Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ayudas estatales: la Comisión realiza una consulta sobre las ayudas al cine – Preguntas más frecuentes (actualización a 15 de mayo de 2012)

Commission Européenne - MEMO/12/186   14/03/2012

Autres langues disponibles: FR EN DE DA NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

MEMO/12/186

Bruselas, 14 de marzo de 2012

Ayudas estatales: la Comisión realiza una consulta sobre las ayudas al cine – Preguntas más frecuentes (actualización a 15 de mayo de 2012)

(véase también el documento IP/12/245)

¿Cuál es el objetivo de esta consulta?

Los criterios para evaluar la compatibilidad de los regímenes de ayuda a la producción cinematográfica y audiovisual a nivel nacional, regional y local con las normas de la UE sobre ayudas estatales expirarán el 31 de diciembre de 2012. Estos criterios se establecieron en la Comunicación de la Comisión de 2001 sobre el cine (véase IP/01/1326). Su vigencia se ha prorrogado tres veces, la última en 2009 (véase IP/09/138).

En junio de 2011, la Comisión puso en marcha una primera ronda de consulta pública sobre la base de un documento de debate (véanse IP/11/757 y MEMO/11/428), como primer paso para la revisión de las normas en materia de ayudas estatales. El proyecto de Comunicación publicado hoy se basa en las propuestas formuladas en el documento de debate y en las contribuciones recibidas en la primera ronda de consulta pública.

Esta segunda ronda de consulta invita al envío de observaciones sobre el nuevo proyecto de Comunicación. El plazo para formular dichas observaciones expira el 14 de junio de 2012. Tras analizar las observaciones recibidas, la Comisión tiene previsto adoptar una Comunicación revisada en el segundo semestre de 2012.

¿Qué supuso la Comunicación de la Comisión sobre el cine de 2001?

Las normas de la UE sobre ayudas estatales mantienen un mercado único en el que las empresas de todos los países de la UE pueden competir y realizar intercambios en pie de igualdad, impidiendo que los Estados miembros favorezcan, de forma selectiva, a unas empresas en detrimento de sus competidoras dentro de la UE. En general, el apoyo financiero proporcionado por los Estados o por organismos estatales que amenace falsear la competencia al favorecer a empresas o sectores concretos está prohibido por la legislación de la UE.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite algunas excepciones a este principio, particularmente en lo que respecta a las ayudas estatales concedidas con vistas a fomentar la cultura. Dichas ayudas pueden considerarse compatibles en determinadas circunstancias establecidas en el artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE, y en la Comunicación sobre el cine de 2001.

¿Qué se entiende por «obligación de territorializar los gastos» en la legislación de la UE?

La obligación de territorializar los gastos es cualquier condición que limite la posibilidad de elección del origen de los bienes, servicios o personas por el beneficiario de la ayuda y que, por lo tanto, pueda afectar a las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común, al suponer una infracción del derecho a la libre circulación en el mercado interior. Esto se señala en el apartado 42 del proyecto de Comunicación, en donde se afirma que los regímenes de ayuda no deben limitar indebidamente la libertad de los beneficiarios de la ayuda para la adquisición de bienes y servicios en cualquier parte del mercado interior. Sin embargo, las condiciones de ayuda basadas en el lugar de uso o consumo de los bienes o en la prestación de los servicios, con independencia de su origen, no se consideran obligaciones de territorializar los gastos.

Por ejemplo, si un Estado miembro establece que las ayudas solo están disponibles para la actividad de producción en dicho Estado miembro, esto no vulnera los principios básicos del Tratado (y no es una obligación de territorializar los gastos) porque los productores siguen siendo libres de adquirir los correspondientes bienes y servicios en cualquier lugar del EEE (y no solo a empresas de ese Estado miembro).

Ejemplos:

1) Un régimen regional de ayuda al cine exige que todas las películas a las que apoya incluyan al menos 10 días de actividad de producción de la película en la región. Sin embargo, el productor es libre de utilizar para la producción bienes, servicios y personas de cualquier lugar del EEE. Esto no constituye una obligación de territorializar los gastos ya que no existe ninguna restricción sobre el origen de los bienes y servicios utilizados en la producción.

