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Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación en profundidad sobre el régimen fiscal modificado español para la adquisición de participaciones en empresas extranjeras

European Commission - IP/13/701   17/07/2013

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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 17 de julio de 2013

Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación en profundidad sobre el régimen fiscal modificado español para la adquisición de participaciones en empresas extranjeras

La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para comprobar si la nueva interpretación de un régimen español que permite deducciones fiscales en relación con la adquisición de participaciones en empresas no españolas se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión había constatado que la versión original del régimen era incompatible con las normas sobre ayudas estatales, ya que concedía a los beneficiarios una ventaja económica selectiva sobre sus competidores que realizan adquisiciones nacionales. Según una práctica administrativa constante, el régimen original se aplicaba únicamente a las adquisiciones directas, mientras que la nueva interpretación española también permitiría, con carácter retroactivo, deducciones fiscales para las adquisiciones indirectas. En este momento, la Comisión considera que el régimen modificado también puede constituir ayuda estatal y tiene dudas sobre la compatibilidad de la ayuda en cuestión. La apertura de una investigación en profundidad brinda a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre la medida escrutada, sin perjuicio del resultado del procedimiento.

El 28 de octubre de 2009 y el 12 de enero de 2011, la Comisión pidió a España que suprimiera la disposición del impuesto de sociedades que permite a las empresas amortizar a lo largo de 20 años el fondo de comercio financiero derivado de la adquisición de participaciones en países extranjeros. La Comisión también limitó la recuperación de la ayuda ilegal, debido a la existencia de confianza legítima entre algunos beneficiarios (véase el asunto SA.22309). España se comprometió a no conceder la exención a los nuevos beneficiarios, pero no derogó la disposición, ya que la amortización sigue siendo posible en casos determinados en los que la Comisión reconoció la confianza legítima o autorizó un período transitorio.

No obstante, las autoridades españolas adoptaron en marzo de 2012 una nueva interpretación administrativa vinculante, por la que se ampliaba el ámbito de aplicación de la medida, que se aplicaría asimismo en lo sucesivo al fondo de comercio financiero derivado de adquisiciones indirectas.

La Comisión adopta el punto de vista preliminar de que esta nueva interpretación implica una ayuda estatal, porque España amplía indebidamente la aplicación de un régimen ilegal e incompatible con las normas vigentes. En este momento, la Comisión también considera que los beneficiarios de esta nueva interpretación no pueden invocar el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que su situación (ventajas fiscales derivadas de adquisiciones indirectas) no se incluiría en el ámbito de aplicación de la medida original en el momento de la adopción de las decisiones de la Comisión de 2009 y 2011.

La Comisión investigará ahora para confirmar si la nueva interpretación es constitutiva de ayuda estatal o no y, en caso afirmativo, si dicha ayuda se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. Si la Comisión considera que el régimen modificado es incompatible con las normas sobre ayudas estatales, España tendría que recuperar las ayudas ya concedidas a los beneficiarios. Por consiguiente, con el fin de evitar más gasto público que haya de ser recuperado con posterioridad, la Comisión ha pedido a España que deje de aplicar la nueva interpretación administrativa hasta que la Comisión haya tomado una decisión final sobre su compatibilidad (requerimiento de suspensión).

Las observaciones se pueden presentar en el plazo de un mes a partir de la publicación de la Decisión adoptada hoy en el Diario Oficial de la UE.

Contexto

En octubre de 2007, la Comisión inició una investigación detallada acerca de una disposición de la legislación española sobre el impuesto de sociedades (artículo 12, apartado 5, del TRLIS) debido a la sospecha de que otorgaba una ventaja a las empresas españolas que compraran entidades extranjeras (véase IP/07/1469). La ley disponía que una empresa española podía amortizar el fondo de comercio financiero que sea consecuencia de la adquisición de una participación de más del 5 % de una empresa extranjera durante los 20 años siguientes a la adquisición, como mínimo.

En octubre de 2009, la Comisión concluyó que el régimen constituía una ayuda estatal incompatible con las normas vigentes, porque contemplaba un trato más favorable a las adquisiciones españolas intracomunitarias respecto a las transacciones entre empresas españolas, sin ninguna razón objetiva (véase IP/09/1601).

La Comisión mantuvo abierta la investigación en lo referido a las adquisiciones en países no pertenecientes a la UE a fin de examinar las pruebas que España se había comprometido a proporcionar. Las autoridades españolas alegaron que la medida era necesaria para compensar los obstáculos encontrados en países no pertenecientes a la UE. Los obstáculos jurídicos harían imposible proceder a una combinación de negocios transfronteriza. Como consecuencia de la existencia de esos obstáculos, las empresas españolas que invirtieran en el extranjero se encontrarían en una situación diferente a la de las que invirtieran dentro de España. Sin embargo, la Comisión no pudo determinar la existencia de obstáculos explícitos en la inmensa mayoría de los terceros países más pertinentes cuya legislación examinó.

En enero de 2011, la Comisión concluyó, por lo tanto, que la disposición era constitutiva de ayuda estatal incompatible también en lo referido a las adquisiciones fuera de la UE (en su mayoría). Se solicitó a España que derogara la disposición de las adquisiciones fuera de la UE y que recuperara todas las ayudas concedidas, excepto en casos de confianza legítima (véase IP/11/26).

La versión no confidencial de la Decisión de hoy se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como en el Registro de Ayudas Estatales de la página web de la DG Competencia con el número de referencia SA.35550. La relación de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en Internet y en el Diario Oficial se encuentra en las noticias semanales en línea sobre ayudas estatales (State Aid Weekly e-News).

Personas de contacto:

Antoine Colombani (+32 22974513 - Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


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