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Comisión Europea - Comunicado de prensa

Unión de la Seguridad: la Comisión facilita el acceso a las pruebas electrónicas

Bruselas, 17 de abril de 2018

La Comisión propone nuevas normas para que las autoridades policiales y judiciales puedan obtener con mayor facilidad y rapidez las pruebas electrónicas, como correos electrónicos o documentos guardados en la nube, que necesitan para investigar, enjuiciar y condenar a delincuentes y terroristas.

Las nuevas normas permitirán a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en los Estados miembros de la UE seguir mejor las pistas en línea y allende las fronteras, ofreciendo al mismo tiempo garantías suficientes para los derechos y las libertades de todos los interesados.

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado lo siguiente: «Las pruebas electrónicas son cada vez más importantes en los procesos penales. No podemos permitir que los delincuentes y los terroristas exploten las tecnologías de la comunicación electrónicas y modernas para ocultar sus actividades delictivas y eludir la acción de la justicia. No debe haber lugar alguno en Europa donde puedan ocultarse los delincuentes y los terroristas, ni en línea ni fuera de línea. Con las propuestas que hoy presentamos, se establecen instrumentos sin precedentes que permitirán a las autoridades competentes no solo recabar pruebas electrónicas de manera rápida y eficaz allende las fronteras, sino también ofrecer garantías sólidas para los derechos y las libertades de todos los interesados.»

Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, ha añadido lo siguiente: «Las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley siguen trabajando con métodos complicados, mientras que los delincuentes recurren a tecnologías rápidas y de vanguardia.Debemos dotar a esas autoridades de métodos del siglo XXI para luchar contra la delincuencia, al igual que los delincuentes utilizan métodos del siglo XXI para cometer sus delitos.»

Todos los delincuentes y terroristas utilizan mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones para comunicarse. Más de la mitad de todas las investigaciones penales incluyen hoy en día una solicitud transfronteriza para obtener pruebas electrónicas que obran en poder de prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro o fuera de la UE. Para obtener esos datos, son necesarias la cooperación judicial y la asistencia jurídica mutua, pero actualmente el proceso es demasiado lento y complicado. Hoy en día, casi dos tercios de los delitos cuyas pruebas electrónicas se encuentran en otro país no pueden ser debidamente investigados o enjuiciados, debido sobre todo al tiempo necesario para recabar tales pruebas o a la fragmentación del marco jurídico. Al hacer más rápido y eficiente el proceso de obtención de pruebas electrónicas, las propuestas de hoy contribuirán a colmar esa laguna.

Las propuestas tendrán los siguientes efectos:

  • Crear una orden europea de entrega: esto permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro solicitar pruebas electrónicas (como correos electrónicos, textos o mensajes en aplicaciones) directamente a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado miembro (independientemente de la ubicación de los datos), que tendrá la obligación de responder en un plazo de diez días, y en un plazo de seis horas en caso de urgencia (frente a los ciento veinte días de la orden europea de investigación vigente o los diez meses del procedimiento de asistencia judicial mutua).
  • Impedir que se supriman los datos, con una orden europea de conservación: esto permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro obligar a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado miembro a conservar unos datos específicos que permitan a la autoridad solicitar esa información más adelante, mediante la asistencia judicial mutua, una orden europea de investigación o una orden europea de presentación.
  • Incluir garantías y vías de recurso sólidas: ambas órdenes solo podrán ser emitidas en el marco de procesos penales y se aplicarán todas las garantías procesales del Derecho penal. Las nuevas normas garantizarán una protección sólida de los derechos fundamentales, como la intervención de las autoridades judiciales y requisitos adicionales para obtener determinadas categorías de datos. También incluirán garantías para el derecho de protección de los datos personales. Los prestadores de servicios y las personas cuyos datos se soliciten podrán acogerse a varias garantías, como la posibilidad de que el prestador de servicios solicite una revisión en caso de que, por ejemplo, la orden sea claramente contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • Obligar a los prestadores de servicios a designar un representante legal en la Unión: para garantizar que todos los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión Europea estén sujetos a las mismas obligaciones, aunque tengan su sede en un tercer país, estarán obligados a nombrar un representante legal en la Unión para la recepción, el cumplimiento y el control de la aplicación de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de recabar pruebas en los procesos penales.
  • Ofrecer seguridad jurídica a las empresas y a los prestadores de servicios: hoy en día, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley suelen depender de la buena voluntad de los prestadores de servicios para que les remitan las pruebas que necesitan, mientras que, en adelante, aplicar las mismas normas para ordenar la entrega de pruebas electrónicas mejorará la seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los prestadores de servicios.

Contexto

La seguridad ha sido una prioridad política durante todo el mandato de la Comisión Juncker, desde las Orientaciones políticas del presidente Juncker, de julio de 2014, hasta el último discurso sobre el Estado de la Unión, de 13 de septiembre de 2017.

En la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015, la Comisión se comprometió a examinar los obstáculos a las investigaciones penales. A raíz de los trágicos acontecimientos ocurridos en Bruselas el 22 de marzo de 2016, los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE dieron prioridad a la adopción de medidas para obtener y asegurar pruebas electrónicas de forma más eficiente y eficaz. Desde entonces, esta cuestión ha sido debatida en varias ocasiones entre los ministros, y mencionada de nuevo por los dirigentes europeos en las Conclusiones de junio de 2016 sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio.

La propuesta presentada hoy contribuye a los esfuerzos de la Comisión por cumplir el compromiso contraído, en el marco de la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019, de proteger mejor a los ciudadanos europeos.

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