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Recta final: faltan solo dos días para que la legislación de la UE que garantiza el derecho a los servicios de traducción e interpretación sea efectiva

European Commission - IP/13/995   25/10/2013

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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 25 de octubre de 2013

Recta final: faltan solo dos días para que la legislación de la UE que garantiza el derecho a los servicios de traducción e interpretación sea efectiva

Estamos a solo dos días de dar un paso concreto hacia la creación de un Espacio europeo de justicia. En efecto, el 27 de octubre expira el plazo de que disponen los Estados miembros para aplicar el primer acto legislativo de la UE relativo a los derechos de los sospechosos en procesos penales. Esta legislación de la UE garantiza a los ciudadanos detenidos o acusados en relación con un delito el derecho a obtener servicios de interpretación a su idioma en todas las fases del proceso penal (incluido el asesoramiento jurídico) y en cualquier órgano jurisdiccional de la UE. Esta legislación fue propuesta por la Comisión Europea en 2010 (IP/10/249) y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros en un tiempo récord de solo nueve meses (IP/10/1305).

«Es posible que nos hallemos ante un momento histórico de la justicia en Europa: el primer acto legislativo sobre los derechos de los ciudadanos a un juicio imparcial se convertirá en una realidad si los Estados miembros cumplen con sus obligaciones legales», ha afirmado Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de justicia de la Comisión. «Se aplica por fin la primera de tres propuestas de la Comisión Europea destinadas a garantizar a todos los ciudadanos de la UE los derechos que permiten un juicio imparcial, ya sea en su país de origen o en el extranjero. La Comisión está cumpliendo sus promesas de ampliar los derechos de los ciudadanos en toda Europa, y espero sinceramente que los Estados miembros sigan su ejemplo. La Comisión publicará próximamente la lista de Estados miembros cumplidores y no dudará en hacer lo propio con los incumplidores: después de todo, esta legislación radica en el núcleo de los derechos de los ciudadanos.»

Antecedentes

Todos los años se celebran más de 8 millones de procesos penales en la Unión Europea. El 9 de marzo de 2010, la Comisión Europea dio el primer paso en la iniciativa de fijar normas comunes para todos los procesos penales de la UE. La Comisión propuso reglas que obligarían a los Estados miembros de la UE a facilitar a los sospechosos servicios completos de interpretación y traducción (IP/10/249, MEMO/10/70). La propuesta fue rápidamente aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el Consejo (IP/10/1305). Para incorporar estas normas, Los Estados miembros han dispuesto de un periodo de tres años, en lugar de los dos años habituales, plazo que deja a las autoridades el tiempo suficiente para implantar la información traducida.

La Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales garantiza el derecho de los ciudadanos a ser interrogados, participar en vistas y recibir asesoramiento legal en su propio idioma en cualquier fase del proceso penal y en cualquier tribunal de la UE. La Comisión ha insistido en amparar el derecho a los servicios de traducción e interpretación a lo largo de todo el proceso penal para asegurar el pleno cumplimiento de las normas emanantes del Convenio de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, así como de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Los costes de traducción e interpretación correrán a cargo del Estado miembro y no del sospechoso. A falta de unas normas mínimas comunes que aseguren un proceso justo, las autoridades judiciales se mostrarán remisas a enviar a cualquier sospechoso para su enjuiciamiento en otro país, lo que impedirá la plena aplicación de las medidas de lucha contra la delincuencia adoptadas por la UE, como la orden de detención europea.

El derecho a la traducción y a la interpretación es la primera de una serie de medidas por un juicio imparcial con las que se pretende implantar normas comunes de la UE para las causas penales. Esta legislación fue seguida de la Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales, adoptada en 2012 (véase IP/12/575), y de la Directiva por la que se garantiza a los ciudadanos el acceso a asistencia letrada, adoptada en 2013 (IP/13/921). La Comisión está resuelta a proseguir su programa de justicia con otra serie de propuestas sobre los derechos de los ciudadanos a un juicio imparcial que se espera presentar antes de que termine 2013.

Más información

Comisión Europea – derechos a un juicio imparcial:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Página principal de la vicepresidenta y comisaria de justicia de la UE, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Siga a la vicepresidenta en Twitter: @VivianeRedingEU

Personas de contacto:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


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