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Comisión Europea - Comunicado de prensa

Morosidad: la Comisión insta a cuatro Estados miembros a que cumplan la Directiva sobre morosidad para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales.

Bruselas, 15 de febrero de 2017

La Comisión Europea está adoptando nuevas medidas contra Grecia, España, Italia y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE) y evitar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), sufran pérdidas en estos países.

La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «La morosidad supone una carga importante para las empresas europeas, y especialmente par las pequeñas. Poder contar con el pago puntual de sus contratantes permite a las empresas realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con sus clientes y empleados. Cuando pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas sobre morosidad, protegemos a las empresas y contribuimos a la competitividad de la UE».

La morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su crecimiento. La Directiva sobre morosidad refuerza los derechos de los acreedores mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia.

La Comisión pide a los Estados miembros que actúen por los motivos siguientes:

Grecia: nueva legislación que suprime los derechos de los acreedores a reclamar intereses y compensaciones (carta de emplazamiento complementaria);

Italia: pago con excesivo retraso por parte de los poderes públicos (dictamen motivado);

Eslovaquia: pagos con excesivo retraso en el sector de la sanidad pública (carta de emplazamiento);

España: legislación que amplía sistemáticamente en treinta días el plazo de pago legal (carta de emplazamiento).

Con estas acciones, la Comisión vela por que los Estados miembros:

— apliquen adecuadamente la Directiva;

— asuman su responsabilidad y sean transparentes en lo que concierne a las prácticas de pago por parte de los poderes públicos; y

— creen un entorno empresarial fiable para las empresas, que propicie un cambio decisivo hacia una cultura del pago puntual.

Estos cuatro Estados miembros deben notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación en el plazo de dos meses. De lo contrario, en el caso de Italia, que recibe un dictamen motivado, la Comisión Europea podría denunciar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión ha decidido también archivar un asunto contra Portugal, ya que este país ha adaptado su Derecho nacional a la Directiva.

Contexto

Los pagos por las operaciones comerciales entre los agentes económicos o entre los agentes económicos y los poderes públicos se efectúan a menudo más tarde de lo acordado. En algunos Estados miembros, los pagos por parte de los poderes públicos pueden acumular un retraso medio de hasta ciento treinta días (e incluso quinientos días en algunos sectores). Además, en algunos casos, se vulneran aún más los derechos de los operadores económicos al condicionar los pagos, por ejemplo, a la renuncia a reclamar intereses de demora o una compensación por gastos de cobro. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que no tienen la misma capacidad financiera que las grandes empresas, son más vulnerables a las consecuencias de la morosidad, especialmente en tiempos de crisis económica.

La Directiva sobre morosidad [Directiva 2011/7/UE], cuyo plazo de transposición al Derecho nacional finalizó el 16 de marzo de 2013, es una refundición de una directiva anterior (Directiva 2000/35/UE) y establece medidas más estrictas para desalentar la cultura de la morosidad. A partir de ahora, los poderes públicos deben abonar en un plazo de treinta días o, en casos excepcionales, de sesenta días, las facturas por los bienes y servicios adquiridos. En las operaciones entre empresas, el plazo es de sesenta días, salvo que se haya acordado expresamente otro distinto. En caso de pago fuera del plazo acordado, los acreedores tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora (superiores en al menos un 8 % al tipo de referencia del Banco Central Europeo) y a un mínimo de 40 euros de compensación por cada factura impagada, más todos los demás gastos de cobro.

El 26 de agosto de 2016, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de esta Directiva [COM(2016) 534]. Globalmente, la aplicación de la Directiva es positiva. La Directiva ha contribuido a poner de relieve el problema de la morosidad en las reformas económicas y agendas políticas nacionales. Los retrasos en los pagos del sector público se han reducido en diez días de media en comparación con la situación previa a la entrada en vigor de la Directiva. Algunos Estados miembros incluso dedican un esfuerzo adicional a promover la cultura del «pago sin demora». No obstante, en el informe se señala que aún debe mejorar la aplicación de la Directiva.

Para más información

— sobre las decisiones clave del paquete de infracciones de febrero, puede consultarse todo el documento MEMO/17/234;

— sobre el procedimiento de infracción en general, véase el MEMO/12/12 (infográfico);

— sobre el procedimiento de infracción de la UE.

 

IP/17/239


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