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Paquete de procedimientos de infracción de junio: decisiones principales

European Commission - MEMO/13/583   20/06/2013

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Comisión Europea

NOTA

Bruselas, 20 de junio de 2013

Paquete de procedimientos de infracción de junio: decisiones principales

AGRICULTURA

EDUCACIÓN Y CULTURA

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

salud y consumidores

MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS

JUSTICIA

FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

TRANSPORTE

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En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan numerosos sectores, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

La Comisión ha adoptado hoy 186 decisiones, incluidos 47 dictámenes motivados y 12 recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de los cuales 4 incluyen multas. A continuación se resumen las principales decisiones. Para más información sobre los procedimientos de infracción, véase la nota MEMO/12/12.

  1. Recursos ante el Tribunal de Justicia con multas

  1. Medio ambiente: nueva acción contra ItalIA ante el Tribunal por la gestión de residuos en Campania; la Comisión pide la imposición de multas

La Comisión Europea ha decidido volver a llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su prolongado incumplimiento al no gestionar adecuadamente los residuos en la región de Campania. De conformidad con el Derecho de la UE, los Estados miembros deben recuperar y eliminar residuos de modo que se protejan la salud humana y el medio ambiente. Más de tres años después de una sentencia anterior sobre esta cuestión, la Comisión vuelve a llevar a Italia ante el Tribunal. En esta ocasión la Comisión pide una cantidad a tanto alzado de 25 millones EUR (21 067 EUR al día entre ambos asuntos del Tribunal) y una multa coercitiva diaria de 256 819,20 EUR por cada día desde la segunda sentencia del Tribunal hasta que finalice la infracción.

(para más información: IP/13/575 – J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil: +32 498953593)

  1. Transporte: la Comisión lleva a BÉlgiCA ante el Tribunal en relación con las normas sobre sistemas de transporte inteligente

La Comisión Europea ha decidido lleva a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la Directiva 2010/40/UE relativa a los sistemas de transporte inteligente (o «STI»). La Comisión propone una multa diaria de 34 540,80 EUR que deberá pagarse a partir de la fecha en que el Tribunal dicte sentencia en este sentido hasta que Bélgica notifique a la Comisión que ha transpuesto plenamente las normas a su ordenamiento jurídico nacional.

Todos los Estados miembros debían haber transpuesto la Directiva 2010/40/UE al ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 27 de febrero de 2012. Las normas establecen un marco de apoyo a la utilización de STI (tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al transporte) en el ámbito del transporte por carretera y para interfaces con otros medios de transporte.

(para más información: IP/13/561 - H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Seguridad marítima: la Comisión lleva a BÉlgiCA ante el Tribunal en relación con las normas de investigación de los accidentes marítimos

La Comisión Europea ha decidido llevar a Bélgica ante el Tribunal de Justicia por no aplicar plenamente la Directiva sobre la investigación de los accidentes marítimos. La Comisión propone una multa diaria de 55 265,28 EUR, que deberá pagarse a partir de la fecha en que el Tribunal dicte sentencia en este sentido hasta que Bélgica notifique a la Comisión que ha transpuesto plenamente las normas a su ordenamiento jurídico nacional. La Comisión propone estas multas con arreglo al Tratado de Lisboa y tiene en cuenta la duración y la gravedad del incumplimiento, así como el tamaño del Estado miembro. La decisión definitiva sobre las multas corresponde al Tribunal. La Directiva exige que los Estados miembros creen un organismo de investigación permanente e imparcial, dotado de las competencias necesarias y que cuente con investigadores debidamente cualificados, competentes en los aspectos relacionados con los siniestros e incidentes marítimos.

(para más información: IP/13/560 - H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Eficiencia energética de los edificios: la Comisión lleva a Portugal ante el Tribunal por no transponer normas de la UE

La Comisión Europea lleva a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, en virtud de la cual los Estados miembros deben establecer y aplicar requisitos mínimos de eficiencia energética para todos los edificios, garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado. Además, la Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que, a más tardar en 2021, todos los nuevos edificios sean lo que se denomina edificios de consumo de energía casi nulo. La Comisión propone una multa coercitiva diaria de 25 273,60 EUR. El nivel de esta multa se fija teniendo en cuenta la duración y la gravedad de la infracción y el tamaño del Estado miembro. En caso de sentencia afirmativa del Tribunal, la multa coercitiva diaria deberá pagarse desde la fecha de sentencia hasta que se haya finalizado la transposición. El importe definitivo de la multa coercitiva diaria será fijado por el Tribunal.

(para más información: IP/13/579 - M. Holzner, tel. +32 22960196; móvil:+32 498982280)

  1. Otras remisiones

  1. Aduanas: acción contra Bulgaria ante el Tribunal de Justicia por no revisar las desgravaciones de derechos e impuestos en su acuerdo con los EE UU

La Comisión Europea ha emprendido hoy una acción ante el Tribunal de Justicia contra Bulgaria por no haber adaptado al Derecho de la UE su acuerdo bilateral con los EE UU sobre asistencia técnica.

