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Proteger el dinero de los contribuyentes contra el fraude: la Comisión propone una Fiscalía Europea y refuerza las garantías procesales de la OLAF

European Commission - IP/13/709   17/07/2013

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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 17 de julio de 2013

Proteger el dinero de los contribuyentes contra el fraude: la Comisión propone una Fiscalía Europea y refuerza las garantías procesales de la OLAF

La Comisión Europea va a actuar hoy para mejorar, mediante la creación de una Fiscalía Europea, el procesamiento en toda la UE de los delincuentes que defraudan a los contribuyentes de la UE. La tarea exclusiva de la Fiscalía Europea será investigar, procesar y, cuando proceda, llevar a juicio, en los tribunales de los Estados miembros, los delitos que afecten al presupuesto de la UE. La Fiscalía Europea será una institución independiente y estará sujeta al control democrático.

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: «Como prometí en mi discurso sobre el estado de la Unión de 2012, la Comisión ha propuesto hoy la creación de una Fiscalía Europea. Esta iniciativa confirma el compromiso de la Comisión de hacer respetar el Estado de Derecho y mejorará de forma decisiva la protección del dinero de los contribuyentes y el tratamiento eficaz del fraude contra los fondos de la UE. La Comisión también ha cumplido sus compromisos de reforzar y consolidar los procedimientos de la OLAF aplicados a las garantías procesales, en consonancia con las garantías que aplicará la Fiscalía Europea.».

La propuesta de la Comisión se presenta menos de un año después del Discurso sobre el estado de la Unión de 2012 de José Manuel Barroso, en el que declaró lo siguiente: «Nuestro compromiso de hacer respetar el Estado de Derecho también subyace a nuestra intención de crear una Fiscalía Europea, tal como prevén los Tratados».

Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia, ha declarado lo siguiente: «Mediante la propuesta de hoy, la Comisión Europea cumple su promesa de aplicar una política de tolerancia nula frente a los fraudes contra el presupuesto de la UE. Cuando se trata del dinero de los contribuyentes, cada euro cuenta, y aún más en la coyuntura económica actual. Los delincuentes que aprovechan las lagunas jurídicas para embolsarse el dinero de los contribuyentes no deberían quedar libres gracias a que no disponemos de los instrumentos adecuados para llevarlos ante la justicia. Seamos claros: si nosotros, la UE, no protegemos nuestro presupuesto federal, nadie lo hará por nosotros. Hago un llamamiento a los Estados miembros y al Parlamento Europeo para que respalden este importante proyecto, de forma que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus funciones desde el 1 de enero de 2015».

Algirdas Šemeta, comisario de la UE de Lucha contra el Fraude, ha declarado lo siguiente: «La Fiscalía Europea garantizará que se dé la prioridad adecuada en toda Europa a la protección del presupuesto de la UE. Servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros, cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales, y los organismos de la Unión, que no pueden proceder a investigaciones penales. Mientras tanto, la OLAF seguirá desempeñando una importante labor de lucha contra el fraude en los ámbitos no cubiertos por la nueva Fiscalía. Las ideas que hemos presentado hoy para seguir mejorando su gobernanza, combinadas con la reciente reforma, harán a la OLAF más eficiente y responsable en su trabajo. De esta forma, nuestro éxito a la hora de combatir y disuadir el fraude en la UE será mucho mayor».

La lógica de la propuesta de Fiscalía Europea es sencilla: si hay un «presupuesto federal», alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan «instrumentos federales» para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión. Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude de la UE. El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto de la UE varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE de solo el 42,3 % (véase el anexo). Muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas y embolsarse el dinero de los contribuyentes sin castigo. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE.

La Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunto fraude contra el presupuesto de la UE sea objeto de seguimiento completo, de manera que los delincuentes sepan que serán procesados y llevados ante la justicia, lo que tendrá un fuerte efecto disuasorio.

Con arreglo a los Tratados de la UE, Dinamarca no participará en la Fiscalía Europea. El Reino Unido e Irlanda tampoco participarán a no ser que decidan voluntaria y expresamente hacerlo (opción de participación).

Paralelamente a la creación de la Fiscalía Europea, la Comisión propone una reforma de la Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST) y presentar una Comunicación sobre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Una estructura descentralizada y rentable

La Fiscalía Europea tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevará a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos. La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales.

Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los Fiscales Europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea.

Un «Colegio» de diez miembros, compuesto por el Fiscal Europeo, los 4 fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos.

Derechos procesales sólidos

La propuesta garantiza una mayor protección de los derechos procesales de las personas afectadas por las investigaciones de la Fiscalía Europea que la que existe actualmente en virtud de los sistemas nacionales. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a interpretación y traducción, el derecho a la información y al acceso a la documentación del asunto o el derecho a un abogado en caso de detención.

Además, las normas que establecen la Fiscalía Europea definen otros derechos aún no armonizados por la legislación de la UE a fin de garantizar sólidas salvaguardias de los derechos procesales, entre los que se cuentan el derecho a guardar silencio y la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a presentar pruebas y a oír a los testigos.

La propuesta también establece normas claras y armonizadas sobre las actuaciones de investigación que la Fiscalía Europea puede utilizar en sus investigaciones, así como disposiciones sobre la compilación y el uso de pruebas.

