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MEMO/11/238

Bruselas, 13 de abril de 2011

Revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos: preguntas y respuestas

¿Qué es la Directiva sobre los impuestos energéticos?

Los impuestos energéticos ya existen en todos los Estados miembros de la UE y están armonizados hasta cierto punto en la UE. La Directiva sobre imposición de los productos energéticos, adoptada en 2003, se concibió en primer lugar para prevenir distorsiones de la competencia en el sector energético dentro del mercado interior. Establece unas normas comunes sobre lo que debe someterse a tributación y sobre cuándo se pueden autorizar excepciones y cuáles pueden ser estas. Existen unos tipos mínimos, basados principalmente en la cantidad de energía consumida, para los productos utilizados en la calefacción, la electricidad y los carburantes. Por encima de esos tipos mínimos, los Estados miembros son libres de fijar sus propios tipos como les parezca más conveniente.

¿Por qué quiere la Comisión revisar esas normas?

La Directiva sobre imposición de los productos energéticos está desfasada y no responde a las altas ambiciones de las políticas de energía y cambio climático de la UE. También debe revisarse para solucionar los problemas que han surgido en el mercado interior. Por último, su ámbito de aplicación actual es incoherente con el del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), el mayor programa internacional de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En primer lugar, los tipos mínimos actuales aplicados a los productos energéticos se basan principalmente en el volumen (EUR/1000l) y se fijan de acuerdo con los tipos históricos de los Estados miembros. Esto da lugar a una competencia desleal entre las fuentes fósiles y ventajas fiscales injustificables para determinados tipos de combustible frente a otros. Por ejemplo, según los criterios mínimos, el carbón es el que menos impuestos paga, y el etanol, el que más. La energía procedente de fuentes renovables sufre especial discriminación con arreglo a la Directiva sobre la imposición de los productos energéticos, ya que está sometida al mismo tipo impositivo que las fuentes que debe sustituir (p. ej., el biodiesel paga los mismos impuestos que el diesel, etc.). Como este tipo se basa en el volumen más que en el contenido energético, los productos con un contenido energético más bajo como las fuentes renovables soportan una mayor presión fiscal que los combustibles con los que compiten. Este extremo se subsanará en la Directiva de la Comisión revisada, porque la imposición de los productos energéticos se vinculará al contenido energético.

En segundo lugar, desde el punto de vista del cambio climático, la Directiva sobre imposición de los productos energéticos vigente no responde en absoluto a la necesidad de reducir las emisiones de CO2. De hecho, como se ha expuesto, determinados combustibles fósiles pagan menos impuestos que sus competidores más limpios. Una normativa comunitaria permitiría a los Estados miembros aplicar un impuesto sobre el CO2 para cumplir sus obligaciones en materia de reparto de los esfuerzos, sin poner en peligro su competitividad dentro de la UE.

Por último, revisando la Directiva sobre imposición de los productos energéticos añadiéndole un elemento relacionado con el CO2 se evitaría que la variedad de políticas nacionales cree obstáculos y distorsiones en el mercado interior. Los Estados miembros ya están introduciendo sus propios impuestos nacionales sobre el CO2, pero unas interpretaciones divergentes pueden traducirse en doble tributación y en altos costes de cumplimiento para las empresas con actividades transfronterizas. Un planteamiento europeo sobre la fiscalidad del CO2 creará unas condiciones equitativas para la industria en toda la UE y facilitará esas actividades transfronterizas. La fiscalidad del CO2 no se aplicará a la energía procedente de fuentes renovables, lo que les proporcionará una ventaja adicional frente a los combustibles convencionales con los que compiten.

¿Cuáles son los principales objetivos de la nueva Directiva sobre imposición de los productos energéticos propuesta?

La Directiva revisada tiene por objeto reexaminar la manera en que se pagan impuestos por la energía para apoyar el objetivo de avanzar hacia una economía hipocarbónica y eficiente desde el punto de vista energético y prevenir problemas para el mercado interior.

