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MEMO/02/23

Bruselas, 13 de febrero de 2002

Preguntas y respuestas

    Sobre la política de clemencia

    ¿Cuántos acuerdos entre empresas se han descubierto y sancionado desde la adopción inicial de la política de clemencia en 1996?

Desde la Comunicación de no imposición o reducción de multas de 1996, la Comisión ha adoptado 16 decisiones formales relativas a acuerdos entre empresas y en cuya investigación ha prestado su cooperación alguna de las empresas implicadas. Las decisiones adoptadas son las siguientes: extra de aleación (1998), British Sugar (1998), tubos preaislados (1998), transbordadores griegos (1998), tubos de acero sin soldadura (1999), FETTCSA (transporte marítimo, 2000), lisina (2000), electrodos de grafito (julio de 2001), SAS-Maersk Air (julio de 2001), gluconato sódico (octubre de 2001), vitaminas (noviembre de 2001), cerveceros belgas (diciembre de 2001), cerveceros luxemburgueses (diciembre de 2001), ácido cítrico (diciembre de 2001), fosfato de cinc (diciembre de 2001) y papel autocopiativo (diciembre de 2001).

Los 16 asuntos representan un importe de multa total 2.240 millones de euros.

Las reducciones de multas concedidas conforme a la Comunicación de no imposición o reducción de multas en los asuntos mencionados van desde la inmunidad total frente a las multas (reducción del 100%) otorgada en el caso de una cooperación muy temprana y continuada hasta pequeñas reducciones (del 10%) otorgadas cuando las empresas no han cooperado de forma activa durante la investigación, pero tampoco han impugnado sustancialmente los hechos expuestos en el pliego de cargos.

    ¿Cuántas empresas han solicitado clemencia desde 1996?

Desde la adopción de la Comunicación han sido más de 80 las empresas que han presentado solicitudes de clemencia en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

    ¿Cuántas empresas han gozado hasta ahora de plena inmunidad frente a las multas?

Sólo tres empresas han gozado de plena inmunidad conforme a la antigua Comunicación: Rhône-Poulenc por lo que se refiere a dos de los tres acuerdos entre empresas de vitaminas en las que resultó estar implicada (véase IP/01/1625, 21 de noviembre de 2001), Brasserie de Luxembourg (filial de Interbrew) en el asunto de los cerveceros luxemburgueses (véase IP/01/1740, 5 de diciembre de 2001), y Sappi en el asunto del papel autocopiativo (véase IP/01/1892, 20 de diciembre de 2001).

Además, dos empresas se beneficiaron de un grado muy elevado de reducción de sus multas en razón de su cooperación decisiva y temprana conforme a la llamada sección B de la Comunicación de no imposición o reducción de multas de 1996. Éste es el caso de Fujisawa en el asunto del gluconato sódico (reducción del 80%) [véase IP/01/1355, 2 de octubre de 2001] y Cerestar en el asunto del ácido cítrico (reducción del 90%) [véase IP/01/1743, 5 de diciembre de 2001]. Si bien estas dos empresas obtuvieron una reducción muy importante de sus multas, no pudieron acogerse a la plena inmunidad porque su cooperación sólo se inició después de que la Comisión les enviara una solicitud de información. No se dirigieron de manera realmente espontánea a la Comisión.

    ¿Cuáles son las principales diferencias entre la Comunicación de 1996 y la nueva Comunicación?

La política de clemencia de 1996 ha desempeñado un papel importante en el descubrimiento y la sanción de acuerdos secretos entre empresas en los cinco años desde su adopción. Buena prueba de ello es el gran número de decisiones adoptadas en 2001 y el importe total de las multas, que casi alcanzó los 2 000 millones de euros. Pero para que esta política resulte más eficaz y atractiva a la hora de incitar a las empresas a que den el primer paso, las nuevas normas les facilitan la obtención de la plena inmunidad e incrementan su grado de certidumbre en cuanto a que no serán multadas o respecto de cuál será el nivel de reducción al que tendrán derecho.

