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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 28 de junio de 2013

Se ha llegado a un acuerdo sobre las medidas de austeridad y reforma de la función pública europea

Representantes de los Estados miembros han aprobado hoy un paquete de medidas de austeridad y reforma destinadas a los funcionarios europeos, las cuales permitirán ahorrar 2 700 millones de euros de aquí a 2020, y 1 500 millones de euros al año a largo plazo.

Han confirmado el acuerdo que habían alcanzado el martes (25) representantes del Parlamento Europeo, la Presidencia irlandesa y la Comisión, y que ya apoyó ayer (27) la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.

El vicepresidente Maroš Šefčovič ha declarado: «Me congratulo de la decisión de los Estados miembros y de la Comisión de Asuntos Jurídicos; este acuerdo constituye una respuesta adecuada a la crisis y al mismo tiempo preserva la capacidad de las instituciones europeas para cumplir su misión. Aunque nadie puede estar plenamente satisfecho con el resultado, se trata de un compromiso razonable. Las negociaciones han sido muy duras, pero me complace que hayamos logrado alcanzar una solución de compromiso aceptable. Seguiremos profundizando la modernización de la función pública europea, en particular mediante una mayor vinculación entre la remuneración y las responsabilidades. Cualquier candidato que supere nuestros rigurosos procedimientos de contratación deberá estar dispuesto a trabajar sin descanso para Europa y sus ciudadanos, y ello pasa por la ampliación de la jornada laboral y el retraso de la edad de jubilación».

La propuesta incluye:

• La congelación, durante dos años, de los salarios y las pensiones.

• Una reducción del 5 % del personal de todas las instituciones durante el período 2013-2017. Ello representa un total de 2 500 puestos, una cifra superior a la plantilla del Tribunal de Justicia.

• Un aumento, sin compensación financiera, del horario mínimo semanal del personal de todas las instituciones (de 37,5 a 40 horas).

El aumento de la edad de jubilación, de 63 a 66 años para el nuevo personal y a 65 años para el personal ya en funciones. Se facilitará la posibilidad de trabajar hasta los 70 años y se establecerá un nuevo vínculo entre la esperanza de vida y la edad de jubilación.

Una nueva «exacción de solidaridad» del 6 %, que se sumará a los tipos impositivos actuales (hasta el 45 %). Esta exacción será del 7 % para los comisarios y los funcionarios pertenecientes a los dos grados más elevados. Se comenzará a aplicar durante el periodo de congelación salarial, dando lugar a una disminución inmediata de los salarios netos de la mayor parte del personal.

Para el nuevo personal, la tasa de acumulación de las pensiones se reducirá del 1,9 % al 1,8 % anual. Se suprimirá la jubilación anticipada sin pérdida de los derechos de pensión adquiridos.

Menores salarios (-22 %) al final de la carrera de gran parte de los administradores y asistentes, al hilo de la mayor vinculación entre el grado y las responsabilidades, y reducción de los porcentajes de promoción. Todo ello se traducirá también en menores pensiones.

Reducción de las retribuciones del nuevo personal de oficina y secretaría: disminución del 13 % de los salarios iniciales y del 40 % de los salarios al final de la carrera.

Un nuevo método simplificado de adaptación de los salarios y las pensiones basado en las decisiones políticas que adopten once Estados miembros para sus funcionarios nacionales, el cual tendrá en cuenta asimismo las situaciones de profunda crisis económica y financiera. La aplicación de este nuevo método quedará suspendida hasta 2015.

Una reducción tanto del número máximo de días de permiso concedidos al personal para su desplazamiento anual a su país de origen (de seis a dos días y medio) como de las dietas correspondientes.

La posibilidad de ampliar la utilización de personal contractual menos oneroso, mediante la extensión de la duración máxima de los contratos, de tres a seis años.

Antecedentes

El acuerdo se someterá ahora al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión para una decisión definitiva. Desarrolla el importante conjunto de medidas de reforma y austeridad aprobadas en 2004, las cuales ya están propiciando ahorros considerables (8 000 millones de euros de aquí a 2020).

En los últimos años, la Comisión ha seguido una política de congelación de la plantilla, ha atendido las nuevas prioridades políticas mediante la reasignación interna de su personal y ha puesto en práctica distintos instrumentos y procedimientos con el fin de mejorar su eficiencia y organización interna. Los gastos administrativos se congelaron en términos reales en 2012 y 2013. La Comisión ha propuesto que no rebasen el nivel de 2013 (en términos reales) a lo largo del período del Marco Financiero Plurianual (2014-2020).

Los gastos administrativos representan aproximadamente el 4,5 % del presupuesto de la UE, que a su vez representa cerca del 1 % del PIB de la UE.

Personas de contacto:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


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