  • Cambio climático: Al introducir el elemento de CO2 en la fiscalidad de los productos energéticos, la propuesta persigue que esta fiscalidad se ajuste a los compromisos de la UE en materia de cambio climático. Se fijará un precio al CO2 emitido por los sectores no comprendidos en el RCDE UE: cuanto más altas sean las emisiones de un combustible concreto, mayor será el impuesto sobre el CO2, con lo que se primarán las fuentes de energía más ecológicas y se intensificarán los esfuerzos por cumplir los objetivos de la UE en materia de reducción del CO2, eficacia energética y energías renovables.

  • Eficiencia energética: La energía es un bien escaso y los impuestos deben reflejarlo. Ligar la presión fiscal al contenido energético de los combustibles será un gran incentivo para que todos los sectores sean más eficientes desde el punto de vista de la energía.

  • Mercado interior: La creación de una normativa de la UE en materia de imposición del CO2 impedirá un mosaico de políticas fiscales en los Estados miembros, lo que facilitará una mayor seguridad jurídica a las empresas y reducirá los costes de cumplimiento. La propuesta también introducirá una distinción entre los sectores cubiertos por el RCDE UE y los que no lo están, lo que evitará la doble imposición.

  • Fomento del crecimiento y del empleo: Los Estados miembros podrán decidir proceder a un cambio fiscal que favorezca el crecimiento, aumentando la fiscalidad de la energía y reduciendo la presión fiscal sobre el trabajo de acuerdo con la Estrategia 2020.

¿Qué cambios traerá la nueva propuesta?

La fiscalidad de la energía se dividirá en dos elementos, uno basado en el contenido de CO2 y otro en el contenido energético.

CO2: Se introducirá un tipo mínimo único para las emisiones de CO2 (20 EUR/t CO2) en todos los sectores que no cubra el RCDE UE. Así se proporcionará un precio del carbono a esos sectores económicos, especialmente los hogares, el transporte, las pequeñas empresas y la agricultura, que quedan fuera del RCDE UE. Las fuentes renovables de energía no estarán sujetas a este impuesto sobre el CO2.

ENERGÍA: Los tipos impositivos mínimos de la energía se basarán en el contenido energético del combustible (EUR/GJ) más que en el volumen. Esto significa que un combustible pagará impuestos sobre la base de la cantidad de energía que genere y la mayor eficiencia energética se primará automáticamente. El elemento energético de la fiscalidad contribuirá a eliminar las distorsiones actuales de la competencia de las fuentes de energía (p. ej., gasolina y diesel) y hará la fiscalidad más justa para los consumidores, porque el contenido energético es más importante que el volumen en lo que respecta al consumo de energía. Un gigajulio (GJ) tributaría de la misma manera, sin importar el producto que lo genere.

Tanto el contenido energético como el de CO2 se combinará para dar lugar a un tipo global de imposición del producto. Los Estados miembros podrán fijar libremente sus propios tipos por encima de los mínimos de la UE y diseñar su propia estructura para estos impuestos (por ejemplo, podrán decidir aumentar únicamente el impuesto relacionado con el contenido energético por encima del mínimo, pero no el impuesto sobre el CO2 o al revés). No obstante, deberán aplicarse los mismos tipos y estructura a todos los combustibles usados con el mismo fin (carburantes u otros combustibles).

Unos períodos de transición largos para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejará tiempo a la industria para ajustarse a la nueva estructura fiscal.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la propuesta?

El elemento energético de la fiscalidad se aplicará a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción. Los usos de los productos energéticos que no estén relacionados con los combustibles seguirán sin entrar en el ámbito de aplicación de la fiscalidad de la energía, como ocurre actualmente (p. ej., los procesos metalúrgicos).

