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Preguntas y respuestas sobre el comercio de derechos de emisión y los planes nacionales de asignación

European Commission - MEMO/05/84   08/03/2005

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MEMO/05/84

Bruselas, 3 de marzo de 2005

Preguntas y respuestas sobre el comercio de derechos de emisión y los planes nacionales de asignación

(Versión actualizada de 25 de mayo de 2005)

1) ¿Cuál es el objetivo del comercio de derechos de emisión?

El régimen de comercio de derechos de emisión[1] constituye la piedra angular de la lucha contra el cambio climático. Es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión de CO2 del mundo. Cubre alrededor de 12 000 instalaciones, que representan aproximadamente la mitad de las emisiones europeas de CO2.

Su objetivo es contribuir a que los Estados miembros cumplan sus compromisos con arreglo al Protocolo de Kioto. El comercio de derechos de emisión no implica nuevos objetivos ambientales sino que facilita un cumplimiento menos costoso de los objetivos vigentes de conformidad con el Protocolo de Kioto. El hecho de que las empresas participantes puedan comprar o vender derechos de emisión significa que podrán alcanzarse los objetivos al menor coste. Si no se hubiera adoptado el régimen de comercio de derechos de emisión, habrían tenido que aplicarse otras medidas más costosas.

2) ¿Qué determina el precio de los derechos de emisión?

La Comisión no opina sobre cuál debe ser el precio de los derechos de emisión. El precio depende de la oferta y la demanda, al igual que en cualquier otro mercado. Los intermediarios del mercado cotizan los precios de derechos de emisión ofertados o solicitados. La Comisión no intervendrá en el mercado de los derechos de emisión. De producirse distorsiones del mercado, se le aplicarían las normas de la competencia como a cualquier otro mercado.

3) ¿Cuál es el objetivo de los planes nacionales de asignación?

Los planes nacionales de asignación (PNA) determinan las cantidades totales de emisiones de CO2 que los Estados miembros asignan a sus empresas, cantidades que después pueden ser vendidas o compradas por las mismas empresas. Eso significa que cada Estado miembro tiene que decidir previamente cuántos derechos de emisión va a asignar en total para el primer período de comercio de derechos comprendido entre 2005 y 2007, y cuántos va a recibir cada instalación cubierta por el régimen de comercio de derechos de emisión.

De lo que se trata es de que los Estados miembros limiten las emisiones de CO2 procedentes de los sectores energético e industrial por medio de la asignación de derechos de emisión, provocando así una escasez que más adelante dé lugar a un mercado operativo que, a su vez, redunde en una reducción real de las emisiones totales.

Cada Estado miembro tenía que elaborar y publicar un plan nacional de asignación para el 31 de marzo 2004 (1 de mayo de 2004 en el caso de los 10 nuevos Estados miembros).

4) ¿En qué criterios se basa la Comisión para evaluar los planes de asignación y de cuánto tiempo dispone para ello?

La evaluación de los planes de asignación se basa en los 11 criterios comunes que figuran en el anexo III de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión.

El criterio nº 1 prevé que la cantidad total de derechos de emisión propuesta tiene que ajustarse al objetivo contraído por un Estado miembro con arreglo al Protocolo de Kioto. Eso significa que los Estados miembros deberán asegurarse de que las asignaciones que van a conceder a sus instalaciones les permitan cumplir su objetivo de Kioto.

Es evidente que el Estado miembro puede y debe tomar asimismo otras medidas. Diversos sectores generan también emisiones de gases de efecto invernadero: en la Unión Europea, el 21 % de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponde al transporte, el 17 % a los hogares y a las pequeñas empresas y el 10 % a la agricultura. Así pues, los Estados miembros pueden y deben tomar asimismo medidas para reducir las emisiones procedentes de esos sectores. Además, los Estados miembros pueden prever la adquisición de créditos de emisión por medio de los instrumentos flexibles, basados en proyectos, del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) y el mecanismo de acción conjunta (AC), así como por medio del régimen internacional de intercambio de derechos de emisión con arreglo al Protocolo de Kioto. Tanto el mecanismo para un desarrollo limpio como el de la acción conjunta permiten que los gobiernos lleven a cabo proyectos de reducción de emisiones en el extranjero y contabilicen las reducciones obtenidas para el cumplimiento de sus propios objetivos de Kioto. Los proyectos AC pueden realizarse en otros países industrializados con objetivos comprometidos, mientras que los proyectos MDL pueden ponerse en práctica en países en desarrollo, que no tienen objetivos que cumplir con arreglo al Protocolo.

