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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 25 de noviembre de 2013

Libre circulación de las personas: cinco acciones en favor de los ciudadanos, el crecimiento y el empleo en la UE

La responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE en la defensa de los derechos de los ciudadanos de la UE a vivir y trabajar en un Estado miembro distinto del propio queda subrayada en un documento de estrategia que acaba de adoptar la Comisión Europea. Con el fin de apoyar la acción de los Estados miembros, el documento expone cinco acciones concretas para reforzar el derecho a la libre circulación y ayudar a los Estados miembros a aprovechar las ventajas que esta aporta. Aclara los derechos de los ciudadanos de la UE a la libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las inquietudes de algunos Estados miembros por las dificultades que los flujos migratorios pueden representar para los entes locales.

«La libre circulación es un derecho fundamental y constituye el núcleo de la ciudadanía de la UE. Más de dos tercios de los europeos afirman que la libre circulación es beneficiosa para su país. Hemos de reforzarla y protegerla», ha declarado Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «Soy consciente de las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre posibles abusos en cuanto a los flujos de movilidad. Los abusos debilitan la libre circulación. La Comisión Europea está dispuesta a prestar ayuda a los Estados miembros para hacer frente a este problema. Por ello presenta hoy cinco acciones que ayudarán a los Estados miembros a responder a posibles casos de abuso y a utilizar más eficazmente los fondos de la UE para la inclusión social. Trabajemos juntos por el derecho a la libre circulación. Así lo esperan los ciudadanos europeos.»

László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: «La Comisión está comprometida con que los ciudadanos de la UE puedan, en la práctica, ejercer sus derechos de trabajar y residir en cualquier país de la UE. Los Estados miembros y la UE debemos colaborar para garantizar que las normas sobre libre circulación sigan aportando las máximas ventajas para los ciudadanos y para la economía. La Comisión reconoce los problemas que, a escala local, puede generar una afluencia súbita de personas de otros países de la UE en una zona geográfica determinada, en materia de educación, de vivienda y de infraestructuras. Por ello, está dispuesta a trabajar con los Estados miembros y ayudar a las autoridades, municipales y de otro tipo, a recurrir al Fondo Social Europeo en toda su extensión».

Más de catorce millones de ciudadanos de la UE residen en otro Estado miembro: la libre circulación —la posibilidad de vivir, trabajar y estudiar en cualquier lugar de la Unión— es el derecho de la UE más apreciado por sus ciudadanos. Los trabajadores de la UE han venido beneficiándose de este derecho desde los albores de la Unión Europea, pues este principio fue consagrado en el primero de los Tratados de Roma de 1957.

La libre circulación de los ciudadanos es un componente integral del mercado único y un elemento clave de su éxito: estimula el crecimiento económico al permitir que las personas viajen, compren y trabajen más allá de las fronteras, y que las empresas busquen personal en reservas más amplias de talentos. La movilidad laboral entre Estados miembros contribuye a abordar los desajustes entre capacidades y puestos de trabajo en un contexto de importantes desequilibrios en los mercados de trabajo de la UE y de una población que envejece.

Por último, la normativa sobre la libre circulación contiene salvaguardias que permiten a los Estados miembros prevenir los abusos.

En el documento presentado hoy se analiza el impacto de esta movilidad en los sistemas de protección social de los Estados miembros de acogida. Hay datos concluyentes de que la mayoría de los ciudadanos de la UE que se desplazan a otro Estado miembro lo hacen para trabajar. Es más probable que desempeñen una actividad económica y se acojan menos a la protección social que los nacionales. De hecho, el porcentaje de estos ciudadanos migrantes que reciben prestaciones sociales es relativamente bajo, comparado con los del propio Estado miembro y los no nacionales de la UE (anexo 3). En la mayoría de los Estados miembros, estos ciudadanos que ejercen la movilidad son contribuyentes netos al sistema de protección social del país de acogida.

El documento explica los derechos y obligaciones que los ciudadanos de la UE tienen en virtud del Derecho de la UE. Aclara las condiciones que deben cumplirse para tener derecho a la libre circulación, a la asistencia social y a las prestaciones de seguridad social. Teniendo en cuenta las dificultades que han surgido en algunos Estados miembros, también explica las salvaguardias frente a los abusos, el fraude y el error. Resume asimismo los instrumentos de inclusión social de que disponen los Estados miembros y los ayuntamientos en algunos casos particulares de afluencia de migrantes.

