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Comisión Europea - comunicado de prensa

Ayudas estatales: La Comisión prorroga las normas aplicables a los bancos en el contexto de la crisis

Bruselas, 1 de diciembre. La Comisión Europea ha actualizado y prorrogado una serie de normas temporales de control de las ayudas estatales temporales para evaluar el apoyo público a las instituciones financieras durante la crisis. Las principales disposiciones consisten en explicar cómo garantizar que se remunera adecuadamente a los Estados si, como será cada vez más probable en el futuro, los Estados miembros deciden recapitalizar sus bancos utilizando instrumentos, como las acciones ordinarias, para los cuales no se fija remuneración por anticipado. Asimismo se ha acordado una metodología revisada relativa a la remuneración de las garantías de las necesidades de financiación de los bancos (que constituyen la mayor parte de las ayudas concedidas hasta la fecha) a fin de garantizar que las comisiones que pagan los bancos reflejen su riesgo intrínseco y no el riesgo del Estado miembro de que se trate o del mercado en su conjunto. Las normas se aplicarán durante todo el tiempo que exijan las condiciones de mercado.

En 2008-2009, la Comisión Europea aprobó normas especiales en materia de ayudas estatales con el objetivo de que los Estados miembros pudieran respaldar el sistema bancario durante la crisis financiera en aras de la estabilidad financiera y sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único de la Unión Europea. Las normas para este contexto de crisis han demostrado su eficacia para garantizar que los bancos se reestructuran cuando es necesario efectuar cambios en sus modelos empresariales destinados a lograr su viabilidad a largo plazo, es decir, cuando dependen en gran medida de actividades de riesgo. Al garantizar también que los accionistas y titulares de capital híbrido soportaran una parte justa de la carga, la Comisión redujo la cantidad de dinero de los contribuyentes utilizada para ayudar a los bancos.

El Vicepresidente encargado de la política de competencia, Joaquín Almunia, ha declarado que «la exacerbación de las tensiones en los mercados de deuda soberana ha sometido a los bancos de la Unión a una mayor presión, lo que justifica la prórroga de las normas en el contexto de la crisis, sobre todo para aplicar lo acordado por el Consejo Europeo en octubre con objeto de restablecer la confianza y continuar con la necesaria reestructuración del sector». Almunia ha añadido: «Seguiremos insistiendo en la reestructuración y el saneamiento de los balances cuando sea necesario a fin de romper el círculo vicioso entre la crisis de la deuda soberana y la debilidad del sector financiero. Al aplicar las normas, la Comisión tendrá plenamente en cuenta los elementos que indiquen que los bancos pueden ser viables a largo plazo sin necesidad de una reestructuración significativa.».

La Comunicación aprobada por la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas estatales de apoyo a las medidas en favor de los bancos en el contexto de la crisis mantiene las cuatro Comunicaciones que fijan las condiciones de compatibilidad con las normas del Tratado en materia de ayudas estatales del apoyo en forma de garantías de financiación, recapitalización y rescate de activos, así como los requisitos de los planes de reestructuración o viabilidad (Comunicación sobre reestructuración).

La Comisión seguirá concediendo autorizaciones temporales aceleradas cuando sea necesario, con el fin de mantener la estabilidad financiera y siempre que las condiciones de la intervención se ajusten a las orientaciones dadas.

Información adicional

El aumento de las tensiones en los mercados de deuda soberana desde el verano ha sometido al sector bancario de la UE a una mayor presión, por lo que es necesario prorrogar las normas extraordinarias en el contexto de la crisis, con el fin, entre otras cosas, de facilitar la aplicación del «paquete bancario» acordado en octubre por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Dicho paquete tiene la finalidad de restablecer la confianza en el sector mediante garantías de financiación a medio plazo y la creación de una protección temporal equivalente a unas reservas del 9 % de capital de primera calidad, una vez contabilizada la valoración de mercado de las exposiciones a la deuda soberana.