Todas esas medidas y los resultados previstos tienen que indicarse en los planes de asignación. Respecto al criterio nº 1, la Comisión evalúa si los niveles de emisión de las empresas que participan en el comercio de derechos de emisión, junto con las demás medidas, permitirán al Estado miembro cumplir sus objetivos de Kioto. Dado que sólo el efecto combinado de diferentes políticas y medidas permitirá que los Estados miembros alcancen sus objetivos, la Directiva habla del «camino hacia Kioto». Otra serie de criterios exige asimismo a los Estados miembros que evalúen la evolución de las emisiones y el potencial de reducción en todos los sectores.

Existen asimismo criterios que pretenden garantizar la no discriminación entre empresas y entre diferentes sectores, así como la conformidad con la legislación de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas estatales. Otros criterios se refieren a las disposiciones del plan respecto a los nuevos operadores, la consideración de los esfuerzos de reducción más precoces y las tecnologías limpias.

La Comisión publicó unas orientaciones sobre la aplicación de esos criterios de asignación a principios de enero de 2004. Si la Comisión comprueba que un plan no se ajusta a los criterios ni al Tratado de la Unión Europea, podrá rechazarlo total o parcialmente. Si la Comisión no rechaza ningún aspecto del plan, el Estado miembro podrá proceder a tomar una decisión de asignación definitiva. La decisión de la Comisión ha de tomarse dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que un Estado miembro notifica a la Comisión un plan nacional de asignación.

5) ¿Significa eso que un Estado miembro no puede expedir los derechos de emisión que quiera?

Sí. La cantidad de derechos de emisión que un Estado miembro puede expedir está regulada por los 11 criterios. La Directiva no prescribe de manera explícita un número determinado de derechos de emisión, pero cada Estado miembro tiene que respetar los criterios.

Eso significa que, en la práctica, su margen de maniobra es limitado. Si un Estado miembro fuera excesivamente generoso a la hora de expedir derechos de emisión, no sólo es probable que el plan no se ajustara a algunos de los criterios de asignación, sino que dicho Estado miembro perdería también la oportunidad de utilizar el régimen de comercio de derechos de emisión como instrumento para cumplir los objetivos de Kioto. Si se distribuyeran demasiados derechos de emisión, no habría escasez y no prosperaría mercado alguno.

6) ¿Cuántos planes ha evaluado la Comisión hasta ahora?

El 7 de julio de 2004, la Comisión acabó de evaluar una primera serie de ocho planes. Aceptó cinco de ellos incondicionalmente (los de Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y Suecia), y rechazó parcialmente los otros tres (los de Austria, Alemania y Reino Unido).

El 20 de octubre de 2004, la Comisión finalizó la evaluación de una segunda serie de ocho planes. Aceptó seis de ellos incondicionalmente (los de Bélgica, Estonia, Letonia, Luxemburgo, la República Eslovaca y Portugal), y aprobó con condiciones los otros dos (los de Finlandia y Francia).

A finales de diciembre de 2004, la Comisión concluyó la evaluación de una tercera serie de cinco planes. Aceptó cuatro de ellos incondicionalmente (los de Chipre, Hungría, Lituania y Malta), y aprobó con condiciones el plan de España.

El 8 de marzo de 2005, la Comisión aprobó condicionalmente el plan de Polonia, y el 12 de abril, también condicionalmente, el de la República Checa. El 25 de mayo de 2005 fue aceptado el plan de Italia de forma condicional. De este modo el número de planes evaluados asciende a 24.

En cada caso de aprobación condicionada, la Comisión indicó las medidas que debía adoptar el Estado miembro para que el plan fuera aceptado en su totalidad.

7) ¿Por qué razones la Comisión ha exigido introducir cambios en algunos planes?