Mejora de la gobernanza de la OLAF y refuerzo de las garantías procesales

La Comisión propone consolidar en mayor medida la gobernanza de la OLAF y reforzar las garantías procesales a la hora de efectuar sus investigaciones, teniendo en cuenta lo previsto para la Fiscalía Europea. Se contemplan dos iniciativas fundamentales a este respecto. En primer lugar, se establecerá un órgano independiente responsable de las garantías procesales a fin de consolidar el control jurídico de las medidas de investigación de la OLAF. En segundo lugar, se contemplará una salvaguardia procesal específica en forma de autorización del órgano responsable de las garantías procesales en el caso de medidas de investigación de carácter más invasivo (registros de oficinas, confiscaciones de documentos, etc.) que la OLAF pueda necesitar llevar a cabo en las instituciones de la UE.

El papel de la OLAF también cambiará con la creación de la Fiscalía Europea.

La OLAF seguirá encargándose de las investigaciones administrativas que no entren en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, tales como las efectuadas en materia de irregularidades que afecten a los intereses financieros de la UE o los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.

La OLAF dejará de realizar investigaciones sobre fraudes contra la UE u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, debido a que esos delitos serán competencia exclusiva de la Fiscalía Europea tras su creación. Si la OLAF sospecha que se han cometido tales delitos, estará obligada a notificarlos lo antes posible a la Fiscalía Europea. Aunque dejará de efectuar investigaciones en ese ámbito, la OLAF seguirá prestando asistencia a la Fiscalía Europea a petición de esta, como ya hace con los fiscales nacionales. Este cambio facilitará un proceso de investigación más rápido y contribuirá a prevenir la duplicación de las investigaciones administrativas y penales sobre los mismos hechos. Así aumentarán las posibilidades de un procesamiento con éxito.

Próximos pasos

El Reglamento propuesto tiene que ser aprobado por unanimidad por los Estados miembros en el Consejo, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo.

Si no puede alcanzarse la unanimidad en el Consejo, los Tratados prevén que un grupo de al menos nueve Estados miembros pueda entablar una cooperación reforzada (artículo 86 del TFUE).

Contexto

Los Estados miembros informan de que, cada año, se pierden unos 500 millones de euros de gastos e ingresos de la UE debido a presuntos fraudes.

La creación de la Fiscalía Europea se prevé en el Tratado de Lisboa (artículo 86 del TFUE), igual que el refuerzo de Eurojust (artículo 85 del TFUE). El Presidente Barroso reiteró en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2012 el compromiso de la Comisión de sacar adelante este proyecto (SPEECH/12/296).

En un documento conjunto de 20 de marzo de 2013, los ministros de Justicia de Francia y Alemania expresaron su apoyo a la creación de una Fiscalía Europea.

En mayo de 2011, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas, que incluye propuestas para mejorar la protección de los intereses financieros de la UE (véase IP/11/644).

En julio de 2012, la Comisión propuso una Directiva para combatir el fraude contra el presupuesto de la UE mediante el Derecho penal (IP/12/767, MEMO/12/544). Esta incluía definiciones comunes de delitos contra el presupuesto de la UE, la armonización de las sanciones mínimas (incluidas penas de privación de libertad en los casos graves) y una prescripción común.

Para más información

    MEMO/13/693

    Expediente de prensa:

    http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/130717_en.htm

    Comisión Europea – Política de Derecho penal:
    http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

    Página web de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia de la UE:

    http://ec.europa.eu/reding

    Página web del comisario Algirdas Šemeta:
    http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Personas de contacto:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Natasja Bohez Rubiano (+3222966470)

  1. ANEXO 1: Desglose de las acciones transferidas a los Estados miembros, resoluciones judiciales y condenas desde 2006 hasta 2011

Acciones transferidas a los Estados miembros

Acciones con resolución judicial

Acciones con resolución judicial en % de las acciones transferidas

Condenas

Condenas en % de las acciones con resolución judicial

Austria

8

4

50 %

4

100 %

Bélgica

56

28

50 %

18

64,3 %

Bulgaria

37

14

37,8 %

6

42,9 %

Chipre

1

0

0 %

0

NA

Chequia

23

8

34,8 %

2

25 %

Dinamarca

4

3

75 %

1

33,3 %

Estonia

3

1

33,3 %

1

100 %

Finlandia

12

12

100 %

11

91,7 %

Francia

29

12

41,4 %

9

75 %

Alemania

168

114

67,9 %

65

57 %

Grecia

86

26

30,2 %

5

19,2 %

Hungría

10

1

10 %

0

0 %

Irlanda

0

0

NA

0

NA

Italia

112

37

33 %

14

37,8 %

Letonia

4

0

0 %

0

NA

Lituania

9

9

100 %

8

88,9 %

Luxemburgo

2

1

50 %

1

100 %

Malta

5

0

0 %

0

NA

Países Bajos

29

16

55,2 %

5

31,3 %

Polonia

90

17

18,9 %

6

35,3 %

Portugal

21

9

42,9 %

6

66,7 %

Rumanía

225

128

56,9 %

30

23,4 %

Eslovaquia

16

9

56,3 %

0

0 %

Eslovenia

2

0

0 %

0

NA

España

54

5

9,3 %

0

0 %

Suecia

5

4

80 %

4

100 %

Reino Unido

19

13

68,4 %

3

23,1 %

Total

1030

471

45,7 %

199

42,3 %

Fuente: Informe de la OLAF de 2011: Duodécimo informe operativo de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, cuadro 6, página 22.


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