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IP/11/430

Bruselas, 6 de abril de 2011

Contratación pública: España modifica su legislación sobre contratos del sector público a raíz de un procedimiento de infracción

La Comisión Europea ha cerrado un procedimiento de infracción contra España motivado por una serie de disposiciones contenidas en la Ley española de contratos públicos (Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, conocida como LCSP) y relativas a la modificación de dichos contratos tras su adjudicación, al haber sido la referida Ley sustancialmente modificada por una nueva norma, en concreto la Ley 2/2011, de Economía Sostenible (LES). El nuevo régimen establecido por la LES es una medida de la que cabe congratularse, puesto que limita la facultad de las entidades adjudicadoras para modificar los contratos públicos tras su adjudicación y permite disipar así la inquietud que había dado lugar a la incoación del procedimiento de infracción. No obstante, la Comisión someterá el nuevo régimen a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de comprobar su compatibilidad con las Directivas de contratación pública de la UE y con la jurisprudencia en materia de modificación de contratos públicos y obras complementarias.

¿Qué finalidad persigue la norma de la UE en cuestión?

La contratación pública refleja la forma en que los poderes públicos gastan el dinero público en obras, bienes y servicios. Abarca las adquisiciones de todo tipo, desde sistemas informáticos a plantas depuradoras, obras de construcción naval y servicios de consultoría. Se estima que el total de la contratación pública en la UE representa en torno al 17 % del PIB de la Unión. La existencia de procedimientos de licitación abiertos y transparentes, tal como requiere la legislación de la UE en materia de contratos públicos, supone una competencia más intensa, garantías más eficaces contra la corrupción, así como un mejor servicio y un mayor aprovechamiento del dinero de los contribuyentes.

¿Qué llevó a la Comisión a iniciar una investigación?

La Comisión incoó el procedimiento de infracción tras constatar la existencia de un problema generalizado en España en lo referente a la modificación de los contratos una vez adjudicados, fundamentalmente gracias a las auditorías de proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión. En efecto, la indebida modificación de los contratos tras su adjudicación, sobre todo en relación con obras complementarias, es uno de los motivos más frecuentes de las correcciones financieras en el caso español.

La Comisión consideró que la LCSP confería a las entidades adjudicadoras poderes muy amplios, casi ilimitados, para modificar cláusulas esenciales de los contratos públicos tras su adjudicación, en condiciones que no se atenían a los principios de igualdad de trato entre licitadores, no discriminación y transparencia fijados por las normas sobre contratación pública de la UE.

La Comisión estimó, asimismo, que la LCSP abría la posibilidad de que la entidad adjudicadora recurriera a procedimientos negociados sin publicación, infringiendo así el artículo 31 de la Directiva 2008/14/CE.

¿En qué se ven ahora beneficiados los ciudadanos?

Para garantizar que se respete plenamente el principio de transparencia y de igualdad de trato entre licitadores, es fundamental un régimen adecuado de modificación de los contratos tras su adjudicación, que regule también las obras complementarias. Es esencial que los licitadores se encuentren en pie de igualdad al formular sus ofertas, lo que también permitirá a la entidad adjudicadora comparar y evaluar las distintas ofertas. Además, un régimen apropiado de modificación de los contratos tendrá probablemente una influencia positiva a la hora de evitar ofertas anormalmente bajas, ya que el licitador seleccionado y la entidad adjudicadora no podrán volver a negociar libremente los términos del contrato una vez licitado y adjudicado.

La Ley de Economía Sostenible es una medida de la que cabe congratularse, puesto que limita la facultad de las entidades adjudicadoras para modificar los contratos públicos tras su adjudicación y permite disipar así la inquietud que había llevado a la Comisión a incoar el procedimiento de infracción. No obstante, el nuevo régimen se someterá a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de asegurar la total compatibilidad de esta nueva Ley con las normas de la UE sobre modificación de los contratos y obras complementarias.

Podrá hallarse más información sobre los procedimientos incoados por la Comisión contra los Estados miembros en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/community_law/index_es.htm

MEMO/11/220


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