Al adherirse a la UE, Bulgaria se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para adaptar sus acuerdos con terceros países al Derecho de la UE, lo que incluye el acuerdo bilateral con los Estados Unidos sobre asistencia técnica, en virtud del cual Bulgaria renuncia a los derechos de aduana y el IVA sobre las importaciones relacionados con proyectos de asistencia con financiación estadounidense. Esto va más allá de lo permitido conforme a las normas de la UE en materia de derechos de aduana y de IVA.

La Comisión había solicitado a Bulgaria que modificase el acuerdo para hacerlo compatible con el Derecho de la UE o para poner fin al mismo unilateralmente (véase IP/12/672). Dado que Bulgaria no lo ha hecho, la Comisión ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(para más información: IP/13/573 - E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)

  1. Medio ambiente: la Comisión lleva a GrecIA ante el Tribunal en relación con la contaminación por nitratos

La Comisión Europea ha emprendido una acción ante el Tribunal de Justicia de la UE contra Grecia por no tomar medidas para garantizar que se aborde eficazmente la contaminación del agua por nitratos. Aunque la Directiva sobre nitratos lleva vigente desde 1991, Grecia aún no ha designado una serie de zonas que son vulnerables a la contaminación por nitratos ni ha adoptado medidas para luchar eficazmente contra tal contaminación en dichas zonas. Por ello, la Comisión ha llevado a Grecia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: IP/13/576 - J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil: +32 498953593)

  1. Mercado interior: la Comisión lleva a HUngrÍa ante el Tribunal por condiciones restrictivas para la emisión de cheques restaurante y otras remuneraciones en especie

La Comisión Europea ha decidido llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su reglamentación sobre la expedición de cheques restaurante, de ocio y de vacaciones. La Comisión considera que las restricciones introducidas por la nueva normativa húngara son contrarias a los principios fundamentales de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios garantizados por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 49 y 56 del TFUE) y por la Directiva sobre servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior).

(para más información: IP/13/578 - C. Hughes, tel. +32 22964450; móvil: +32 498964450)

  1. La Comisión lleva a los países bajos ante el Tribunal por discriminación en los precios del transporte ofrecidos a los estudiantes

La Comisión Europea ha decidido llevar a los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por discriminar a estudiantes de otros países de la UE a los que no se permite beneficiarse de los descuentos en los precios del transporte público que se ofrecen a los estudiantes neerlandeses. De conformidad con el Tratado de la UE, los estudiantes de la UE tienen los mismos derechos a prestaciones que los estudiantes locales en cualquier lugar de la Unión en que decidan estudiar, a menos que el Derecho de la UE excluya expresamente a una prestación del principio de igualdad de trato, como las ayudas de manutención.

La Comisión considera que los Países Bajos no han aplicado el principio de igualdad de trato al limitar los descuentos que se ofrecen en los trenes y los autobuses a estudiantes que sean neerlandeses o residentes de larga duración en los Países Bajos. Por tanto, se discrimina a los demás ciudadanos de la UE que estudian en el país, incluidos los estudiantes Erasmus.

(para más información: IP/13/574 - D. Abbott, tel. +32 22959258; móvil: +32 498959258)

  1. OMG: la Comisión lleva a PolONIA ante el Tribunal por no crear registros para reflejar la localización de OMG cultivados

La Comisión ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la normativa de la UE en materia de seguimiento del cultivo de organismos modificados genéticamente.

La Directiva 2001/18/CE exige que la localización de los cultivos de OMG se notifique a las autoridades nacionales competentes, se refleje en un registro creado por el Estado miembro y se ponga en conocimiento del público. Este proceso asegura que se pone en conocimiento del público información adecuada, permite hacer un seguimiento de los posibles efectos de los OMG en el medio ambiente y permite establecer medidas de coexistencia. Hasta ahora Polonia no ha incluido estos requisitos en su legislación nacional.

(para más información: IP/13/571 - F. Vincent, tel. +32 22987166; móvil: +32 498987166)

  1. Mercado interior del gas: la Comisión lleva a PolONIA ante el Tribunal en relación con los precios del gas regulados para las empresas consumidoras

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la normativa de la UE sobre el mercado interior de la energía. De conformidad con la Directiva sobre el gas (2009/73/CE), los precios deben determinarse principalmente en función de la oferta y la demanda. Las tarifas fijadas por el Estado para los usuarios finales distintos de los hogares dificultan la entrada de nuevos proveedores en el mercado del gas y no permiten a los consumidores polacos aprovechar plenamente las ventajas que puede ofrecer el mercado interior. 

Con arreglo al Derecho de la UE, solo pueden aplicarse precios regulados en circunstancias excepcionales, no por norma general, para fijar los precios: deben cumplirse varias condiciones estrictas, como un requisito de proporcionalidad.

(para más información: IP/13/580 - M. Holzner, tel. +32 22960196; móvil:+32 498982280)

  1. Transporte: la Comisión lleva a ESpaña ante el Tribunal en relación con las normas de contratación de trabajadores portuarios

La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con sus normas de contratación de trabajadores portuarios en varios puertos españoles. Actualmente no se permite a las empresas estibadoras de estos puertos recurrir al mercado para contratar a su personal. En cambio, las normas vigentes obligan a las empresas estibadoras a participar financieramente en el capital de empresas privadas, que a su vez les proporcionan la mano de obra necesaria. Solo en caso de que la mano de obra propuesta por dichas empresas privadas sea inadecuada o insuficiente las empresas estibadoras pueden contratar libremente personal en el mercado. La Comisión considera que estas prácticas laborales restrictivas pueden desalentar a empresas estibadoras de otros Estados miembros que deseen establecerse en los puertos españoles.

