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Tratamiento de las aguas residuales: La Comisión envía un primer apercibimiento a Finlandia y Suecia

European Commission - IP/10/95   28/01/2010

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IP/10/ 95

Bruselas, 28 de enero de 2010

Tratamiento de las aguas residuales: La Comisión envía un primer apercibimiento a Finlandia y Suecia

La Comisión Europea ha enviado a Finlandia y Suecia una primera carta de apercibimiento por no haber establecido la infraestructura exigida para recoger y tratar las aguas residuales urbanas

El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha declarado lo siguiente: «Las aguas residuales urbanas no tratadas pueden poner en peligro la salud de los ciudadanos europeos y el medio ambiente, aun cuando esas aguas residuales procedan de localidades pequeñas. El grado de protección acordado a nivel de la UE sólo puede alcanzarse si los Estados miembros cumplen las normas.».

En virtud de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas 1 , los Estados miembros tenían que haber instaurado sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales como muy tarde el 31 de diciembre de 2005 en las zonas con una población entre 2 000 y 15 000 habitantes. En el caso de las aglomeraciones de más de 10 000 habitantes que viertan sus aguas residuales en zonas designadas sensibles con arreglo a la Directiva, ese plazo expiró el 31 de diciembre de 1998.

La Comisión ha analizado la información facilitada por los Estados miembros en relación con esas obligaciones, y ha comprobado que algunos de los Estados miembros de la EU-15 no han cumplido plenamente los requisitos en materia de tratamiento. Según esos datos, en Finlandia hay 26 zonas no conformes y, en Suecia, 17.

Por esa razón, la Comisión ha enviado a esos dos países una primera carta de apercibimiento por no haber establecido la infraestructura exigida. El pasado noviembre envió, también, una primera advertencia a Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Francia y Alemania (véase IP/09/1794 ). Anteriormente, la Comisión ya había tomado medidas para que los Estados miembros instalaran sistemas de recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas en las aglomeraciones más pobladas.

Contexto: La Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas

La Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas obliga a los pueblos y ciudades de la Unión Europea a recoger y tratar las aguas residuales urbanas que generan.

Las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas por bacterias y virus nocivos, presentando, así, un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).

El principal tipo de tratamiento de las aguas residuales previsto en la Directiva es el tratamiento biológico o «secundario». No obstante, en las aglomeraciones de más de 10 000 habitantes que vierten a masas de agua designadas sensibles, se requiere, además, un tratamiento más estricto, que debía empezar a aplicarse, como muy tarde, el 31 de diciembre de 1998. En el caso de las aglomeraciones de más de 15 000 habitantes que no vierten sus aguas residuales en zonas sensibles, el plazo para la instalación de una infraestructura de tratamiento secundario terminó el 31 de diciembre de 2000. En las aglomeraciones más pequeñas, el plazo para ajustarse a la Directiva expiró el 31 de diciembre de 2005.

Para más información sobre la Directiva, véase http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28008_es.htm

Procedimiento jurídico

El artículo 258 del Tratado habilita a la Comisión para incoar un procedimiento jurídico contra los Estados miembros que incumplan sus obligaciones.

Si la Comisión considera que puede haber una infracción del Derecho comunitario que justifique la apertura de un procedimiento de infracción, dirige una «carta de emplazamiento» (primer apercibimiento por escrito) al Estado miembro, invitándolo a presentar sus observaciones en un plazo determinado, que es generalmente de dos meses.

En ausencia de respuesta, o si la respuesta facilitada por el Estado miembro no es satisfactoria, la Comisión puede decidir dirigir a este último un «dictamen motivado» (último apercibimiento por escrito). Ese dictamen expone claramente y con carácter definitivo las razones por las cuales la Comisión considera que ha habido una infracción del Derecho comunitario e invita al Estado miembro a ajustarse al dictamen en un plazo determinado, que es normalmente de dos meses.

Si el Estado miembro no se ajusta al dictamen motivado, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si el Tribunal comprueba que ha habido una infracción del Tratado, el Estado miembro infractor está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar el debido cumplimiento.

El artículo 260 del Tratado habilita a la Comisión a actuar contra los Estados miembros que hayan incumplido una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este artículo permite igualmente a la Comisión solicitar al Tribunal que imponga sanciones financieras al Estado miembro en cuestión.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pueden consultar en:

http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm

1 :

Directiva 91/271/CEE.


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