El elemento fiscal relacionado con el CO2 servirá de complemento al régimen de comercio de derechos de emisión al aplicarse a los sectores que quedan fuera del mismo (transporte, hogares, agricultura y pequeñas industrias). De esta manera, todas las emisiones de las instalaciones industriales estarán sujetas a una señal de precios del CO2.

¿Por qué ahora?

Son varias las razones justifican que sea ahora el momento oportuno para que la Comisión presente su propuesta. En primer lugar, los Estados miembros están diseñando y ejecutando sus estrategias encaminadas a cumplir los objetivos de la UE en materia de energía y cambio climático de cara al período de 2013-2020 y esta propuesta facilita una respuesta clara en cuanto al posible papel de los impuestos. En segundo lugar, la Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada se ha concebido para servir de complemento a la tercera fase del RCDE UE (2013-2020), que establece unos límites máximos globales de la UE y contempla el paso de los derechos de emisión a las subastas. Por lo tanto, urge presentar una propuesta ahora para que el Parlamento y el Consejo tengan tiempo para dar su visto bueno.

Desde el punto de vista del mercado interior, también es importante establecer ahora una normativa común en materia de impuestos sobre el CO2. Los Estados miembros están empezando a introducir sus propios impuestos sobre el CO2 y sus planteamientos podrían diferir. Un mosaico de políticas nacionales podría crear dificultades a las empresas con actividades transfronterizas y distorsiones de la competencia dentro de la UE, por lo que conviene introducir ahora el planteamiento de la UE, antes de que resulten necesarios reajustes complejos de las leyes nacionales.

En último lugar, la revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos también forma parte de la Estrategia Europa 2020 y responde a la petición realizada por el Consejo Europeo de marzo de 2008. También se hace eco de la Conferencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Cancún (México) en noviembre y diciembre de 2010. De esta manera, contribuirá a un crecimiento sostenible y al fomento de una economía más ecológica, competitiva y eficiente en cuanto al uso de los recursos. Puesto que muchos Estados miembros están definiendo ahora sus estrategias políticas para recuperarse de la crisis económica y financiera, la Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada también ofrece oportunidades de combinar los objetivos económicos y los medioambientales. Les permitiría, de decidirlo así, transferir parte de la presión fiscal del trabajo o el capital a una fiscalidad que fomente un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y eficiente desde el punto de vista energético. Muchas partes interesadas, el Parlamento y varios Estados miembros, ONG y sectores del empresariado instan a la Comisión a presentar esta propuesta lo antes posible.

¿Cómo fomentará esta propuesta la eficiencia energética?

La Comisión se ha comprometido a fomentar la eficiencia energética a fin de mejorar tanto la competitividad de la UE como la seguridad de su abastecimiento, al tiempo que cumple sus objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero. La fiscalidad es un poderoso instrumento para orientar a los consumidores hacia un uso más eficiente de la energía. Gravar los productos energéticos según su contenido energético es lo más eficaz para incentivar un uso más eficiente de la energía, pues se da a los usuarios una señal de precio clara vinculada al «valor energético» real del producto que consume.

En lo que respecta al elemento energético de la fiscalidad, la propuesta también reforzará la pertinencia de los tipos mínimos al velar por que las empresas ya no puedan acogerse a reducciones por debajo de los mínimos. Además, la posibilidad de conceder tipos impositivos reducidos, que haría falta fijar de todos modos por encima de los mínimos, deberá supeditarse claramente al cumplimiento de objetivos de eficiencia energética, por ejemplo, mediante acuerdos industriales con objetivos de ahorro comprobables.

¿Cómo tendrá en cuenta la nueva propuesta la contaminación?

La propuesta tendrá en cuenta las emisiones de CO2 de los combustibles en la fiscalidad aplicando un elemento relacionado con el CO2 a los combustibles que no contempla el RCDE UE. Como las emisiones de CO2 son transfronterizas por naturaleza, tiene sentido que se aborden mediante una normativa fiscal común de la UE. Por otra parte, en lo que se refiere a la contaminación atmosférica local, resulta más adecuado que la Comisión deje elegir el instrumento a los Estados miembros. De hecho, se puede recurrir a otros instrumentos como las tasas viales y de congestión para tratar esos problemas de forma más precisa que la fiscalidad energética.

