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Comisión Europea - Comunicado de prensa

La Comisión Europea actúa para preservar el Estado de Derecho en Polonia

Bruselas, 26 de julio de 2017

Hoy la Comisión Europea actúa para proteger el Estado de Derecho en Polonia.

La Comisión fundamenta sus serias reservas sobre la reforma prevista del sistema judicial en Polonia en una Recomendación sobre el Estado de Derecho dirigida a las autoridades polacas. La Comisión considera que esta reforma amplifica la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia ya señalada en el procedimiento en materia de Estado de Derecho incoado por la Comisión en enero de 2016. La Comisión insta a las autoridades polacas a que resuelvan estos problemas en el plazo de un mes y pide a las autoridades polacas, en concreto, que no adopten ninguna medida para cesar u obligar a retirarse a los jueces del Tribunal Supremo. Si se toma una medida de este tipo, la Comisión está lista para poner en marcha inmediatamente el procedimiento del artículo 7, apartado 1[1] —una advertencia formal por parte de la UE que puede ser formulada mediante aprobación por las cuatro quintas partes de los Estados miembros en el Consejo de Ministros.

Asimismo, la Comisión decide incoar un procedimiento de infracción contra Polonia por violaciones del Derecho de la UE. El Colegio enviará inmediatamente una carta de emplazamiento en cuanto se publique la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios.

Al mismo tiempo, la Comisión reitera su ofrecimiento de entablar un diálogo constructivo con el Gobierno polaco.

El presidente Jean-Claude Juncker ha declarado: «La Comisión está decidida a defender el Estado de Derecho en todos nuestros Estados miembros como un principio fundamental sobre el que se asienta la Unión Europea. Un poder judicial independiente es una condición previa esencial para ser miembro de nuestra Unión. Por consiguiente, la UE no puede aceptar un sistema que permita cesar a los jueces a voluntad. Los tribunales independientes son la base de la confianza mutua entre nuestros Estados miembros y nuestros sistemas judiciales. Si el Gobierno polaco sigue adelante, socavando la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho en Polonia, no nos quedará más remedio que poner en marcha el procedimiento del artículo 7».

El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «Nuestras Recomendaciones a las autoridades polacas son claras. Es hora de restablecer la independencia del Tribunal Constitucional y de retirar las leyes para reformar el sistema judicial, o bien, de ponerlas en consonancia con la Constitución polaca y con las normas europeas sobre la independencia del poder judicial. Los tribunales polacos, como los de todos los Estados miembros, son los que tienen que dar una solución efectiva si se infringe el Derecho de la UE, en cuyo caso actúan como «jueces de la Unión» y deben cumplir los requisitos de independencia del poder judicial en consonancia con el Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales. Queremos resolver estas cuestiones juntos, de forma constructiva. La Comisión sigue tendiendo la mano a las autoridades polacas para el diálogo y nos alegramos de cualquier paso que se dé para modificar dichas leyes en la dirección de nuestras recomendaciones.».

1. Recomendación sobre el Estado de Derecho

La Recomendación sobre el Estado de Derecho adoptada hoy complementa otras dos Recomendaciones anteriores, adoptadas el 27 de julio y el 21 de diciembre de 2016, y se refiere a la falta de una revisión constitucional independiente y legítima en Polonia. En su forma actual, las autoridades polacas siguen sin resolver los problemas señalados en las dos primeras Recomendaciones. Por otra parte, las autoridades polacas han tomado medidas adicionales que agravan las reservas acerca de la independencia judicial y aumentan de forma significativa la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia.

La Recomendación sobre el Estado de Derecho de la Comisión enviada hoy a Polonia abarca cuatro nuevos actos legislativos adoptados por el Parlamento polaco que, en opinión de la Comisión, aumentarán la amenaza sistémica para el Estado de Derecho: la Ley sobre el Tribunal Supremo, la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial (ambas «vetadas» el 24 de julio por el presidente de la República), la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios (firmada por el presidente de la República el 25 de julio y a la espera de su publicación y entrada en vigor), y la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (publicada y en vigor desde el 13 de julio). Estas leyes, en su forma actual, socavarán estructuralmente la independencia del poder judicial en Polonia y tendrán un impacto negativo inmediato y muy considerable en el funcionamiento independiente del poder judicial.

