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Cada euro cuenta — Preguntas frecuentes sobre la Fiscalía Europea

European Commission - MEMO/13/693   17/07/2013

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Comisión Europea

NOTA INFORMATIVA

Bruselas, 17 de julio de 2013

Cada euro cuenta — Preguntas frecuentes sobre la Fiscalía Europea

¿Qué es la Fiscalía Europea?

La Fiscalía europea será un órgano descentralizado de la Unión Europea con atribuciones exclusivas para la investigación, la persecución y el enjuiciamiento de las infracciones penales contra el presupuesto de la UE. Tendrá competencias de investigación uniformes en toda la Unión, basadas en los sistemas judiciales de los Estados miembros e integradas en dichos sistemas.

La Fiscalía Europea se inspirará en los conocimientos y las capacidades de los Estados miembros. Los sistemas nacionales pondrán a disposición de la Fiscalía Europea fiscales con experiencia. Por regla general, serán la fiscales delegados europeos los que lleven a cabo los cometidos de la Fiscalía Europea desde sus sedes en los Estados miembros y de conformidad con el Derecho nacional de cada Estado miembro. La integración de la Fiscalía europea en los sistemas judiciales nacionales tiene muchas ventajas. Los fiscales delegados conocen a fondo el sistema judicial nacional, la lengua local, la integración en la estructura fiscal local y la práctica en asuntos judiciales locales. Además, la puesta en común de los recursos de investigación y enjuiciamiento de los Estados miembros garantizará una toma de decisiones rápida.

¿Cuál es base jurídica de la Fiscalía Europea?

El Tratado de Lisboa hace especial hincapié en la lucha contra las formas graves de delincuencia financiera y económica con una dimensión internacional. La base jurídica y las normas aplicables a la creación de la Fiscalía Europea se establecen en el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que dispone lo siguiente:

«Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust».

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2012 (SPEECH/12/596), el Presidente Barroso anunció que la Comisión se proponía presentar propuestas para crear una Fiscalía Europea, tal como se prevé en los Tratados y como parte del compromiso de la Comisión de proteger el presupuesto de la UE.

La Comisión Europea desea garantizar que el presupuesto de la Unión Europea goce de una protección tan eficaz contra los defraudadores como las finanzas nacionales. En julio de 2012, la Comisión propuso que todos los Estados miembros definieran el fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea de manera similar en sus códigos penales nacionales y que todos dispusieran unas sanciones penales análogamente disuasivas (IP/12/767, MEMO/12/544). La Fiscalía Europea contribuirá a que el enjuiciamiento en los Estados miembros sea más coherente, eficaz y eficiente.

¿Participarán todos los Estados miembros en la Fiscalía Europea?

No. En virtud de los Tratados de la UE, el Reino Unido e Irlanda tienen una cláusula de exclusión voluntaria en materia de justicia y asuntos de interior, por lo que no participarán a no ser que decidan voluntaria y expresamente hacerlo (opción de participación). Dinamarca tampoco participa en la Fiscalía Europea ni tiene la posibilidad de hacerlo.

¿Por qué necesitamos una Fiscalía Europea?

Hoy en día, los intereses financieros de la Unión no están protegidos lo suficiente. Esto se debe a varias razones:

En primer lugar, los actuales organismos de la UE (la OLAF [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude], Eurojust [Unidad Europea de Cooperación Judicial] y Europol [Oficina Europea de Policía]) no tienen competencia para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude. La OLAF solo puede notificar los resultados de sus investigaciones administrativas a las autoridades nacionales competentes, que son las que se pronuncian entonces de forma independiente sobre la oportunidad de incoar un proceso penal sobre la base de las conclusiones de la OLAF.

En segundo lugar, los esfuerzos policiales nacionales son dispersos y los Estados miembros no siempre adoptan las medidas necesarias para perseguir los delitos contra el presupuesto de la UE. En la actualidad, solo uno de cada cinco asuntos transferidos por la OLAF a las autoridades judiciales nacionales da lugar a una sentencia condenatoria. Además, las condenas varían considerablemente según los Estados miembros.

