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Comisión Europea

Comunicado de prensa

Bruselas, 27 de septiembre de 2012

Puertos: dictamen motivado a España por su incumplimiento del Tratado de la UE en relación con el régimen que organiza la contratación de trabajadores portuarios (estibadores)

La Comisión ha enviado hoy a España un dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles a participar financieramente en el capital de las empresas privadas que gestionan la provisión de estibadores, impidiéndolas recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente. Los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en España podrían no hacerlo a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios. Esta es la segunda etapa del procedimiento de infracción. En caso de que España no reaccione de manera satisfactoria, la Comisión podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Las normas de la UE

Las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento se aplican plenamente a las actividades realizadas por las entidades responsables de la contratación de trabajadores portuarios. La Unión Europea exige la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento. En especial, el Tratado se opone a cualquier disposición nacional que, aunque no sea discriminatoria por razones de nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado. Por lo tanto, si bien esas entidades suelen ofrecer una formación de calidad a los trabajadores y constituyen una herramienta eficaz para los empresarios, no deben utilizarse para impedir que determinadas personas o empresas cualificadas presten servicios de manutención de carga, o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan1.

Motivo de la presentación de una denuncia formal

El Real Decreto-Ley 2/2011, de 5 de septiembre, prevé la creación de empresas privadas que contraten y ofrezcan estibadores a las empresas de manutención de carga, SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), en los puertos de interés general, entre los que se cuentan los de Barcelona, Algeciras, Valencia y Bilbao. La misma Ley obliga a todas las empresas que deseen prestar servicios de manutención de carga a unirse a una SAGEP y a participar financieramente en su capital. Las empresas estibadoras solo pueden quedar exentas de esta obligación en casos muy limitados y si se prestan servicios exclusivamente a sí mismas. Además, independientemente de si la empresa es miembro de una SAGEP o no, tiene que recurrir a los trabajadores contratados y ofrecidos por una SAGEP. Únicamente si los estibadores ofrecidos por una SAGEP no son suficientes o adecuados, las empresas estibadoras pueden contratar trabajadores en el mercado, pero solo para un turno de trabajo.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión, existen otros instrumentos, tales como las políticas y las estrategias dirigidas a garantizar la formación de los estibadores y mejorar sus competencias, para alcanzar el objetivo declarado de proteger a los trabajadores portuarios sin oponerse al principio de libertad de establecimiento y, por ello, tienen un carácter más proporcionado a efectos de tal objetivo. Asimismo, las políticas que tengan por objeto aumentar la movilidad de los trabajadores entre los puertos de un mismo país o de distintos países y la flexibilización de los contratos de trabajo pueden tener un efecto positivo en la demanda de trabajadores portuarios.

Efecto práctico de la restricción a la libertad de establecimiento

De conformidad con la legislación española, las empresas estibadoras que deseen establecerse en un puerto español de interés general están obligados a reunir los recursos financieros suficientes para poder participar en una SAGEP y para contratar a trabajadores de una SAGEP en condiciones que no controlan. Esto altera forzosamente las estructuras de empleo y las políticas de contratación de las empresas. Estos cambios pueden suponer graves perturbaciones para las empresas y tener consecuencias financieras considerables. Todo ello puede disuadir a las empresas estibadoras de establecerse en puertos españoles de interés general.

Próximos pasos

La solicitud de la Comisión adopta la forma de dictamen motivado dentro del procedimiento de infracción de la UE. En caso de que España no informe a la Comisión en un plazo de dos meses de las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Más información

Sobre el paquete de infracciones de septiembre: MEMO/12/708

Sobre los procedimientos de infracción: MEMO/12/12

Personas de contacto:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Comunicación de la Comisión sobre una política portuaria europea de 2007 [COM (2007) 616], apartado 4.5.


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