¿Por qué la Comisión propone tipos mínimos en vez de la plena armonización de los impuestos energéticos?

El planteamiento de los tipos mínimos se decidió como una solución de compromiso en 1993 tanto para limitar las distorsiones en el mercado interior como para dejar a los Estados miembros cierta flexibilidad para cubrir sus necesidades presupuestarias. Aunque el planteamiento general sigue siendo válido, es importante que los tipos mínimos establecidos en el Derecho de la UE sigan teniendo significado y que se actualicen periódicamente para tener en cuenta la evolución económica, política e internacional.

¿Cuál será la incidencia en los carburantes de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada?

Su incidencia dependerá de varios factores, entre los que se cuentan la presión fiscal existente y la manera en que los Estados miembros decidan estructurar sus impuestos en torno a los nuevos mínimos. El efecto principal en todos los Estados miembros será que tendrán que poner fin al actual trato fiscal distorsionador de la gasolina y el diesel. Este último paga ahora menos impuestos por litro que la gasolina en todos los Estados miembros salvo uno (el Reino Unido), pese a su mayor contenido energético y de CO2 en volumen. Esto ha llevado a una situación en que las señales de precios ya no pueden desempeñar su función: mientras que el precio del diesel (antes de impuestos) es más alto que el de la gasolina (debido a un exceso de demanda en la UE), esta proporción se invierte en las gasolineras debido a la fiscalidad. Esto se traduce a su vez en una mayor demanda de diesel pese a su penuria en la UE. La propuesta acabará con esta distorsión al aplicar una fiscalidad neutra a la gasolina y el diesel, así como a otros carburantes, tras un período transitorio de diez años para permitir a los agentes del mercado adaptar sus procedimientos industriales. La mayoría de los Estados miembros podrá conseguirlo mediante un aumento del tipo aplicado al diesel o una reducción del aplicado a la gasolina.

¿Cuál será el tratamiento de carburantes alternativos como el GLP (gas licuado de petróleo) y el GNC (gas natural comprimido)?

Los Estados miembros que promueven el GNC y el GLP suelen aplicar una presión fiscal muy baja a esos productos. No obstante, su grado de adopción es más bien limitado globalmente. En aras de una mayor coherencia, deberán aplicarse los mismos impuestos sobre el contenido energético y el CO2 a todos los carburantes, incluidos el GNC y el GLP. Esto quiere decir que las ventajas relativas de cada combustible desde el punto de vista de las emisiones de CO2 se primarán automáticamente mediante la fiscalidad, pero no disfrutarán de otras ventajas competitivas. No obstante, como los tipos impositivos actuales aplicados a esos productos suelen ser bastante bajos y hará falta todavía algún tiempo hasta que compitan en igualdad de condiciones con los carburantes tradicionales, la nueva Directiva prevé largos períodos de transición para la alineación de los tipos impositivos. Por lo tanto, los Estados miembros podrán seguir concediendo un trato favorable al GNC y al GLP durante doce años más.

¿Cuál será la incidencia de la propuesta para los biocombustibles?

En la actualidad, los biocombustibles pagan impuestos según el volumen, con el mismo tipo que los combustibles a los que deben sustituir, lo que los coloca en una posición competitiva desventajosa. Según la propuesta, los biocombustibles pagarán impuestos según su contenido energético, más bajo en general. También quedarán exentos del elemento relacionado con el CO2 a fin de reflejar su mejor rendimiento en lo relativo a las emisiones de CO2. No obstante, este trato favorable se reserva a los biocombustibles que cumplan los criterios pertinentes de sostenibilidad definidos en el artículo 17 de la Directiva sobre la energía procedente de fuentes renovables (2009/28/CE) y el artículo 7 ter de la Directiva sobre la calidad de los combustibles (2009/30/CE).