(para más información: IP/13/559 - H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Sanidad animal: la Comisión lleva a SUECIA ante el Tribunal por seguir sometiendo a bovinos a ensayos de paratuberculosis

La Comisión ha decidido hoy llevar a Suecia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar correctamente la Directiva 64/432/CEE, al continuar con la práctica de someter a bovinos importados de otros Estados miembros a ensayos de paratuberculosis.

Las condiciones zoosanitarias armonizadas para el comercio de bovinos que se establecen en la Directiva 64/432/CEE no establecen ningún requisito sanitario en relación con la paratuberculosis. Además, esta prueba obligatoria posterior a la llegada disuade a los agricultores suecos de introducir bovinos procedentes de otros Estados miembros de la UE, lo cual tiene un efecto equivalente al de las restricciones cuantitativas. Por tanto, no puede justificarse en virtud del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que regula las restricciones y prohibiciones sobre las importaciones.

(para más información: IP/13/570 - F. Vincent, tel. +32 22987166; móvil: +32 498987166)

  1. Otros asuntos de interés específico

  1. La Comisión solicita a ItalIA que recupere tasas sobre excedentes que deben productores de leche italianos

La Comisión Europea ha pedido hoy a Italia que tome medidas para corregir las deficiencias en la recuperación de las tasas de los excedentes debidas por productores de productos lácteos que superaron sus cuotas individuales en los años en que Italia rebasó su cuota nacional de productos lácteos.

A pesar de las repetidas y numerosas solicitudes de la Comisión, la mayoría de las tasas debidas correspondientes al período entre 1995 y 2009 aún no han sido recuperadas por las autoridades italianas, que manifiestamente no han tomado las medidas adecuadas para recuperar eficazmente el importe total estimado de al menos 1 420 millones EUR de los productores. La Comisión ha insistido hoy en que este importe debe reembolsarse al presupuesto italiano, de modo que los contribuyentes italianos no tengan que pagar por ello.

La omisión de garantizar la recuperación efectiva de estas tasas socava los esfuerzos realizados a nivel europeo para estabilizar el mercado de productos lácteos. Además, distorsiona la competencia con otros productores europeos e italianos que respetaron las cuotas de producción o pagaron las tasas sobre los excedentes en caso de rebasamiento.

(para más información: IP/13/577 - R. Waite, tel. +32 22961404; móvil: +32 498961404)

  1. Impuestos: la Comisión exige a cinco Estados miembros que apliquen normas fundamentales de la UE contra el fraude fiscal

La Comisión ha enviado hoy dictámenes motivados a Bélgica, Grecia, Finlandia (Provincia de Åland), Italia y Polonia, en los que les pide que notifiquen la transposición de la Directiva sobre cooperación administrativa a su ordenamiento jurídico nacional.

La Directiva sobre cooperación administrativa está destinada a aumentar la transparencia, mejorar el intercambio de información y estrechar la cooperación transfronteriza, que son herramientas fundamentales para luchar contra el fraude fiscal (véase IP/12/1376). Los Estados miembros tenían la obligación jurídica de empezar a aplicar dicha Directiva a partir del 1 de enero de 2013. Bélgica, Grecia, Finlandia, Italia y Polonia no han informado a la Comisión acerca de la transposición de la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional.

(para más información: IP/13/572 - E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)

  1. Transporte ferroviario: FRANCIA y REINO UNIDO deben aplicar normas europeas sobre el Túnel del Canal de la Mancha

La Comisión Europea ha enviado a Francia y al Reino Unido una solicitud oficial para que cumplan las normas de la UE contra los cánones excesivos por acceso a las vías para los trenes de pasajeros y de mercancías en el Túnel del Canal de la Mancha. La Comisión también les ha pedido que garanticen la plena independencia del regulador y que pongan fin a un acuerdo que actualmente reserva capacidad para determinados operadores ferroviarios de forma restrictiva. Los elevados cánones por acceso a las vías se repercuten en los precios de los billetes cobrados a los viajeros y las empresas de trenes de mercancías se quejan de que no pueden permitirse enviar más carga a través del Túnel, por lo que debe enviarse por carretera, con la congestión y la contaminación subsiguientes.

(para más información: IP/13/557 - H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Transporte: la Comisión insta a ALEMANIA a que cumpla las normas de la UE en materia de separación contable en el sector ferroviario

La Comisión está preocupada por el hecho de que Alemania no está aplicando las normas europeas en materia de separación contable entre administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias, así como sobre el uso de cánones de acceso a las vías. Este procedimiento forma parte de una serie de procedimientos similares en materia de separación contable contra varios Estados miembros. El sistema alemán permite la posibilidad de subvenciones cruzadas para actividades de transporte comercial con cargo a fondos estatales para infraestructuras y para el servicio público de transporte de pasajeros.

