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Comisión Europea – Comunicado de prensa

La Comisión Europea garantizará a los sospechosos sus derechos a consultar a un abogado e informar a su familia de su detención

Bruselas, 8 de junio de 2011 – Un hombre de 22 años se trasladó a otro país para presenciar un partido de fútbol. Al acabar este, se fue a un bar con unos amigos. Estalló una revuelta y lo detuvieron. La policía lo interrogó durante varias horas sin que estuviera presente un abogado. Hoy, la Comisión Europea ha propuesto que a todos los sospechosos – en cualquier lugar de la Unión Europea donde se encuentren - se les garantice el derecho a hablar con un abogado desde el momento en que los detenga la policía hasta el final del proceso. Con esta medida, los sospechosos podrían también hablar con un miembro de su familia o con su empresa para informarlos de su detención. Si estuvieran fuera de su país, tendrían derecho a ponerse en contacto con su consulado.

«El derecho a un juicio imparcial es esencial para crear confianza en el sistema judicial, ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. En caso de detención, los ciudadanos deben tener la garantía de poder consultar a un abogado en cualquier lugar donde se encuentren de la Unión Europea. Si están detenidos fuera de su país, deben tener asistencia de su consulado o embajada. La medida que se presenta hoy reforzará la confianza recíproca entre nuestros sistemas judiciales haciendo que a los sospechosos se los trate con los mismas normas mínimas de equidad en toda la Unión Europea».

El derecho de acceso a un abogado es esencial para crear confianza en el espacio único de justicia de la UE, especialmente si los sospechosos son detenidos en ejecución de una orden de detención europea (IP/11/454). El derecho hoy propuesto de acceso a un abogado es la tercera Directiva de una serie de propuestas que garantizan derechos mínimos a un juicio imparcial en cualquier punto de la Unión Europea. Las otras propuestas son el derecho a traducción e interpretación (véase IP/10/1305 y MEMO/10/351) y el derecho de información en procesos penales (véase IP/10/1652). Con estas medidas se pretende establecer derechos claros en toda la UE y garantizar el derecho fundamental de las personas a un juez imparcial y el derecho a la defensa. Las propuestas deberán ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros antes de convertirse en actos legislativos.

Cada año se celebran en la Unión Europea más de ocho millones de procesos penales. El derecho a la defensa se considera en todas partes elemento básico de un juicio imparcial. Pero las condiciones en las que los sospechosos pueden consultar a un abogado difieren de un Estado miembro a otro. Así, por ejemplo, una persona acusada de un delito puede no conseguir ver a un abogado durante el interrogatorio policial. Las pruebas obtenidas sin presencia de un abogado tienen consideración distinta de un país a otro. Y las personas buscadas en virtud de una orden de detención europea pueden no tener acceso a un abogado en el país donde se expidió la orden hasta su entrega a dicho país.

Divergencias similares se dan en lo que toca al derecho de los sospechosos a informar de su detención a un familiar o a su empresa. Tal derecho puede no ser automático o disfrutarse en una fase tardía del proceso y al detenido puede no informársele de que se ha contactado a su familia.

La propuesta de la Comisión garantizaría la aplicación efectiva de dichos derechos:

  • ofreciendo asistencia letrada desde la primera fase del interrogatorio policial y a lo largo de todo el proceso penal;

  • posibilitando encuentros adecuados y confidenciales con el abogado para que el sospechoso ejerza efectivamente su derechos a la defensa;

  • permitiendo al abogado desempeñar un papel activo durante los interrogatorios y comprobar las condiciones de detención;

  • permitiendo que el sospechoso se comunique con al menos un miembro de su familia o de su empresa para informarlos de su situación de detención;

  • permitiendo que los sospechosos se pongan en contacto en el extranjero con el consulado o la embajada de su país y que reciban visitas;

  • ofreciendo a las personas objeto de una orden de detención europea la posibilidad de asesoramiento jurídico, tanto en el país donde se lleve a cabo la detención como en aquel donde se haya expedido la orden.

Contexto

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, permite a la UE adoptar medidas en materia de Derecho penal para reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión en sintonía con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, especialmente los derechos de las personas en los procedimientos penales.

El derecho a un juez imparcial y el derecho a la defensa se establecen en los artículos 47 y 48 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales así como en el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. El derecho a comunicarse con un tercero es una de las salvaguardias importantes contra el maltrato, prohibido por el artículo 3 del Convenio.

La Directiva sobre asistencia letrada y la notificación de detención es la tercera de una serie de medidas con las que se pretende establecer normas europeas comunes en los delitos penales.

Los ministros de Justicia de la UE aprobaron en octubre de 2010 la primera medida, que otorgaba a los sospechosos el derecho a traducción e interpretación (IP/10/1305). En julio de 2010, la Comisión propuso la segunda medida: la Carta de derechos (IP/10/989). Los Gobiernos de la UE sancionaron en diciembre de 2010 la medida (IP/10/1652), que se negocia actualmente con el Parlamento Europeo, cuya aprobación final es necesaria para convertirla en acto legislativo.

Más información

Página informativa de la Dirección General de Justicia:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Sitio web de la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Personas de contacto:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


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