En tercer lugar, la consecuencia del pequeño número de acciones judiciales efectivas es que solo se recupera un porcentaje muy bajo del importe total perdido por fraude cometido en los Estados miembros. Los defraudadores cuyas acciones van en detrimento del presupuesto de la UE saben que tienen muchas posibilidades de conservar el producto de sus delitos, aprovechando la falta de coherencia de los esfuerzos policiales en la UE.

¿Cuánto dinero del presupuesto de la UE se defrauda?

En cada uno de los tres últimos años se han cometido en los Estados miembros, como promedio, presuntos fraudes por un valor equivalente a 500 millones EUR aproximadamente, aunque se calcula que el importe real del fraude es muy superior. Las cifras de los fraudes notificados no pueden incluir el fraude no detectado, de manera que la cifra global es probablemente mucho más alta.

¿Por qué no pueden combatir eficazmente el fraude los Estados miembros?

Actualmente, solo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar en los casos de fraude contra los intereses financieros de la Unión, pero sus competencias se limitan al territorio nacional. Los delitos contra los intereses financieros de la UE suelen ser complejos, al implicar a diversos agentes, complicados y elaborado mecanismos de fraude, varios países y varios ordenamientos jurídicos nacionales. Además, para que arrojen resultado positivo, las investigaciones de fraude requieren un conocimiento profundo del marco jurídico y administrativo pertinente.

La cooperación efectiva entre los Estados miembros resulta difícil por la diversidad de legislaciones penales, la escasa claridad de las cuestiones de jurisdicción, unos trámites de asistencia jurídica largos y engorrosos, los problemas lingüísticos, la falta de recursos y la divergencia de prioridades.

Esto puede dar lugar a que el fraude contra el presupuesto de la UE se considere a escala nacional una cuestión
que lleva mucho tiempo y que exige muchos recursos humanos. Como consecuencia de ello, este tipo de fraude no se persigue o se abandona tan pronto como surgen dificultades. En algunos casos, las autoridades nacionales pueden decidir investigar únicamente «su» parte nacional de un delito, sin tener en cuenta las posibles implicaciones mucho más amplias de un mecanismo de fraude internacional.

¿Existe algún ejemplo de cómo puede mejorar la situación actual la Fiscalía Europea?

En un caso, la OLAF comunicó a las autoridades búlgaras y alemanas información sobre ciudadanos de sus países que, presuntamente, habían actuado en connivencia para dar un uso fraudulento a un fondo de desarrollo agrícola y rural de la UE. Mientras que el proceso alemán se tradujo en una sentencia condenatoria, los sospechosos fueron absueltos en el proceso búlgaro, de manera que el sistema vigente dio lugar a sentencias diferentes en un asunto transfronterizo. Las cosas habrían sido distintas con una Fiscalía Europea, que habría garantizado la coherencia de la investigación y el enjuiciamiento en Bulgaria y Alemania.

Otro ejemplo se refiere al contrabando de cigarrillos entre Chequia y Alemania. El órgano jurisdiccional penal alemán usó grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas por la policía checa como prueba para condenar al sospechoso. Aunque las pruebas se habían obtenido legalmente con arreglo a la legislación checa, el abogado defensor alegó que, sin una orden judicial que autorizase las escuchas telefónicas, esas prueban no podían admitirse ante el tribunal alemán.

Con la Fiscalía Europea, las deficiencias de este tipo causadas por la divergencia de las normas procesales nacionales serán mucho menos probables. Con arreglo a las nuevas normas no sería posible realizar escuchas telefónicas sin previa autorización judicial. Además, el Reglamento establece que los tribunales puedan admitir las pruebas obtenidas legalmente en un Estado miembro, siempre que dichas pruebas se hayan recogido respetando los derechos procesales, según lo dispuesto en el artículo 47 (derecho a la tutela judicial efectiva) y el artículo 48 (presunción de inocencia y derechos de la defensa) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Qué cambiará con la Fiscalía Europea?

La Fiscalía europea contará con competencias exclusivas para la investigación, la persecución y el enjuiciamiento en caso de infracciones penales contra el presupuesto de la UE. Así pues, este órgano coordinará y tratará los asuntos complejos con una dimensión transfronteriza. De esta forma se subsanarán las dificultades ocasionadas por las limitadas competencias de las autoridades nacionales, circunscritas a su territorio.

