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Comisión Europea - Comunicado de prensa

La equidad, en el núcleo de la propuesta de la Comisión para actualizar las normas de la Unión en materia de coordinación de la seguridad social

Bruselas, 13 de diciembre de 2016

La Comisión Europea presenta hoy una revisión de la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social.

Esta propuesta forma parte del Programa de trabajo de la Comisión para 2016 y de los esfuerzos de la Comisión por facilitar la movilidad de los trabajadores, garantizar la equidad a las personas que se desplazan y a los contribuyentes y proporcionar mejores instrumentos para la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. Se modernizan las normas actuales para garantizar que sean justas, claras y más fáciles de hacer cumplir.

La libre circulación de personas no sería posible si no hubiera normas de coordinación de la seguridad social a escala de la Unión. Estas normas garantizan que nadie pierda la protección de la seguridad social cuando se desplaza a otro Estado miembro. Existen desde 1959 y se modernizan periódicamente para garantizar que se adecúan a sus fines y responden a la realidad social y económica de la Unión.

La actualización que se propone hoy refleja el compromiso político de la Comisión con una movilidad de los trabajadores equitativa. Se trata de una propuesta equilibrada que facilita la libre circulación de los trabajadores y protege sus derechos, al mismo tiempo que refuerza los instrumentos para que las autoridades nacionales luchen contra los riesgos de abuso o de fraude. Establece una relación más estrecha entre el lugar en el que se abonan las cotizaciones y aquel en el que se solicitan las prestaciones, lo que garantiza una distribución equitativa de la carga financiera entre los Estados miembros.

En palabras de la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen: «La libre circulación es un derecho fundamental de nuestra Unión muy apreciado por los ciudadanos. Beneficia a los trabajadores, a los empleadores y a la economía en general, y contribuye a combatir la escasez de mano de obra y de trabajadores cualificados. Necesitamos la movilidad de los trabajadores para ayudar a restablecer el crecimiento económico y la competitividad. Pero la movilidad debe basarse en normas claras, justas y que se puedan hacer cumplir. De esto trata nuestra propuesta de actualización de las normas sobre seguridad social: protege la libre circulación y los derechos de los ciudadanos y refuerza al mismo tiempo los instrumentos necesarios para hacer frente a posibles abusos».

La propuesta actualiza las normas de la UE en los cuatro ámbitos siguientes:

1. Prestaciones de desempleo:

  • Los solicitantes de empleo podrán exportar sus prestaciones de desempleo durante un período mínimo de seis meses, en lugar de los tres meses actuales. Tendrán, por tanto, más posibilidades de encontrar trabajo y se contribuirá además a luchar contra el desempleo y la falta de adecuación de las capacidades en toda la UE.
  • En el caso de los trabajadores transfronterizos (que viven en un país pero trabajan en otro y regresan a casa como mínimo una vez a la semana), el Estado miembro en el que hayan trabajado en los últimos doce meses será responsable del pago de las prestaciones de desempleo. Esta situación refleja el principio de que el pago de las prestaciones incumbirá al Estado miembro que percibió las cotizaciones.
  • Los Estados miembros podrán exigir que la persona haya trabajado durante al menos tres meses en su territorio para que, en el caso de quedarse sin empleo, se pueda basar en la experiencia previa en otro Estado miembro para solicitar las prestaciones de desempleo.

2. Prestaciones asistenciales de duración indeterminada:

La presente propuesta aclara qué son las prestaciones asistenciales de duración indeterminada y cuándo pueden los ciudadanos desplazados reclamar tales prestaciones. Así se conseguirá aportar una mayor seguridad jurídica a un grupo creciente de ciudadanos que, en unas sociedades en proceso de envejecimiento, dependen de la asistencia de duración indeterminada.

3. Acceso de los ciudadanos económicamente inactivos a las prestaciones sociales:

Tomando como base la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la propuesta aclara que los Estados miembros pueden decidir no conceder prestaciones sociales a los ciudadanos desplazados económicamente inactivos (a saber, aquellos que no están trabajando o buscando empleo activamente y no tienen el derecho de residencia legal en su territorio). Los ciudadanos económicamente inactivos tienen derecho de residencia solo cuando disponen de medios de subsistencia y una cobertura sanitaria completa.

4. Coordinación de la seguridad social en el caso de los trabajadores desplazados:

La Comisión propone que se refuercen las disposiciones administrativas sobre coordinación de la seguridad social en el caso de los trabajadores desplazados. Pretende garantizar que las autoridades nacionales dispongan de los instrumentos adecuados para comprobar el estatuto de estos trabajadores en materia de seguridad social y establece procedimientos más claros para la cooperación entre los Estados miembros a la hora de tratar los posibles casos de prácticas desleales o abusos.

Por último, la propuesta no modifica las normas actualmente en vigor sobre la exportación de las prestaciones por hijos a cargo. No está previsto indexar las prestaciones por hijos a cargo: el país en el que trabajen los padres sigue siendo responsable del pago de dichas prestaciones, y su importe no se puede ajustar si el hijo reside en otro país. En la Unión, menos del 1 % de las prestaciones por hijos a cargo se exportan de un Estado miembro a otro.

En general, las modificaciones propuestas mejorarán la transparencia y la seguridad jurídica, y ofrecerán un trato más equitativo en beneficio de los ciudadanos desplazados, los poderes públicos, los empleadores y los contribuyentes. Facilitan la libre circulación y al mismo tiempo proporcionan a los Estados miembros instrumentos más eficaces para evitar abusos.

Contexto

La UE establece normas para coordinar los sistemas nacionales de seguridad social y garantizar la protección en materia de seguridad social cuando un ciudadano se desplaza por Europa (los Veintiocho, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Las normas solo prevén la coordinación de los sistemas de seguridad social con el fin de determinar a qué sistema está sujeto un ciudadano desplazado. Estas normas impiden que una persona se quede sin protección social o que haya una doble cobertura en situaciones transfronterizas.

Cada Estado miembro es libre de determinar las particularidades de su propio régimen de seguridad social, como por ejemplo qué prestaciones se conceden, las condiciones para optar a ellas, cómo se calculan y qué cotizaciones deben abonarse, y para todas las ramas de la seguridad social, como la tercera edad, el desempleo y las prestaciones familiares, a condición de que tales cotizaciones nacionales respeten los principios de la legislación de la UE, en particular por lo que respecta a la igualdad de trato y la no discriminación. En este contexto, los Estados miembros son libres de seguir las novedades en relación con el pago de dichas prestaciones, incluido el pago a los ciudadanos que residen en otros Estados miembros. La Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social desempeña un papel especial en el intercambio de dicha información.

La revisión de las normas de coordinación de la seguridad social fue anunciada en el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 como parte de los esfuerzos de la Comisión por fomentar la libre circulación de trabajadores.

Para más información

NOTA INFORMATIVA: Preguntas y respuestas sobre la revisión de las normas de coordinación de la seguridad social

Noticias en el sitio web de la DG Empleo

Comunicación por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004

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