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Comisión Europea - Comunicado de prensa

La Comisión Europea incoa procedimientos acelerados de infracción contra Hungría en relación con la independencia de su Banco Central y de sus autoridades responsables de la protección de datos y con medidas que afectan al poder judicial

Estrasburgo, 17 de enero de 2012 - La Comisión Europea ha interpuesto hoy un recurso judicial contra Hungría en relación con la nueva legislación que entró en vigor a principios de año en el marco de la nueva Constitución de dicho país. Tras una serie de contactos con las autoridades húngaras sobre el proyecto de nueva legislación, en particular cartas enviadas por el Presidente José Manuel Barroso, la Vicepresidenta Viviane Reding (Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE) y el Vicepresidente Olli Rehn (Comisario de la UE responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y del Euro), la Comisión acaba de llevar a cabo una evaluación jurídica detallada de la nueva legislación adoptada a principios de enero. Según la Comisión, la legislación húngara es contraria al Derecho de la UE debido a una serie de medidas que afectan al poder judicial y a que pone en tela de juicio la independencia del Banco Central y de las autoridades responsables de la protección de datos.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido hoy enviar a Hungría tres cartas de emplazamiento, que constituyen la primera fase del procedimiento de infracción de la UE, y tratar con las autoridades húngaras otras cuestiones afines, con objeto de determinar si se justifican otras medidas en virtud del Derecho de la UE, concretamente en lo que atañe a la independencia del poder judicial. Las autoridades húngaras disponen ahora de un mes para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión.

Según ha declarado el Presidente José Manuel Barroso, «Hungría, al igual que los demás Estados miembros, tiene la obligación, de conformidad con los Tratados de la UE, de garantizar la independencia de su Banco Central nacional y de su autoridad responsable de la protección de datos y la no discriminación de sus jueces. La Comisión está decidida a adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar que se mantenga la compatibilidad con la legislación de la Unión Europea.».

La Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, ha dicho lo siguiente: «Al examinar por primera vez el proyecto de ley a principios de diciembre, señalé los graves problemas jurídicos que planteaba la posible vulneración de la independencia del poder judicial húngaro y de la autoridad húngara responsable de la protección de datos. Ahora que la ley ha sido adoptada sin tener en cuenta las dudas jurídicas planteadas por la Comisión, le corresponde a ésta, en su calidad de guardiana de los tratados, garantizar que se cumpla el Derecho de la UE. Espero que las autoridades húngaras respondan rápidamente a las dudas jurídicas expresadas por la Comisión. Dichas dudas solo podrán despejarse mediante modificaciones concretas de la legislación en cuestión o su suspensión inmediata.».

El Vicepresidente Olli Rehn, Comisario de la UE responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y del Euro, ha declarado lo siguiente: «La independencia del Banco Central constituye uno de los pilares del Tratado. Los Gobiernos deben abstenerse de influir en su Banco Central. La nueva ley aplicable al Banco Central húngaro y ciertas disposiciones de la nueva Constitución son contrarias a estos principios. Insto al Gobierno húngaro a que garantice la plena independencia del Banco Central, lo que supone revisar toda la legislación pertinente, incluida la Constitución. Estas cuestiones deben abordarse antes de que podamos entablar las negociaciones oficiales sobre la ayuda financiera solicitada a la UE y al FMI.».

Los tres principales fundamentos jurídicos

La nueva legislación húngara obliga también a 274 jueces, incluidos jueces del Tribunal Supremo, a jubilarse, en contra de las normas de la UE. El Gobierno también recibe poderes sobre la autoridad responsable de la protección de datos, en contra de lo que establecen los Tratados de la UE, que exigen la independencia de las autoridades nacionales responsables de la protección de datos (artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales) y la independencia del Banco Central nacional (artículos 130 y 127 del TFUE y artículo 14 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo). El Banco Central de Hungría forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y, por otro lado, el Gobernador de dicho Banco Central forma parte del Consejo General del Banco Central Europeo, que constituye el tercer organismo decisorio del BCE.

