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Paquete de procedimientos por incumplimiento de mayo: principales decisiones

European Commission - MEMO/13/470   30/05/2013

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Comisión Europea

NOTA INFORMATIVA

Bruselas, 30 de mayo de 2013

Paquete de procedimientos por incumplimiento de mayo: principales decisiones

AGENDA DIGITAL

EMPLEO y asuntos sociales

ENERGÍA

Industria y EMPRENDIMIENTO

MEDIO AMBIENTE

INTERIOR

JUSTICIA

MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS

TRANSPORTE

FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

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En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan numerosos sectores, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

La Comisión ha adoptado hoy 143 decisiones, incluidos 15 dictámenes motivados y 5 recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A continuación se resumen las principales decisiones. Para más información sobre los procedimientos por incumplimiento, véase la nota MEMO/12/12.

  1. Recursos ante el Tribunal de Justicia

  1. Agenda Digital: la Comisión lleva a Estonia ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con la independencia de las autoridades nacionales de regulación de las telecomunicaciones

La Comisión Europea ha decidido llevar a Estonia ante el Tribunal de Justicia de la UE porque su legislación nacional no garantiza la imparcialidad del regulador nacional de las telecomunicaciones. De conformidad con la normativa sobre telecomunicaciones de la UE, las autoridades nacionales que ejercen funciones reguladoras no pueden, al mismo tiempo, participar en la propiedad o el control de empresas de telecomunicaciones.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia lleva a cabo ciertas tareas reguladoras, en particular en lo que respecta a la asignación de radiofrecuencias y los procedimientos de concesión de autorizaciones de frecuencias. Al mismo tiempo, ejerce el control de la empresa estatal Levira Ltd, el mayor operador de la red de radiodifusión y televisión de Estonia, que presta servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo los de radiodifusión y televisión, y el acceso de banda ancha inalámbrica.

Aunque la Comisión solicitó formalmente a Estonia que cumpliera la normativa de la UE en junio de 2012 (IP/12/630), dicho país no ha adaptado su legislación nacional para garantizar la imparcialidad del regulador de las telecomunicaciones, lo que puede tener consecuencias negativas para la competencia en el sector.

(para más información: IP/13/480 - R. Heath, tel - +32 22961716 - móvil +32 460750221)

  1. Fiscalidad: la Comisión lleva a Francia ante el Tribunal de Justicia por sus disposiciones fiscales discriminatorias en materia de propiedad

La Comisión Europea ha decidido llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE por sus normas fiscales discriminatorias en lo que respecta a los nuevos inmuebles residenciales. La normativa francesa permite una amortización acelerada para las inversiones en nuevos inmuebles residenciales situados en Francia, pero no para inversiones similares en el extranjero.

Las normas fiscales francesas permiten aplicar una amortización acelerada a los nuevos inmuebles residenciales situados en Francia destinados al alquiler durante un mínimo de nueve años, lo que da lugar a un trato fiscal favorable para dichas inversiones. En cambio, un contribuyente francés que invierte en inmuebles residenciales para alquilar situados en otro Estado miembro de la UE no puede aplicar una amortización acelerada y, por tanto, no puede disfrutar de dichas ventajas fiscales. En la práctica, esto significa que el contribuyente que invierte el mismo importe en inmuebles situados en el extranjero soporta mayor carga fiscal.

La Comisión considera que estas disposiciones son incompatibles con la libre circulación de capitales, un principio fundamental del mercado único de la UE. El recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE es la última etapa del procedimiento por incumplimiento.

(para más información: IP/13/473 - E. Traynor - tel. +32 22921548 - móvil +32 498983871)

  1. Medio ambiente: la Comisión lleva a Grecia ante el Tribunal por un vertedero del Peloponeso

La Comisión Europea teme que Grecia no proteja a sus ciudadanos de las consecuencias de una incorrecta gestión de los residuos en la región del Peloponeso. A pesar de los apercibimientos anteriores, el funcionamiento del vertedero de Kiato sigue incumpliendo la legislación de la UE sobre residuos y vertederos, por lo que representa un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Para instar a Grecia a que acelere la adopción de medidas en este ámbito, la Comisión lleva a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE, siguiendo la recomendación de Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente.

