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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 11 de julio de 2012

La Comisión propone reforzar el uso de la legislación penal contra los defraudadores con el fin de proteger el dinero de los contribuyentes

El uso indebido de los fondos de la UE para fines delictivos pone en peligro los objetivos de la UE de generar crecimiento y empleo y de mejorar las condiciones de vida. Teniendo en cuenta la presión a la que están sometidas las haciendas públicas de toda la UE, cada euro cuenta. Por ello, la Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para combatir el fraude en detrimento del presupuesto de la UE por medio del Derecho penal a efectos de proteger mejor el dinero de los contribuyentes. La Directiva crea un marco más armonizado para perseguir y reprimir los delitos que menoscaben el presupuesto de la UE, de tal modo que los delincuentes ya no puedan aprovecharse de las discrepancias existentes entre los ordenamientos jurídicos nacionales. La Directiva establece unas definiciones comunes de los delitos contra el presupuesto de la UE y unas sanciones mínimas, incluida la privación de libertad en los casos graves, y unos períodos comunes durante los que será posible investigar y enjuiciar los delitos (prescripción). Esto ayudará a disuadir a los infractores, emprender acciones legales más eficaces a nivel nacional y facilitar la recuperación de los fondos desviados.

La Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, afirmó: El dinero de la UE no debe caer en manos de delincuentes. Es fundamental que la UE se dote de unas normas estrictas en materia de Derecho penal con el fin de proteger el dinero de los contribuyentes. Nuestro objetivo es claro: garantizar que el fraude al presupuesto de la UE no quede impune, lo que a su vez ahorrará dinero de los contribuyentes. La propuesta de hoy permitirá superar la actual disparidad de las normas de Derecho penal en la UE, ya que algunos Estados miembros sancionan un delito con penas de prisión mientras que otros no adoptan medidas.

Algirdas Šemeta, Comisario responsable de la lucha contra el fraude, señaló: El enfoque actual de la protección de los fondos de la UE en Europa es fragmentario en el mejor de los casos. Los defraudadores no deben poder eludir el enjuiciamiento y las sanciones simplemente por el mero hecho de encontrarse en un lugar geográfico determinado. El dinero de los contribuyentes europeos debe estar fuertemente protegido en cada Estado miembro y la propuesta de hoy es un paso importante en esa dirección.

Actualmente, en los distintos Estados miembros existe una gran variedad de planteamientos para la protección de los fondos de la UE. La interpretación de lo que constituye fraude al presupuesto de la UE difiere en función del país, así como las sanciones. Por ejemplo: el nivel de las sanciones por fraude varía en la Unión Europea desde una sentencia de aplicación no obligatoria hasta 12 años de cárcel. Igualmente, los plazos durante los cuales es posible investigar y perseguir las infracciones varían notablemente, entre 1 y 12 años.

Para hacer frente a este problema, la propuesta presentada hoy define el fraude y otros delitos relacionados como la corrupción, la malversación de fondos, el blanqueo de dinero o la obstrucción de procedimientos de contratación pública en detrimento del presupuesto de la UE. Estas definiciones comunes contribuirán a garantizar su aplicación uniforme por parte de las autoridades judiciales de toda la UE, ya que actualmente la tasa de condena más frecuente para casos de fraude detectados en los Estados miembros en detrimento del presupuesto de la UE oscila entre el 14 % y el 80 % (con una media del 41 % para la UE) dependiendo del Estado miembro.

La propuesta establece que los Estados miembros impondrán sanciones de un mínimo de 6 meses de cárcel en los casos graves. Para facilitar la recuperación de fondos, establece la confiscación de los ingresos procedentes de estos delitos.

Contexto

Las pérdidas que sufre el presupuesto de la UE debido a actividades ilegales son motivo de preocupación. Más del 90 % del presupuesto de la UE es gestionado a nivel nacional. En 2010 se contabilizaron 600 casos de presunto fraude que afectaron a ingresos y gastos de la UE. Los Estados miembros comunicaron presuntos casos de fraude por un total de 600 millones de euros.

Se trataba de casos en los que los solicitantes de fondos de la UE facilitaron información falsa para conseguir financiación, por ejemplo en el ámbito de la agricultura o del desarrollo regional, o de casos en que funcionarios nacionales aceptaron dinero a cambio de adjudicar un contrato público, violando así las normas sobre contratación pública.

En mayo del año pasado, la Comisión adoptó la Comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas, que contenía propuestas para mejorar la protección de los intereses financieros de la UE (véase IP/11/644).

Para más información:

Página de Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la UE: http://ec.europa.eu/reding

Página del Comisario Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Para el texto legislativo, véase:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Comisión Europea – Política de Derecho penal: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Personas de contacto:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


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