(para más información: IP/13/556 - H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Otros dictámenes motivados

  1. Se insta a BÉlgiCA, CHEQUIA, CHIPRE, Portugal y RUmanía a cumplir la normativa de la UE en materia de reservas de petróleo

La Comisión ha solicitado oficialmente hoy a Bélgica, Chequia, Chipre, Portugal y Rumanía que tomen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de reservas de petróleo. La Directiva (2009/119/CE) exige que los Estados miembros mantengan un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o de productos petrolíferos para garantizar la seguridad del suministro de petróleo en caso de posibles interrupciones. Habida cuenta de la importancia del petróleo en el consumo energético de la UE, la gran dependencia de esta del suministro de petróleo crudo y productos petrolíferos y la inseguridad geopolítica en muchas regiones productoras, es fundamental garantizar el acceso de los consumidores a los productos petrolíferos en todo momento. La Comisión Europea ha enviado hoy un dictamen motivado a Bélgica, Chequia, Chipre, Portugal y Rumanía, que aún no han informado a la Comisión de ninguna medida para transponer la Directiva a su legislación nacional. Si los citados Estados miembros no cumplen su obligación jurídica en un plazo de dos meses, la Comisión podrá decidir emprender acciones contra ellos ante el Tribunal de Justicia.

La Directiva tenía que haber sido transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2012. En enero de 2013 se incoaron procedimientos de infracción contra diecisiete Estados miembros que habían incumplido sus obligaciones de transposición. Se envió una carta de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. La Comisión está examinando la situación en los demás Estados miembros contra los que se han incoado procedimientos de infracción y esta acción podría complementarse con otros dictámenes motivados en próximos ciclos de infracción.

    Más información: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(para más información: M. Holzner, tel. +32 22960196; móvil: +32 498982280)

  1. Eficiencia energética de los edificios: la Comisión pide a siete Estados miembros que adopten medidas nacionales en materia de eficiencia energética de los edificios

La Comisión ha pedido oficialmente hoy a Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Letonia, Países Bajos y Polonia que tomen medidas para cumplir plenamente sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE sobre eficiencia energética de los edificios Directiva 2010/31/UE). La Comisión envió a estos Estados miembros un dictamen motivado en el que les pedía que le notificaran todas sus medidas de aplicación en relación con la Directiva que debía transponerse al ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 9 de julio de 2012. Con arreglo a dicho ordenamiento jurídico, los Estados miembros deben establecer y aplicar requisitos mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos y existentes, garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado. Además, la Directiva exige a los Estados miembros que garanticen que, a partir de 2021, todos los nuevos edificios sean lo que se denomina edificios de consumo de energía casi nulo. Al transponer y aplicar adecuadamente la Directiva, los Estados miembros de la UE pueden lograr un ahorro energético importante y unas menores emisiones de gases de efecto invernadero que resulten muy rentables. Si los citados Estados miembros no cumplen su obligación jurídica en un plazo de dos meses, la Comisión podrá decidir emprender acciones contra ellos ante el Tribunal de Justicia.

En septiembre de 2012, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra veinticuatro Estados miembros que no habían notificado a la Comisión las medidas nacionales por las que se transpone la Directiva al ordenamiento jurídico nacional. Entre tanto, varios Estados miembros, si bien no todos, notificaron a la Comisión acerca de su transposición nacional y, por tanto, se enviaron dictámenes motivados a Bulgaria, Grecia, Italia y Portugal en enero de 2013, y a Eslovenia y España en abril de 2013. La Comisión también ha decidido llevar a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber adoptado legislación que transponga la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios a su ordenamiento jurídico nacional (véase IP/13/579).

Más información: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(para más información: M. Holzner, tel. +32 22960196; móvil: +32 498982280)

  1. La Comisión pide a Bélgica y Portugal que tomen medidas en materia de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

La Comisión Europea ha pedido hoy a Bélgica y Portugal que adopten y transmitan directrices para ayudar a las entidades competentes encargadas de la gestión de las infraestructuras de seguridad vial, con arreglo a sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea. Estas entidades son responsables, entre otras cosas, de las auditorías de seguridad vial y de las clasificaciones de seguridad. La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Si Bélgica o Portugal no informan a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de que se hayan adoptado las medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva, la Comisión podría remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la UE. Se solicitó a Bélgica y Portugal que, a más tardar el 19 de diciembre de 2011, adoptasen directrices nacionales con arreglo a la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, y que las comunicasen a la Comisión como muy tarde el 19 de marzo de 2012. Mientras que Portugal no lo hizo, Bélgica lo hizo solo parcialmente. No adoptar o transmitir las directrices puede impedir a las autoridades competentes aplicar correctamente los procedimientos establecidos en la Directiva, lo cual puede reducir el nivel de seguridad de las infraestructuras viarias, con efectos negativos para todos los usuarios de las carreteras.

