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IP/10/682

Bruselas, 3 de junio de 2010

Mercado interior: la Comisión toma medidas para que ocho Estados miembros apliquen las normas de la UE sobre servicios de pago y sobre recurso en materia de contratos públicos

Para garantizar el pleno aprovechamiento del mercado interior por los ciudadanos y las empresas de la UE, la Comisión Europea ha tomado medidas contra ocho Estados miembros en total. Chipre, España, Grecia, Polonia, Rumanía y Suecia recibirán dictámenes motivados por los que se les instará a incorporar plenamente la Directiva sobre servicios de pago (DSP) a sus ordenamientos jurídicos internos. El objetivo de la DSP es velar por que los pagos electrónicos en la UE (especialmente las transferencias, los pagos con tarjeta y los adeudos domiciliados) sean tan fáciles, eficaces y seguros como los pagos nacionales dentro de cada Estado miembro. Constituye el fundamento jurídico para hacer realidad la zona única de pagos en euros (ZUPE). En el ámbito de la contratación pública, Austria, España, Grecia y Luxemburgo también recibirán dictámenes motivados por los que se les instará a dar pleno cumplimiento a la Directiva sobre procedimientos de recurso, que aspira a mejorar los procedimientos nacionales de recurso a la disposición de las empresas cuando estas consideren que un poder público ha adjudicado injustamente un contrato. Si esta Directiva no se aplica correctamente y a tiempo, existe el riesgo de que los licitadores no puedan recurrir efectivamente las adjudicaciones ilegales de contratos. Si un Estado miembro no da respuesta satisfactoria a su dictamen motivado en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.

Directiva sobre servicios de pago: Chipre, España, Grecia, Polonia, Rumanía y Suecia

La Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago (IP/05/1514) tiene por objeto garantizar un acceso justo y abierto a los mercados de pagos y mejorar la protección de los consumidores. Antes de la DSP, los proveedores de servicios de pago no podían de hecho ni competir ni prestar sus servicios en toda la UE. La Directiva garantizará que todos los pagos electrónicos nacionales o en euros se efectúen como máximo en el plazo de un día a partir de la orden de pago, aporta una base jurídica para los regímenes de adeudos domiciliados transfronterizos y se traducirá en precios más bajos y en una mayor oferta para los usuarios. La DSP también facilita la base jurídica para la zona única de pagos en euros (ZUPE), una iniciativa de la banca europea encaminada a crear un mercado integrado de los servicios de pago en la zona del euro (IP/07/550).

Mientras que la mayoría de los Estados miembros ha dado pleno cumplimiento a la Directiva, seis (Chipre, España, Grecia, Polonia, Rumanía y Suecia) todavía tienen que aplicar algunas de sus disposiciones o todas. En tres Estados miembros sigue haciendo falta una legislación adicional o derivada para dar cumplimiento a varias disposiciones, principalmente las relacionadas con los requisitos prudenciales para las entidades de pago (Rumanía), los requisitos de información (España) o los requisitos contra el blanqueo de dinero (Chipre). Sin embargo, en Grecia, Polonia y Suecia quedan por aplicar todas las disposiciones de la DSP. El plazo de ejecución finalizaba en noviembre de 2009.

Recursos en materia de contratación pública: Austria, España, Grecia y Luxemburgo

Unos procedimientos efectivos de recurso son esenciales para garantizar que los contratos públicos se adjudiquen en última instancia a la empresa que haya presentado la mejor oferta. Estos procedimientos también mejorarán la confianza de las empresas y los ciudadanos en que los procedimientos de contratación pública se llevan a cabo de manera justa y competitiva en la UE. La Directiva 2007/66/CE sobre los procedimientos de recurso tiene por objeto reforzar los procedimientos de recurso nacionales para combatir las adjudicaciones ilegales de contratos. Introduce un período de espera obligatorio de al menos diez días entre la adjudicación del contrato y su firma efectiva para dejar a los licitadores un plazo razonable para impugnar la decisión de adjudicación. La Directiva también persigue combatir las adjudicaciones directas ilegales de contratos públicos, lo que constituye la infracción más grave del Derecho de la UE en materia de contratación pública. Los tribunales nacionales podrán anular los contratos adjudicados ilegalmente, sin transparencia y sin una licitación abierta a la competencia.

Cuatro Estados miembros (Austria, España, Grecia y Luxemburgo) no han incorporado plenamente la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales, para lo cual el plazo era el 20 de diciembre de 2009. Una aplicación incompleta de la Directiva significa negar el derecho de las empresas europeas a participar en licitaciones públicas en esos Estados miembros. Si estos no dan respuesta satisfactoria a su dictamen motivado en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.

Más información

Mercado interior:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

La información más reciente sobre los procedimientos de infracción que afectan a todos los Estados miembros está disponible en:

http://ec.europa.eu/community_law/index_es.htm


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