La Comisión ha puesto de manifiesto tres problemas de carácter general:

  • que la asignación determinada por un Estado miembro para el período de comercio de derechos de emisión 2005-2007 ponga en peligro la realización de sus objetivos de Kioto (asignación excesiva);
  • que el volumen de derechos de emisión correspondiente al período de comercio de derechos comprendido entre 2005 y 2007 no sea coherente con la evaluación de los progresos en la consecución del objetivo de Kioto, es decir, que la asignación supere las emisiones previstas;
  • que un Estado miembro pretenda llevar a cabo los denominados «ajustes posteriores» a las asignaciones; eso significa que el Estado miembro se dispone a intervenir en el mercado después de realizada la asignación y a redistribuir los derechos expedidos entre las empresas participantes durante el período 2005-2007.

Una asignación excesiva puede deberse a varias causas:

En primer lugar, a que un Estado miembro no explique cómo se cumplirá el objetivo de Kioto durante el período 2008-2012, sino que deje una laguna que debe llenarse con medidas que van a determinarse posteriormente.

En segundo lugar, a que un Estado miembro declare su intención de adquirir créditos de Kioto, pero no presente medidas creíbles ni fiables para llevar a cabo esas adquisiciones.

En tercer lugar, a que un Estado miembro base su plan en previsiones (incluidas las tasas de crecimiento económico y de aumento de emisiones) incoherentes y excesivas respecto a las estimaciones de crecimiento oficiales del mismo Estado miembro o de otras fuentes imparciales.

Los ajustes posteriores son incompatibles con el marco jurídico y constituyen intervenciones que perturban el mercado y provocan incertidumbre en las empresas. Por ejemplo, si una empresa se enfrenta a la posibilidad de que el gobierno le retire los derechos de emisión después de haber reducido sus emisiones, vacilará antes de hacerlo. Si las empresas consideran que podrán obtener de forma gratuita derechos de emisión suplementarios de sus gobiernos, seguirán esa vía en lugar de adquirirlos en el mercado.

8) ¿Qué ocurre si la Comisión rechaza un plan nacional de asignación?

El rechazo de un plan nacional de asignación significa que el Estado miembro no podrá aplicar el plan sin modificarlo, es decir, no podrá asignar el número de derechos de emisión propuesto. La Comisión tiene que exponer las razones de toda decisión de rechazo, lo que orientará al Estado miembro sobre la manera de conseguir la compatibilidad del plan con los criterios de asignación.

Si los Estados miembros cuyos planes se rechazaron parcialmente aplican los cambios propuestos, no tendrán que presentar sus planes a la Comisión por segunda vez, sino que podrán participar de forma automática en el comercio de derechos de emisión.

9) ¿Los Estados miembros pueden modificar los planes tras la aprobación de la Comisión?

Tras la aprobación de la Comisión, los Estados miembros tienen que proceder a tomar una decisión de asignación definitiva a nivel nacional. Antes de ello, pueden modificar el número de derechos de emisión asignados a instalaciones concretas como consecuencia de una mejora en los datos, por ejemplo si se utilizan datos sobre emisiones históricas en la fórmula de asignación a cada instalación. No obstante, los Estados miembros no pueden en ninguna circunstancia aumentar el número total de derechos de emisión que tengan la intención de poner en circulación.

Una vez adoptada la decisión definitiva de asignación a nivel nacional de derechos de emisión y una vez publicado el plan final no podrá modificarse en modo alguno el número de derechos de emisión total o por instalación. Cuando se adopta la decisión definitiva de asignación de derechos de emisión concluye el proceso de asignación y se abre con carácter oficial el mercado de derechos de emisión en el Estado miembro correspondiente.

10) ¿Tienen derecho a opinar los Estados miembros sobre los planes de los demás Estados miembros?

Aunque la responsabilidad de evaluar los planes incumbe únicamente a la Comisión, la Directiva prevé que el Comité del cambio climático, compuesto por representantes de los Estados miembros, los examine. Ese Comité constituye un foro de debate de cada plan. La Comisión, que preside el Comité, sigue los debates y tiene en cuenta las conclusiones para sus evaluaciones.

De una manera general, el Comité del cambio climático ha puesto de manifiesto la importancia de los planes nacionales de asignación para garantizar el buen funcionamiento y la eficacia del régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea, así como para mantener y consolidar el liderazgo y la credibilidad internacional de la Unión Europea en materia de cambio climático.

11) ¿Qué ocurre con el plan restante?

La evaluación del plan griego se encuentra muy avanzada y la decisión de la Comisión es inminente.