(para más información: H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Farmacovigilancia: la Comisión pide a cuatro Estados miembros que cumplan la normativa en materia de medicamentos de uso humano

La Comisión Europea ha enviado hoy a Chequia, Eslovenia, España y Polonia una solicitud en la que les insta a garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva 2010/84, relativa al código de la Unión sobre medicamentos para uso humano. Dicha Directiva refuerza y racionaliza el sistema de control de la seguridad de los medicamentos en el mercado europeo; mejora la seguridad de los pacientes y la salud pública mediante una mejor prevención, detección y evaluación de las reacciones adversas a los medicamentos; y también permite a los pacientes notificar directamente a las autoridades competentes las reacciones adversas a los medicamentos. Estos cuatro Estados miembros aún no han transpuesto dicha Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, a pesar de que el 21 de julio de 2012 se les solicitó que lo hicieran. Los Estados miembros en cuestión disponen de dos meses para informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la UE. La no comunicación de las medidas adecuadas podría tener como consecuencia que la Comisión remitiera los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(para más información: F. Vincent, tel. +32 22987166; móvil: +32 498987166)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a ITALIA y los PAÍSES BAJOS que transpongan la normativa de la UE en materia de protección de los animales utilizados con fines científicos

La Comisión Europea urge a Italia y los Países Bajos a que incorporen a su ordenamiento jurídico nacional la legislación de la UE sobre protección de los animales utilizados con fines científicos. La Directiva en cuestión tiene como finalidad minimizar el empleo de animales en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible, garantizando al mismo tiempo que la investigación en la UE siga siendo de la máxima calidad. La Directiva debía haber sido promulgada en la legislación nacional a más tardar el 10 de noviembre de 2012. Dado que ninguno de los dos Estados miembros cumplió el plazo, se les enviaron cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2013. Italia aún no ha informado a la Comisión de ningún cambio en su legislación. Los Países Bajos alegan que la legislación vigente abarca parcialmente el ámbito de aplicación de la Directiva, pero la Comisión sigue preocupada porque no se han incluido determinadas disposiciones en el ordenamiento jurídico neerlandés. Por tanto, la Comisión envía a ambos Estados miembros un dictamen motivado. Si no actúan en un plazo de dos meses, sus asuntos podrán ser remitidos al Tribunal de Justicia de la UE, en el que se les podrán imponer sanciones financieras.

(para más información: J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil +32 498953593)

  1. Salud pública: la Comisión pide a dos Estados miembros que cumplan las normas en materia de calidad y seguridad del transplante de órganos humanos

La Comisión Europea ha enviado hoy a Eslovenia y Luxemburgo una solicitud oficial en la que les insta a cumplir plenamente la Directiva 2010/53/UE, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante. En dicha Directiva se establece la designación de autoridades competentes en todos los Estados miembros para la autorización de centros y actividades de obtención y transplante, para los sistemas de trazabilidad y para la notificación de eventos y reacciones adversos graves. Además, la Directiva fija los requisitos para el transporte seguro de los órganos y para la caracterización de los donantes y los órganos. Estos dos Estados miembros aún no han transpuesto dicha Directiva a su ordenamiento jurídico nacional, a pesar de que el 27 de agosto de 2012 se les solicitó que lo hicieran. Los Estados miembros en cuestión disponen de dos meses para informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la UE. La no comunicación de las medidas adecuadas podría tener como consecuencia que la Comisión remitiera los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(para más información: F. Vincent, tel. +32 22987166; móvil: +32 498987166)

  1. Transporte ferroviario: la Comisión pide a Austria que transponga las normas de la UE en materia de seguridad ferroviaria

La Comisión Europea pide a Austria que ajuste sus normas nacionales a la Directiva europea sobre la seguridad de los ferrocarriles (2004/49/CE), en particular en lo que se refiere a la certificación y autorización de seguridad, los principios decisorios de la autoridad responsable de la seguridad, la obligación de investigar los accidentes graves y la información sobre la investigación de tales accidentes, así como la información sobre las medidas a raíz de las recomendaciones en materia de seguridad. La legislación debería estar vigente desde el 30 de abril de 2006. Si Austria no reacciona de forma satisfactoria, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Austria sobre esta cuestión en noviembre del pasado año, y ahora se envía un dictamen motivado (segunda etapa del procedimiento de infracción de la UE). Austria dispone de dos meses para responder a la Comisión.

(para más información: H. Kearns, tel. +32 22987638; móvil: +32 498987638)

  1. Libre circulación: la Comisión pide a CHIPRE que cumpla las normas de la UE

La Unión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Chipre por no haber transpuesto y aplicado correctamente la Directiva sobre la libre circulación (Directiva 2004/38/CE). En virtud de dicha Directiva, los Estados miembros pueden pedir a los ciudadanos de la UE que notifiquen la presencia en su territorio en un plazo razonable y no discriminatorio y sancionar el incumplimiento de esta obligación con «sanciones proporcionales y no discriminatorias». Este no es el caso de la sanción prescrita en el Derecho chipriota, que establece una multa que puede llegar a 1 000 EUR para los ciudadanos de la UE que permanezcan en Chipre más de veintiún días y no notifiquen su presencia en un plazo de treinta y cinco días a partir de su llegada.

Además, sigue habiendo grandes retrasos para expedir tarjetas de residencia a miembros de la familia de ciudadanos de la UE que son ciudadanos de terceros países, superiores al plazo de seis meses establecido en la Directiva.

Por último, las tasas para obtener documentos que certifiquen la residencia permanente después de cinco años de residencia (80 EUR) son superiores a las de expedición de documentos de identificación para ciudadanos chipriotas (20 EUR), mientras que la Directiva establece que los documentos de residencia deben expedirse a los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias «con carácter gratuito o previo abono de una cantidad que no rebasará la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares».