La Fiscalía Europea garantizará un ciclo ejecutivo completo que abarcará la investigación, la persecución y el enjuiciamiento. A través de los fiscales delegados europeos, tendrá poderes de investigación transfronterizos en todos los Estados miembros. La Fiscalía Europea no necesitará confiar en instrumentos intergubernamentales largos y engorrosos de asistencia judicial entre los Estados miembros, tales como la asistencia judicial mutua y los acuerdos de reconocimiento recíproco. La Fiscalía europea se beneficiará de unas normas claras que regularán sus investigaciones y de la admisibilidad de las pruebas recogidas y presentadas ante los tribunales, independientemente del Estado miembro de la UE en que estén situados.

¿Cómo colaborarán la Fiscalía Europea y los fiscales delegados europeos?

Los fiscales delegados europeos formarán parte de la Fiscalía Europea. Por regla general, serán los fiscales delegados los encargados de la investigación y el enjuiciamiento en su Estado miembro, recurriendo a personal nacional y aplicando el Derecho nacional. Coordinará sus actuaciones una oficina central presidida por el Fiscal Europeo, que velará por la coherencia y la eficacia en todos los Estados miembros (véase el gráfico en el ANEXO).

Esta estructura descentralizada pondrá directamente a disposición de la Fiscalía Europea sus capacidades, tales como el conocimiento en profundidad del sistema judicial nacional y de la lengua local, la integración en la estructura fiscal local, la práctica en el tratamiento de asuntos judiciales locales, etc.

Los fiscales delegados europeos podrán seguir ejerciendo sus funciones como fiscales nacionales (cargo doble). Sin embargo, cuando actúen en el marco del mandato de la Fiscalía Europea, los fiscales delegados serán totalmente independientes de sus autoridades judiciales nacionales.

Un «Colegio» de diez miembros compuesto por el Fiscal Europeo, los fiscales adjuntos y los fiscales nacionales velará por una integración completa entre la UE y las instancias nacionales, sobre todo mediante el consenso sobre las normas de procedimiento internas, incluidas las normas generales relativas a la adjudicación de los casos. Esta solución, que tiene su origen en las cuestiones planteadas en las consultas llevadas a cabo con los Estados miembros, así como en la reciente iniciativa francoalemana que aboga por la creación de una Fiscalía Europea, también garantizará la necesaria coordinación del trabajo fiscal para evitar el riesgo de non bis in idem que podría surgir en caso de no prestar atención a los delitos conexos o de no abordarlos como un todo.

Los órganos jurisdiccionales nacionales, ¿podrán controlar las actuaciones de la Fiscalía Europea?

Sí, podrán hacerlo. La actuación de la Fiscalía Europea podrá ser recurrida ante la instancia judicial nacional competente.

Además, las autoridades judiciales nacionales competentes serán responsables de conceder la autorización previa de las medidas de investigación de la Fiscalía Europea cuando así lo exijan la normativa nacional y la legislación de la UE.

Los órganos jurisdiccionales nacionales también son los tribunales competentes. La Fiscalía Europea ejercerá sus funciones ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros.

Como es habitual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá participar mediante el procedimiento prejudicial.

¿Qué competencias tendrá la Fiscalía Europea con arreglo al Reglamento?

La Fiscalía Europea tendrá la facultad de solicitar u ordenar medidas de investigación. Los instrumentos a su disposición se definen claramente en el Reglamento y comprenden tanto medidas de investigación coercitivas como otras menos duras.

Entre las medidas coercitivas que podrá aplicar la Fiscalía Europea se cuentan el registro de locales, propiedades y sistemas informáticos, la incautación de objetos, la interceptación de las conversaciones telefónicas y el bloqueo de las transacciones financieras.

Las medidas no coercitivas podrán incluir el interrogatorio de personas sospechosas y testigos, la designación de expertos cuando hagan falta conocimientos especializados o medidas destinadas a seguir y controlar a personas con vistas a determinar su paradero.

La ejecución de las medidas de investigación está sujeta al Derecho nacional. En particular, una medida concreta habrá de ser autorizada por el tribunal nacional competente u otra autoridad judicial si el Derecho nacional o el Reglamento así lo disponen.

Para garantizar la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía Europea, las pruebas reunidas legalmente en un Estado miembro se podrán admitir a juicio ante los tribunales de todos los Estados miembros.

¿Cómo se garantizará la independencia de la Fiscalía Europea?