La aprobación de un plan redunda en beneficio de todos los Estados miembros. El hecho de no disponer de un plan nacional de asignación aceptado por la Comisión significa que la industria de ese Estado miembro accederá con retraso al mercado de derechos de emisión de la Unión Europea, teniendo de todas formas que respetar los objetivos de Kioto y el acuerdo de reparto de la carga.

Además, se ha ordenado a las empresas cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión que, a partir de enero de 2005, registren y comuniquen sus emisiones de CO2. Asimismo deben entregar, por primera vez en abril de 2006, un número de derechos de emisión suficiente para cubrir las emisiones correspondientes a 2005. Si una empresa no entrega derechos de emisión, o entrega una cantidad insuficiente, el Estado miembro podrá imponerle una multa de 40 euros por derecho de emisión no entregado.

12) ¿A cuántas instalaciones cubre?

El régimen de comercio de derechos de emisión cubrirá en total más de 12 000 instalaciones en los 25 Estados miembros de la Unión Europea (plantas de combustión, refinerías de petróleo, coquerías, plantas metalúrgicas y acerías, así como fábricas de cemento, vidrio, cal, ladrillos, cerámica, pasta y papel).

Los Estados miembros más grandes cuentan con un número de instalaciones comprendido entre 1 000 y 2 500, mientras en la mayor parte de los demás Estados miembros ese número suele oscilar entre 50 y 400 instalaciones.

El número de empresas afectadas por la Directiva es evidentemente menor, pues las grandes empresas tienen muchas instalaciones cubiertas por el régimen de comercio.

13) ¿Cuál será el papel de las empresas participantes, los Estados miembros y la Comisión en cuanto empiece a aplicarse el régimen?

A partir del 1 de enero de 2005, se ha ordenado a las empresas que lleven a cabo un seguimiento de sus emisiones. A finales de cada año tienen que realizar un informe sobre las emisiones anuales, que será verificado por terceros (como en el caso de un auditor que verifica la contabilidad de una empresa).

Además, deberán asegurarse de que cada año van a poder entregar un número suficiente de derechos de emisión (la primera fecha de entrega es finales de abril de 2006) si no quieren que se les apliquen sanciones económicas.

Los Estados miembros tendrán que expedir derechos de emisión cada año a finales de febrero de acuerdo con las decisiones definitivas de asignación, gestionar el registro nacional, recoger datos verificados sobre las emisiones y asegurarse de que cada empresa entrega un número suficiente de derechos de emisión. Además, los Estados miembros tendrán que presentar cada año un informe periódico a la Comisión.

Ésta lleva la gestión del registro central europeo y, con periodicidad anual, elaborará un informe basado en los informes de los Estados miembros. En él se efectúa un estrecho seguimiento de los resultados y se analiza detenidamente la experiencia adquirida con el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. En cumplimiento de la Directiva, la Comisión presentará un informe al Consejo y al Parlamento antes del 30 de junio de 2006. A la hora de preparar ese informe, la Comisión solicitará la contribución de los interesados.

14) ¿Cuánto costará cumplir los objetivos de Kioto? El régimen de comercio de derechos de emisión, ¿pondrá en peligro la competitividad de Europa?

Todo depende de la serie de medidas que se adopte. Uno de los principios subyacentes del programa europeo en materia de cambio climático ha sido desde siempre determinar las medidas más rentables para alcanzar los objetivos de Kioto. Estudios recientes de la Comisión indican que los objetivos pueden cumplirse con un coste anual comprendido entre 2 900 millones y 3 700 millones de euros, lo que representa menos del 0,1 % del PIB de la Unión Europea. Según uno de esos estudios, sin el régimen de comercio de derechos de emisión los costes podrían ascender a 6 800 millones de euros. Así pues, el comercio de derechos de emisión permite reducir aún más los costes de Kioto.

