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Un uso razonable del Derecho penal para reforzar la normativa de la UE y contribuir a proteger el dinero de los contribuyentes

Commission Européenne - IP/11/1049   20/09/2011

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Comisión europea – Comunicado de prensa

Un uso razonable del Derecho penal para reforzar la normativa de la UE y contribuir a proteger el dinero de los contribuyentes

Bruselas, 20 de septiembre – La lucha contra la criminalidad es una prioridad para los europeos (véase anexo). Los ciudadanos esperan que los delincuentes no puedan esconderse al otro lado de las fronteras o exploten las diferencias entre sistemas jurídicos nacionales. Pero a la vez un Derecho penal a nivel europeo sigue siendo un ámbito relativamente nuevo.

Es imprescindible diseñar una política penal europea mediante la cual la Unión defina cómo y cuándo recurrir al Derecho penal para aplicar mejor sus políticas. El Tratado de Lisboa prevé ya un marco que lo hace posible al permitir que la UE utilice el Derecho penal para reforzar la aplicación de las políticas y las normativas europeas.

La sanción penal no es el mejor medio de aplicar todas las políticas. Pero la imposición de sanciones penales puede hacer más eficaces algunas normativas europeas, impidiendo, por ejemplo, la manipulación de los mercados o protegiendo del fraude el dinero de los contribuyentes de la UE. La imposición de sanciones penales debe reservarse a infracciones especialmente graves y venir precedida de un análisis serio y detallado.

En una Comunicación titulada «Hacia una política de Derecho penal de la UE» publicada hoy, la Comisión Europea fija por primera vez la estrategia y los principios a los que propone remitirse cuando recurra al Derecho penal de la UE para reforzar la aplicación de las políticas europeas y proteger los intereses de los ciudadanos.

«Los europeos confían en que la UE combata la delincuencia. Nosotros debemos aceptar el reto sin dejar de respetar plenamente el papel central que tienen los Parlamentos nacionales en el Derecho penal - ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria Europea de Justicia. El Tratado de Lisboa nos da instrumentos para abordar el reto del Derecho penal de manera equilibrada, en línea con los derechos fundamentales de libertad y seguridad. El nuevo Tratado establece también límites y controles claros: nada puede decidirse sin el pleno control democrático del Parlamento Europeo y la supervisión de los Parlamentos nacionales, cuya voz es importante en el proceso de decisión»

Se calcula que el coste total que representa la delincuencia para la sociedad en su conjunto es de 233 000 millones de euros al año en la UE. Una política penal de la UE claramente definida contribuirá a garantizar la aplicación de normas comunes en toda la UE, especialmente para impedir la manipulación de los mercados financieros mediante, por ejemplo, delitos de iniciados, proteger el dinero de los contribuyentes de fraudes contra el presupuesto de la UE o preservar el medio ambiente.

La Comunicación que hoy se publica define las condiciones de la colaboración de la Unión y los Estados miembros para establecer un política penal de la UE coherente y homogénea.

Las directrices principales son:

  • El Derecho penal debe ser siempre un instrumento de último recurso

  • Las sanciones penales se reservarán para delitos especialmente graves

  • Las medidas penales pueden afectar de modo particular a los derechos fundamentales: la nueva legislación impondrá un estricto respeto de los derechos fundamentales que garantizan la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

  • Toda decisión para adoptar medidas o sanciones penales concretas debe acompañarse de pruebas materiales claras y respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Las medidas penales adoptadas a nivel de la UE por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros se diferencian del Derecho penal nacional en un aspecto importante: no pueden imponer obligaciones directas a los particulares. El Derecho penal de la UE se limita a abrir la posibilidad de que se impongan sanciones a los particulares una vez que un Parlamento nacional haya incorporado las medidas a su propia legislación. Esta es la razón por la que se considera capital la implicación de los Parlamentos nacionales en todo el proceso de elaboración del Derecho penal.

Antecedentes

La UE lleva más de diez años adoptando medidas en materia de Derecho penal con el propósito de combatir mejor una delincuencia cada vez más internacional y sofisticada. Pero la legislación anterior se ha elaborado sin una base estratégica coherente y no siempre se aplica con eficacia. En marzo de 2010, la Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, esbozó la necesidad de abordar el Derecho penal de manera equilibrada y coherente y anunció su intención de emprender acciones en este ámbito (DISCURSO/10/89). Con la Comunicación de hoy, «Hacia una política penal de la UE», la Comisión cumple su promesa y responde a la petición hecha por profesionales y representantes académicos para desarrollar un enfoque más coherente del Derecho penal a nivel de la UE, como querían los redactores del Manifiesto sobre la política criminal europea de 2009.

La Comunicación ha sido presentada al colegio por la Vicepresidenta Viviane Reding conjuntamente con el Vicepresidente Siim Kallas y los Comisarios Janez Potočnik, Olli Rehn, Michel Barnier y Algirdas Šemeta.

En 2005, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una resolución histórica por la que se reconocía al Parlamento Europeo y al Consejo la competencia de imponer sanciones penales cuando ello sea imprescindible para la ejecución del Derecho de la UE (IP/05/1136). El Tratado de Lisboa (y especialmente los artículos 83 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) habilita a la UE para que, en determinadas condiciones, adopte normas mínimas de Derecho penal que definan los delitos y las sanciones penales cuando no se aplique eficazmente la normativa de la UE.

El Tratado de Lisboa ha modificado también el marco jurídico de las medidas penales de la UE: ninguna medida penal puede decidirse sin el acuerdo del Parlamento Europeo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene ahora un control judicial pleno. El nuevo Tratado refuerza asimismo el papel de los Parlamentos nacionales, que pueden dar su punto de vista sobre las propuestas legislativas y velar por el respeto del principio de subsidiariedad. El Consejo puede adoptar una propuesta si la aprueba una mayoría cualificada de Estados miembros. Ámbitos en los que se comprueba la necesidad de un Derecho penal de la UE son, por ejemplo, la protección del funcionamiento de los mercados financieros, la protección del euro contra las falsificaciones de moneda o la lucha contra el fraude al presupuesto de la UE, sobre la que la Comisión presentó en mayo planes concretos (IP/11/644).

Las medidas penales de la UE pueden definir las infracciones de la normativa que deban considerarse delitos penales en las legislaciones nacionales de toda la Unión. Pueden también prever sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias, como la obligación de imponer determinados niveles de sanciones pecuniarias o penas de prisión para los delitos. Este puede ser un instrumento importante para disuadir a los infractores y prevenir delitos futuros.

Antes de presentar propuestas legislativas en la materia, la Comisión evaluará la necesidad de recurrir al Derecho penal y, en su caso, las medidas más adecuadas para garantizar su aplicación en un ámbito de acción específico. La Comisión, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo, promoverá una redacción típica común que se emplee en la futura legislación penal para garantizar la homogeneidad y la coherencia. Creará asimismo un grupo de expertos que ayude a reunir datos concretos sobre la índole transfronteriza o los efectos de determinados delitos.

Para más información:

Sala de prensa de la Dirección General de Justicia:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Política penal de la UE:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Página web de la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE:

http://ec.europa.eu/reding

ANEXO

Fuente: Eurobarómetro 75, primavera de 2011

Personas de contacto :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


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