En respuesta a las preocupaciones de algunos Estados miembros por la aplicación práctica de la libre circulación, la Comisión establece cinco acciones para ayudar a las autoridades nacionales y locales a:

  • Oponerse a los matrimonios de conveniencia: La Comisión ayudará a las autoridades nacionales a aplicar la normativa de la UE que les permita actuar contra posibles abusos del derecho de libre circulación, preparando un manual sobre los matrimonios de conveniencia.

  • Aplicar las normas de la UE para la coordinación de la seguridad social: La Comisión trabaja en estrecho contacto con los Estados miembros para aclarar la «prueba de residencia habitual», establecida en la normativa sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (Reglamento (CE) nº 883/2004), en una guía práctica que aparecerá a finales de 2013. Los criterios estrictos de esta prueba garantizan que los ciudadanos que no ejercen una actividad profesional en otro Estado miembro solo pueden tener acceso en él a la seguridad social cuando han trasladado verdaderamente su centro de interés a dicho Estado (por ejemplo, si su familia reside ahí).

  • Abordar la cuestión de la integración social: Se ayudará a los Estados miembros a utilizar más eficazmente el Fondo Social Europeo para abordar la integración social. A partir del 1 de enero de 2014, al menos el 20 % de la asignación del FSE se dedicará a promover la inclusión social y combatir la pobreza en cada Estado miembro.

  • Promover el intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades locales: La Comisión ayudará a las autoridades locales a compartir el conocimiento alcanzado en Europa para hacer frente de mejor manera a las dificultades que encuentra la inclusión social. A finales de 2013 presentará una evaluación de impacto de la libre circulación en seis grandes ciudades. En febrero de 2014 convocará un encuentro de alcaldes para debatir sobre dichas dificultades y compartir las mejores prácticas.

  • Garantizar la aplicación práctica de la normativa sobre la libre circulación: La Comisión también creará para finales de 2014, en cooperación con los Estados miembros, un módulo de formación en línea para ayudar al personal de las autoridades locales a comprender plenamente y aplicar los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la UE. Actualmente, el 47 % de estos dice que los problemas que se les plantean cuando se van a vivir a otro Estado miembro provienen de que los funcionarios de las administraciones locales no están suficientemente familiarizados con tales derechos.

Antecedentes

Hace veinte años, el Tratado de Maastricht amplió el derecho a la libre circulación a todos los ciudadanos de la UE, con independencia de su actividad económica. Las normas y condiciones específicas aplicables a la libre circulación y la residencia se establecen en la Directiva 2004/38/CE.

El 56 % de los ciudadanos europeos considera que la libre circulación es el mayor logro de la Unión Europea. Cierto es que cada vez más europeos hacen uso de este derecho y residen en otro Estado miembro: a finales de 2012 eran 14,1 millones de ciudadanos los que vivían en un Estado miembro distinto del propio. Según las encuestas de Eurobarómetro, más de dos tercios de los europeos (67 %) consideran que la libre circulación de personas en la UE tiene efectos económicos beneficiosos para su país (anexo 1).

Todo ciudadano de la UE tiene derecho a vivir hasta tres meses en el territorio de otro Estado miembro sin condiciones ni formalidades. El derecho a residir más de tres meses en otro Estado miembro está sujeto a determinadas condiciones, según la situación personal en el país de acogida (como se detalla en MEMO/13/1041).

For more information

European Commission – EU free movement

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Free movement of workers:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2006&furtherNews=yes

Homepage of Viviane Reding, Vice-President of the European Commission and EU Justice Commissioner: http://ec.europa.eu/reding

Follow the Vice-President on Twitter: @VivianeRedingEU

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Personas de contacto:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Annex

Annex 1: Public perception about free movement

Source, Flash Eurobarometer 365 on 'European Union Citizenship', p44

Annex 2: EU mobile citizens are more likely to be economically active than Member States' own nationals

The chart is sorted according to the number of working-age (15-64) mobile EU citizens residing in the country.

Source: Eurostat, EU Labour Force Survey (table lfsa_argan). Note: only the main destination countries of mobile EU citizens are shown in the chart. These 17 Member States account for 99 % of the mobile EU citizens in 2012.

Annex 3: The effect of mobile EU citizens on the social system in 13 Member States

Data provided by the Member States themselves.

Annex 4: Allocation of EU Funding from the European Social Fund 2007-2013

* Cumulative interim payments by the Commission to Member States, based on certified expenditure. Actual implementation rate may be significantly higher.

**Budget allocated to priorities "Increasing migrants' participation in employment" and "Integrating disadvantaged people into employment".


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