El reparto de esos costes depende de las decisiones adoptadas en los planes de asignación y de otras medidas tomadas para controlar las emisiones en sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión. El régimen no pondrá en peligro la competitividad de la economía de la Unión Europea sino que la protegerá, ya que cualquier medida alternativa significaría imponer a las empresas de la Unión unos costes más elevados de lo necesario. No obstante, la aplicación de los objetivos de Kioto no sólo supondrá nuevas oportunidades económicas sino que también acarreará costes para las empresas de la Unión, lo que resulta inevitable: no se puede conseguir algo (es decir, el cumplimiento de Kioto) a cambio de nada. Europa consigue la mejor relación calidad/precio con el régimen de comercio de derechos de emisión. Si los gobiernos no recurren al régimen de comercio para facilitar el cumplimiento de los compromisos, habrá que imponer medidas más costosas en otros sectores. Hay que sopesar los costes en relación con las oportunidades que tendrán los proveedores de tecnologías limpias y con pocas emisiones de carbono en Europa y fuera de ella, así como con la ventaja a medio plazo de que disfrutará la industria europea en la transición a una economía mundial sometida a límites de emisión de carbono.

La «Directiva de enlace»[2] reducirá aún más los costes y salvaguardará la competitividad de las empresas de la Unión Europea. Como su nombre indica, la «Directiva de enlace» servirá de vínculo entre los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto (aplicación conjunta [AC] y mecanismo para un desarrollo limpio [MDL]) y el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (véase pregunta 4).

En principio, las empresas que lleven a cabo proyectos de reducción de las emisiones fuera de la Unión mediante la AC o el MDL pueden convertir los créditos obtenidos con esos proyectos en derechos de emisión que podrán utilizar para facilitar el cumplimiento de sus compromisos con arreglo al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Por consiguiente, la Directiva de enlace reducirá aún más el coste para la industria de la Unión al ofrecer más posibilidades de cumplir los requisitos del régimen de comercio de derechos de emisión.

15) El comercio de derechos de emisión, ¿aumentará los precios de la electricidad?

En este debate, conviene distinguir entre el objetivo y el instrumento. Ninguna variación de los precios de la electricidad será una consecuencia del comercio de derechos de emisión sino de la aplicación del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fija un límite a las emisiones autorizadas de gases de efecto invernadero, lo que supone que la economía de la Unión se está convirtiendo en una economía sometida a unos límites de emisión de carbono. Esta limitación confiere valor a los derechos de emisión y se traduce en un cambio de los precios relativos de la economía de la Unión Europea. Los productos que contengan más carbono serán relativamente más costosos.

Como el régimen de comercio es el procedimiento más barato para cumplir con las metas de Kioto, los cambios en los precios serán los mínimos necesarios. Se han presentado muchos estudios sobre la evolución probable de los precios de la electricidad y se dispone de una amplia gama de estimaciones.

Las decisiones de fijación de precios en el mercado liberalizado de la electricidad son cada vez más complejas y difíciles de predecir. En el precio de la electricidad inciden directamente numerosos factores, y el comercio de derechos de emisión es sólo uno de ellos. Algunos aspectos estructurales, como la liberalización del mercado de la energía y las variaciones registradas en el mercado interior de la misma, tienen repercusiones de mucho mayor alcance. La Comisión seguirá atentamente la evolución de los precios de la electricidad y todos los demás aspectos relacionados con el régimen de comercio de derechos de emisión.

16) ¿Qué ventajas aportará a las empresas el comercio de derechos de emisión?

Supongamos que las empresas A y B emiten ambas 100 000 toneladas de CO2 anualmente. El Gobierno concede a cada una 95 000 derechos de emisión. Un derecho de emisión representa el derecho a emitir 1 tonelada de CO2, de manera que ninguna de las dos tiene completamente cubiertas sus emisiones. Al final de cada año, las empresas tienen que entregar un número de derechos de emisión correspondiente a sus emisiones durante el mismo, independientemente de cuáles sean las emisiones de cada una de ellas. Las dos empresas A y B tienen que compensar el exceso de 5 000 toneladas de CO2 y tienen dos maneras de hacerlo.

Pueden reducir sus emisiones en 5 000 toneladas o comprar 5 000 derechos de emisión en el mercado. Para decidir por qué opción inclinarse, compararán lo que cuesta reducir sus emisiones en 5 000 toneladas con el precio de mercado de los derechos de emisión.

A modo de ejemplo, supongamos que el precio de mercado de un derecho de emisión sea de 10 euros por tonelada de CO2. Los costes de reducción de la empresa A ascienden a 5 euros (es decir, son inferiores al precio de mercado). La empresa A reducirá sus emisiones porque resulta más barato que comprar derechos de emisión. La empresa A podría incluso reducir sus emisiones más de 5 000 toneladas, en 10 000 toneladas por ejemplo. En la empresa B tal vez ocurra lo contrario y sus costes de reducción sean de 15 euros (es decir, superiores al precio de mercado), por lo que preferirá comprar derechos de emisión en vez de reducir emisiones.

