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Comisión Europea - Comunicado de prensa

Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación en profundidad sobre la ayuda a Iberpotash en España

Bruselas, 26 de enero de 2016

Tras recibir una denuncia, la Comisión ha iniciado una investigación exhaustiva para averiguar si una serie de medidas públicas otorgadas a la empresa minera española Iberpotash supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores infringiendo las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Iberpotash (que pasó a denominarse ICL Iberia Súria & Sallent en 2014) es propietaria y explota varias minas de potasa en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. La potasa se utiliza principalmente para fabricar fertilizantes. La extracción y la transformación primaria de la potasa producen también sal como subproducto.

En 2012 la Comisión recibió una denuncia en la que se señalaba que Iberpotash se beneficiaba de varias medidas de ayuda estatal en apoyo de sus actividades mineras, a saber:

Garantías financieras ofrecidas a organismos públicos para la protección del medio ambiente

La primera medida se refiere a las garantías financieras ofrecidas por Iberpotash a los organismos públicos autonómicos para cumplir sus obligaciones de protección medioambiental. Estas obligaciones están relacionadas con los residuos generados por las minas de Iberpotash y las garantías que se supone deben cubrir el coste potencial de la rehabilitación de los terrenos.

La investigación de la Comisión se va a centrar ahora en determinar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es muy inferior al que exigen las normas medioambientales, en particular la Directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas pertinentes. De confirmarse, la empresa habría obtenido una ventaja financiera.

Financiación de las medidas de protección medioambiental

En segundo lugar, las autoridades españolas financiaron en su totalidad los 7,9 millones de euros de los costes para el recubrimiento físico de una escombrera de Iberpotash y para la reducción de la contaminación. La Comisión valorará si estos costes deberían haber sido sufragados por Iberpotash, por ser el contaminador. De confirmarse, esto supondría una infracción del principio de quien contamina, paga, ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación.

 

Ambas medidas pueden haber concedido a Iberpotash una ventaja selectiva frente a sus competidores, que tienen que asumir estos costes, por lo que supondría ayuda estatal a tenor de la normativa sobre ayudas estatales de la UE.

La Comisión proseguirá su investigación para averiguar si sus dudas iniciales se ven confirmadas o no. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas, sin perjuicio del resultado de la investigación.

 

Otras medidas

La Comisión concluyó que las otras tres medidas señaladas en la denuncia no ofrecían ventaja selectiva alguna a Iberpotash, por lo que no suponían ayuda estatal. Estas medidas se refieren a:

  • una tasa por el uso del colector de salmueras, que pagan Iberpotash y otros usuarios, que cubre sus costes de inversión y de funcionamiento;
  • la mejora de las instalaciones de tratamiento de agua potable financiada por las autoridades. Esta mejora no ha eximido a Iberpotash de ninguna de sus obligaciones medioambientales. El objetivo de la inversión de las autoridades públicas en estas instalaciones era más bien garantizar el suministro de agua potable a la población de la región, cumpliendo los requisitos de calidad necesarios, y por último;
  • la supuesta financiación de un estudio. Esta medida no se ha visto confirmada en las pruebas recopiladas.

 

Antecedentes

La normativa sobre ayudas estatales de la UE en materia de protección del medio ambiente autoriza a los Estados miembros, en determinadas condiciones, prestar apoyo a proyectos que incentiven realmente a las empresas a cambiar su comportamiento y mejorar su huella ecológica. Sin embargo, no permite a los Estados conceder ayuda simplemente para cubrir costes que en cualquier caso tienen que correr por cuenta de las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias.

La versión no confidencial de la decisión se publicará con el número de asunto SA.35818 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de la DG Competencia una vez se hayan resuelto las cuestiones de confidencialidad. La lista de las nuevas decisiones sobre ayudas estatales publicadas en Internet y en el Diario Oficial figura en el boletín semanal en línea titulado State Aid Weekly e-News.

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