La Directiva sobre vertido de residuos impone estrictos requisitos técnicos a los vertederos, con objeto de evitar efectos adversos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire. Diversas inspecciones in situ han puesto de manifiesto que el vertedero de Kiato se ha quedado sin espacio, pero sigue funcionando sin un permiso válido, lo que genera una grave amenaza para la salud y el medio ambiente. Aunque las autoridades griegas reconocen e intentan resolver el problema, aún no se han tomado las medidas necesarias para limpiar este vertedero, que sigue incumpliendo la legislación de la UE en materia de residuos.

(para más información: IP/13/483 - J. Hennon - tel. +32 22953593 - móvil +32 498953593)

  1. Prestaciones de invalidez: la Comisión lleva a Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia por discriminar a las personas con discapacidad grave que viven en el extranjero

La Comisión Europea ha llevado a la República Eslovaca ante el Tribunal de Justicia de la UE por no abonar prestaciones de invalidez a las personas con discapacidad grave que viven en otro Estado miembro o en Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, lo que infringe la legislación de la UE sobre coordinación de la seguridad social.

Según la legislación eslovaca, hay tres prestaciones asistenciales para personas con discapacidad grave que solo se abonan a residentes en Eslovaquia, a saber, el subsidio de cuidados («peňažný príspevok na opatrovanie»), el subsidio por discapacidad («peňažný príspevok na osobnú asistenciu») y la asignación en metálico para compensar los mayores costes que soportan las personas con discapacidad grave («peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov»).

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, las prestaciones en metálico para cuidados de larga duración que mejoran el nivel de vida de las personas necesitadas de cuidados especiales, de forma que se compense el incremento de los gastos ocasionado por el estado en que se encuentran, debe considerarse como una prestación de enfermedad en el sentido del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. El derecho a las citadas prestaciones en metálico no puede estar supeditado a que la persona resida en el Estado miembro en el que solicita la prestación. Esta norma permite que las personas que precisan cuidados puedan trasladarse a otro Estado miembro, manteniendo su derecho a percibir prestaciones en metálico por cuidados de larga duración en el país en el que están aseguradas.

(para más información: IP/13/476 - J. Todd - tel. +32 22994107 - móvil +32 498994107)

  1. Prestaciones de la seguridad social: la Comisión lleva al REINO UNIDO ante el Tribunal por aplicar incorrectamente la legislación de la UE en materia de seguridad social

Según la normativa de la UE, han de concederse prestaciones de la seguridad social a las personas de otros Estados miembros de la UE si tienen su residencia habitual en el Reino Unido. Esta condición y los criterios de determinación de la residencia habitual fueron confirmados por unanimidad por los Estados miembros a nivel de la UE en 2009, en el marco de la actualización de las normas de la UE en materia de coordinación de la seguridad social (Reglamento (CE) nº 987/2009), por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social). Según dichos criterios, para considerar que una persona tiene realmente su residencia habitual en un Estado miembro, debe demostrar que tiene allí su centro de interés habitual.

La Comisión considera que estos criterios fijados por la legislación de la UE son lo bastante estrictos y, por tanto, garantizan que solo se considere que tienen su residencia habitual en un Estado miembro las personas que realmente han trasladado allí su centro de interés y ya no residen en el Estado miembro donde vivían antes. La aplicación minuciosa y estricta de dichos criterios de fijación de la residencia habitual constituye un potente instrumento que permite a los Estados miembros garantizar que las prestaciones de la seguridad social solo se conceden a personas que realmente residen de forma habitual en su territorio.