1) Independencia del Banco Central nacional

La Comisión ha detectado varios incumplimientos del Derecho primario; se trata concretamente del incumplimiento del artículo 130 del TFUE, que establece la plena independencia del Banco Central, y del artículo 127, apartado 4, del TFUE, que exige la consulta del BCE «sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia».

  • El artículo 130 del TFUE establece que «ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano».

  • El artículo 127, apartado 4, del TFUE establece que «El Banco Central Europeo será consultado […] sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia».

Se han incumplido, además, el artículo 14, apartado 2, de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y el artículo 4 de la Decisión 98/415/CE del Consejo, sobre la oportuna consulta del BCE. La Comisión ha instado a las autoridades húngaras a clarificar una serie de elementos.

Las infracciones señaladas en la carta de emplazamiento se refieren tanto a la ley aplicable al MNB («Magyar Nemzeti Bank» - Banco Central húngaro) como a la nueva Constitución.

De acuerdo con la ley aplicable al MNB, el Ministro puede participar directamente en las reuniones del Consejo Monetario, lo que ofrece al Gobierno la posibilidad de influir directamente en el MNB desde dentro. Asimismo, el Gobierno debe recibir por anticipado el orden del día de las reuniones del MNB, lo que impide a este mantener discusiones de carácter confidencial. Por otro lado, las modificaciones introducidas en el régimen de remuneración del Gobernador se aplican también de forma inmediata al titular del cargo, aunque solo deberían aplicarse a partir del siguiente mandato, a fin de evitar la utilización de la remuneración para presionar al MNB. Por último, tanto el Gobernador como los miembros del Consejo Monetario deben prestar un juramento (de fidelidad al país y sus intereses) cuyo texto es problemático, ya que el Gobernador forma parte también del Consejo General del BCE.

La Comisión también tiene dudas acerca de las normas aplicables a la destitución del Gobernador y de los miembros del Consejo Monetario que podrían sufrir influencias políticas (incluso el Parlamento puede proponer la destitución de uno de dichos miembros) y posibles abusos. Asimismo, plantean dudas los frecuentes cambios del marco institucional del MNB, por ejemplo el aumento del número de miembros del Consejo Monetario y la posibilidad de incrementar el número de subgobernadores sin tener debidamente en cuenta las necesidades del MNB.

Además, una disposición constitucional regula la posible fusión del MNB con la autoridad de supervisión financiera. Si bien la fusión como tal no plantea ningún problema, el Gobernador del MNB desempeñaría, en la nueva estructura, un papel de mero vicepresidente, lo que limitaría su independencia.

Independencia del del poder judicial

El procedimiento de infracción relativo a la independencia del poder judicial se centra en la nueva edad de jubilación de los jueces y fiscales y se refiere a la decisión de Hungría de rebajar, a partir del 1 de enero de 2012, la edad de jubilación obligatoria de los jueces, fiscales y notarios, de los 70 años a los 62 previstos en el régimen general.

Las normas de la UE sobre la igualdad de trato en el empleo (Directiva 2000/78/CE) prohíben la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de edad. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los Gobiernos que decidan rebajar la edad de jubilación de un colectivo determinado deben dar una justificación objetiva y proporcionada. Este principio fue reafirmado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de septiembre de 2011 según la cual el hecho de prohibir a los pilotos de líneas aéreas trabajar después de 60 años constituye una discriminación por motivos de edad.

En el caso de Hungría, la Comisión no ha hallado ninguna motivación objetiva que justifique la aplicación a los jueces y fiscales de un trato distinto al de otros colectivos, especialmente en un momento en que se tiende a aumentar la edad de jubilación en toda Europa, en vez de rebajarla. La situación es tanto más cuestionable desde el punto de vista jurídico cuanto que el Gobierno ya ha comunicado a la Comisión su intención de elevar hasta los 65 años la edad de jubilación prevista en el régimen general.

