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Ayudas estatales: Directrices sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente (Preguntas más frecuentes)

European Commission - MEMO/08/31   23/01/2008

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MEMO/08/31

Bruselas, 23 de enero de 2008

Ayudas estatales: Directrices sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente (Preguntas más frecuentes)

(Véase asimismo IP/08/80)

¿Por qué se publican las Directrices sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente?

Las ayudas estatales deben cumplir una serie de criterios y ser autorizadas por la Comisión Europea. Esta Institución publica directrices y marcos para ayudar a los Estados miembros anunciando de antemano qué ayudas considerará compatibles con el mercado común, y agilizar así el procedimiento de autorización.

La protección del medio ambiente es un objetivo fundamental para la Unión Europea. El grado de protección medioambiental no se considera suficientemente elevado y es preciso poner más empeño. Se debe sobre todo al hecho de que las empresas no asumen plenamente los costes que genera la contaminación para las sociedades. Con objeto de atajar ese fallo de mercado y fomentar un mayor grado de protección del medio ambiente, los Gobiernos pueden recurrir a la reglamentación para garantizar que las empresas paguen por lo que contaminan (por ejemplo, a través de impuestos o de regímenes de comercio de derechos de emisión) o cumplan determinadas normas medioambientales.

En algunos casos, las ayudas estatales también pueden constituir un medio para incentivar a las empresas privadas a invertir más en la protección del medio ambiente o para ayudar a algunas empresas a hacer frente a la carga financiera relativamente elevada que acarrea la aplicación de una política medioambiental general más estricta.

Por otra parte, las Directrices sirven para evitar que puedan concederse ayudas estatales excesivas o mal enfocadas que, además de distorsionar la competencia, impedirían que se cumplieran los objetivos medioambientales.

¿Qué relación hay entre las Directrices sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente y el paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático?

En marzo de 2007 el Consejo Europeo estableció un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % y un objetivo vinculante consistente en que el 20 % del total de la energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables, de aquí a 2020.

En el contexto del paquete de medidas sobre la energía y el cambio climático, la Comisión presenta una serie de ambiciosas medidas estratégicas por lo que se refiere, entre otras cosas, a la energía renovable y al comercio de derechos de emisión. Para alcanzar esos objetivos, el paquete de medidas introduce mecanismos de mercado destinados a garantizar que quienes contaminen paguen por ello y que se favorezcan unas tecnologías más respetuosas del medio ambiente. Las nuevas Directrices sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente constituyen una parte importante del paquete de medidas, pues ofrecen los incentivos adecuados a los Estados miembros y el sector industrial para que intensifiquen sus esfuerzos en favor del medio ambiente.

En primer lugar, al mantener una competencia real, las Directrices respaldan los instrumentos basados en el mercado introducidos en virtud del paquete de medidas. Sin una competencia real, los objetivos no podrían alcanzarse. Si quienes contaminan no pagan suficientemente por ello y tienen la posibilidad de no realizar inversiones suficientes en favor del medio ambiente gracias a las ayudas estatales recibidas, no sólo se distorsionará la competencia sino que, además, no se cumplirán los ambiciosos objetivos de la UE en materia de medio ambiente.

En segundo lugar, las Directrices recogen una serie de medidas que complementan y respaldan la consecución de una mayor protección del medio ambiente. Caben situaciones en que los Estados miembros no pueden aplicar correctamente el principio de que quien contamina, paga. En tales situaciones, las ayudas estatales pueden constituir una alternativa para paliar el fallo de mercado relacionado con las externalidades medioambientales negativas. Las ayudas estatales pueden servir para que las empresas modifiquen su comportamiento e introduzcan procedimientos más respetuosos del medio ambiente o inviertan en tecnologías más ecológicas. Las ayudas estatales pueden también permitir a los Estados miembros adoptar reglamentaciones o normativas más estrictas que las comunitarias al reducir las obligaciones insostenibles que pesan sobre algunas empresas. De ese modo, el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Comunidad puede verse favorecido.

Si las ayudas están bien enfocadas, las Directrices son muy generosas. Así, por ejemplo, en lo tocante a la producción de energía renovable, los Estados miembros pueden financiar el 100 % de los costes adicionales para las empresas.

¿Cuáles son los cambios principales de las nuevas Directrices respecto a las anteriores de 2001?