En vista de los cambios normativos y del cambiante entorno de mercado, la Comisión prevé que en el futuro las inyecciones de capital estatal revestirán en general la forma de acciones, cuya remuneración es variable. Dado que tales acciones se remuneran en forma de dividendos y plusvalías que, por definición, son inciertas, se dan orientaciones sobre el uso de las valoraciones basadas en el mercado para ofrecer una garantía razonable de remuneración adecuada de los Estados. Los Estados deben suscribir las acciones con un descuento adecuado respecto al último precio de las mismas, en función, entre otras cosas, de la magnitud de la inyección de capital respecto del capital de que dispone el banco y de si las acciones comportan derechos de voto. En cuanto a los instrumentos de capital híbrido, a fin de protegerse para el caso de que los bancos no puedan pagar la remuneración acordada a corto plazo, dichos instrumentos deben incluir un «mecanismo alternativo de pago de cupones» que haga posible pagar en acciones los cupones que no se puedan abonar en efectivo.

La Comisión ha revisado asimismo las orientaciones sobre las comisiones que los bancos deben pagar por las garantías, con objeto de garantizar que la ayuda se limite al mínimo necesario y reflejar el riesgo para las haciendas públicas. La metodología revisada establece las comisiones mínimas que deben aplicarse respecto a las garantías que se concedan a nivel nacional. Las nuevas normas se aplican a las garantías que cubran las deudas que venzan entre uno y cinco años (siete en el caso de los bonos garantizados). Las normas relativas a vencimientos inferiores siguen siendo las mismas.

Planes de reestructuración

La Comisión continuará exigiendo a los Estados miembros que presenten un plan de reestructuración (o una actualización de un plan aprobado con anterioridad) respecto a todos los bancos que reciban ayuda pública en forma de recapitalización o medidas para activos deteriorados, ya sea de fuentes nacionales o de la UE y con independencia de la magnitud o motivo de la ayuda. La Comisión determinará la necesidad de reestructuración mediante una evaluación proporcionada de la viabilidad a largo plazo de los bancos, teniendo plenamente en cuenta todos los elementos pertinentes: si la falta de capital se debe fundamentalmente a una crisis de confianza en la deuda soberana, la inyección de capital público se limitará a la cantidad necesaria para compensar las pérdidas derivadas de contabilizar los bonos soberanos de los Estados miembros del EEE a su valor de mercado en el caso de los bancos que, de no existir esa crisis de confianza, serían viables, siempre que el análisis efectuado muestre que el banco en cuestión no tomó riesgos excesivos al adquirir deuda soberana.

Los bancos que no reciban ayuda pública en forma de recapitalización o medidas para activos deteriorados pero que se beneficien de financiación garantizada por el Estado no tendrán que presentar planes de reestructuración. Únicamente los «grandes usuarios» de garantías estatales de sus pasivos seguirán teniendo la obligación de presentar revisiones de viabilidad a la Comisión.

Antecedentes

El régimen de crisis se estableció en 2008-2009 tras la crisis financiera subsiguiente a la quiebra de Lehman Brothers, y está formado por la Comunicación Bancaria, la Comunicación de Recapitalización, la Comunicación de Activos Deteriorados y la Comunicación de Reestructuración. Estas normas especiales se fijaron con base en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que autoriza a la Comisión a aprobar ayudas estatales destinadas a poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro.

Posteriormente, dichas normas se actualizaron en dos ocasiones: en julio de 2010, cuando las comisiones de garantía se incrementaron para reflejar mejor el perfil de riesgo de los beneficiarios y evitar la dependencia excesiva de un instrumento que representa un elevado riesgo contingente para las finanzas públicas; en diciembre de 2010, el régimen se prorrogó un año, con el principal cambio de exigir a todos los bancos que recibieran ayuda mediante recapitalización o medidas para activos deteriorados la presentación de un plan reestructuración, sea cual fuere la magnitud de la ayuda (véase el IP/10/1636).

En el MEMO/11/858 figura una lista de las investigaciones actuales de ayudas estatales individuales, así como de las decisiones adoptadas desde el inicio de la crisis.

El texto íntegro de la Comunicación puede consultarse en:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html

Personas de contacto:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


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