfermedades y tiene un enorme impacto económico sobre la agricultura, la Comisión pide a Italia que aplique plenamente la Decisión (UE) n.º 2015/789 y detenga la propagación de la Xylella fastidiosa en la región de Apulia, así como en el resto del territorio italiano y de la Unión en su conjunto. La Comisión remitió una carta de emplazamiento complementaria a Italia en relación con sus obligaciones por lo que se refiere a las medidas de erradicación, contención e inspección. La carta de emplazamiento complementaria se envió para tomar en consideración una nueva Decisión de la Comisión [Decisión de Ejecución (UE) 2016/764], de mayo de 2016, que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, con el fin de garantizar una protección eficaz del resto del territorio de la Unión mediante la ampliación de la zona de confinamiento. Las autoridades italianas disponen de un mes para responder.

 

10. Fiscalidad y unión aduanera

(Más información: Vanessa Mock, tel.: +32 229 56194; Patrick Mc Cullough tel.: +32 229 87183)

Dictámenes motivados

Fiscalidad: la Comisión pide a AUSTRIA que modifique su normativa sobre el régimen del IVA aplicable a los derechos de reventa de las obras de arte

La Comisión pide a Austria que modifique sus normas sobre la sujeción al impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los derechos de reventa de obras de arte. Los derechos de reventa, que dan lugar a lo que comúnmente se conoce como «canon», constituyen un derecho de propiedad intelectual que permite a un artista recibir un porcentaje del precio de venta de una obra de arte cuando esta se revende. En Austria, la reventa de obras de arte está sujeta a IVA. Dado que no existe relación contractual alguna entre el comprador y el artista, la Comisión considera que dicha disposición constituye una infracción del artículo 2 de la Directiva sobre el IVA (Directiva 2006/112/CE del Consejo). Esto también está en consonancia con una sentencia del TJUE (C-16/93, Tolsma) que declaró que debe existir una relación jurídica entre el prestador del servicio y el destinatario de tal servicio para que este pueda considerarse gravable. El 17 de octubre de 2014 se envió una carta de emplazamiento a Austria. La petición adopta ahora la forma de dictamen motivado. Austria dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

 

Fiscalidad: la Comisión pide a AUSTRIA que modifique determinadas normas que obligan a los contribuyentes no residentes a designar representantes fiscales

La Comisión pide a Austria que modifique las normas que obligan a los contribuyentes no residentes a designar representantes para administrar sus asuntos fiscales en su nombre. Las personas residentes en Austria no tienen que cumplir con esta legislación. La Comisión considera que estas disposiciones dan lugar a un trato discriminatorio por razón de la nacionalidad y son contrarias al derecho a la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas establecido en los artículos 18, 21, 45, 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 4, 28, 36 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE). El 31 de marzo de 2014 se envió una carta de emplazamiento a Austria. La petición adopta ahora la forma de dictamen motivado. Austria dispone de dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

MEMO/16/2490

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