  1. Las Directrices incluyen una serie de disposiciones nuevas, por ejemplo, en relación con las ayudas en favor de la adaptación anticipada a las normas, de los estudios medioambientales, de la calefacción urbana, de la gestión de los residuos, así como con las ayudas en regímenes de permisos negociables.
  2. Las intensidades de las ayudas han aumentado considerablemente: las otorgadas a empresas grandes pasan del 30-40 % al 50-60 % y las otorgadas a las empresas pequeñas pasan del 50-60 % al 70-80 %. Además, puede concederse una prima adicional del 10 % cuando en una inversión para superar las normas comunitarias o mejorar la protección ambiental en ausencia de normas se recurra a la ecoinnovación. También se ha introducido la posibilidad de conceder ayudas del 100 % tras una licitación. A diferencia de las Directrices de 2001, éstas ya no contemplan ninguna prima para la ayuda a las regiones asistidas ni para las instalaciones de energía renovable que atiendan a las necesidades de toda una comunidad.
  3. Por lo que se refiere a las reducciones fiscales, las Directrices mantienen la posibilidad de conceder exenciones a largo plazo de los impuestos medioambientales sin condiciones, siempre que tras la reducción fiscal, las empresas en cuestión paguen al menos el mínimo comunitario. En los casos en que las empresas no paguen al menos dicho mínimo, también es posible conceder exenciones a largo plazo, pero el Estado miembro debe demostrar que son necesarias y proporcionadas. En ocasiones, los beneficiarios de reducciones muy importantes, e incluso de exenciones totales, son grandes contaminadores. La Comisión considera que tales exenciones pueden estar justificadas en determinadas condiciones, si bien los Estados miembros deben demostrar que son necesarias.
  4. Las Directrices contemplan una evaluación normalizada y otra detallada. Se ha introducido un método de evaluación detallada de los casos en que se conceden ayudas de importe sustancial a empresas para poder realizar un análisis más minucioso de los casos concretos que presenten mayor potencial de distorsión de la competencia y el comercio. Cuando se trate de regímenes que incluyan exenciones y reducciones fiscales, sólo se evaluará el régimen en sí, es decir, que las empresas no serán objeto de una evaluación detallada.
  5. Existe una vinculación importante entre las nuevas Directrices y la futura exención general por categorías que aprobará la Comisión antes de la pausa estiva. En virtud de esta exención general, los Estados miembros ya no tendrán obligación de notificar a la Comisión determinadas medidas de ayuda, lo cual reducirá la carga administrativa. Está previsto que en el futuro no sea preciso notificar a la Comisión algunos tipos de ayudas en favor del medio ambiente inferiores a un determinado importe. Está previsto asimismo que en el marco de la exención por categorías pueda emplearse un método simplificado para calcular el importe de la ayuda.

¿Por qué el importe de la ayuda se basa en los costes adicionales de la inversión a favor del medio ambiente y no en el coste total de la inversión?

El importe de la ayuda se basa en los costes adicionales de inversión necesarios para lograr el grado deseado de protección del medio ambiente respecto, por ejemplo, a una instalación conforme a las normas obligatorias o a un método de producción menos respetuoso del medio ambiente en ausencia de normas. De no ser así, toda inversión que aumentara el grado de protección del medio ambiente podría recibir una ayuda medioambiental, aun cuando fuera menos onerosa que la solución alternativa. Además, se concedería una ayuda para incrementar la capacidad o la productividad. Sólo deberán autorizarse las ayudas estatales que tengan un efecto añadido sobre el medio ambiente, y la probabilidad de que la ayuda sea necesaria para aumentar el grado de protección del medio ambiente es mayor si ésta se concede atendiendo al enfoque de los costes adicionales.

¿Por qué la intensidad de las ayudas a las inversiones a favor del medio ambiente no es del 100 % si éstas sólo cubren los costes adicionales?

La intensidad de las ayudas a la inversión no suele ser del 100 % de los costes de inversión adicionales por los motivos siguientes: en primer lugar, el cálculo del coste adicional es impreciso (no se contabilizan los beneficios de explotación durante todo el ciclo de vida de la instalación, etc.); en segundo lugar, ofrecer una imagen más respetuosa del medio ambiente puede tener un valor comercial para la empresa o puede incluso ser indispensable para su supervivencia. Así pues, para suscitar la inversión no es necesario cubrir todos los costes ambientales adicionales calculados.