En lo que atañe a la independencia del poder judicial, la Comisión ha solicitado también a Hungría más información sobre la nueva legislación relativa a la organización de los tribunales. De acuerdo con la ley, los poderes en materia de gestión operativa de los tribunales, recursos humanos, presupuesto y asignación de asuntos se concentran en manos del presidente de una nueva Oficina Judicial nacional. Las decisiones relativas a la gestión operativa de los tribunales dejan de adoptarse de forma colegiada o a través de otros métodos de salvaguardia apropiados . Todas las decisiones importantes relativas al poder judicial, incluido el nombramiento de los jueces, corresponden a una sola persona. Además, a finales de 2011 se puso fin de forma prematura al mandato del antiguo Presidente del Tribunal Supremo, que había sido elegido por un período de seis años en junio de 2009. En cambio, otros antiguos jueces del Tribunal Supremo siguen ejerciendo en el nuevo tribunal que sustituye al Tribunal Supremo. La Comisión espera una respuesta detallada de las autoridades húngaras antes de decidir si es necesario incoar un nuevo procedimiento de infracción .

Independencia de las autoridades responsables de la protección de datos

El procedimiento relativo al supervisor responsable de la protección de datos se refiere a la decisión adoptada recientemente por Hungría de crear un nuevo organismo nacional para la protección de datos, que sustituye a la autoridad responsable de la protección de datos a partir del 1 de enero de 2012, por lo que se pone fin de forma prematura al mandato de seis años del Comisario responsable de la protección de datos nombrado en 2008, sin que se hayan adoptado medidas provisionales hasta que acabe el mandato del antiguo Comisario en 2014. Las nuevas normas permiten también al Primer Ministro y al Presidente destituir al nuevo supervisor de forma arbitraria.

La independencia de los supervisores encargados de la protección de datos se garantiza en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, las normas de la UE sobre la protección de datos (Directiva 95/46/CE) exigen a los Estados miembros que creen un organismo supervisor totalmente independiente para controlar la aplicación de la Directiva. El Tribunal de Justicia ha confirmado este extremo. En su sentencia relativa al asunto C-518/07 de 9 de marzo de 2010, referente a Alemania, el Tribunal subraya que las autoridades de supervisión de la protección de datos deben ejercer sus actividades sin ninguna influencia externa, incluida la influencia directa o indirecta del Estado. Según la sentencia del Tribunal, el mero riesgo de influencia política a través del control estatal es suficiente para obstaculizar el desempeño independiente de sus tareas por parte de la autoridad supervisora.

Contexto

La Comisión Europea se comprometió en 2011 a vigilar detenidamente el desarrollo de la nueva Constitución de Hungría a raíz de las preocupaciones expresadas por el Consejo de Europa, los miembros del Parlamento Europeo y otras instituciones. En los últimos meses, la Comisión ha mantenido estrechos contactos con las autoridades húngaras en relación con la elaboración del proyecto de leyes fundamentales de aplicación de la Constitución. La Comisión ha expuesto una serie de preocupaciones relativas a la compatibilidad de dichas leyes con el Derecho de la UE (véase Memo/12/9). El Presidente Barroso y los Vicepresidentes Rehn y Reding enviaron en diciembre sendas cartas en las que exponían dichas preocupaciones. Además, la Vicepresidenta Neelie Kroes se ha puesto en contacto con las autoridades húngaras en varias ocasiones a lo largo del año 2011. La Comisión ya intervino en enero de 2011 para modificar cuatro aspectos de la ley húngara relativa a los medios de comunicación que no cumple el Derecho de la UE.

Para más información

Página web del Presidente José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/president

Página web de la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia:

http://ec.europa.eu/reding

Página web del Vicepresidente Olli Rehn, Comisario responsable de Asuntos Económicos y del Euro:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/index_en.htm

Véase también:

MEM0/12/12

Personas de contacto:

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Cezary Lewanowicz (+32 2 298 05 09)

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