    Uno de los requisitos de la Comunicación de 1996 para poder acogerse a la plena inmunidad era que una empresa no podía haber actuado como 'instigadora' o haber desempeñado un papel determinante en el acuerdo entre empresas. ¿Por qué se retira este requisito?

El objetivo último de esta Comunicación es ayudar a la Comisión a poner al descubierto y desmantelar los acuerdos entre empresas. La eficacia de las herramientas a su disposición depende en gran medida de su claridad y de la seguridad que brinden. La experiencia acumulada hasta ahora ha demostrado que la noción de 'instigador' es un tanto vaga (rara vez se puede determinar de manera inequívoca si hay un instigador del acuerdo entre empresas y quién es ese instigador: ¿quién es el líder en un acuerdo entre dos o tres empresas? ¿cuántos líderes puede haber?) y hasta cierto punto comprometía la eficacia de las disposiciones. El principal requisito para poder acogerse a la plena inmunidad además de tener que ser, entre otras cosas, la primera empresa que se manifiesta es no haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción. Esto constituye una norma inequívoca y excluye de hecho aquellos casos a los que apuntaba la disposición de que la empresa no podía ser la instigadora.

    ¿Qué seguridad tendrán las empresas respecto de la obtención de la inmunidad total o parcial y del momento de su obtención?

Con la nueva Comunicación de no imposición o reducción de multas, los solicitantes disfrutarán de una seguridad mucho mayor. Quienes soliciten la inmunidad serán informados rápidamente sobre su situación y, si reúnen las condiciones, se les concederá una inmunidad condicional por escrito. Si las empresas cumplen su obligación de cooperación completa y continuada, dicha inmunidad condicional se confirmará en la decisión final.

Los solicitantes de una reducción de multa también disfrutarán de un mayor grado de seguridad y transparencia, ya que se les informará del alcance de la reducción que pueden esperar a más tardar el día de la adopción del pliego de cargos.

    ¿Cuántos países de la UE tienen sus propias normas de clemencia?

La Comisión no es la única que ha adoptado normas de clemencia en asuntos de acuerdos entre empresas. Varios países de la UE han adoptado recientemente su propia Comunicación de no imposición o reducción de multas. Éste es el caso de Alemania, Francia, el Reino Unido y, más recientemente, Irlanda. Otros Estados miembros también están barajando la posibilidad de adoptar disposiciones similares (Dinamarca, los Países Bajos, y Suecia, entre otros).

Las nuevas normas de clemencia de la UE guardan cierta semejanza con la práctica antimonopolio de EE.UU. de imponer multas de «cero dólares» a las empresas que proporcionen información que conduzca al descubrimiento de acuerdos entre empresas, así como con el programa de clemencia de las autoridades canadienses.

Actividades de la Comisión en el ámbito de los acuerdos entre empresas

    ¿Cuántas decisiones sobre acuerdos entre empresas se han adoptado hasta el momento y cuál es el importe total de las multas?

Hasta el momento, se han adoptado unas 50 decisiones de imposición de multa en asuntos relativos a acuerdos entre empresas (49 exactamente). Las dos primeras decisiones sobre acuerdos entre empresas se adoptaron en 1969 y se referían a la quinina y a los colorantes. En los años noventa se adoptaron 21 decisiones (41%) y en los años 2000 y 2001, otras 11 (22%).

El aumento de los casos de detección y persecución de acuerdos entre empresas es, por tanto, notable. Un ejemplo de ello es que la Comisión impuso en 2001 multas por un importe total superior a la cantidad total de multas impuestas en todo el período anterior, es decir, desde la creación de la CE hasta el año 2000.

    ¿Adónde va ese dinero?

El dinero procedente de las multas impuestas por la Comisión va a parar al presupuesto de la UE, reduciendo de esta manera las contribuciones nacionales de los Estados miembros a dicho presupuesto. En última instancia, revierte en el contribuyente europeo.

    ¿Cuántos acuerdos entre empresas se están investigando actualmente?