¿Cuál será la incidencia en los combustibles para calefacción?

En el caso de los combustibles de calefacción, la nueva Directiva eliminará también el trato actual distorsionador dado a los productos energéticos al obligar a los Estados miembros a aplicar la misma presión fiscal por t/CO2 y por GJ. Esto supone, por ejemplo, que tendrán que aumentar los impuestos muy bajos actualmente aplicados al carbón, el producto con mayor contenido de CO2.

Al mismo tiempo, mediante la introducción de un elemento basado en el CO2, la fiscalidad de los productos para calefacción reflejará por primera vez los efectos de los productos en relación con el clima. Como todas las empresas sujetas al RCDE UE estarán eximidas automáticamente de este elemento fiscal, la propuesta también se traducirá en condiciones de competencia equitativas entre las instalaciones incluidas y las no incluidas en el RCDE UE y garantizará que todos los emisores contribuyan al esfuerzo de reducción de los gases de efecto invernadero.

¿Qué trato recibirá la electricidad?

En principio, la Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada no cambiará el trato dado a la electricidad. Igual que antes, la fiscalidad relacionada con el contenido energético se recaudará en el punto de consumo y no se modificará el tipo mínimo.

En cuanto al elemento del CO2, solo se podrá recaudar en el caso de los combustibles de alimentación que sirven para generar electricidad, porque esta no da lugar a emisiones en el punto de consumo. No obstante, la generación de electricidad está sujeta al RCDE UE y, en consecuencia, quedará exenta del elemento relacionado con el CO2, aunque ese elemento sí se aplicará a las pequeñas instalaciones de generación de electricidad que no entren en el ámbito de aplicación del RCDE UE debido a su tamaño.

¿Tendrá incidencia la propuesta en la energía nuclear?

La propuesta no afectará al trato de la energía nuclear. La electricidad procedente de fuentes nucleares tributa en el punto de consumo, igual que la electricidad de las demás fuentes. Los impuestos sobre el combustible nuclear como el introducido recientemente en Alemania no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos y, por lo tanto, esta revisión no les afecta.

¿Cómo afectará la nueva propuesta a los hogares?

Los hogares suman el 10 % de las emisiones de CO2, por lo que los Estados miembros tendrán que incluir este sector en sus estrategias, independientemente de los medios a los que recurran (p. ej., impuesto sobre el CO2 o requisito de sustituir los sistemas de calefacción). Las políticas medioambientales repercuten a veces en los presupuestos domésticos, especialmente en los hogares con ingresos más bajos. Se reconoce, por lo tanto, que las políticas medioambientales ambiciosas deben tener redes de seguridad sólidas y combinarse con medidas sociales. La incidencia de los nuevos impuestos sobre la energía y el CO2 propuestos dependerá en gran medida de la manera en que los Estados miembros decidan reutilizar los ingresos generados por estos impuestos. Por ejemplo, podrían usar parte de los ingresos para compensar a los hogares, especialmente a aquellos con bajos ingresos, mediante el pago de sumas a tanto alzado. También podría distribuirse eficazmente parte de los ingresos del impuesto sobre la energía para reducir al mínimo su incidencia en los hogares. Es muy corriente que los Estados miembros que ya han introducido el impuesto sobre el CO2 combinen esta disposición con medidas sociales efectivas.

Además, la propuesta seguirá permitiendo a los Estados miembros optar por un tipo reducido para los productos energéticos utilizados en la calefacción doméstica. Sin embargo, a diferencia de la Directiva vigente, en la que esta posibilidad de tipos reducidos solo se aplica al gas natural, el carbón y la electricidad, los Estados miembros podrán aplicar esa excepción también a todos los combustibles para calefacción de uso doméstico (incluidos el gasóleo y el carbón). La Comisión examinará los efectos de esta excepción en un informe transcurridos dos años.