2) Un régimen nacional de ayuda al cine exige que todas las películas a las que apoya gasten el 50 % del total del presupuesto de producción de la película en bienes y servicios prestados por empresas establecidas en dicho Estado miembro. Esta es una obligación de territorializar los gastos, ya que existe una restricción territorial sobre el origen de los bienes y servicios utilizados en la producción.

¿Por qué propone la Comisión modificar el criterio de territorializar los gastos recogido en la Comunicación?

Los principios fundamentales del mercado interior, que garantizan la libre circulación de bienes, trabajadores, servicios y capitales, requieren que los regímenes de ayuda no limiten indebidamente la libertad de los beneficiarios de la ayuda para adquirir bienes y servicios en cualquier lugar del mercado interior.

El criterio de territorializar los gastos recogido en la Comunicación existente permite a los Estados miembros exigir que hasta el 80 % del presupuesto de producción de una película o producción para la televisión subvencionadas sea empleado en bienes y servicios prestados por empresas establecidas en el Estado miembro que otorga la ayuda, a pesar del porcentaje mucho más limitado de dicho presupuesto que es subvencionado.

Por ejemplo, incluso si un Estado miembro ofrece solo una subvención relativamente pequeña, de 300 000 EUR, para la producción de una película de 3 millones EUR, esto significa que puede insistir en que 2,4 millones EUR del presupuesto de producción sean gastados en bienes y servicios proporcionados por empresas de dicho Estado miembro, como condición para otorgar la ayuda. Solo 0,6 millones EUR del presupuesto de producción podrían pues ser gastados en bienes y servicios proporcionados por empresas establecidas fuera de ese Estado miembro.

Varias sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia desde 2001, como, por ejemplo, la relativa a Laboratoires Fournier, indican que el Tribunal probablemente considerará que dicha restricción con respecto al origen de los bienes y servicios es desproporcionada. Por tanto, el documento de debate proponía limitar la obligación de gasto territorial máximo al 100 % del importe de la ayuda, en vez del actual 80 % del presupuesto de producción. Las respuestas a la consulta pública fueron muy variadas, desde el apoyo a la norma vigente hasta la recomendación de una prohibición total de que los regímenes de apoyo al cine incluyan obligaciones de territorializar los gastos.

¿Qué obligaciones de territorialización de gastos permite el proyecto de Comunicación?

Con el fin de que en la UE se consoliden las competencias necesarias para la producción de películas, el proyecto de Comunicación propone una excepción especial: que un régimen de ayudas a la producción cinematográfica pueda negarse a apoyar películas que no gasten al menos el 100 % del importe de la ayuda a nivel local (criterio de admisibilidad). Se trataría en ese caso de una obligación de territorializar los gastos que, normalmente, no permite la legislación de la UE, habida cuenta de las restricciones a la libre circulación que de ello podrían derivarse. Sin embargo, el proyecto de Comunicación propone que esta podría ser una excepción proporcionada a los principios generales en vista del carácter extremadamente móvil de la producción cinematográfica.

Ello no impediría que un comité de selección concediese ayuda a una película que considere más meritoria de entre las propuestas de proyectos recibidas. En la práctica, en general, las producciones cinematográficas financiadas con cargo a un régimen gastan en el territorio un presupuesto superior a la cuantía de la ayuda.

Como parecen haberse dado algunos malentendidos, vale la pena observar que tanto el criterio territorial de la Comunicación de 2001 como la propuesta de criterio territorial del proyecto de Comunicación brindan a los Estados miembros la oportunidad (no la obligación) de imponer requisitos de territorializar los gastos para la producciones cinematográficas.