(para más información: IP/13/475 - J. Todd - tel. +32 2299410 - móvil +32 498994107)

  1. Otros asuntos con interés específico

  1. Transporte aéreo: la Comisión insta a Bélgica y Grecia a ratificar el acuerdo con los países de los Balcanes Occidentales sobre un espacio aéreo común

La Comisión Europea está preocupada porque Bélgica y Grecia no han ratificado el Acuerdo entre la Unión Europea, sus Estados miembros y los países de los Balcanes Occidentales, sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación («Acuerdo ZECA»). La falta de la ratificación del Acuerdo ZECA por parte de Bélgica y Grecia afecta a la apertura de los mercados de la aviación de los países de los Balcanes Occidentales. Si las autoridades belgas y griegas no depositan el instrumento de ratificación del Acuerdo ZECA conforme a las disposiciones de la UE pertinentes en los próximos dos meses, la Comisión podría recurrir ambos asuntos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: IP/13/479- H. Kearns - tel. +32 22987638 - móvil +32 498987638)

  1. Tarjeta sanitaria europea: la Comisión manifiesta su inquietud por la negativa a reconocer la TSE en los hospitales públicos españoles

La Comisión Europea ha solicitado información a España sobre las denuncias de negativa a reconocer la tarjeta sanitaria europea (TSE) en los hospitales que prestan asistencia sanitaria pública en ese país. A la Comisión le preocupa que España pudiera estar incumpliendo sus obligaciones derivadas de la legislación de la UE para proporcionar asistencia sanitaria urgente a los visitantes temporales de otros Estados miembros en las mismas condiciones que a los ciudadanos españoles dentro de la sanidad pública.

La solicitud de información de la Comisión es consecuencia de un número cada vez mayor de denuncias recibidas sobre hospitales que prestan servicios de asistencia sanitaria pública, principalmente en zonas turísticas de España, que se niegan a atender a ciudadanos con su tarjeta sanitaria europea y en su lugar solicitan un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito. La asistencia sanitaria pública suele ser gratuita en España y la tarjeta sanitaria europea da derecho a su titular a ser atendido en las mismas condiciones que los nacionales españoles. Sin embargo, en algunos casos, se ha informado erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta sanitaria europea no es válida si tienen seguro de viaje. Otros pacientes han creído que se les atendía con la tarjeta sanitaria europea, pero posteriormente han descubierto que se había facturado el tratamiento a su compañía de seguros de viaje.

(para más información: IP/13/474 - J. Todd - tel. +32 22994107 - móvil +32 498994107)

  1. Dictámenes motivados

  1. Energías renovables: se pide a Bélgica y Estonia que cumplan las normas de la UE sobre energías renovables

La Comisión ha solicitado hoy formalmente a Bélgica y Estonia que tomen medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de la UE sobre energías renovables. La Comisión Europea ha enviado hoy sendos dictámenes motivados a Bélgica y Estonia por no informarla sobre la plena transposición de la Directiva sobre energías renovables (Directiva 2009/28/CE).

La Directiva sobre energías renovables debía haber sido aplicada por los Estados miembros el 5 de diciembre de 2010, a más tardar. Sin embargo, Bélgica y Estonia no han comunicado a la Comisión todas las medidas de transposición necesarias para incorporar plenamente la Directiva a su legislación nacional. Si no cumplen dicha obligación jurídica en un plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a ambos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia. Estos dos dictámenes motivados son el complemento de procedimientos similares que afectan a Austria, Chequia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, los Países Bajos y Polonia.

    Más información: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(para más información: M. Holzner - tel. +32 22960196 - móvil +32 498982280)

  1. Igualdad de género: la Comisión prosigue su procedimiento judicial contra Austria en relación con los derechos de los trabajadores autónomos

La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Austria por no transponer plenamente la Directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. El 5 de agosto de 2012 finalizó el plazo de transposición de esta Directiva, y en septiembre de 2012 se envió una carta de emplazamiento a Austria. Hasta ahora, Austria solo ha incorporado parcialmente la Directiva a su Derecho interno. Ha notificado varias medidas de transposición, pero siguen faltando medidas a escala federal y regional.