¿Se tendrán en cuenta las características específicas de determinados sectores?

Uno de los objetivos de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos es velar por que la fiscalidad de la energía se aplique de forma más coherente y eficaz en toda la UE. Así pues, el nuevo sistema fiscal solo distinguirá entre los sectores sujetos al RCDE UE, en los que ya se aplica un precio del carbono, y los que quedan fuera del RCDE UE, que tendrán que pagar el elemento relacionado con el CO2.

No obstante, para prevenir efectos negativos, se proponen algunas normas específicas para los sectores con riesgo de fuga de carbono (esto es, las industrias que emiten gases de efecto invernadero y podrían sentir la tentación de desplazar su producción fuera de la UE para seguir siendo competitivas). Estas industrias se podrán acoger a un crédito fiscal basado en la evolución de su consumo en lo que respecta al elemento fiscal relacionado con el CO2. Hasta cierto punto, el carácter peculiar de la agricultura seguirá reflejándose en la Directiva revisada, ya que seguirán siendo posibles las exenciones plenas del elemento fiscal relacionado con la energía si se asumen determinados compromisos en favor del medio ambiente y la eficiencia energética.

Por último, se han propuesto varios períodos transitorios a fin de evitar los cambios bruscos para los usuarios de determinados productos energéticos (como el diesel, véase lo antes expuesto).

¿Qué pasará con los productos importados?

Fijar un precio a las emisiones de carbono ligadas a la producción dentro de la UE puede dar lugar a distorsiones frente a los productores de terceros países donde no existan mecanismos similares. El RCDE UE cubre la mayoría de las industrias emisoras de gases de efecto invernadero con riesgo de fuga de carbono. A este respecto, la UE ha tomado la decisión de hacer frente al riesgo de fuga de carbono repartiendo un mayor porcentaje de derechos de emisión gratuitos en los sectores de riesgo, en vez de imponer un «impuesto fronterizo sobre el carbono» aplicable a los productos importados. Por lo tanto, la Directiva sobre imposición de los productos energéticos no prevé un «impuesto fronterizo sobre el carbono» sobre los productos importados. Las industrias no sujetas al RCDE UE que sí lo estarían al elemento relacionado con el CO2 suelen ser más pequeñas y menos inclinadas a la competencia internacional y la fuga de carbono. No obstante, la propuesta incluye disposiciones relativas a las instalaciones de sectores que pueden presentar riesgo de fuga de carbono (p. ej., los sectores que gastan mucha energía y con gran intensidad de comercio, como distintos procesos mineralógicos), análogamente a las disposiciones previstas para las industrias de riesgo en el marco del RCDE UE. Estas recibirán una crédito fiscal para el elemento relacionado con el CO2 basado en el consumo tradicional de energía, una solución que las protege de la competencia desleal, pero que mantiene el incentivo de reducir sus propias emisiones.

En resumen, ¿cuáles son las excepciones vigentes en virtud de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos y cómo serán en el futuro?

Los Estados miembros seguirán gozando en gran medida de la flexibilidad actual, de acuerdo con los objetivos políticos en materia de energía y clima.

  • En lo relativo a los carburantes, la propuesta tiene por objeto dar un trato coherente a todos los productos desde el punto de vista del contenido energético y de CO2 tras un período transitorio. Por consiguiente, las excepciones vigentes aplicables a los biocombustibles, el GNC (gas natural comprimido) y el GLP (gas licuado de petróleo) irán eliminándose con el tiempo (hasta 2023). Esto supone que, en 2023, un producto solo se podrá acoger a excepciones si así lo justifica su balance de CO2.