La empresa A invierte 50 000 euros en reducir 10 000 toneladas a un coste de 5 euros por tonelada y recibe 50 000 euros por la venta de 5 000 toneladas a un precio de 10 euros. La empresa A amortizaría así por completo los costes de reducción de sus emisiones vendiendo derechos de emisión, mientras que si no existiera el régimen de comercio de derechos de emisión hubiera tenido que costear 25 000 euros netos. La empresa B invierte 50 000 euros para comprar 5 000 toneladas a un precio de 10 euros. Sin la flexibilidad facilitada por el comercio de derechos de emisión, la empresa B hubiera tenido que invertir 75 000 euros.

Dado que sólo puede vender derechos de emisión una empresa cuyos costes de reducción sean bajos y haya decidido por tanto reducir sus emisiones, como la empresa A, los derechos de emisión comprados por la empresa B representan una reducción de emisiones, aun si la empresa B no las reduce por sí misma.

Este dato es importante. Así se garantiza que se lleven a cabo primero las reducciones más baratas. Como el régimen se aplica en toda la Unión Europea, las empresas intentarán conseguir las reducciones más baratas en todo el territorio de la Unión, con lo que éstas se producirán en primer lugar.

Es esta flexibilidad del régimen la que hace que el comercio de derechos de emisión sea el procedimiento más rentable para cumplir un objetivo ambiental determinado. El coste global para la industria habría sido más elevado si se hubiera forzado a la empresa B a reducir las emisiones en sus propias instalaciones a un coste superior.

17) ¿Cómo funcionará en la práctica el comercio de derechos de emisión?

El marco jurídico del régimen de comercio no regula cómo ni dónde se desarrollará el mercado de derechos de emisión. Las empresas con obligaciones que cumplir podrán intercambiar los derechos de emisión directamente o comprar o vender por mediación de un agente, banco u otro intermediario del mercado de los derechos de emisión.

También podría ocurrir que a una empresa que compre un combustible fósil (carbón o gas) se le ofrezcan derechos de emisión junto con el combustible. Por último, podrían crearse mercados organizados (intercambios de derechos de emisión).

Existe asimismo un sistema de registro electrónico que lleva el cómputo de quién está en posesión de los derechos de emisión, a medida que cambian de manos en el mercado. Ese sistema de registro es independiente de la actividad de comercio: no todos los intercambios se traducen en cambios de propiedad de derechos de emisión, pero cuando un intercambio se traduzca en un cambio de propiedad, se produce una transferencia de derechos de emisión entre cuentas del sistema de registro.

De esta manera, el sistema de registro se parece a un sistema bancario que realiza el seguimiento de la propiedad del dinero de las cuentas, pero sin controlar las transacciones de bienes y servicios que hubieran dado lugar a que el dinero cambiara de manos. Por consiguiente, el sistema de registro no es un mercado; el intercambio de los derechos de emisión obedece a decisiones tomadas por los participantes en el mercado.

El sistema es puramente electrónico, de manera que los derechos de emisión no se imprimen en papel, sino que sólo constan en una cuenta de registro en línea. Las empresas con obligaciones que cumplir y las personas interesadas en la compra o venta de derechos de emisión necesitan una cuenta. El sistema consta de un componente nacional en cada Estado miembro, donde se guardan los derechos de emisión, y de un centro europeo, que procederá a controles automatizados de cada transferencia de derechos de emisión para velar por el cumplimiento de las normas de la Directiva. Algunos datos del registro se harán públicos periódicamente, de conformidad con las normas de la ONU y con el Reglamento sobre registros electrónicos[3]. Se ha intentado llegar a un equilibrio entre la transparencia ambiental y la confidencialidad comercial.

Véase asimismo:

La dirección electrónica de la DG de Medio Ambiente para el comercio de derechos de emisión:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

Los planes nacionales de asignación:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission_plans.htm

Registro independiente de transacciones:

http://ec.europa.eu/environment/ets/


[1] Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.

[2] Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE.

[3] Reglamento de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE y la Decisión n°280/2004/CE


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