Huelga decir que las investigaciones en curso sobre acuerdos entre empresas son, por su propia naturaleza, altamente confidenciales y no puede facilitarse ningún detalle sobre las mismas; con todo, puede señalarse que el número total de asuntos abiertos en la actualidad en relación con actividades sospechosas de constituir acuerdos entre empresas se sitúa en torno a los 40, aunque no todo ellos acabarán necesariamente en una decisión de imposición de multa por parte de la Comisión.

    ¿Cuánto tiempo lleva investigar un acuerdo entre empresas?

La Comisión no impone sus multas a empresas a la ligera y siempre analiza a fondo toda la información disponible sobre las sospechas de infracción antes de adoptar una decisión. Además, debe proporcionar a las partes interesadas la información y el tiempo que necesiten para organizar su defensa y, obviamente, ha de realizar el procedimiento en tantas lenguas oficiales como sean necesarias (11 para la decisión final). Todas estas garantías se traducen en un procedimiento relativamente complejo que puede prolongarse entre dos y tres años antes de que las investigaciones den su fruto. Esto representa una mejora respecto del pasado y se están adoptando medidas para reducir aún más este período en la medida en que sea posible, aunque el margen de maniobra es limitado.

    ¿Quién investiga los acuerdos entre empresas?

Todas las Direcciones operativas de la DG COMP en el ámbito antimonopolio intervienen en la investigación y persecución de los acuerdos entre empresas. Así todo, en diciembre de 1998 la Comisión creó además una Unidad encargada especialmente de la lucha contra los acuerdos entre empresas. Esta decisión vino motivada por el hecho de que los miembros de un acuerdo entre empresas recurren a herramientas cada vez más sofisticadas que les permiten ocultar sus actividades y borrar sus huellas. Por otra parte, tras la publicación de la Comunicación de no imposición o reducción de multas, creció notablemente el número de casos de acuerdos entre empresas investigados, lo que hizo necesario disponer de recursos adicionales. Por último, los casos de acuerdos entre empresas son asuntos importantes en los que suelen estar implicadas muchas empresas y que imponen un procedimiento complejo.

Normas de aplicación de la política contra los acuerdo entre empresas

    ¿Cuál es el fundamento jurídico para luchar contra los acuerdos entre empresas?

El fundamento jurídico lo brinda el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea, que reza así:

    Artículo 81

1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

    (a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

    (b) imitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

    (c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

    (d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

    (e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

  • cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;

  • cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;

  • cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

(a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

    (b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

¿Cuáles son las multas máximas que la Comisión puede imponer?

Este aspecto se regula en el Reglamento n°17 de 1962, que es el reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

Con arreglo al apartado 2 del artículo 15 de dicho Reglamento, la Comisión puede, mediante decisión, imponer a las empresas multas que vayan de mil a un millón de euros, pudiéndose elevar este último importe hasta el 10% del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio precedente por cada una de las empresas que hayan participado en una infracción cuando, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción del apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado.

    ¿La Comisión ha impuesto alguna vez una multa cercana al 10% del volumen de negocios?

Sí, en un número reducido de ocasiones la Comisión ha alcanzado este límite máximo. Sin embargo, en estos casos las multas por tal importe máximo se redujeron después en virtud de la Comunicación de no imposición o reducción de multas.

    ¿Cuál es el procedimiento para investigar los asuntos de acuerdos entre empresas?

El procedimiento aplicable a la investigación de un acuerdo entre empresas es el procedimiento que se aplica en todos los asuntos antimonopolio, según lo establecido en el citado Reglamento 17/62.

    ¿La Comisión tiene la última palabra?

Las decisiones relativas a un acuerdo entre empresas pueden recurrirse ante el Tribunal de Primera Instancia y, posteriormente, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por lo tanto, las decisiones de la Comisión pueden ser objeto de un examen en profundidad por parte de ambos tribunales, que gozan de plena discrecionalidad para reducir o aumentar las multas cuando lo consideren oportuno.

    ¿Las empresas deben pagar las multas si recurren la decisión ante el Tribunal?

No, las empresas no tienen que pagar necesariamente la multa de forma inmediata si presentan un recurso ante el TPI. Sin embargo, en este supuesto, deben presentar a la Comisión un aval bancario que cubra tanto el principal como los intereses de la multa.


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