En primer lugar, el Reglamento prevé que no se solicitarán ni aceptarán instrucciones de instancias ajenas a la Fiscalía Europea. Esta disposición supone que las instituciones, los organismos, las oficinas o las agencias de la Unión y los Estados miembros deberán respetar la independencia de la Fiscalía Europea y no tratarán de influir en el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, la Fiscalía Europea será estructuralmente independiente, ya que no se integrará en ninguna otra institución ni servicio de la UE. En tercer lugar, en el nombramiento del Fiscal Europeo participarán las instituciones de la Unión (nombramiento por el Consejo, previa aprobación del Parlamento Europeo), así como antiguos miembros del Tribunal de Justicia, miembros de los tribunales supremos nacionales, las fiscalías nacionales o juristas de competencia reconocida, que podrán contribuir a la elaboración de una lista restringida de candidatos. Su mandato se limita a ocho años y no es prorrogable, de manera que se garantiza que el Fiscal Europeo no actuará con vistas a ser reelegido. El Fiscal Europeo podrá ser destituido por el Tribunal de Justicia, a petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión.

En lo referido a los fiscales delegados europeos nacionales, el Reglamento establece que su trabajo en los asuntos de la Fiscalía Europea siempre será prioritario respecto de los asuntos nacionales. Existe asimismo una referencia explícita en el Reglamento al hecho de que los fiscales delegados serán totalmente independientes de las fiscalías nacionales. Los conflictos de intereses los resolverá el Fiscal Europeo. Los fiscales delegados europeos no podrán ser destituidos de su cargo de fiscales nacionales por parte de las autoridades nacionales competentes sin la aprobación del Fiscal Europeo, cuando trabajen en nombre de este.

¿Qué ocurre con los derechos procesales de las personas sospechosas?

Es importante reforzar las garantías jurídicas que protegen a las personas y empresas afectadas por las investigaciones o acciones penales de la Unión Europea. La propuesta incluye un conjunto sólido y global de garantías procesales, que garantizará que los derechos de los sospechosos y otras personas que participen en la investigación de la Fiscalía Europea queden protegidos tanto por la legislación vigente de la UE como por los derechos de defensa nacionales.

La propuesta aclara que la persona sospechosa goza de todos los derechos garantizados por la legislación de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos derechos, que se enumeran explícitamente, son los siguientes:

  1. derecho a interpretación y traducción,

  2. derecho a información y al acceso a la documentación del asunto,

  3. derecho a tener un abogado y a comunicarse con terceros e informarlos en caso de detención,

  4. derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia,

  5. derecho a asistencia jurídica,

  6. derecho a presentar pruebas, designar expertos y oír a testigos.

Además, la persona sospechosa disfruta de los derechos de defensa concedidos por la legislación nacional que regule el proceso.

¿Por qué la propuesta de creación de una Fiscalía Europea se presenta a la vez que la reforma de Eurojust?

De conformidad con el artículo 86, apartado 1, del TFUE, la Fiscalía Europea se creará a partir de Eurojust. La serie de propuestas legislativas de hoy tiene el objetivo de establecer estrechos vínculos y sinergias entre las dos organizaciones mediante una cooperación eficaz y el intercambio de información, conocimientos y recursos.

En concreto, la Fiscalía Europeo y Eurojust deben entender en los asuntos en que los sospechosos estén implicados en infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión y otras formas de delincuencia. Esto supone que se planteará la necesidad de una cooperación estrecha y permanente. Las disposiciones correspondientes se han incluido tanto en el Reglamento sobre la Fiscalía Europea como en el Reglamento sobre Eurojust. Además, en los casos de solapamiento de competencias en asuntos híbridos, Eurojust podrá proporcionar asistencia para resolver el problema jurisdiccional.

Eurojust deberá prestar a la Fiscalía Europea servicios de asistencia administrativa, aportando personal, recursos financieros y tecnología de la información. Por ejemplo, la Fiscalía Europea podrá utilizar para sus propios asuntos la infraestructura informática de Eurojust, incluido su sistema de gestión de asuntos y los ficheros de trabajo e índices temporales. Los detalles de esta disposición se establecerán en un acuerdo entre la Fiscalía Europea y Eurojust.

¿Cuál será la función de Eurojust tras la creación de la Fiscalía Europea?

