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IP/98/590

Bruselas, 1 de julio de 1998

Fraude: la Comisión propone un marco general para luchar contra la utilización abusiva de los medios de pago distintos del efectivo

La Comisión Europea acaba de presentar una importante iniciativa de lucha contra los fraudes y falsificaciones cometidos con tarjetas de pago, dinero electrónico, cheques, sistemas de telebanca y otros medios de pago distintos del efectivo. Tal y como señala la Comunicación correspondiente, la nueva estrategia consta de dos componentes. En primer lugar, propone una Acción Común para garantizar que el fraude contra todo tipo de medios de pago distintos del efectivo quede reconocido como delito penal punible en todos los Estados miembros de la UE. En segundo lugar, la Comunicación expone una estrategia general para garantizar la seguridad de las transacciones que no sean en efectivo a los consumidores, las empresas y otras entidades en Europa. El mensaje principal es que los problemas relacionados con el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo deben abordarse globalmente a través de un conjunto de medidas generales y coherentes.

El documento se ha aprobado por iniciativa de los Comisarios Anita Gradin, (responsable de las medidas de lucha contra el fraude), Mario Monti (servicios financieros) e Yves-Thibault de Silguy (asuntos económicos y financieros).

La utilización de medios de pago distintos del efectivo - como los cheques de viaje, las tarjetas de pago, la telebanca y las transacciones a través de Internet - está experimentando un rápido aumento. Así, por ejemplo, el volumen de negocios de la industria de tarjetas de pago ronda los 2 billones de ecus anuales. Todos los años se pierden 2.700 millones de ecus como resultado de delitos cometidos con tarjetas de pago. Los emisores de la UE sufren aproximadamente el 25 % de todas esas pérdidas.

Los delitos cometidos por medio de tarjetas y otros medios de pago distintos del efectivo se están internacionalizando cada vez más, pero las medidas para luchar contra ellos se toman principalmente a escala nacional, lo cual ha dado lugar a importantes diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros y plantea dificultades a la hora de luchar contra los delitos transfronterizos.

Baste citar como ejemplo un caso de fraude con cajero automático ocurrido en Alemania el año pasado. Una persona instaló un falso visualizador de cajero automático en unos grandes almacenes. Los clientes, confiando en la seguridad del sistema, introducían sus tarjetas en la máquina y, al ver que ésta no funcionaba, creían que sufría una mera avería, pero mientras tanto el delincuente, desde un coche aparcado en las cercanías, descargaba los códigos de las tarjetas en su teléfono móvil para utilizarlos posteriormente con fines ilícitos.

El hecho de que el delito se cometiera sólo en Alemania facilitó el arresto del delincuente. Si el teléfono móvil hubiera estado situado en la vecina Bélgica, las autoridades belgas no habrían podido atrapar al delincuente si éste se hubiera centrado en las transacciones realizadas fuera de Bélgica, sino sólo hasta que hubiese intentado utilizar en Bélgica los datos robados.

A una escala más amplia, se sabe que las organizaciones delictivas se aprovechan de las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros y suelen actuar desde el mercado menos protegido. Los métodos cada vez más perfeccionados y la internacionalización de los comportamientos delictivos ponen claramente de manifiesto lo necesaria que resulta una actuación coordinada a escala europea en este ámbito.

El marco general propuesto por la Comisión en materia de lucha contra el fraude consta de dos partes.

La primera parte consiste en una Acción Común, que describe los tipos de comportamiento que deberían penalizarse, independientemente del instrumento de pago que se utilice para cometer el delito. Entre los delitos enumerados se cuentan robar o alterar un instrumento de pago; poseer un instrumento falso o alterado; utilizar o aceptar pagos a sabiendas de que el instrumento ha sido alterado o robado; manipular datos tales como información contable; manejar, poseer y utilizar materiales de fabricación para fines ilícitos. Corresponderá a los Estados miembros integrar en sus legislaciones nacionales los comportamientos que la Acción Común califica de delitos penales.

La Acción Común también establece mecanismos de cooperación entre los Estados miembros y les exige que velen por que los servicios y organismos competentes en el sector de los sistemas de pago cooperen en la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo.

La segunda parte del marco general de lucha contra el fraude propone una serie de medidas preventivas a todas las partes interesadas. La Comisión les sugiere que examinen las siguientes iniciativas:

Industria de los sistemas de pago: aumentar la seguridad de los productos y sistemas de pago; mejorar los medios de acceso a los productos de pago; formar y concienciar a los usuarios de estos productos.

Emisores y usuarios: fomentar un reparto razonable y equitativo de responsabilidades y obligaciones entre las parte interesadas; fomentar la detección precoz de delitos penales.

Autoridades: coordinar la recogida de información y las campañas de concienciación; ayudar a la industria, los emisores y los usuarios a lograr un entorno seguro mediante un marco de apoyo, normativo o de otro tipo.

La Comisión invita a todas las partes interesadas a responder antes del 31 de diciembre de 1998 a las cuestiones planteadas en la Comunicación.

La Comunicación responde al Plan de Acción contra la delincuencia organizada aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997. Entre otras cosas, el Plan de Acción invita al Consejo y a la Comisión a examinar y abordar, antes de finales de 1998, el problema de los fraudes y falsificaciones que afectan a todos los instrumentos de pago, incluidos los electrónicos.


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