Ejemplos:

3) En el ejemplo 2 anterior (régimen nacional de ayudas al cine que exige que la película gaste el 50 % del total de su presupuesto de producción en bienes y servicios prestados por empresas establecidas en ese Estado miembro), imaginemos que la intensidad de ayuda equivale al 50 % del presupuesto de producción. En este caso, el proyecto de Comunicación permite que el régimen requiera que hasta el 100 % del importe de la ayuda (es decir, hasta el 50 % del presupuesto de producción) se utilice en bienes y servicios prestados por empresas locales. Por consiguiente, el régimen cumple el criterio de territorializar los gastos de la propuesta de Comunicación, aunque incluye una obligación de territorializar los gastos, y la Comisión puede declararla compatible con el mercado interior.

4) Como condición de su ayuda, un régimen local de ayuda al cine exige que al menos el 200 % del importe de la ayuda deba gastarse en bienes y servicios prestados por empresas establecidas en dicha localidad. Al igual que en el ejemplo 3, se trata de una obligación de territorializar gastos porque existe una restricción con respecto al origen de los bienes y servicios utilizados en la producción. Sin embargo, contrariamente al ejemplo 3, la Comisión no aprobará el régimen local de ayuda al cine a menos que el Estado miembro reduzca la obligación de territorializar los gastos para encajar en «el 100 % del importe de la ayuda» de la propuesta de Comunicación.

¿Cómo puede aplicarse esta norma a regímenes tales como la incentivación fiscal a la industria cinematográfica?

El proyecto de Comunicación establece una norma específica para los regímenes de ayuda al sector audiovisual según la cual el importe de la ayuda se calcula sobre la base de los gastos de producción en un territorio dado, tales como los incentivos fiscales para el sector cinematográfico.

El requisito propuesto en el proyecto de Comunicación (es decir, que en estos regímenes, cualquier gasto de producción en el EEE deberá poder acogerse a la ayuda) refleja la sentencia del Tribunal en el asunto Laboratoires Fournier. Además, como para todos los regímenes de apoyo a la producción cinematográfica y televisiva, el proyecto de Comunicación establece que el Estado miembro todavía puede exigir que hasta el 100 % del importe de la ayuda se utilice en bienes y servicios originarios de su territorio.

Nótese que, con arreglo a los principios generales de la fiscalidad, los Estados miembros no están obligados a conceder ningún incentivo fiscal para gastos que no estén directamente ligados a actividades que generen ingresos imponibles en su territorio.

Ejemplos:

5) Un régimen de incentivos fiscales para películas en que los gastos subvencionables se hayan definido como los de preproducción, fotografía principal y postproducción por el beneficiario en bienes y servicios utilizados o consumidos en el Estado miembro. Ello está en consonancia con los principios generales de la fiscalidad y de la libre circulación, puesto que el origen de estos bienes y servicios no está limitado.

6) Un régimen de ayudas al cine en el que el importe de la ayuda sea proporcional al gasto de producción en bienes y servicios del EEE puede exigir que todas las actividades de producción tengan lugar en su territorio y que el 100 % del importe de la ayuda se utilice en bienes y servicios originarios de ese territorio.

¿Qué ocurre con la competencia entre Estados miembros para atraer grandes producciones cinematográficas?

Algunas respuestas a la primera consulta alegaban que Europa perdería grandes producciones si la Comisión prohibiera que los Estados miembros utilizaran ayudas estatales para atraerlas. Como es notorio, existe claramente una competencia internacional para atraer grandes producciones, incluso entre varios Estados federales de Estados Unidos, Canadá, los Estados miembros de la UE y otros países de todo el mundo. Varios Estados miembros de la UE han indicado de forma independiente y confidencial a los servicios de la Comisión al notificar sus regímenes de ayuda al cine que están reforzando o introduciendo su régimen para seguir siendo competitivos con otros Estados miembros.

El proyecto de Comunicación propone que los gastos de producción en el EEE, y no solo en el Estado miembro que concede la ayuda, puedan optar a ayudas con arreglo a regímenes en los que el importe de la ayuda se calcule sobre la base de los gastos de producción de bienes y servicios originarios de ese territorio concreto. Esto permitiría a películas filmadas en distintos Estados miembros beneficiarse de diferentes mecanismos de ayuda estatal. Así, los lugares de producción europeos seguirían siendo atractivos para los productores y, al mismo tiempo, se reduciría considerablemente el riesgo de falseamiento de la competencia en el mercado interior.