Eurojust ayuda a cooperar y coordinarse a las autoridades encargadas de la investigación y el enjuiciamiento en unos 1500 asuntos transfronterizos al año. Ha contribuido también a mejorar la confianza mutua y a tender puentes entre tradiciones y sistemas jurídicos muy variados en la UE. No obstante, Eurojust no tiene competencias para efectuar investigaciones penales o para enjuiciar asuntos de fraude.

La Fiscalía Europea gozará de competencias exclusivas para la investigación, la persecución y el enjuiciamiento en caso de infracciones penales que afecten al presupuesto de la UE. La creación de la Fiscalía Europea también aumenta la legitimidad democrática de Eurojust: en el futuro, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales podrán participar en mayor medida en la evaluación de las actividades de Eurojust.

Tras su reforma, Eurojust apoyará a la Fiscalía Europea en su lucha contra el fraude al presupuesto de la UE. Eurojust prestará servicios de asistencia administrativa a la Fiscalía Europea, aportando personal, recursos financieros y tecnología de la información. Por ejemplo, la Fiscalía Europea podrá utilizar para sus propios asuntos la infraestructura informática de Eurojust, incluido su sistema de gestión de asuntos y los ficheros de trabajo e índices temporales. Los detalles de esta disposición se establecerán en un acuerdo entre la Fiscalía Europea y Eurojust.

¿Qué otras cosas van a cambiar con la propuesta de reforma de Eurojust?

La propuesta de hoy tiene por objeto mejorar el funcionamiento global de Eurojust. Con este fin, la reforma aborda la gestión interna de Eurojust. Se distingue claramente entre las labores operativas del Colegio de Eurojust (el Colegio se compone de miembros nacionales, uno por cada Estado miembro de la Unión Europea) y las tareas administrativas, lo que permitirá al Colegio y los miembros nacionales centrarse en sus tareas operativas, es decir, en coordinar y fomentar la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia, tales como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, el fraude, la corrupción, la delincuencia informática, el terrorismo y la delincuencia organizada. Un nuevo Consejo de Administración, del que formará parte la Comisión, ayudará al Colegio en lo referido a sus tareas administrativas.

La propuesta ofrecerá un marco jurídico único y modernizado para una nueva Agencia de Cooperación en Justicia Penal (EUROJUST), que será la sucesora legal de Eurojust como quedó establecida en la Decisión 2002/187/JAI del Consejo. Al tiempo que mantiene los elementos que han demostrado su eficacia en la gestión y el funcionamiento de Eurojust, este nuevo Reglamento simplifica el funcionamiento de Eurojust y su estructura en consonancia con el Tratado de Lisboa mediante lo siguiente:

  1. mayor eficiencia de Eurojust gracias a una nueva estructura de gobernanza;

  2. mejora de la eficacia operativa de Eurojust mediante la definición del estatuto y las competencias de los miembros nacionales;

  3. protagonismo del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la evaluación de las actividades de Eurojust en consonancia con el Tratado de Lisboa, al tiempo que se preserva la independencia operativa de Eurojust;

  4. ajuste del marco jurídico de Eurojust al planteamiento común de las agencias de la UE, mientras que se respeta plenamente su papel especial en materia de coordinación de las investigaciones penales en curso;

  5. garantía de que Eurojust puede cooperar estrechamente con la Fiscalía Europea, tras la creación de esta.

¿Cuál será la función de la OLAF tras la creación de la Fiscalía Europea?

Como se establece en la Comunicación sobre la gobernanza de la OLAF, adoptada hoy, la función de este organismo va a cambiar con la creación de la Fiscalía Europea.

La OLAF seguirá encargándose de las investigaciones administrativas que no entren en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, tales como las efectuadas en materia de irregularidades que afecten a los intereses financieros de la UE o los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.

La OLAF dejará de realizar investigaciones sobre fraudes contra la UE u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, debido a que esos delitos serán competencia exclusiva de la Fiscalía Europea tras su creación. Si la OLAF sospecha que se han cometido tales delitos, estará obligada a notificarlos lo antes posible a la Fiscalía Europea. Aunque dejará de efectuar investigaciones en ese ámbito, la OLAF seguirá prestando asistencia a la Fiscalía Europea a petición de esta, como ya hace con los fiscales nacionales. Este cambio facilitará un proceso de investigación más rápido y contribuirá a prevenir la duplicación de las investigaciones administrativas y penales sobre los mismos hechos. Así aumentarán las posibilidades de un enjuiciamiento eficaz.