Con este dictamen motivado, la Comisión pide a Chipre que cumpla las normas de la UE pertinentes. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar a Chipre ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: M. Andreeva, tel. +32 22991382; móvil +32 498991382)

  1. Derecho laboral: la Comisión pide a Dinamarca que aplique igualdad de trato al personal a tiempo parcial en el sector de la educación municipal

La Comisión Europea ha pedido a Dinamarca que cumpla plenamente la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial en el sector de la educación municipal. En particular, la Comisión desea que las autoridades danesas garanticen que el personal a tiempo parcial que trabaje menos de ocho horas por semana o cuyo contrato tenga una duración inferior a un mes tenga las mismas condiciones de empleo que el personal permanente comparable. Varios convenios colectivos del sector de la educación municipal de Dinamarca excluyen a este tipo de personal de una serie de ventajas de las que disfrutan otros empleados a tiempo parcial. La Directiva 97/81/CE, sobre el trabajo a tiempo parcial exige que el personal a tiempo parcial reciba el mismo trato que el personal permanente comparable. Como excepción, un Estado miembro puede decidir excluir al personal eventual de esta protección. No obstante, las normas danesas en cuestión excluyen al personal «de baja intensidad» en los casos en que no se aplica esta excepción.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento de infracción de la UE. Dinamarca tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para hacer que la legislación nacional sea acorde con la Directiva de la UE. De lo contrario, la Comisión puede decidir llevar a Dinamarca ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Todd, tel. +32 22994107; móvil +32 498994107)

  1. Agricultura: la Comisión pide a GRECIA que garantice el acceso libre al mercado para los productores de vino de Samos

La Comisión Europea ha solicitado oficialmente a Grecia que modifique su legislación nacional por la que se exige que todos los productores de vino de la isla de Samos sean miembros de la cooperativa local vinícola y que entreguen toda su producción a la misma.

Sobre esta base fue denegada la solicitud de un denunciante, que había solicitado permiso para producir de forma independiente. La Comisión considera que establecer la obligatoriedad de pertenecer a una organización de productores infringe el principio de un mercado abierto, según el cual todos los productores tienen libre acceso al mercado, regulado solo por las medidas establecidas mediante normas comunes al sector a escala de la UE.

La solicitud adopta la forma de un dictamen motivado, a raíz de la respuesta insatisfactoria de las autoridades griegas a una carta de emplazamiento enviada en 2011. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: R. Waite, tel. +32 22961404; móvil: +32 498961404)

  1. Material de reproducción vegetal: la Comisión pide a Grecia que modifique sus disposiciones sobre el material de reproducción vegetal procedente de otros Estados miembros

La Comisión considera que la legislación griega infringe el artículo 34 del TFUE, sobre la libre circulación de mercancías, al exigir que cualquier persona que importe material de reproducción vegetal de otro Estado miembro esté en posesión de una licencia de comercialización. Deben cumplirse determinadas condiciones restrictivas para que se conceda la licencia. Con pequeñas excepciones, el requisito se aplica tanto a usuarios privados como a empresas. Grecia sostiene que el objetivo es evitar que se plante material infectado a fin de proteger los vegetales. No obstante, los argumentos presentados por las autoridades griegas no se consideraron satisfactorios, pues no abordaban las preocupaciones fundamentales de la Comisión, a saber, las condiciones en las que se concede la licencia de comercialización. Ninguno de ellos se considera pertinente para el objetivo de proteger la salud de los vegetales en el caso de las personas que compran material de reproducción con fines comerciales. En el caso de los usuarios privados, el requisito de una licencia de comercialización se considera desproporcionado. Grecia dispone de dos meses para adaptar su legislación al Derecho de la Unión.

(para más información: F. Vincent, tel. +32 22987166; móvil: +32 498987166)

  1. Impuestos: la Comisión solicita a Grecia que acabe con los impuestos discriminatorios sobre la leche y la carne

La Comisión Europea ha solicitado oficialmente a Grecia que modifique su legislación fiscal discriminatoria sobre la leche, los productos lácteos y la carne procedentes de otros Estados miembros.

Actualmente Grecia aplica una tasa a las compras de leche y productos lácteos. No obstante, la tasa no se aplica del mismo modo a los productos nacionales que a los productos procedentes de otros Estados miembros. Algunos productos internos están exentos de impuestos y a otros se les grava a un tipo más bajo.

También se impone una tasa sobre las compras de carne, tanto doméstica como importada. No obstante, esta tasa se utiliza para financiar el ELOGAK, un organismo público que concede subvenciones a los agricultores griegos, por lo que solo beneficia a los productos nacionales.