Además, el proyecto de Comunicación propone el siguiente plan decreciente si la película objeto de ayuda no es una obra europea:

Parte del presupuesto de producción

Intensidad máxima de ayuda

Menos de 10 millones EUR

50,00 %

10-20 millones EUR

30,00 %

Más de 20 millones EUR

10,00 %

Por ejemplo, en el caso de una película con un presupuesto de producción de 100 millones EUR que no pueda considerarse una obra europea de conformidad con la definición propuesta en el anexo del proyecto de Comunicación, el importe máximo acumulativo de la ayuda sería 5 millones EUR (50 %) de los primeros 10 millones del presupuesto, 3 millones (30 %) de los siguientes 10 millones del presupuesto y 8 millones (10 %) de los 80 millones EUR restantes del presupuesto, es decir, un total de 16 millones EUR.

¿Se ajusta el tercer punto del apartado 42 a la Directiva sobre trabajadores desplazados?

Este punto (que especifica que los regímenes de ayudas no deben, por ejemplo, exigir que los trabajadores de empresas extranjeras que presten servicios cinematográficos respeten las normas laborales nacionales) repite los términos de la Comunicación de 2001. Sin embargo, debe remitirse a la Directiva sobre trabajadores desplazados, cuya interpretación figura en la página web de la DG Empleo de la Comisión Europea.

Con respecto al apartado 44, párrafo segundo, del proyecto de Comunicación, ¿qué sucedería con las películas originarias de países con más de una lengua oficial?

El proyecto de Comunicación debería haber hecho referencia a una lengua oficial de los Estados miembros o regiones, no a la lengua nacional de los Estados miembros.

¿Cómo debe aplicarse la intensidad de la ayuda a guiones y desarrollo prevista en el apartado 44, párrafo tercero?

La propuesta es que la elaboración de guiones y el desarrollo podrían recibir hasta un 100 % de financiación pública. Para los proyectos que se plasmen en producciones de películas, el coste de adquisición del guión o de desarrollo del proyecto debería incluirse en el presupuesto de producción y el porcentaje de financiación pública debería incluirse en el cálculo de la intensidad de la ayuda.

Por ejemplo, un guionista recibe 10 000 EUR procedentes de fondos públicos (80 % del coste) para escribir un guión y un productor adquiere posteriormente el guión por 5 000 EUR. El coste del guión se incluirá en el presupuesto de producción por importe de 5 000 EUR. A la hora de calcular la intensidad de ayuda de la película, puesto que el guión recibió el 80 % de financiación pública, debe considerarse que la película ha recibido 4 000 EUR (es decir, el 80 % del precio de adquisición de 5 000 EUR) en concepto de ayuda.

¿Cómo se supone que debería funcionar la intensidad de la ayuda propuesta para distribución y promoción de películas con arreglo al apartado 44, párrafo cuarto?

Si una película con un presupuesto de producción de 20 millones EUR recibe 10 millones EUR de ayuda estatal (procedente de todas las fuentes estatales), la intensidad de ayuda será del 50 %. La propuesta del apartado 44, párrafo cuarto, es que un distribuidor podría entonces aportar, por ejemplo, un presupuesto de distribución de 20 000 EUR para la película y esperar obtener el 50 % de dicho importe como ayuda.

Si la película se rueda en un país tercero y no recibe ninguna ayuda de la UE con fines de producción, de conformidad con el apartado 44, párrafo cuarto, habría recibido (quizás) el 50 % del apoyo a la producción y, por lo tanto, debería esperar recibir 10 000 EUR de ayuda a la distribución (50 % de 20 000 EUR).

¿Se refiere el apartado 44, párrafo 5, del proyecto de Comunicación a la ayuda a la distribución o a la ayuda a la producción?

El apartado 44, párrafo 5, se refiere a la ayuda a la producción en el caso de las obras no europeas. Debería figurar después del apartado 44, párrafo 2, y no después del apartado 44, párrafo 4, como aparece en el proyecto publicado.

¿Propone el apartado 44, párrafo 6, del proyecto de Comunicación excluir la ayuda para la posproducción y fotografía principal?

