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Comisión Europea – Comunicado de prensa

La Comisión denuncia al Consejo ante el Tribunal por incumplimiento de la legislación de la UE relativa al Estatuto del personal

Bruselas, 11 de enero de 2012 – La Comisión ha decidido hoy denunciar al Consejo ante el Tribunal de Justicia por no adoptar el Reglamento del Consejo sobre la adaptación anual de las retribuciones y las pensiones del personal de la UE previsto en el Estatuto del personal.

De acuerdo con el Estatuto del personal, los sueldos y las pensiones de los funcionarios de la UE se ajustan de acuerdo con las decisiones políticas adoptadas por los Estados miembros con respecto a los salarios de sus propios funcionarios nacionales. Cuando los sueldos de los funcionarios nacionales aumentan o disminuyen, la misma evolución se aplica al personal de la UE.

En esta ocasión, cinco de los ocho Estados miembros utilizaron para el cálculo los sueldos de sus funcionarios nacionales incrementados en términos nominales: Bélgica (3,6 %), Francia y Países Bajos (2 %), Alemania y Reino Unido (1,3 %). En Italia, España y Luxemburgo se realizaron pequeñas reducciones salariales. Por término medio, ello representó para los funcionarios nacionales una pérdida del poder adquisitivo del 1,8 % en términos reales. Esa es exactamente la misma pérdida que se propone para los funcionarios de la UE, con indiferencia de su lugar de destino.

La Comisión, en estricto cumplimiento de la legislación, propone por tanto al Consejo que la misma pérdida se aplique a los funcionarios de la UE. La propuesta de la Comisión reclama también un recorte del -1,8 % en términos reales que, para el personal que trabaja en Bruselas, en donde la inflación es del 3,6 %, se traduce en un ajuste nominal del 1,7 %.

Como el Tribunal de Justicia Europeo ya ha confirmado en diversas ocasiones (la última vez el 24 de noviembre de 2010 en el Asunto C-40/10), de acuerdo con el Estatuto, el Consejo no tiene margen discrecional alguno, sino que debe adoptar el valor del ajuste calculado por la Comisión.

La única posibilidad de apartarse de estas normas es aplicar la cláusula de excepción, que, según el Tribunal destacó, solo puede utilizarse en circunstancias muy excepcionales cuando, con arreglo a este método, la retribución de los funcionarios no se haya ajustado con la suficiente rapidez. La Comisión, a petición del Consejo, estudió en dos ocasiones si el uso de la cláusula de excepción, que hace referencia a un deterioro repentino y grave de la situación económica y social en la Unión Europea, podría aplicarse. La Comisión concluyó que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios de la UE, que corresponde a la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios nacionales, parece estar en consonancia con la situación económica y social actual. Todas las medidas adicionales que vayan más allá de dicha pérdida supondrían un incumplimiento del Estatuto y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

En lugar de ello, la Comisión tuvo en cuenta la necesidad de proponer medidas de austeridad mediante recortes del 5 % del personal en todas las instituciones de la UE, así como mediante la introducción de cambios importantes en el Estatuto, como el aumento del horario de trabajo semanal de 37,5 a 40 horas sin compensación alguna, el aplazamiento de la edad de jubilación hasta los 65 años (o hasta los 67 en determinadas circunstancias) y la remodelación de las estructuras de carrera de secretarios y asistentes. Si son adoptadas, todas estas medidas traerán consigo un ahorro superior a 1 000 millones EUR durante los siete próximos años y de 1 000 millones EUR anuales a largo plazo .

A pesar de las consideraciones anteriores, el Consejo tomó la decisión formal de no adoptar la propuesta de la Comisión. La Comisión considera que esta Decisión incumple el Estatuto y está obligada, por consiguiente, como guardiana de los Tratados, a denunciar este proceder ante el Tribunal de Justicia.

El Vicepresidente Maroš Šefčovič ha declarado: La Comisión lamenta que una vez más, tras una situación similar ocurrida en 2009, se vea obligada a llevar al Consejo ante el Tribunal sobre este asunto. El Consejo y la Comisión reconocen la necesidad de ahorrar en costes administrativos. Sin embargo, estos ahorros han de efectuarse de conformidad con la legislación y, en caso necesario, modificando dicha legislación y no infringiéndola.

Este es el planteamiento sobre el que la Comisión viene trabajando desde hace ocho meses, que dio lugar a la presentación de propuestas formales en diciembre de 2011 al Parlamento Europeo y al Consejo según las cuales, en caso de adoptarse, se generaría un ahorro en gastos administrativos de más de 1 000 millones EUR en 2020, y de 1 000 millones EUR al año a largo plazo.

Antecedentes

Eurostat calcula cada año la adaptación anual sobre la base de los datos estadísticos facilitados por los Estados miembros relativos a los incrementos o reducciones salariales aplicados a sus administraciones nacionales. En 2004, el Consejo decidió que debe utilizarse una muestra compuesta de ocho Estados miembros (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo). Por consiguiente, el personal de la UE comparte la pérdida o ganancia que experimenten los funcionarios nacionales de dichos países.

En 2010 se produjo una pequeña reducción de los sueldos netos en las instituciones de la UE, ya que el incremento del tipo de cotización al régimen de pensiones (del 11,3 % al 11,6 %) y de la exacción especial (del 5,07 % al 5,5 %) superó el aumento mínimo de los salarios brutos (0,1 %).

Enlace a IP/11/1532, sobre las propuestas de reforma del Estatuto, y a MEMO/11/907 (preguntas y respuestas sobre la reforma del Estatuto).

Personas de contacto:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


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