La Directiva sobre trabajadores autónomos y cónyuges colaboradores (2010/41/UE) garantiza derechos de protección social a millones de mujeres del mercado laboral, reforzando el empredimiento femenino. Estas normas conceden a las trabajadoras autónomas, así como a las cónyuges o parejas de hecho de los trabajadores por cuenta propia, una prestación por maternidad y un permiso de maternidad de un mínimo de catorce semanas, si deciden aceptarlo. Actualmente, solo uno de cada tres emprendedores es mujer. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a Austria ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: M. Andreeva - tel. +32 22991382 - móvil +32 498991382)

  1. Directiva sobre conservación de datos: la Comisión pide a Bélgica que cumpla las normas de la UE

La Comisión Europea ha pedido a Bélgica que aproxime su legislación a la normativa de la UE sobre conservación de datos, dado que este país no ha comunicado a la Comisión medidas adecuadas para incorporar dichas normas a su legislación nacional. La solicitud de la Comisión adopta la forma de dictamen motivado (segunda etapa de las tres que componen el procedimiento por incumplimiento de la UE).

La Directiva sobre conservación de datos obliga a las empresas telefónicas y a los proveedores de servicios de internet a conservar datos sobre tráfico y localización de telecomunicaciones (pero no los datos sobre el contenido de las comunicaciones) a efectos de la aplicación de la ley. Se adoptó en 2006 y debería haberse transpuesto a la legislación nacional el 15 de septiembre de 2007, a más tardar, con la posibilidad de aplazar hasta el 15 de marzo de 2009 la conservación de los datos de comunicaciones relacionados con el acceso a Internet, las llamadas por internet y el correo electrónico por internet.

Hasta ahora, Bélgica no ha transpuesto plenamente dicha legislación. En particular, las autoridades belgas todavía deben adaptar su legislación nacional a las normas de la UE que obligan a las empresas a conservar los datos entre seis meses y dos años con garantías adecuadas de seguridad y protección de los datos. Bélgica tiene ahora dos meses para cumplir las normas de la Unión Europea. Si Bélgica no cumple, la Comisión podría decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: M. Cercone - tel. +32 22980963 - móvil +32 498982349)

  1. Libre circulación de mercancías: la REPÚBLICA CHECA debe eliminar las barreras a la importación de joyería desde otros Estados miembros

La Comisión Europea ha pedido a la República Checa que modifique sus normas y sus prácticas administrativas para que puedan venderse en su territorio artículos de joyería procedentes de otros Estados miembros. En este caso concreto, el laboratorio de contrastación checo se niega a reconocer los contrastes empleados en joyería por el laboratorio de contrastación neerlandés, alegando que tales contrastes no les permiten distinguir entre productos originarios de la UE y productos originarios de terceros países (por ejemplo, China y Hong Kong). Según la Comisión, las normas actuales crean un obstáculo a la libre circulación de mercancías en el mercado interior de la UE y son, pues, contrarias a los artículos 34 y 36 del TFUE.

En cuanto al comercio de productos fabricados con metales preciosos, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado previamente que un Estado miembro no puede exigir la aplicación de un nuevo contraste a productos importados de otro Estado miembro en el que ya han sido legalmente comercializados y contrastados conforme a la legislación de este último Estado, siempre que las indicaciones que figuren en dicho contraste equivalgan a las que resultan obligatorias en el Estado miembro de importación y sean comprensibles para los consumidores de este Estado. Así pues, la Comisión ha emitido un dictamen motivado en el que pide a la República Checa que modifique su legislación para permitir la libre circulación de mercancías en el mercado único. Si la legislación checa no se modifica convenientemente en el plazo de dos meses, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: C. Corazza - tel. +32 22951752 - móvil +32 498992862)