No. La frase del proyecto de Comunicación intenta aclarar la frase correspondiente de la Comunicación de 2001.

El objetivo es que las ayudas no deben reservarse para partes individuales de la cadena de valor de la producción. La elaboración de guiones y el desarrollo quedan excluidos de esta disposición.

Por ejemplo, un Estado miembro no debería ofrecer a los productores incentivos adicionales explícitamente para trabajos de postproducción en dicho Estado miembro, ya que ello constituiría una ayuda indirecta al sector de la postproducción en ese Estado miembro. La ayuda debería destinarse a actividades de producción como un todo.

¿Qué ocurre con las películas realizadas en virtud de tratados de coproducción entre Estados miembros y terceros países no contempladas en la definición de «obra europea» del anexo?

La definición incluida en el proyecto de Comunicación se basa en la definición de «película europea» del Programa MEDIA 2007. En el contexto de las ayudas estatales, puede ser apropiado añadir a dicha definición las películas realizadas en virtud de tratados de coproducción entre Estados miembros y terceros países.

Esta definición solo se ha incluido como una propuesta destinada a frenar la competencia entre Estados miembros para atraer las grandes producciones internacionales mencionadas anteriormente. Una definición alternativa de «obra europea» que podría ser adecuada es la que figura en la Directiva de servicios de medios audiovisuales. Serían bien recibidas otras sugerencias sobre un mecanismo para frenar la competencia entre Estados miembros, posiblemente sin que se requiera una distinción entre obras europeas y no europeas.

¿Qué ocurre con las ayudas estatales para las obras «transmedia», las realizadas en distintos soportes y los juegos?

Puesto que los proyectos «transmedia» y los realizados en distintos soportes están inevitablemente vinculados a la producción de una película, el componente de producción cinematográfica se considera una obra audiovisual que está incluida en el ámbito de aplicación del proyecto de Comunicación.

La mayoría de las respuestas a la consulta pública sobre el documento de debate eran contrarias a ampliar el ámbito de la Comunicación a los juegos. Los juegos presentan características distintas a las películas en lo que respecta a la producción, la distribución, la comercialización y el consumo.

La Comisión no cuenta con una masa crítica de decisiones de ayudas estatales relativas a los juegos y, por tanto, tiene una experiencia insuficiente para definir criterios de evaluación y exención comunes para este tipo de ayuda. Por lo tanto, sería prematuro integrar este sector en la presente Comunicación.

Sin embargo, toda medida de ayuda estatal en apoyo de los juegos seguirá examinándose caso por caso.

¿Por qué cuestiona la Comisión las ventanas de explotación tradicionales?

En la primera consulta pública, una serie de respuestas plantearon la cuestión de que los regímenes de ayudas impongan «ventanas de explotación» específicas como condición de la ayuda. Los productores y distribuidores alegaron que las estrategias de comercialización y explotación de las películas deben dejarse en manos del mercado, ya que varían de una obra audiovisual a otra. Un estudio sobre la concesión de licencias pluriterritoriales llevado a cabo por cuenta de la Comisión incluye una lista de los Estados miembros que imponen dichas condiciones.

Las ventanas de explotación obligatorias como condición de la ayuda pueden tener un impacto en la visibilidad y la circulación de las obras audiovisuales y, por ende, en la eficacia de la ayuda a la hora de garantizar que se ofrece a las audiencias europeas una elección de obras audiovisuales más diversa culturalmente. Por tanto, el proyecto de Comunicación recomienda a los Estados miembros que no impongan limitaciones innecesarias a la distribución y comercialización de obras audiovisuales como condición para apoyarlas.

¿Cuál es el calendario para la revisión de la Comisión?

El calendario orientativo está disponible en la página web sobre la consulta pública y se irá actualizando conforme avance la revisión:

  • Marzo-junio de 2012: consulta pública sobre el proyecto de Comunicación

  • Junio de 2012: publicación de las respuestas a la consulta

  • Segundo semestre de 2012: adopción de la nueva Comunicación sobre el cine


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site