La Comisión va a formular una serie de propuestas de modificación del Reglamento de la OLAF a fin de reflejar los cambios introducidos en su función y de reforzar la gobernanza de la OLAF en sus investigaciones, teniendo en cuenta lo previsto para la Fiscalía Europea. Se prevén dos iniciativas fundamentales a este respecto. En primer lugar, se establecerá un órgano independiente responsable de las garantías procesales a fin de consolidar el control jurídico de las medidas de investigación de la OLAF. En segundo lugar, se contemplarán mayores requisitos procesales en el caso de medidas de investigación de carácter más coercitivo (registros de oficinas, confiscaciones de documentos, etc.) que la OLAF pueda necesitar llevar a cabo en las instituciones de la UE.

¿Cuántos asuntos tendrá que tramitar la Fiscalía Europea?

El número total se estima en 2 500 asuntos al año. Esta cifra se basa en una media de 1 500 asuntos de fraude tramitados y notificados anualmente a la UE por los organismos de investigación de los Estados miembros, una media de 300 asuntos de supuesto fraude contra la OLAF, unos 500 asuntos al año de fraude contra el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que son competencia actualmente de los Estados miembros, y unos 200 asuntos tramitados por las autoridades de investigación penal nacionales. Se prevé que la Fiscalía Europea reúna más información sobre posibles fraudes que los Estados miembros o la OLAF. Por lo tanto, el número de asuntos puede resultar superior al estimado.

¿Empezará la Fiscalía Europea a efectuar detenciones en toda Europa?

No. Las autoridades nacionales únicamente podrán detener a las personas por delitos en los que sea competente la Fiscalía Europea. Esta última solo podrá solicitar a las autoridades judiciales la detención de un sospechoso si considera que ello resulta absolutamente necesario para su investigación y si no puede alcanzarse el mismo objetivo mediante medidas menos coercitivas. Tales solicitudes serán evaluadas y autorizadas atendiendo al Derecho nacional por las autoridades judiciales nacionales competentes.

Próximas etapas

Para entrar en vigor, la propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada por los Estados miembros en el Consejo (por unanimidad), previa aprobación del Parlamento Europeo.

Si no puede alcanzarse la unanimidad en el Consejo, los Tratados prevén que un grupo de al menos nueve Estados miembros pueda acordar una cooperación reforzada (artículo 86 del TFUE).

Las principales etapas del artículo 86 en el procedimiento de cooperación reforzada son las siguientes:

  • Presentación por la Comisión de su propuesta legislativa al Consejo de Ministros. Los Estados miembros deben acordar, en el marco de las conclusiones de la Presidencia, que no se puede alcanzar la unanimidad sobre la propuesta correspondiente.

  • En este caso, el asunto debe ser remitido al Consejo Europeo por un mínimo de nueve Estados miembros dispuestos a iniciar una cooperación reforzada.

  • El Consejo Europeo debate la solicitud por un período máximo de cuatro meses.

  • Si se llega a un consenso, el Consejo Europeo envía el proyecto de propuesta al Consejo para su adopción. De no llegarse a un consenso, nueve Estados miembros como mínimo pueden decidir continuar con la cooperación reforzada. Con la notificación de esos Estados de establecer una cooperación reforzada, se considerará que el Parlamento Europeo y el Consejo han concedido su autorización a proceder.

  • Las negociaciones sobre la propuesta en que se base la cooperación reforzada no se podrán a llevar a cabo en el Consejo. Todos los Estados miembros pueden participar en estas deliberaciones, pero únicamente los que participen en la cooperación reforzada pueden hacerlo en las votaciones. Los Estados miembros pueden solicitar la cooperación reforzada en cualquier momento.

Para más información

Comunicado de prensa: IP/13/709

Documentación para la prensa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/130717_es.htm

Comisión Europea – Política de Derecho penal:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Página de la Vicepresidenta y Comisaria de la UE de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/roma

Para seguir a la Vicepresidenta en Twitter: @ vivianeredingeu

ANEXO: Procedimiento de trabajo de la Fiscalía Europea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

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