Estas disposiciones infringen las normas de la UE que prohíben las medidas que tienen un efecto equivalente a los derechos de aduanas y dan lugar a tributos internos discriminatorios. La petición adopta la forma de un dictamen motivado. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a HUNGRÍA que transponga normas de la UE en materia de emisiones industriales

La Comisión Europea insta a Hungría a enviar información sobre cómo está transponiendo la legislación de la UE en materia de emisiones industriales a su ordenamiento jurídico nacional. La nueva Directiva sobre emisiones industriales sustituye y actualiza antiguas normas a fin de prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación procedente de actividades industriales, y debía transponerse a la legislación nacional a más tardar el 7 de enero de 2013. Como Hungría no respetó el plazo original, se le envió una carta de emplazamiento el 31 de enero de 2013. La Comisión envía, pues, un dictamen motivado y, si Hungría no emprende ninguna acción en el plazo de dos meses, el asunto podrá remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil +32 498953593)

  1. Contratación pública: la Comisión solicita a Italia que respete las normas de la UE

La Comisión Europea ha solicitado hoy a Italia que aplique correctamente las normas de la UE en materia de contratación pública para la construcción de nuevos edificios destinados a la administración judicial de Bari, cuyo valor estimado asciende a 350 millones EUR. Italia no ha aplicado las normas aplicables en materia de contratación pública porque consideró que el contrato solo constituiría un acuerdo de arrendamiento, no un contrato de obras. Por tanto, la Comisión estima que dicho país ha infringido sus obligaciones con arreglo a la Directiva 93/37/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (aplicable en el momento de la adjudicación). Las normas de la UE en materia de contratación pública están diseñadas para garantizar la competencia, la transparencia y la igualdad de trato en la UE, así como la oferta económicamente más ventajosa. La no aplicación de estas normas puede perjudicar el interés público y hacer que para los operadores económicos privados sea más difícil competir por la adjudicación de contratos.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Si en el plazo de dos meses no se notifica ninguna medida que ponga término al incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión puede decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Más información: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(para más información: C. Hughes, tel. +32 22964450; móvil +32 498964450)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a PORTUGAL que mejore la evaluación de los parques eólicos

A la Comisión Europea le preocupa que se permita la expansión de parques eólicos en Portugal antes de que se evalúe adecuadamente el efecto de dicha expansión. El problema también afecta a la red de zonas protegidas Natura 2000 y podría tener graves consecuencias para el medio ambiente y para especies protegidas. En un esfuerzo por instar a Portugal a que modifique sus leyes, la Comisión envía un dictamen motivado.

De conformidad con la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental, los proyectos que puedan tener un impacto importante sobre el medio ambiente deben evaluarse antes de ser sancionados oficialmente y los proyectos situados en zonas de Natura 2000 también deben ser objeto de una evaluación adecuada con arreglo a la Directiva sobre los hábitats. Portugal incumple actualmente ambas Directivas debido a una nueva ley que exime a los proyectos de las evaluaciones si el trabajo se considera una mejora que está por debajo de un umbral determinado. A la Comisión le preocupa que permitir la expansión sistemática de proyectos que ya se encuentran cerca del umbral inevitablemente representará, al final, una infracción de la legislación destinada a proteger la salud humana y el medio ambiente.

(para más información: J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil +32 498953593)

  1. Impuestos: la Comisión Europea pide a Portugal que acabe con los tributos discriminatorios que aplica a las sociedades no residentes

La Comisión Europea ha pedido a Portugal que modifique sus normas fiscales para sociedades no residentes que sean propiedad de residentes en dicho país.

Las empresas que no tengan su domicilio social o su centro efectivo de dirección en Portugal están sujetas al impuesto de sociedades por sus ingresos obtenidos en dicho país. Al igual que otros contribuyentes, estas empresas pueden disfrutar de una serie de ventajas fiscales. Sin embargo, estas ventajas no se conceden si más del 25 % del capital de la sociedad no residente es propiedad de residentes en Portugal.

La Comisión Europea considera que un régimen fiscal diferente para las sociedades no residentes sobre la base de la residencia de sus accionistas es un obstáculo a la libre circulación de capitales. La petición adopta la forma de un dictamen motivado. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)

  1. Contratación pública: la Comisión pide a RUMANÍA que cumpla las normas de la UE

La Comisión Europea ha pedido hoy a Rumanía que cumpla plenamente las Directivas Europeas sobre contratación pública. La Comisión argumenta que el procedimiento de licitación de un contrato de obras para la rehabilitación de la carretera nacional entre Crasna e Iași se realizó incumpliendo la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 89/665/CEE. El procedimiento de licitación fue gestionado por la Empresa Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas y fue llevado a cabo sobre la base de una ley nacional que resultó ser incompatible con las normas europeas sobre contratación pública. Como resultado, en el anuncio de licitación faltaba información fundamental y se privó a los licitadores de un pleno derecho a un recurso efectivo.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Si en el plazo de dos meses no se notifica ninguna medida que ponga término al incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión podrá decidir llevar a Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Más información: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(para más información: C. Hughes, tel. +32 22964450; móvil +32 498964450)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a ESLOVENIA que mejore la gestión de los residuos y los vertederos