  • En cuanto a los combustibles para calefacción usados por las empresas, las normas vigentes permiten a los Estados miembros reducir los tipos impositivos hasta dejarlos en cero para las empresas grandes consumidoras de energía y al 50 % de los mínimos de la UE para otras empresas, bajo determinadas condiciones. A fin de reducir las distorsiones en materia de competencia entre los Estados miembros y evitar problemas de ayudas estatales, la Directiva revisada solo autorizará Ias desgravaciones fiscales por los Estados miembros a condición de que se respeten los mínimos de la UE, tanto en lo que respecta al elemento fiscal de la energía como del CO2. Por otra parte, las empresas participantes en el RCDE UE quedarán exentas automáticamente del elemento fiscal sobre el CO2; además, las empresas con riesgo de fuga de carbono recibirán un crédito fiscal obligatorio sobre el CO2. Los Estados miembros aplicarán ambas normas de forma vinculante, lo que prevendrá las distorsiones.

  • En lo relativo a la calefacción doméstica, la flexibilidad a que se pueden acoger actualmente los Estados miembros para eximir algunos productos (gas, carbón y electricidad) se ampliará a todos los combustibles para calefacción (incluidos los aceites minerales) para facilitar un trato coherente a los productos energéticos. Al mismo tiempo, la Comisión informará sobre el efecto de esta exención en su informe periódico, en que se evaluará si estos se ajustan a los objetivos políticos en materia de energía y clima.

  • En lo que respecta a la agricultura, seguirá acogiéndose a tipos impositivos más bajos, aunque estos dependerán ahora de objetivos medioambientales para velar por que la agricultura también contribuya al esfuerzo común por ahorrar energía.

  • Los Estados miembros mantendrán la posibilidad de aplicar un trato fiscal más favorable en casos justificados desde el punto de vista del medio ambiente, tales como la electricidad generada por fuentes renovables o una cogeneración muy eficiente de electricidad y calor.

  • La propuesta de hoy no cambiará las excepciones actuales para el transporte aéreo y el transporte marítimo internacionales debido a las obligaciones internacionales vigentes y al riesgo de distorsiones de la competencia en caso de medidas unilaterales de los Estados miembros. No obstante, esas excepciones serán examinadas en el informe periódico de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva.

  • Nueve nuevos Estados miembros (Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) se acogerán al período transitorio hasta 2020, durante el cual no tendrán que aplicar el elemento relacionado con el CO2. La razón es su nivel de renta más bajo en general.

¿Se adaptarán los tipos mínimos a fenómenos externos como la inflación o la evolución del precio del CO2?

Sí. Será una de las ventajas principales de la propuesta. Los tipos mínimos se adaptarán a fenómenos externos como la inflación o las subidas o bajadas del precio del CO2. La Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada reflejará en mayor medida, por lo tanto, esos factores externos. El tipo impositivo mínimo relacionado con el contenido energético mantendrá su valor real y se adaptará cada tres años a la tasa de la inflación subyacente (tasa de inflación de los productos excluidos los alimentos y la energía). En lo referido al tipo mínimo relacionado con el CO2, la Directiva prevé una revisión periódica para velar que se ajuste al precio del CO2 en el marco del RCDE UE y que la distorsión de la competencia entre las empresas sujetas a dicho régimen y las que no le estén quede reducida al mínimo a este respecto.

¿Qué países aplican ya un impuesto sobre el carbono?

En la actualidad, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia recaudan ya un impuesto sobre el carbono. Sin embargo, esos tipos nacionales están fijados en importes muy distintos y no reflejan el precio del carbono dentro del RCDE UE.

¿Cuándo entrará en vigor la Directiva sobre imposición de los productos energéticos revisada?

La Directiva revisada empezaría a aplicarse desde 2013, de forma paralela a la tercera fase del RCDE UE. Habría un período de adaptación adecuado para que los Estados miembros puedan reestructurar su fiscalidad y dar tiempo a ajustarse a las administraciones nacionales, las empresas y el sector energético. Unos períodos de transición largos para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán tiempo a la industria para adaptarse a la nueva estructura fiscal.

Véase también IP/11/468


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