Sin embargo, si la ayuda estatal está vinculada a un procedimiento de licitación, la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 100 %. Asimismo, para la producción de energía renovable y la cogeneración, puede concederse una ayuda a la explotación además de la ayuda a la inversión para cubrir íntegramente la diferencia entre el coste de producción de la energía y su precio de mercado. La ayuda puede incluso contemplar una rentabilidad normal del capital. De ese modo queda cubierto el 100 % de los costes adicionales.

¿Qué es la inversión de referencia?

Es la inversión que se habría efectuado sin la ayuda estatal. Es una inversión técnicamente comparable, que proporciona un menor grado de protección medioambiental (correspondiente a la norma comunitaria obligatoria, si la hay) y que verosímilmente sería realizada sin la ayuda. En el caso de la energía renovable, suele considerarse que la inversión de referencia es una central de gas que disponga de la misma capacidad de producción; en el caso de la cogeneración, consiste en un grupo de dos centrales independientes, una para la producción de electricidad y otra para la producción de calor. No obstante, la elección de la inversión de referencia depende del tipo de producción y del mercado, y puede variar también con el tiempo. De ahí que no proceda precisar más en las Directrices la inversión de referencia.

Las ayudas pueden concederse a las empresas que superen las normas comunitarias, pero ¿qué es una norma comunitaria?

La legislación de la UE incluye una serie de normas que determinan los niveles que deben respetarse por lo que se refiere al medio ambiente. Se considera asimismo una norma comunitaria la obligación establecida en la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, de utilizar las mejores técnicas disponibles según la información pertinente más reciente publicada por la Comisión.

Se consideran normas únicamente aquéllas que la legislación comunitaria impone directamente a las empresas. A efectos de estas Directrices, las obligaciones impuestas a los Estados miembros no se consideran normas.

¿Qué casos han de someterse a una evaluación detallada?

Cuando se conceden ayudas de importe sustancial, los riesgos de distorsión de la competencia y el comercio son mayores; de ahí que esos casos estén sujetos a una evaluación detallada. Así pues, todas las ayudas de importe sustancial concedidas a beneficiarios individuales deben notificarse individualmente a la Comisión, aun cuando se hayan otorgado en virtud de un régimen autorizado por dicha institución. En el caso de las ayudas a la explotación relacionadas con la capacidad de producción de energía se emplean unos umbrales para definir las ayudas de importe sustancial. Deben notificarse a la Comisión todas las ayudas siguientes:

  1. ayudas a la inversión: cuando el montante de la ayuda a una empresa sea superior a 7,5 millones de euros;
  2. ayudas a la explotación para el ahorro de energía: cuando el importe de la ayuda sea superior a 5 millones de euros por empresa y período de 5 años;
  3. ayudas a la explotación para la producción de electricidad y/o la producción combinada de calor a partir de fuentes renovables: cuando la ayuda se conceda a instalaciones de electricidad renovable en centrales en las que la capacidad de generación de electricidad renovable resultante sea superior a 125 MW;
  4. ayudas a la explotación para la producción de biocombustibles: cuando se conceda la ayuda a instalaciones de producción de biocombustibles cuya capacidad de producción resultante supere las 150 000 toneladas al año;
  5. ayudas a la explotación para cogeneración: cuando la ayuda se conceda a instalaciones de cogeneración cuya capacidad resultante de cogeneración de electricidad sea superior a 200 MW. Las ayudas para la producción de calor a partir de cogeneración se evaluarán en el contexto de la notificación basada en la capacidad de producción de electricidad.

Huelga decir que la evaluación detallada de una ayuda estatal prevista no significa que vaya a prohibirse, sino únicamente que la Comisión comprobará detenidamente que la ayuda es necesaria y contribuye realmente a la protección del medio ambiente sin crear distorsiones indebidas de la competencia.

¿Cómo puede una empresa obtener una ayuda en favor del medio ambiente?

Las Directrices establecen normas sobre las condiciones que los Estados miembros deben respetar a la hora de conceder ayudas. Así pues, las empresas que deseen incrementar el grado de protección medioambiental y necesiten ayuda para ello habrán de ponerse en contacto con el organismo de su Estado miembro responsable de la concesión de ayudas en favor del medio ambiente.
El texto íntegro del Marco puede consultarse en esta dirección:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


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