En concreto, el cese de jueces del Tribunal Supremo agravará seriamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho. Por consiguiente, la Comisión pide a las autoridades polacas que no adopten ninguna medida para cesar u obligar a retirarse a los jueces del Tribunal Supremo. Si las autoridades polacas adoptaran tales medidas, la Comisión está lista para activar inmediatamente el mecanismo establecido en el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea.

Basándose en la Recomendación sobre el Estado de Derecho, la Comisión insta al Gobierno polaco a resolver los problemas señalados en el plazo de un mes y a informar a la Comisión de las medidas adoptadas.

2. Procedimiento de infracción sobre la base del Derecho de la UE

El Colegio de Comisarios también adoptó una Decisión para preparar un procedimiento de infracción por la posible violación del Derecho de la UE. El Colegio está listo para enviar una carta de emplazamiento con respecto a la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios en cuanto se publique oficialmente. El principal problema jurídico detectado por la Comisión en dicha Ley se refiere a la discriminación por razón de sexo debido a la introducción de una edad de jubilación diferente para juezas (60 años) y jueces (65 años). Esta disposición es contraria al artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y a la Directiva 2006/54 sobre igualdad de género en materia de empleo. En la carta de emplazamiento, la Comisión también formulará reservas en cuanto a que, al conceder al Ministro de Justicia la facultad discrecional de prorrogar el mandato de los jueces que hayan alcanzado la edad de jubilación, así como de cesar y nombrar presidentes de los tribunales, se verá menoscabada la independencia de los tribunales polacos [véase el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), leído en relación con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE].

Próximas etapas

La Recomendación de la Comisión insta al Gobierno polaco a resolver los problemas en el plazo de un mes y a informar a la Comisión de las medidas adoptadas a tal efecto. La Comisión está dispuesta a entablar un diálogo constructivo con el Gobierno polaco. En lo que respecta al procedimiento de infracción, la Comisión enviará la carta de emplazamiento una vez se publique la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios.

Antecedentes

El Estado de Derecho es uno de los valores comunes sobre los que se fundamenta la Unión Europea, consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable en virtud de los Tratados de garantizar el respeto del Estado de Derecho como un valor fundamental de nuestra Unión y asegurarse de que se respeten la legislación, los valores y los principios de la UE. Los acontecimientos en Polonia llevaron a la Comisión Europea a entablar un diálogo con el Gobierno polaco en enero de 2016 dentro del Marco del Estado de Derecho. El Marco —introducido por la Comisión el 11 de marzo de 2014— es un proceso en tres fases (véase el gráfico en el anexo 1). Todo el proceso se basa en un diálogo permanente entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión. La Comisión mantiene periódica y cumplidamente informados al Parlamento Europeo y al Consejo.

El Parlamento Europeo ha respaldado de forma reiterada las reservas de la Comisión, por ejemplo, en las dos Resoluciones de 13 de abril y 14 septiembre de 2016. El 16 de mayo de 2017, la Comisión informó al Consejo de Asuntos Generales sobre la situación en Polonia. La gran mayoría de los Estados miembros apoyó el papel y los esfuerzos de la Comisión para resolver esta cuestión e instó al Gobierno polaco a reanudar el diálogo con la Comisión.

Toda una serie de actores, tanto a nivel europeo como internacional, han expresado su profunda preocupación por la reforma del sistema judicial polaco: representantes del poder judicial en toda Europa, incluida la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea y la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Comisión de Venecia, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y la Red Derechos Humanos y Democracia.

Para más información:

 

 

[1]El artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece que el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado (véase el anexo II). La Comisión puede incoar este procedimiento por una propuesta motivada. 

 

 

Anexo I — Marco del Estado de Derecho

1

 

 

Anexo II — Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea

1.   A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones.

El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos.

2.   El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones.

3.   Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el apartado 2, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas.

Las obligaciones del Estado miembro de que se trate derivadas de los Tratados continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado.

4.   El Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 3 como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición.

5.   Las modalidades de voto que, a los efectos del presente artículo, serán de aplicación para el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo se establecen en el artículo 354 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

IP/17/2161

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