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IP/10/746

Bruselas, 16 junio de 2010

Derechos procesales: el Parlamento Europeo respalda plenamente la propuesta de la UE de reforzar los derechos en los procedimientos penales

El proyecto de la Unión Europea de establecer normas que garanticen los derechos de traducción e interpretación en los procedimientos penales está más cerca de hacerse realidad tras su aprobación, hoy, por el Parlamento Europeo. El Parlamento votó por una abrumadora mayoría a favor de un sólido proyecto legislativo acordado durante las negociaciones desarrolladas entre las tres instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión (MEMO/10/236). El proyecto legislativo garantiza el derecho de los sospechosos a ser informados sobre las pruebas utilizadas y a recibir asesoramiento jurídico en su propia lengua en los procedimientos penales de todos los tribunales de la UE. Con esto se garantizará un juicio justo a todo el mundo en todo el territorio de la UE. El proyecto es la primera de una serie de medidas para garantizar un juicio justo impulsadas en el marco del Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión Europea proponer medidas en el ámbito del Derecho penal. Es la primera medida de la UE que establece unos requisitos mínimos comunes en materia de derechos procesales. El Consejo debe ahora aprobar la medida.

«La votación de hoy es el fruto del duro trabajo como ponente de la baronesa Sarah Ludford y de la Comisión de Libertades Civiles, y de su dedicación al derecho a un juicio justo. Tanto el Parlamento como el Consejo han trabajado duramente para conseguir que las nuevas normas estén a la altura de la Carta de los Derechos Fundamentales. Podrán así tener un impacto real en vidas de los ciudadanos de la UE», afirmó la Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «He sido muy firme con respecto a los detalles de estas normas, porque el derecho a un juicio justo es una exigencia derivada de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y los derechos de segunda clase no son verdaderos derechos. Agradezco que el Parlamento Europeo haya compartido este punto de vista durante las negociaciones. Espero que los Estados miembros hagan lo necesario para instaurar estas medidas y aplicarlas rápidamente de modo efectivo, porque la injusticia no descansa. La justicia demorada es justicia denegada.»

El 9 de marzo, la Comisión dio el primer paso hacia una serie de medidas destinadas a establecer normas comunes de la UE en los procedimientos penales. Las normas propuestas obligarían a los países de la UE a proporcionar servicios completos de interpretación y traducción a los sospechosos (IP/10/249, MEMO/10/70).

El texto votado hoy por el Parlamento Europeo fue aprobado el pasado jueves por la Comisión del Parlamento para las cuestiones de justicia (LIBE).

Ha sido posible gracias al compromiso alcanzado por el Consejo, la Comisión y la ponente del Parlamento Europeo el 27 de mayo. El Consejo JAI aprobó este compromiso el 4 de junio (MEMO/10/236).

Dicho compromiso integra los puntos principales de la propuesta de la Comisión. Así por ejemplo, las propuestas garantizarán a los sospechosos el derecho a ser informados y a recibir asesoramiento jurídico en su propia lengua en cualquier etapa de un procedimiento penal y en todos los tribunales de la UE. La Comisión insistió en este detalle como elemento crucial para asegurar el pleno cumplimiento de las normas recogidas tanto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo como en la Carta de los Derechos Fundamentales.

Tales normas garantizarán asimismo que se proporcione a los ciudadanos la traducción escrita de todos los documentos esenciales, como el pliego de cargos, y que éstos tengan derecho a una interpretación de todas las audiencias e interrogatorios, así como de las entrevistas con sus abogados. No podrán renunciar a sus derechos sin haber antes recibido asesoramiento jurídico o una información completa sobre las consecuencias de renunciar a sus derechos.

El proyecto de directiva tendrá ahora que someterse a votación en el Consejo de Ministros como parte del procedimiento legislativo ordinario (codecisión) introducido por el Tratado de Lisboa para las cuestiones de justicia penal.

Contexto

Dado que el paquete completo de propuestas sobre los derechos procesales a un juicio justo no recabaron el apoyo unánime de los Gobiernos de la UE cuando la Comisión presentó por primera vez sus propuestas en este ámbito en 2004, la Comisión ha preferido adoptar ahora un enfoque «gradual», según lo previsto en una serie de medidas sobre los derechos procesales a un juicio justo establecidos en el Programa de Estocolmo de diciembre de 2009 (IP/10/447). La Comisión propondrá una serie de medidas durante los próximos cuatro años.

En las próximas semanas, la Comisión presentará una propuesta de segunda Directiva dirigida a garantizar el derecho de los sospechosos a la información a través de una carta de derechos.

Más información:

Noticias sobre Justicia y Asuntos de Interior:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Página de Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


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