  1. Seguridad social: la Comisión pide a FINLANDIA que elimine las restricciones del derecho de los trabajadores migrantes a prestaciones por desempleo

La Comisión ha pedido a Finlandia que suprima una condición discriminatoria que afecta al derecho de los trabajadores migrantes a prestaciones por desempleo. Como en la mayoría de los Estados miembros de la UE, en Finlandia existe una condición general que exige a los trabajadores un período de empleo o autoempleo mínimo para poder optar a la prestación por desempleo. En Finlandia, sin embargo, los trabajadores migrantes que solicitan la prestación por desempleo deben además haber trabajado en Finlandia, como mínimo, cuatro semanas por cuenta ajena o cuatro meses por cuenta propia. Si no se cumple este requisito, el seguro del solicitante correspondiente a períodos de empleo o autoempleo en otro Estado miembro no se tiene en cuenta y, por consiguiente, la persona no tiene derecho a prestaciones por desempleo.

La Comisión considera que el requisito de períodos mínimos de empleo o autoempleo en Finlandia para que se tengan en cuenta los períodos previos en otro Estado miembro es contrario a la legislación de la UE. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 45) y el Reglamento (CE) nº 883/2004 (artículo 6) exigen a los Estados miembros que tengan en cuenta los períodos de seguro, residencia y empleo cumplidos conforme a la legislación de cualquier otro Estado miembro como si se hubieran cumplido conforme a su propia legislación. Este requisito constituye uno de los principios básicos para la coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea. Garantiza que, al ejercer el derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes no se vean privados de las ventajas de seguridad social a las que habrían tenido derecho si su vida laboral hubiera transcurrido en un solo Estado miembro.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Finlandia tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para cumplir las normas de la UE. De lo contrario, la Comisión puede decidir llevar a Finlandia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Todd - tel. +32 22994107 - móvil +32 498994107)

  1. Seguros: la Comisión pide a GRECIA que cumpla el Derecho de la UE

La Comisión Europea ha pedido hoy a Grecia que aplique correctamente la Primera y Tercera Directivas sobre seguros distintos del seguro de vida (73/239/CEE y 92/49/CEE) en su legislación sobre los servicios de asistencia en carretera. Según la legislación griega, las aseguradoras están obligadas a notificar de forma sistemática (anualmente) al supervisor de seguros responsable sus pólizas de seguro de asistencia en carretera. La Comisión considera que esto constituye un incumplimiento del Derecho de la UE.

Las normas comunes acordadas desde los años setenta incluyen condiciones de autorización inicial y de supervisión continua y prudencial, en particular por lo que respecta al estado general de solvencia, las provisiones técnicas y los activos que cubren estas provisiones. Incluyen, asimismo, la abolición de la aprobación previa o de la notificación sistemática de las condiciones y tarifas de las pólizas, lo que anima a las empresas de seguros a introducirse en mercados nuevos, aumentando así la competencia. Se pide, por tanto, a Grecia que suprima esta obligación. La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Si en el plazo de dos meses no se notifica ninguna medida que ponga término al incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión puede decidir llevar a Grecia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: C. Hughes - tel. +32 22964450 - móvil +32 498964450)

  1. Libre circulación de mercancías: la Comisión pide a GRECIA que elimine las barreras al comercio en relación con la exportación paralela de medicamentos

La Comisión ha enviado un dictamen motivado a Grecia por haber creado obstáculos a la exportación de productos farmacéuticos, denegando así a los posibles exportadores de los productos las ventajas de la exportación paralela. La legislación griega establece que los mayoristas solo pueden exportar medicamentos si se los han comprado directamente a empresas farmacéuticas. Esto no es posible si se los compran a otros mayoristas. Asimismo, los almacenes farmacéuticos que exportan productos farmacéuticos no pueden hacer de intermediarios en las exportaciones realizadas por otros almacenes farmacéuticos. Estos mayoristas pueden vender tales medicamentos como intermediarios dentro de Grecia, pero, al hacerlo, no pueden exportarlos. La restricción griega en cuestión tiene, pues, el mismo efecto que una restricción cuantitativa a las exportaciones, lo cual resulta discriminatorio e infringe, por tanto, el artículo 35 del TFUE.