La Comisión Europea insta a Eslovenia a mejorar su gestión de residuos en varios lugares de la ciudad de Celje. Son motivo de preocupación tanto un vertedero cercano al centro de la ciudad, en el que se ha vertido ilegalmente tierra excavada de una antigua zona industrial muy contaminada por metales pesados, como un vertedero situado en Bukovžlak, un distrito cercano. De modo más general, la Comisión también considera que Eslovenia no ha tomado las medidas suficientes para garantizar que la tierra excavada y los restos contaminados no representaran un peligro para la salud humana y el medio ambiente durante la construcción del Centro Tecnológico de Celje en 2006. La Comisión envía, pues, un dictamen motivado y, si Eslovenia no emprende ninguna acción en el plazo de dos meses, el asunto podrá remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión también pide a Eslovenia que garantice que su legislación cumple las normas de la UE en materia de evaluación del impacto de los proyectos de infraestructuras en el medio ambiente. Eslovenia ha adoptado un sistema nacional de selección de proyectos que no coincide plenamente con las normas de la UE y el concepto de «autorización del proyecto» tampoco se ajusta plenamente a los requisitos de la Directiva ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Se envía un dictamen motivado y, si Eslovenia no emprende ninguna acción en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil +32 498953593)

  1. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios: la Comisión pide a ESlovenia que cumpla las normas de la UE

La Comisión Europea ha pedido hoy a Eslovenia que cumpla las normas de la UE en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios (artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los artículos 10, 13 y 16 de la Directiva sobre servicios en el ámbito de la educación).

A raíz de procedimientos de infracción iniciados por la Comisión, la legislación eslovena ha sido modificada para permitir que centros de educación superior de otros Estados miembros ofrezcan sus programas en Eslovenia. No obstante, en la legislación vigente se dispone que debe establecerse un procedimiento administrativo especial mediante legislación derivada para que los proveedores de la UE puedan operar en Eslovenia. Dicha legislación derivada no ha sido adoptada a pesar de la obligación jurídica de que así sea. En la práctica, esto significa que los centros de enseñanza superior de otros Estados miembros no pueden ejercer su derecho a crear una sucursal o filial ni impartir ninguna enseñanza a través de acuerdos de validación o de franquicia, dado que el procedimiento administrativo establecido por la legislación aún no está en marcha.

Teniendo en cuenta la no adopción de los criterios y las condiciones de dicho procedimiento administrativo, la Comisión pide a Eslovenia, en forma de dictamen motivado, que tome medidas para cumplir plenamente la normativa de la UE. Si las autoridades eslovenas no responden satisfactoriamente en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Más información: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(para más información: C. Hughes, tel. +32 22964450; móvil +32 498964450)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a ESPAÑA que revise el impacto de una línea ferroviaria prevista en Andalucía

A la Comisión Europea le preocupa el hecho de que España haya autorizado la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad antes de evaluar adecuadamente sus efectos sobre el medio ambiente, lo que vulnera la legislación de la UE. El problema afecta a una sección del proyecto de unir Almería y Sevilla, que debe atravesar una de las zonas más importantes para las aves esteparias en Andalucía, que actualmente está designada como zona de protección especial, lo que producirá un importante deterioro del hábitat.

En junio de 2011, la Comisión envió una carta de emplazamiento sobre esta cuestión y, si bien se han producido algunos avances, la Comisión no está convencida de que se hayan tomado las medidas adecuadas para proteger la zona, por lo que envía un dictamen motivado. Si España no actúa en un plazo de dos meses, el asunto podrá ser remitido al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Hennon, tel. +32 22953593; móvil +32 498953593)

  1. Impuestos: la Comisión pide a ESpaÑA que acabe con los tributos discriminatorios que aplica a las sociedades no residentes

La Comisión Europea ha pedido a España que modifique la normativa fiscal discriminatoria que aplica a los dividendos extranjeros. Se trata de dividendos distribuidos por una sociedad no residente a una empresa española. El tratamiento fiscal a los dividendos extranjeros es más gravoso que el de los dividendos nacionales (es decir, los distribuidos por empresas residentes en España). Por ejemplo, una empresa española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones (por ejemplo, relacionadas con el volumen de ingresos y el nivel de participación de los accionistas) que en el caso de una inversión nacional si desea beneficiarse de la reducción de impuestos. En otros casos, el beneficio fiscal previsto para los dividendos nacionales no se prevé para los dividendos extranjeros.

La Comisión considera que este régimen es incompatible con el derecho de establecimiento, libre prestación de servicios, suministro transfronterizo de mercancías y libre circulación de capitales que figura en los Tratados de la UE.

La petición adopta la forma de un dictamen motivado. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)

  1. Impuestos: la Comisión pide al REINO UnidO que garantice que los consumidores pueden percibir devoluciones del IVA de fabricantes

La Comisión Europea ha pedido oficialmente al Reino Unido que modifique su legislación para garantizar que se pueda devolver a los clientes finales el IVA soportado en forma de devoluciones de los fabricantes en relación con mercancías cuyo precio hayan reducido y que hayan comprado a través de una tercera parte (por ejemplo, champú adquirido en un supermercado).

Según las normas sobre el IVA de la UE, se autoriza también a los consumidores a percibir el IVA cuando obtengan una devolución en relación con mercancías defectuosas o que no cumplan las expectativas de los clientes, o cuando el cliente devuelva las mercancías. Sin embargo, la normativa británica actual no permite a los fabricantes devolver el IVA pagado en el momento de la compra.

El 24 de mayo de 2012, el Reino Unido anunció su intención de modificar su normativa para ajustarla a la legislación de la UE, pero aún no lo ha hecho. La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: E. Traynor, tel. +32 22921548; móvil: +32 498983871)


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