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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 19 de junio de 2013

Ayudas estatales: Los operadores de plataformas de televisión digital terrestre en España deberán reembolsar unas subvenciones incompatibles

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el plan español de 260 millones de euros para financiar la digitalización y la extensión de la red de televisión digital terrestre en zonas remotas de España es incompatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales. La medida favorece a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras. Los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español.

En 2005, España decidió subvencionar la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en regiones remotas de España, que abarcan alrededor del 2,5 % de la población. La financiación pública también incluye ayudas para la explotación y el mantenimiento de la infraestructura de TDT. No obstante, esas subvenciones, por valor de 260 millones de euros, se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres. España no notificó ese proyecto a la Comisión.

A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre la financiación pública de la infraestructura de TDT (asunto C23/2010). La investigación puso de manifiesto que, en efecto, la medida financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio. En la actualidad, varios canales comerciales de televisión ya se emiten a través de la plataforma por satélite.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas. La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español.

Antecedentes

Entre 2005 y 2008, España adoptó una serie de medidas reglamentarias para gestionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital. En la red terrestre, ese cambio requiere la adaptación de los centros emisores existentes y la construcción de otros nuevos. El territorio español se dividió en tres zonas distintas. En la zona I, que incluye la gran mayoría de la población española, los costes de la transición corrieron a cargo de los radiodifusores. En la zona II, menos urbanizada, los radiodifusores no tenían ningún interés comercial en la prestación del servicio, por lo que las autoridades españolas establecieron el plan de ayudas estatales objeto de la investigación. Por último, la topografía de la zona III excluye la transmisión terrestre y se escogió la plataforma por satélite. La investigación se refirió exclusivamente a las medidas adoptadas para la zona II.

En su decisión sobre las ayudas a la televisión digital terrestre en Berlín-Brandeburgo, la Comisión dio indicaciones sobre la forma en que los Estados miembros podían prestar apoyo a la transición a la tecnología digital de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales (véase IP/05/1394). La decisión de la Comisión en ese asunto ha sido confirmada recientemente por el Tribunal General de la UE (asuntos T-8/06, T-21/06 y T‑24/06). Además, el principio de neutralidad tecnológica ha sido confirmado en la sentencia del Tribunal General sobre la decisión de la Comisión en el asunto Mediaset (asunto T‑177/07, véase CJE/10/55).

Al margen de este asunto, la Comisión también ha iniciado una investigación pormenorizada respecto de otros dos casos de digitalización en España. El primero se refiere a la aplicación del plan de transición en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DO C/213/2012), en donde, además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales. El segundo se refiere a las ayudas concedidas a los radiodifusores por el cambio de ancho de banda (DO C/213/2012). Ambos casos siguen en fase de investigación.

La versión no confidencial de la decisión se publicará con el número de asunto SA.28599 en el Registro de Ayudas Estatales de la página web de la DG de Competencia, una vez se hayan resuelto las posibles cuestiones de confidencialidad. La relación de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en internet y en el Diario Oficial se encuentra en las noticias semanales en línea sobre ayudas estatales (State Aid Weekly e-News).

Personas de contacto:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


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