Los Estados miembros pueden imponer a los titulares de autorizaciones de comercialización y a los distribuidores de medicamentos determinadas obligaciones que sean proporcionales al objetivo de salud pública perseguido: por ejemplo, garantizar un suministro apropiado y continuo de medicamentos en un Estado miembro concreto. Si una restricción es proporcional al objetivo de protección de la salud pública, es compatible con las normas de la UE. Sin embargo, si va más allá de lo necesario para garantizar un suministro continuo, se considera una medida injustificable de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación.

Por tanto, la Comisión ha enviado un dictamen motivado a Grecia por haber creado obstáculos a la exportación de productos farmacéuticos. Si, en el plazo de dos meses, este Estado miembro no informa a la Comisión de las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión podrá decidir llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: C. Corazza -tel. +32 22951752 - móvil +32 498992862)

  1. Medio ambiente: la Comisión pide a HUNGRÍA que transponga las normas de la UE sobre protección de los animales utilizados con fines científicos

La Comisión Europea urge a Hungría a que incorpore a su ordenamiento jurídico nacional la legislación de la UE sobre protección de los animales utilizados con fines científicos. La Directiva en cuestión tiene como finalidad minimizar el empleo de animales en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible, garantizando al mismo tiempo que la investigación en la UE siga siendo de la máxima calidad. El plazo para la transposición de la Directiva a la legislación nacional finalizó el 10 de noviembre de 2012. Como Hungría no respetó el plazo, se le envió una carta de emplazamiento el 31 de enero de 2013. En marzo de 2013, Hungría informó a la Comisión de las disposiciones nacionales pertinentes, pero a la Comisión continúa preocupándole que algunas disposiciones sigan sin incluirse en el Derecho húngaro. Concretamente, las leyes húngaras no parecen ofrecer protección suficiente a los primates utilizados en experimentos. La Comisión envía, pues, un dictamen motivado y, si Hungría no emprende ninguna acción en el plazo de dos meses, el asunto podrá remitirse al Tribunal de Justicia de la UE, que podrá imponer sanciones económicas.

(para más información: J. Hennon - tel. +32 22953593 - móvil +32 498953593)

  1. Tiempo de trabajo: la Comisión pide a ITALIA que respete el derecho de los médicos a unos períodos mínimos de descanso diario y semanal

La Comisión Europea ha pedido a Italia que respete el derecho de los médicos que trabajan en servicios públicos de salud a unos períodos mínimos de descanso diario y semanal, tal como exige la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE). Según la legislación italiana, varios derechos fundamentales contenidos en la Directiva sobre el tiempo de trabajo, como son el límite de cuarenta y ocho horas de trabajo medio semanal y los períodos mínimos de descanso diario de once horas consecutivas, no se aplican a los «directivos» del servicio nacional de salud. La Directiva permite, en efecto, a los Estados miembros excluir de estos derechos a los «ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión autónomo». Sin embargo, los médicos de los servicios públicos de salud italianos se clasifican formalmente como «directivos», sin que necesariamente tengan prerrogativas de dirección ni autonomía sobre su propio tiempo de trabajo. Esto significa que se les priva injustamente de los derechos que les confiere la citada Directiva.

Además, el Derecho italiano contiene otras disposiciones y normas que excluyen a los trabajadores del servicio público de salud del derecho al descanso mínimo diario y semanal. La Comisión ha recibido varias quejas de que, debido a la incorrecta aplicación de la Directiva, los médicos se ven obligados a trabajar un número de horas excesivo, sin el descanso adecuado.

La petición adopta la forma de un dictamen motivado conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Italia tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para hacer que la legislación nacional sea acorde con el Derecho de la UE. De lo contrario, la Comisión puede decidir llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: J. Todd - tel. +32 22994107 - móvil +32 498994107)

  1. Libre circulación: la Comisión sigue actuando contra LITUANIA para defender los derechos de los ciudadanos de la UE

La Comisión Europea ha dado a Lituania dos meses de plazo para cumplir las normas de la UE en materia de libre circulación de ciudadanos de la UE y sus familias por todo el territorio de la UE. La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado (segunda fase de las tres que componen el procedimiento por incumplimiento de la UE). Lituania no garantiza suficientemente que las autoridades nacionales no puedan expulsar más que a aquellos ciudadanos de la UE que constituyan un peligro real, grave y actual para la sociedad. La Directiva sobre la libre circulación tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos de la UE puedan disfrutar plenamente de su derecho a viajar, vivir y trabajar libremente en cualquier parte de la Unión Europea. Contiene también una serie de salvaguardas para el caso en que los Estados miembros deseen restringir el derecho a la libre circulación.

En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar a Lituania ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los Estados miembros deberían haber transpuesto plenamente la Directiva sobre la libre circulación (2004/38/CE) en abril de 2006, a más tardar.

(para más información: M. Andreeva - tel. +32 22991382 - móvil +32 498991382)

  1. Dinero electrónico: la Comisión pide a POLONIA que aplique las normas de la UE

La Comisión Europea ha pedido hoy a Polonia que aplique plenamente la Directiva sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión de dichas entidades (Directiva 2009/110/CE). Esta segunda Directiva sobre el dinero electrónico sustituye a la Directiva 2000/46/CE y tenía que aplicarse en todos los Estados miembros de la UE el 30 de abril de 2011, a más tardar.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado complementario conforme al procedimiento por incumplimiento de la UE. Ya se emitió un primer dictamen motivado al final de abril de 2012, después de que Polonia no informara de la transposición de la Directiva a la legislación nacional (IP/12/418). Más adelante, Polonia informó a la Comisión de que había incorporado parte de las disposiciones exigidas y de que la plena transposición estaba prevista para antes de que terminara 2012. Dado que desde entonces Polonia no ha notificado la plena transposición de la Directiva, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado complementario. Si, en el plazo de dos meses, no se notifica ninguna medida relativa a la plena transposición del Derecho de la UE, la Comisión puede decidir llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Más información:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

(para más información: C. Hughes - tel. +32 22964450 - móvil +32 498964450)

  1. Fiscalidad: la Comisión pide al REINO UNIDO que garantice que las embarcaciones privadas no utilicen combustible desgravado

La Comisión Europea ha pedido formalmente al Reino Unido que modifique su legislación para garantizar que las embarcaciones de recreo privadas, como los yates de lujo, dejen de poder comprar combustible desgravado destinado a los barcos pesqueros. De conformidad con las normas de la UE sobre el marcado fiscal de los combustibles, debe marcarse con un color el combustible que puede beneficiarse de un tipo impositivo reducido. A los barcos pesqueros, por ejemplo, les está permitido utilizar un combustible sujeto a un tipo impositivo más bajo, mientras que las embarcaciones privadas deben emplear un combustible sujeto al tipo estándar.

En la actualidad, el Derecho del Reino Unido no obliga a los distribuidores de combustible a tener dos depósitos separados, uno con combustible marcado sujeto a un tipo impositivo menor y otro con combustible normal sujeto a un tipo impositivo estándar. En consecuencia, las embarcaciones de recreo privadas no solo pueden utilizar un combustible que está destinado a barcos pesqueros, sino que también se arriesgan a que les impongan sanciones elevadas si se desplazan a otro Estado miembro y son sometidas a control por las autoridades locales.

La petición de la Comisión adopta la forma de un dictamen motivado. En ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podrá llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE.

(para más información: E. Traynor - tel. +32 22921548 - móvil +32 498983871)


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